Nota del editor: Este reportaje es parte de una serie financiada por Solutions Journalism Network (Red de Soluciones Periodísticas.)

Yunan Tutu tenía 26 años cuando murió dentro de la cárcel del Condado de Pima. 

El tribunal dictaminó que Tutu era incapaz de presentarse a un juicio y ordenó a los guardias de la cárcel cuidar de él y “reintegrar sus capacidades” antes de que se dirigiera a un juicio. Durante seis meses, Tutu se fue apagando dentro de una de las cárceles más mortíferas del país.  

Cuando un doctor lo examinó dos semanas después de Navidad, Tutu estaba, rechazando alimentos y consumiendo sus propias heces, según reportes. Él estaba detenido con una fianza de 1,200 dólares por una violación por “no comparecer”. Si Tutu hubiera podido pagar su fianza, él hubiera estado esperando su cita en la corte fuera de la cárcel. 

Si Tutu hubiera pagado ese dinero, expertos en justicia penal dicen que hubiera tenido grandes probabilidades de que estuviera con vida. 

“Hay muchas personas que están detenidas allí por cargos triviales, con fianzas bajas y que literalmente sólo están en la cárcel por ser pobres”, dijo David Fathi, director del Proyecto Nacional de Prisiones de la Unión Americana de Libertades Civiles. 

“Si pudieran juntar 1,000 o 1,500 dólares o 500, no estarían en la cárcel, estuvieran en casa esperando su cita en la corte”.  

“Esto” — eliminar las fianzas en efectivo — “es una solución tan obvia”, dice Fathi. 

En 2022, 12 personas murieron dentro del Centro de Detención de Adultos del Condado de Pima. Esto representa una tasa de mortalidad per cápita cuatro veces mayor al promedio nacional, y es más alta que la que existe en la notoria cárcel de Rikers Island en la ciudad de New York. 

Rikers registró 19 muertes en 2022. Su población carcelaria se mantiene por debajo de los 6,000 reos. El censo en la cárcel del Condado de Pima es de alrededor 1,800 personas.

Por lo menos siete de las 12 personas que murieron en la cárcel del Condado de Pima en 2022 tenían asignadas fianzas en efectivo. 

De las personas que no tenían fianzas en efectivo y que murieron el año pasado, una estaba detenida por una orden de aprehensión de otro estado y otro, Robert Tsalabounis, fue declarado con incapacidad y se le recluyó en la cárcel para “restaurar las capacidades del acusado”.

Funcionarios del condado han atendido problemas que proliferan en la cárcel de Pima, concentrándose en incrementar el número de personal penitenciario por recluso o simplemente en reducir la población carcelaria.

Al observar las iniciativas en otros condados y consultando con expertos penitenciarios y en seguridad comunitaria se destaca la necesidad de atender estas problemáticas de una forma más integral y con alcance en toda la comunidad. 

También tiene que haber un esfuerzo más concertado en sacar y mantener a las personas fuera de la cárcel.

“La mejor forma de hacer de una cárcel menos mortal es reducir el número de personas que están allí detenidas”, dijo Fathi. 

Después de seis años de recibir millones de dólares en fondos de subvención para reducir la población en la cárcel, el condado ha logrado poco progreso, y a pesar de la reducción en el número de reclusos,en años recientes la cárcel se ha vuelto aún más letal. 

Los expertos abogan por un “manejo más integral”, utilizando recursos del municipio, condado, organizaciones no gubernamentales, de activistas y de la comunidad en general. 

Una manera de atender los daños potenciales a los que se exponen las personas dentro de la cárcel, es la reforma al programa de fianza, una política de cambio que varios condados y estados han implementado con éxito.

La reforma a la fianza — que por lo general beneficia a las personas en condición de pobreza o a aquellos que no pueden costear el pago de unos cientos o miles de dólares — le permite a las personas esperar su cita con la justicia desde su hogar.

“Solo porque se han intentado políticas de desviación o intentado reformar la fianza, no significa que se haya intentado exitosamente”, dijo Insha Rahman, la vicepresidenta de Abogacía y Alianzas en el Instituto Vera de Justicia, una organización que busca poner fin al encarcelamiento masivo y que aboga por un sistema judicial justo y responsable. 

Rahman mencionó “la falacia de creer que las cárceles nos dan más seguridad” y señaló la necesidad de que existan grandes reformas para ayudar a la gente antes de que terminen en una cárcel, cuando están en la cárcel y cuando son liberados. 

En diciembre, el alguacil Chris Nanos del Condado de Pima solicitó a la junta de supervisores del condado más dinero. Quiere pagarle más a los guardias de la cárcel y, posiblemente, construir una cárcel completamente nueva. 

La junta de supervisores aprobó la primera solicitud de Nanos. La segunda solicitud, para una nueva cárcel, requeriría de un impuesto de ventas para obtener lo que podría ser un proyecto de al menos 250 millones de dólares. 

En un informe del 11 de enero, la administradora Jan Lesher del Condado de Pima hizo un llamado para organizar una Comisión de Listón Azul para estudiar la idea y cómo se pagaría por la nueva cárcel. 

Lesher estimó que la nueva cárcel puede costar hasta 380 millones de dólares.

Las razones por las cuales Nanos solicita estos cambios son muchas, incluyendo el hacinamiento; el bajo ratio de personal penitenciario por recluso; e infraestructura en ruinas. Nanos, el alguacil, y el condado también han enfrentado una creciente presión pública y escrutinio a medida que la gente sigue sufriendo y muriendo en la cárcel.

Guardias que trabajan o han trabajado en la cárcel han declarado anónimamente a Arizona Luminaria  que están abrumados y que tanto guardias como reclusos corren peligro y se encuentran intranquilos.

A mediados de enero, tres armas caseras — cuchillos conocidos en inglés como “shanks” — fabricadas en la cárcel fueron decomisadas en un mismo día. Arizona Luminaria obtuvo en exclusiva las imágenes de las armas caseras.

Un oficial penitenciario, quien solicitó declararse de manera anónima porque no tiene autorización para hablar con la prensa, dijo que “la cárcel es menos y menos segura cada día por los bajos niveles de personal contratado. Los reos reconocen eso y por eso es que están tomando medidas para protegerse a sí mismos”. 

Y, sin embargo, si bien los niveles de personal pueden ayudar a aliviar el estrés de los guardias y mitigar el problema con algunos tipos de contrabando, se necesita hacer más. 

“Hay docenas y docenas de ejemplos de donde escoger en los cuales las comunidades en todo el país han hecho eso” — incrementar el radio de personal penitenciario por recluso — “y en realidad no han resuelto la crisis bajo custodia”, dijo Rahman. 

“Simplemente no funciona. Tener más espacio e instalaciones más modernas o hasta tener más personal, simplemente no cambia las condiciones tras las rejas”. 

Lo que sí funciona, explicó Rahman, es implementar cambios culturales concretos, añadiendo más y diversos tipos de programas para los reclusos. 

“Y nada de eso requiere la cantidad de dinero o nuevas edificaciones que suele ser la típica respuesta”, dijo.   

Iniciativas estancadas

Para mitigar los daños y prevenir las muertes en las cárceles, expertos en justicia penal recomiendan disminuir drásticamente el número de reclusos.

Hay diferentes formas de lograr esto, incluyendo arrestar a menos personas o por medio de varias reformas al sistema de fianza en efectivo. 

Para liberar a alguien de la cárcel, la fianza — por lo general en efectivo — se utiliza como garantía de que el acusado regresará al juicio o a las audiencias.

En diciembre de 2021, la fiscal Laura Conover del Condado de Pima anunció que, en parte para reducir la población penitenciaria para mitigar los efectos del COVID-19, su oficina suspenderá el procesamiento por delitos menores relacionados con drogas.

Explicando el ímpetu del programa, Conover mencionó que la “gente enferma, no violenta, quienes no deberían estar en la cárcel para nada y que están en riesgo de violencia, enfermedad y sobredosis”. 

Añadió que hay un número de programas en el condado que pueden atender problemáticas de adicción y que los delitos menores se pueden atender por fuera del sistema penitenciario. 

Sin embargo, después de tan sólo cuatro meses, la población en la cárcel se mantuvo en los mismos niveles y Conover desechó su iniciativa. 

“La población carcelaria era de 1,671 el día que esta política se implementó, y de 1,673 el 9 de marzo”, escribió Conover en un informe. 

Añadió que la fuerza pública aún estaba llevando a las personas a la cárcel por los delitos que ella anunció no procesaría, resultando en una política que tuvo poco efecto en la población carcelaria. 

“La pregunta no era si yo iba o no a procesar. La pregunta en realidad era si estoy o no ofreciendo tratamiento”, dijo Conover a Arizona Luminaria. 

Dijo que la única manera de inscribir a alguien en el programa STEPS, el cual desvía a las personas del sistema penal y las dirige hacia un programa de rehabilitación de drogas o salud mental, es arrestándolas. 

Cuando se le preguntó si la detención era la única herramienta que tenía a su disposición, Conover respondió: “Sí. Es correcto”. 

Chris Magnus, ex jefe de policía de Tucson y, hasta hace poco, el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, dijo a Arizona Luminaria que parte del problema es el enfoque que le da la fuerza pública al trabajo policíaco. 

“Creo que los departamentos de policía realmente tienen que hacer más para entrenar a sus oficiales”, dijo Magnus, quien trabaja como asesor “senior” en seguridad pública para el Policing Project de la Universidad de Nueva York. 

Magnus dijo que tanto alguaciles como departamentos de policía necesitan capacitar a sus oficiales para que “usen herramientas distintas al arresto siempre que sea posible, y que se reconozca como un éxito y que sea hasta considerado un buen enfoque policial”. 

Otra solución parcial en el ámbito post-encarcelamiento que se está ocurriendo en Tucson es el program de revisión de población penitenciaria, en el cual, cada semana, los oficiales del condado se reúnen y evalúan quienes fueron arrestados e identifican personas que fueron detenidas por delitos menores que pueden ser puestas en libertad. 

Aunque el programa de evaluación de población penitenciaria resultará en personas saliendo de la cárcel antes de lo usual, según Erin George, director nacional de políticas del The Bail Project, un tercio de los abusos sexuales ocurren en las primeras 24 horas de detención y el 40% de las muertes en las cárceles ocurren en la primera semana de reclusión. 

El programa de evaluación de la cárcel, así como otros programas de desviación, se implementaron en el Condado de Pima a principios del 2015 por medio de una subvención multimillonaria del programa Reto en Seguridad y Justicia de la Fundación MacArthur. La serie de reformas destinadas a reducir la población penitenciaria ha tenido cierto éxito. El portal del Reto en Seguridad y Justicia reporta un 8% de reducción en el censo carcelario desde 2016. 

Actualmente, la población promedio en la cárcel es de 1,800 reclusos. Cuando la Fundación MacArthur empezó a apoyar a las iniciativas del Condado de Pima para mantener a la gente fuera de la cárcel, había 1,879 personas recluidas. Esto significa una reducción por debajo del 5%. 

Una evaluación de 2022 por la fundación encontró que en un periodo de dos años el Condado de Pima desvió a 6,545 individuos de la cárcel hacia programas de tratamiento. Bria Gillium, oficial de MacArthur del programa en el condado de Pima, dijo, “Yo diría que en general hemos visto mucho éxito en reducir la población en la cárcel de manera segura”.

“Quiero recalcar y reforzar que este trabajo realmente requiere colaboración y una variedad de aliados”, dijo Gillum. 

“Si sólo se tiene un enfoque fragmentado, entonces no se obtendrá el éxito que se necesita. La seguridad pública es un problema comunitario, y en realidad requiere de la comunidad”. 

Pero la reducción en la población, impulsada en parte por el programa Reto en Seguridad y Justicia, no ha resuelto el problema de mortalidad en la cárcel. 

En los seis años entre 2009 y 2014, año previo al cual el condado empezó a participar en el programa Reto en Seguridad y Justicia, se registraron en total 7 muertes en la cárcel del Condado de Pima. En los últimos seis años, del 2017 al 2022, se registraron 49 muertes en dicha cárcel. (Sólo tres de esas son atribuidas al Covid).

Actualmente, la población diaria en la cárcel es cercana a 1,800 reos. 

Y los funcionarios del condado terminan “pasándole la pelota” a los que lo han hecho mal.

“El alguacil no tiene la capacidad para decir quién se queda en la cárcel, quién va a la cárcel. Eso le corresponde a las cortes”, dijo Nanos a KGUN9 en octubre.

Y Conover, en el mismo mes, dijo: “Como cuestión de aclaración, observó que la Oficina del Fiscal del Condado de Pima no es la oficina que supervisa la cárcel del Condado de Pima”.

“Las muertes ocurren dentro de la cárcel del condado de Pima por enfermedad, sobredosis y suicidio y por eso no son temas penales en los que nuestra oficina se involucra”, añadió Conover.

No a las Muertes en las Cárceles (No Jail Deaths en inglés), una organización conformada por residentes que han perdido a sus seres queridos en la cárcel, conformada por aliados y activistas, dijo en un comunicado: “Esto es una crisis que continúa en el condado de Pima y aquellos en el poder se rehúsan a prestar atención y tomar acción. En los últimos 25 meses han habido 22 muertes, en su mayoría gente racializada y personas con discapacidades”.

“Esta crisis ha demostrado que el departamento del alguacil, la Oficina del Fiscal del condado de Pima, la Junta de Supervisores y la ciudad de Tucson son cómplices en la violación a los derechos civiles y libertades civiles de nuestros miembros de la comunidad (mientras protegen a los oficiales que nos matan). 

“Exigimos una respuesta inmediata nacional, incluyendo una investigación federal sobre las condiciones en la cárcel. No nos quedaremos callados mientras nuestros seres queridos y amigos mueren”, dijo el grupo en el comunicado.  

Además de abordar la supuesta cultura tóxica en la cárcel, los expertos afirman que una reducción drástica de la población recluida, así como otros programas de apoyo, son claves para salvar vidas.

“Existen tantas inequidades estructurales dentro del sistema penal que atender o arreglar una o dos problemáticas aquí y allá no van a resultar en un cambio masivo sistemático, o tener un impacto masivo sobre quienes sufren más los daños”, dijo Jullian Harris-Calvin, director del programa Greater Justice New York de Vera. 

Sin embargo, reformar el sistema de fianza tiene que ser parte de la ecuación, aseguran Harris-Calvin y otros expertos.

George, de The Bail Project, puntualizó: “La reforma al sistema de fianzas puede salvar vidas”. 

Promesas y retos de la reforma de fianza 

Por mucho tiempo ha sido un tema que se ha planteado y del cual se ha hablado sin profundidad en el Condado de Pima, y también en Arizona. 

Se ha avanzado poco. 

En enero de 2022, la Junta de Supervisores del Condado de Pima votó para respaldar una enmienda a la constitución estatal que elimine la fianza en efectivo, pero la legislatura estatal no aprobó la medida. 

Conover también propuso legislación para reformar el sistema de fianza, pero después de que se presentó la enmienda constitucional, la estrategia legislativa se desechó. 

Conover compartió el borrador legislativo con Arizona Luminaria que propone que todas las personas arrestadas tengan una audiencia preliminar en un máximo de 24 horas y que sean liberadas bajo “condiciones no financieras”. Algunas excepciones aplican para detenidos que se consideren presentan un riesgo para la comunidad. 

​​“Durante la comparecencia frente a un funcionario judicial, cualquier persona con cargos donde apliquen los derechos a la fianza deberá por orden ser liberada bajo su propia responsabilidad”, propone el texto, y luego enumera 15 factores que se deben considerar antes de liberar al detenido.  

A medida que la reforma a la fianza se alarga en conversaciones a puerta cerrada entre funcionarios del Condado de Pima, puede ser útil mirar cómo otros condados y estados se han tomado esa tarea.

El estado de Nueva York aprobó una ley para reformar el sistema de fianza en 2019, y aunque ha sido enmendada desde entonces y aún se utilizan las fianzas en efectivo, Harris-Calvin, de Vera, le dijo a Arizona Luminaria que sus “poblaciones penitenciarias se contrajeron significativamente”. 

“Entonces creo que eso es una enseñanza si quieres prevenir que grandes extensiones de tu población, quienes usualmente son gente negra, racializada y pobre, terminan encarcelados mientras bajo la ley aún son inocentes por el simple hecho de que son demasiado pobres para pagar.Eliminar la fianza en efectivo es una forma de lograr eso”, dijo Harris-Calvin.

En julio de 2020, pocos meses después de que la nueva ley de fianza se implementara, la población reclusa en Nueva York disminuyó en un 46%, según un reporte reciente de Vera. 

Sin embargo, después de dos ciclos de enmiendas para recortar el alcance de la ley, la población penitenciaria incrementó otra vez en octubre de 2022, sobrepasando el censo de enero de 2020. 

En el poco tiempo en el que casi se eliminó por completo la fianza en efectivo, investigadores detectaron tendencias y concluyeron que no tenían fundamentos muchos de los miedos que surgían alrededor de esta reforma — que el crimen incrementa, o que la gente no comparecerá frente a la Corte.

La tasa de reincidencia en arrestos para personas liberadas de la detención preventiva era del 19% en 2019, y del 20% en 2021.

Y hubo una disminución en la no comparencia. En la ciudad de Nueva York, la tasa de no comparecencia disminuyó del 15% en 2019 al 9% en 2021. En otras partes del estado, las tasas de no comparecencias se mantuvieron en los mismos niveles. 

El condado de Harris en Texas, el tercero más poblado en el país y hogar de Houston, registró resultados más notables después de implementar reformas a la fianza. 

Un estudio de Quattrone encontró que después de que el condado eliminó la fianza en efectivo por algunos delitos menores, vieron efectos positivos generales tanto para la comunidad como para las personas que fueron liberadas de la custodia.

Algunas cosas que se destacan del condado de Harris:

• Una disminución del 6% en nuevos procesamientos en los tres años siguientes para personas que fueron liberadas sin fianza después de su detención inicial. Cifras demuestran que quienes pasaron más tiempo en la cárcel tuvieron una tasa más alta de reincidencia. (La reincidencia es cuando alguien condenado por un delito vuelve a cometer otro delito). En el condado de Harris, la reforma a la fianza ayudó a impulsar una disminución en la reincidencia.
• Una caída del 15% en las admisiones de culpabilidad, sugiriendo que menos personas inocentes están tras las rejas por crímenes que no cometieron. 
• Una caída promedio del 15% en la duración de la sentencia.

A pesar de los éxitos registrados en el condado de Harris, el año pasado hubo en promedio una población reclusa por debajo de las 10,000 personas, y alrededor de 8,000 de ellos están detenidos esperando su juicio inicial. Y en 2022, con 27 muertes, el condado registró la tasa más alta de muertes en detención en las últimas décadas. 

“Parte del problema con el condado de Harris es que implementaron la reforma a la fianza sin pensar de manera completa en lo que el sistema necesita y cómo podemos asegurarnos de que en realidad pensamos cómo cada parte está trabajando con la otra, y cómo enfrentamos la seguridad pública de primero”, dijo Rahman de Vera.

Una mirada integral a las repercusiones de la reforma de la fianza destaca que, si bien es posible que no se resuelvan las peligrosas condiciones carcelarias, existen claros beneficios.

Un análisis del 2020 de Prison Policy Initiative encontró que en cuatro estados y nueve condados que habían adoptado reformas a la detención preventiva, incluida la reforma de la fianza, “todas menos una de estas jurisdicciones vieron disminuciones o aumentos mínimos en el crimen”. 

La única excepción fue la ciudad de Nueva York, que revocó las reformas tan sólo unos meses después de implementarlas.

En 2017, Nueva Jersey prácticamente eliminó la fianza en efectivo, y la población carcelaria general disminuyó en un 45%. Además, el estado experimentó rápidamente una disminución significativa en los delitos violentos. 

En el condado de Santa Clara, en California, después de implementar la reforma de fianza en 2012, la cantidad de personas liberadas sin fianza aumentó en un 45 % y el 99 % de ellas no fueron arrestadas nuevamente.

“La evidencia es realmente crítica”, dijo Fathi, del ACLU. “Y no hay evidencia de que las tasas de encarcelamiento tengan alguna relación con las tasas de criminalidad o la seguridad pública”.

“El encarcelamiento”, continuó Fathi, “es la intervención más costosa y probablemente la menos efectiva si lo que realmente le preocupa es la seguridad pública y reducir el comportamiento antisocial y el incumplimiento de la ley”.

Esa es una de las razones por las que, desde 2018, el Bail Project ha ayudado a liberar a 23,745 personas de la cárcel. 

La organización, que opera en más de 30 ciudades en todo el país, incluida Phoenix, se enfoca en “invertir en soluciones”, pagando las fianzas de las personas, ayudándoles a asegurarse de que comparezcan a las audiencias y conectándolas con una serie de diversos servicios . 

Desde 2018, calculan que han reducido el tiempo total de encarcelamiento por un millón de días. 

Durante ese tiempo, el 92% de las fechas en la Corte aún se cumplieron, lo que significa que se devolvió el dinero de la fianza y pudieron usarlo para pagar la fianza de la siguiente persona.

El costo humano oculto en la cárcel 

“Incluso una noche en detención preventiva — en la cárcel — puede ser devastador para las personas”, dijo Erin George a Arizona Luminaria. 

“Pueden perder sus trabajos, sus hogares, su salud”.

También pueden perder su vida. 

“Creo que es muy justo decir que la fianza en efectivo impulsa la crisis de muerte en las cárceles”, dijo George.

Un estudio del 2013 de la Fundación Laura y John Arnold con más de 150,000 casos de reclusos en cárceles de Kentucky encontró que detener a personas, incluso por unos pocos días, “está estrechamente relacionado con tasas más altas de nuevas actividades delictivas, tanto durante el período previo al juicio y años después de la determinación del caso”.

A medida que aumenta el tiempo de permanencia en la cárcel hasta 30 días, “las tasas de reincidencia para los acusados de riesgo bajo y moderado también aumentan significativamente”.

El estudio también encontró que cuando se mantienen recluidos solo 2 o 3 días, los “acusados de bajo riesgo” tienen casi un 40% más de probabilidades de cometer nuevos delitos antes del juicio que las personas retenidas no más de 24 horas. 

Esto plantea un problema particular para el Condado de Pima, en donde incluso para acceder a algunos programas de tratamiento de drogas se requiere un arresto, lo que generalmente significa una noche o más en la cárcel.

Ese mismo estudio enfocado en Kentucky se actualizó en 2022, analizando más de 1,5 millones de casos y encontró resultados similares: “La prisión preventiva — por cualquier período de tiempo — se asocia con una mayor probabilidad de arresto por un nuevo delito”.

Mientras la “detención preventiva” se asocia con una mayor probabilidad de ser condenado y recibir una sentencia más larga en comparación con aquellos que fueron puestos en libertad antes del juicio”.

Otro estudio publicado en 2023 concluyó que “reducir la prisión preventiva y eliminar las consideraciones monetarias de las decisiones sobre la detención han tenido mínimos efectos negativos en la seguridad pública”. 

El estudio concluyó que si se tienen en cuenta los efectos adversos de la prisión preventiva, incluida la pérdida del empleo, la vivienda y la custodia de los niños, “las reformas a la fianza pueden, en general, mejorar el bienestar de las comunidades más afectadas por el crimen”.

El condado de Tompkins, que incluye la ciudad de Ithaca en el norte del estado de Nueva York, ha ensayado una serie de medidas para tratar de reducir su población carcelaria.

David Sanders, director ejecutivo de Opportunities Alternatives, and Resources, una organización de abogacía en múltiples frentes, enfatizó que no existe una varita mágica, pero es esencial que haya un paquete de reforma integral que incluya a diversos grupos de interés. El objetivo final no es solo reducir la población carcelaria, sino reinventar y establecer estándares de seguridad pública.

Entre otras reformas, Sanders enfatizó un enfoque en la educación y el apoyo a la salud mental en las comunidades.

Si bien el condado de Tompkins es significativamente más pequeño que el condado de Pima, podría verse como una especie de proyecto piloto para ser emulado en otros lugares, incluidas las jurisdicciones más grandes.

Opportunities, Alternatives, and Resources ofrece una gran cantidad de recursos a los miembros de su comunidad que frecuentan la cárcel, que van desde ayuda directa (comida, bolsas para dormir, ropa) hasta asistencia en empleo, educación, vivienda, ayuda para reincorporarse a la sociedad, servicios de tratamiento de drogas y lavandería.

Sanders dijo que la población carcelaria disminuyó significativamente, al igual que la reincidencia en los últimos cinco años. 

Mientras tanto, muchas personas anteriormente detenidas terminaron con éxito los programas educativos, y más de la mitad de los que lo hicieron se matricularon en la universidad.

Según un informe anual de Criminal Justice/Alternatives to Incarceration, una junta que supervisa el plan de alternativas al encarcelamiento del condado de Tompkins, en los últimos cinco años el índice de delincuencia (la cantidad de delitos registrados), la tasa de arrestos y la población carcelaria se han desplomado, en un 28%, 28% y 33%, respectivamente.

Los jueces también son un componente clave de la ecuación. 

Mientras que los oficiales de policía o del alguacil hacen los arrestos, el fiscal del condado decide si procesa o no, y los jueces dictan las sentencias siendo ellos quienes eligen si las personas se quedan o no en la cárcel. 

Algunas personas con sentencias que duran menos de un año cumplen su condena, no en las prisiones estatales, sino en las cárceles del condado.

En 2019, en el condado de Cuyahoga en Ohio, hogar de Cleveland, después de una serie de muertes en la cárcel local, el juez Michael Nelson decidió hablar sobre el problema y dejar de establecer fianzas en efectivo por ciertos delitos menores.

Conover, la fiscal del Condado Pima, reflexiona sobre el papel de los jueces en enviar y mantener a las personas en la cárcel.

“Es defectuoso como la banca continúa dependiendo de la fianza en efectivo”, dijo recientemente.

Y agregó, refiriéndose a las muertes: “Las consecuencias son obvias”.

Mientras tanto, el 1 de enero de este año, Illinois se convirtió en el primer estado en eliminar por completo la fianza en efectivo, aunque aún permite a los jueces detener a las personas que consideran una amenaza para la comunidad.

En busca de la dignidad 

En general, como Rahman de Vera le dijo a Arizona Luminaria, las cárceles deben administrarse de tal manera que “el principio operativo sea la dignidad humana”.

Eso aplica tanto para los presos como para los guardias. 

Otro estudio de Vera encontró que los guardias tienen niveles significativamente más altos de depresión, trastorno de estrés postraumático, así como tasas de suicidio más altas. También tienen una esperanza de vida significativamente más corta.

Magnus dijo que para lograr un cambio real, es fundamental “tener personas en posiciones de liderazgo que hagan más que hablar y hablar y simplemente usar el concepto — de servicios integrales, que él llamó una concepto de moda — una y otra vez. “Tienen que encontrar formas de reunir a los proveedores de servicios de una manera significativa”.

En otras palabras, se debe construir una comunidad sólida y saludable — donde las personas tengan un techo, empleo y servicios sociales y de salud mental — fuera del contexto carcelario.

Hasta que las cárceles se cierren o comiencen a operar según el principio de dignidad, los expertos en justicia penal dicen que poco cambiará.

Tres días después de que Yunan Tutu muriera en la cárcel, su familia creó una página de GoFundMe para ayudar a cubrir los costos del funeral. 

Una foto de Tutu lo muestra sonriente frente a las trotadoras en un gimnasio. “Yunan era un buen tipo que siempre se reía y sonreía con la gente”, escribió su hermana menor, Toma.

Ella describió a su hermano como “una persona divertida y encantadora que siempre quiso ayudar a la gente”.

Después de pasar seis meses en la cárcel de Pima, se murió.

Traducido por Laura Gómez