Una auditoría federal de dos años sobre la construcción del muro fronterizo en el suroeste que ocurrió durante el gobierno del ex presidente Donald Trump encontró amenazas a la vida silvestre en peligro de extinción y daños “irreparables” a los recursos naturales y culturales. Contratistas del gobierno federal destruyeron un lugar de enterramiento y encendieron explosivos en sitios indígenas sagrados en Arizona.
El informe sobre el “Southwest Border” fue publicado el Sept. 7 por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos, o GAO por sus siglas en inglés. Reveló que contratistas federales utilizaron explosivos para despejar tierras indígenas soberanas y así dar paso a la ampliación de un camino de patrullaje.
“La explosión dañó partes de Monument Hill, un sitio que los Hia-C’ed O’odham, antepasados de los Tohono O’odham y otras tribus utilizaron históricamente para ceremonias religiosas y que sigue siendo importante para varias comunidades indígenas”, afirma la auditoría.
Monument Hill resguarda los restos de ancestros apaches y O’odham que lucharon en batallas intertribales, según funcionarios de la nación Tohono O’odham.
Los líderes de la nación Tohono O’odham dijeron a los investigadores federales que “el daño y la destrucción de esos sitios son a menudo irreparables porque pueden alterar o poner fin a ritos venerados o apreciados por grupos culturales específicos”.
El representante Raúl Grijalva, demócrata por Arizona, solicitó originalmente la auditoría federal luego de una protesta de las comunidades a lo largo de la frontera que se oponían a que el gobierno construyera cientos de millas del muro y otras barreras en Arizona, California, Texas y Nuevo México.
La nación Tohono O’odham se encuentra entre las tribus geográficamente más grandes de los Estados Unidos. Con aproximadamente 2,8 millones de acres en el Desierto de Sonora del sur de Arizona, la nación soberana se extiende a través de la frontera hasta el estado mexicano de Sonora.
Cerca de la escabrosa frontera se encuentra otro sitio sagrado —Quitobaquito Springs— un gran oasis en el desierto donde los O’odham celebran ceremonias.
Los contratistas del gobierno estadounidense que trabajaron en el proyecto fronterizo “limpiaron una gran zona cerca de los manantiales, destruyendo un lugar de entierro que la tribu había tratado de proteger”, según funcionarios de la Nación Tohono O’odham entrevistados por investigadores federales para la auditoría.
Los líderes de Tohono O’odham estuvieron entre las comunidades con más voz y que lucharon vehemente contra las promesas de campaña de Trump de 2016 de construir un muro fronterizo.
Luego, el vicepresidente Verlon José apareció en los titulares nacionales cuando dijo a las organizaciones de noticias locales: “Sobre mi cadáver se construirá un muro”.
Los miembros tribales se unieron para proteger sus tierras sagradas y soberanas. En 2017, José se paró ante una caravana de simpatizantes dentro de una remota misión en el desierto de Topawa en tierras tribales. Explicó el significado sagrado de la tierra a su pueblo y la historia de funcionarios del gobierno de Estados Unidos que dañaron sitios ancestrales y separaron familias indígenas con muros fronterizos.
“Es una cuestión indígena; es una cuestión humana”, dijo sobre el impacto del muro fronterizo. “Éste es un problema mundial y deberíamos hacer todo lo posible – sé que lo estamos haciendo – para impedir que se construya ese muro”.
Reconoció a los ancianos como los primeros líderes ambientales y culturales que durante mucho tiempo se habían opuesto a la construcción de un muro que pondría en peligro la vida silvestre, la tierra y las personas. “Tenemos una responsabilidad con todos los seres vivos de este mundo”, dijo José.
En julio, años después de su lucha contra un muro que creía que tendría un impacto sombrío y duradero, José fue elegido presidente de la Nación Tohono O’odham.
La nueva auditoría de la GAO analizó datos y planes de agencias federales e incluyó entrevistas con agencias gubernamentales. También se entrevistó a partes interesadas de comunidades indígenas y otras comunidades cercanas a la construcción fronteriza o con experiencia en protección de recursos y medio ambiente a lo largo de la frontera.
La auditoría documentó casos en los que “las actividades de construcción de barreras fronterizas destruyeron muchos cactus saguaros en Arizona”.
En entrevistas con investigadores federales, los líderes de la Nación Tohono O’odham dijeron que “el saguaro es importante para la cultura y el sustento de los O’odham, ya que el saguaro proporciona una importante fuente de fruta y es una planta sagrada a la que se debe dar el máximo respeto, como a un familiar”.
Muchos más saguaros murieron cuando los contratistas del gobierno federal trasplantaron las plantas, según un funcionario del Servicio de Parques Nacionales que fue entrevistado.
En Arizona, es ilegal talar un saguaro u otras plantas nativas en terrenos privados sin un permiso y el permiso del propietario. Violar la ley estatal puede conllevar un delito grave y multas elevadas. También es ilegal sacar cualquier planta de tierras federales.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa se basaron en exenciones para eludir “las leyes relacionadas con los recursos culturales y naturales al construir barreras fronterizas desde enero de 2017 hasta enero de 2021”, según la auditoría.
Grijalva respondió acerca de la auditoría en declaraciones realizadas a Arizona Luminaria.
“En todo el mundo existe un entendimiento generalizado de que las vallas y los muros no son una estrategia eficaz de seguridad fronteriza, son meros mensajes simbólicos de odio y división”, afirma.
“Pero lo que hace que el muro fronterizo de Trump sea tan atroz es que su administración renunció a docenas de leyes ambientales, de salud pública, de preservación cultural e incluso de contratación de leyes para construirlo”.
Aunque CBP y otras agencias relacionadas, como el Departamento del Interior, han elaborado planes para mitigar el daño, la auditoría encuentra que una mejor cooperación interinstitucional y métodos para evaluar el alcance del daño podrían enriquecer estos esfuerzos.
Entre las recomendaciones de la auditoría de la GAO se encuentra garantizar que el jefe de CBP trabaje con el Departamento del Interior para documentar una estrategia de mitigación que defina las funciones y responsabilidades de cada agencia, así como que identifique costos, fuentes de financiamiento y plazos. El plan también debería especificar “cuándo las agencias deben consultar con las tribus”.
Grijalva criticó la falta de responsabilidad del gobierno federal ante los electores locales.
“Antes, incluso de que comenzara la construcción, las comunidades, tribus y otras partes interesadas estaban alertando sobre el daño colosal que causaría eludir protecciones tan fundamentales”, dice Grijalva.
“Y una vez que comenzó la construcción, documentaron la destrucción a través de las redes sociales, los medios locales y cualquier otro medio de divulgación que pudieran. Fue esa divulgación la que puso en marcha esta solicitud”.
A la distancia
En enero de 2017, Trump firmó una orden ejecutiva en la que pedía el desarrollo de muros y otras barreras a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México para impedir que los migrantes crucen a este país.
Desde enero de 2017 hasta enero de 2021, CBP y el Departamento de Defensa tuvieron la tarea de liderar el proyecto, que resultó en la instalación de 458 millas de barreras fronterizas, más de la mitad en Arizona. Los proyectos de construcción reemplazaron principalmente las estructuras fronterizas existentes. También instalaron alrededor de 87 millas de nuevas barreras donde antes no existían, según datos de la CBP.
En su primer mes en el cargo, el presidente Joe Biden detuvo la construcción del muro, declarando una pérdida de dinero y “no una solución política seria” para controlar el flujo de personas que cruzan la frontera sur.
Poco después, en medio de preocupaciones sobre los efectos culturales y ambientales del proyecto, Grijalva, representante estadounidense por el séptimo distrito del Congreso de Arizona, solicitó a la GAO que investigara y realizará una auditoría pública para evaluar los impactos de las barreras fronterizas y recomendar acciones para abordar los problemas o violaciones.
Además de las entrevistas con agencias federales, gobiernos tribales y partes interesadas de la comunidad, los investigadores de la GAO analizaron las políticas y evaluaciones de agencias.
Consecuencias de eludir las leyes
La GAO encontró varios casos de construcción que dañaron lugares de importancia cultural.
Las barreras fronterizas también tuvieron consecuencias ambientales generalizadas, incluida la migración de animales y la alteración del hábitat nativo. La auditoría identificó áreas de tierras protegidas con “erosión significativa”.
Un funcionario del Servicio Forestal de Estados Unidos dijo que una ladera de las Montañas Pajarito en el Bosque Nacional Coronado está en peligro de colapsar debido a la construcción del muro fronterizo.
Los contratistas del gobierno construyeron una enorme zona de obra cerca de la cima del pico, “limpiando la ladera de la montaña de la vegetación que mantenía el suelo en su lugar”.
“Como resultado, el sedimento se está drenando por la ladera de la montaña y, según los funcionarios del Servicio Forestal, está comenzando a llenar un estanque creado por el hombre, amenazando con eliminarlo como fuente de bebida para el ganado y la vida silvestre”, afirma la auditoría.
Los investigadores de la GAO también mostraron preocupaciones por las inundaciones y el agotamiento de los recursos hídricos.
Según la auditoría de 72 páginas, las agencias encargadas de ejecutar el proyecto, el Departamento de Defensa, CBP y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, confiaron en gran medida en su autoridad para eludir leyes como la Ley Nacional de Preservación Histórica y la Ley Nacional de Política Ambiental para acelerar la construcción.
Debido a esto, las revisiones de las agencias, destinadas a evaluar y mitigar los efectos negativos para los recursos naturales y culturales antes de los proyectos de construcción, no cumplieron con las protecciones legales estándar.
Además, los métodos de evaluación variaron entre agencias. Los funcionarios de CBP y del Cuerpo del Ejército dicen que hicieron todo lo posible para cumplir con los estándares legales para las evaluaciones, a pesar de que no era necesario. Sin embargo, según la auditoría, el proceso se apresuró debido a la urgencia del proyecto.
Mientras tanto, la abrupta terminación de la construcción del muro fronterizo bajo la administración Biden retrasó la finalización de algunos proyectos de protección destinados a contrarrestar los daños ambientales. En un sitio de Arizona, la construcción cesó antes de que los funcionarios de la agencia pudieran instalar un sistema de drenaje de agua adecuado.
Tras la orden ejecutiva de Biden de detener la construcción, el DHS se centró en cuatro prioridades para gastar los fondos restantes en las barreras fronterizas: “abordar los riesgos de seguridad; instalar componentes faltantes, como luces, cámaras y tecnología de detección en partes incompletas del sistema del muro; realizar la restauración del sitio del proyecto; y mitigar los impactos ambientales y culturales de la construcción del muro”.
La auditoría de la GAO encontró que los funcionarios de la agencia se han centrado principalmente en los riesgos de seguridad. Los investigadores recomiendan la colaboración y delegación entre agencias para abordar de manera más efectiva las áreas que preocupan.
En el curso de una evaluación de impacto temprana, CBP consultó a varios funcionarios y partes interesadas para obtener retroalimentación. La auditoría encontró que dichas partes interesadas querían información más detallada de los funcionarios de la CBP con mayor transparencia sobre cómo la agencia actuó acerca de sus contribuciones e inquietudes.
Un cambio observado en la auditoría durante la administración Biden puede indicar una mayor capacidad de respuesta.
Durante años, grupos ambientalistas y conservacionistas, así como funcionarios gubernamentales de agencias de recursos naturales, han expresado su preocupación por la instalación de luces fronterizas tan brillantes como las de los estadios en áreas que podrían dañar especies y hábitats protegidos.
En mayo, funcionarios del Servicio de Parques Nacionales le dijeron a Arizona Luminaria que estaban buscando la certificación del Parque Internacional Dark Sky para el Monumento Nacional Organ Pipe Cactus.
Una reciente reacción de las partes interesadas de la comunidad, por la información limitada sobre los planes para cancelar o continuar con el encendido de la línea de faros cegadores en un desierto prístino, impulsó a CBP a emitir en junio una declaración a Arizona Luminaria. Dijieron que la agencia se referiría a los estándares federales para evaluar el impacto ambiental de las luces.
La auditoría confirma que ya se están realizando esfuerzos, así como las fallas en la supervisión.
La propia evaluación de CBP sobre los posibles impactos de la construcción en Arizona documenta que la “agencia no inspeccionó la ubicación del proyecto en el momento adecuado del año para identificar muchas de las especies potencialmente afectadas o sus hábitats”, afirma la auditoría.
Haciendo referencia a la finalización del proyecto de las partes del inconcluso muro fronterizo, incluidas luces, cámaras y tecnología de detección, la auditoría afirma que CBP “ha comenzado la planificación ambiental” y no adjudicará contratos hasta “después de que se complete esta planificación”.
Grijalva criticó a los republicanos por trabajar para debilitar la Ley de Agua Limpia, la Ley de Política Ambiental Nacional y otras protecciones ambientales. La mayoría conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos se ha puesto del lado de los republicanos, limitando los poderes federales ambientales y de conservación, al tiempo que impulsa los derechos de propiedad y de negocios.
“Están impulsando un proyecto de ley tras otro que eliminará estas leyes solo para que las empresas mineras y de combustibles fósiles puedan acortar las revisiones ambientales y ganar dinero más rápido y fácilmente”, dice Grijalva.
“Pero como deja claro este informe, esos atajos tienen consecuencias mayores, cuya carga recaerá sobre las comunidades y los contribuyentes estadounidenses”.
Soluciones
La auditoría de GAO recomendó que CBP trabaje de manera más cooperativa con el Departamento del Interior para organizar esfuerzos y así abordar las preocupaciones inmediatas y a largo plazo del muro fronterizo. Las agencias aceptaron la recomendación.
La auditoría también sugiere que CBP recopile opiniones y aprenda de la experiencia para mejorar sus métodos de evaluación del impacto de cualquier proyecto futuro.
Grijalva apuntó al atolladero que se produce cuando las agencias federales han dividido las prioridades.
“El informe dejó claro que las agencias federales de gestión de tierras, como el Departamento del Interior y el Servicio Forestal de Estados Unidos, deben desempeñar un papel importante en los esfuerzos de restauración ambiental”, dice.
“La mayor parte del muro fronterizo de Trump se construyó en tierras públicas, y estas agencias son las que tienen el conocimiento científico y la experiencia para restaurar estas tierras de la manera más efectiva posible”.
El congresista del sur de Arizona dice que está presionando para transferir 225 millones de dólares del DHS al Departamento del Interior y al Servicio Forestal en el presupuesto del año fiscal 2024. Esto es para ayudar a completar proyectos de restauración ambiental.
“Se ha hecho mucho daño, pero todavía tenemos la oportunidad de evitar que empeore. El trabajo de restauración y mitigación ambiental ya está en marcha, pero debemos asegurarnos de que esos esfuerzos sean dirigidos por la ciencia y los aportes de las partes interesadas adecuadas, incluidas las tribus y comunidades a lo largo de la frontera”, dice Grijalva.
“Se tomaron muchos atajos en la construcción del muro; no repitamos la historia tomando atajos en la restauración”.
Dianna M. Náñez contribuyó a este artículo. Traducción por: Beatriz Limón
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