Este artículo ha sido financiado con una beca del Fund for Investigative Journalism.
El alguacil del condado de Pinal y candidato para el Senado de Estados Unidos, Mark Lamb dijo que no malgastó los 217,000 dólares cuando su oficina desvió el dinero de un fondo que legisladores de Arizona asignaron “para el beneficio y bienestar de los reos”, en cambio, compró un lote de armas.
Lamb dijo que el gasto en armas, municiones y chalecos antibalas es legal porque las armas están destinadas para la protección de las personas encarceladas.
“Fuimos acusados por malgastar 217,000”, dijo Lamb. “Actualmente el total es 222,463”. Es aproximadamente 5.5% de los gastos completos del fondo del bienestar a través de un periodo de cinco años.
Según expertos en justicia penal, el uso del dinero por parte de Lamb va en contra de la ley de Arizona.
“El estatuto deja claro que tomaron dinero que debe gastarse en beneficio de gente encarcelada. Y las balas, de ninguna manera, pueden ser vistas como un beneficio para alguien encarcelado allí”, dijo Jared Keenan, director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles de Arizona.
“Sólo estoy leyendo el lenguaje sencillo del estatuto estatal y está bastante claro que está gastando dinero en violación de esa ley”, agregó Keenan. “Ha dicho claramente que los beneficios no son para las personas detenidas en la cárcel del condado de Pinal, que es precisamente para lo que se debe utilizar el dinero”.
Lamb fue llamado ante la Junta de Supervisores del condado de Pinal para una de sus reuniones ordinarias el miércoles 18 de octubre, para responder a preguntas si era legal que su oficina gastará fondos en armas cuando la ley estatal exige que el dinero sea usado para programas y servicios — como educación, comida, o entrenamiento — que benefician a las personas tras las rejas.
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La oficina del sheriff de Pinal, Mark Lamb gastó 200,000 dólares en armas y municiones de un fondo de “bienestar para reclusos”
Esta historia cuenta con el apoyo de una subvención del Fondo de Periodismo de Investigación. La Oficina del Sheriff del condado de Pinal, dirigida por…
El jefe de supervisores Jeff Serdy pidió que se discutiera, durante la junta del 4 de octubre, después de una investigación de Arizona Luminaria publicada el 29 de septiembre sobre el gasto de fondos por parte de la oficina de Lamb.
Arizona Luminaria revisó los gastos e ingresos del fondo de bienestar para los reclusos de la oficina del alguacil desde julio de 2018 a julio de 2023 y descubrió que más de 200,000 dólares fueron gastados en armas, balas y chalecos antibalas.
La conversación pública figuraba en la agenda como “administración del fondo de servicios especiales por la Oficina del Alguacil del Condado de Pinal conforme con A.R.S. 31-121 y los usos y programas permitidos por esos fondos”.
La Postura de Lamb
Lamb argumentó que piensa que es legal gastar los fondos restringidos en armas porque los guardias las necesitan para proteger el bienestar de las personas detenidas, además de proteger a los que trabajan en la cárcel de las personas encarceladas.
No queda claro exactamente cómo se utilizan legalmente los fondos en el condado de Pinal, ya que la explicación de Lamb sobre las armas como fuente de bienestar para los reclusos se basó en una amplia gama de acciones de las agencias de la ley — desde transporte hasta registros dentro de la cárcel, protección a trabajadores en hospitales e intervención cuando los presos están en peligro de un suicidio o están sufriendo una crisis de salud mental.
“Tenemos la responsabilidad de transportar presos por todo el estado a diferentes tribunales, a los hospitales, a muchos lugares diferentes”, dijo Lamb.
“Tenemos la tarea de garantizar el bienestar y la seguridad no solamente de los presos, sino también de nuestros trabajadores y el público, quienes pueden tener contacto con estos reclusos. Absolutamente creo que parte de ese bienestar es poder hacer eso para protegerlos”.
El dinero en cuestión es normalmente llamado “servicios para presos” o fondos para el “bienestar de los reclusos”. El dinero recaudado por gente encarcelada haciendo compras en la comisaría o en la tienda de la cárcel o pagando llamadas telefónicas puede ser usado “para la educación y bienestar de los presos,” según el estatuto estatal.
Lamb también dijo que sus oficiales hacen “extracciones en las celdas para personasen peligro de suicidio y que están sufriendo crisis mentales. Todos estos trabajos requieren equipos de respuesta especiales. Así que, necesitan equipos adecuados para que no se lastimen, y podamos atender a los presos de una manera apropiada”.
Dijo que los chalecos y las armas van a “reducir cualquier daño a su bienestar”.
“Y las armas no sirven sin las balas” agregó Lamb. “Así que cuando damos a nuestros compañeros armas, obviamente también necesitan balas”.
Balas para un bienestar
Expertos en justicia penal están en contra de la lógica de Lamb.
“Es triste que el alguacil insinúe que está comprando balas para que puedan ser usadas potencialmente en contra de alguien que está teniendo una crisis mental” dijo Keenan. “Es realmente absurdo y francamente perturbador que aparentemente esa sea su defensa”.
En una entrevista después de la reunión sobre el uso de fondos para beneficiar a personas tras las rejas, Lamb dijo a Arizona Luminaria, “Intentamos complementar cuando sea posible cuando esté dentro de las regulaciones para el beneficio de los presos”.
Arizona Luminaria le preguntó a Lamb si su oficina se ve en la necesidad de armas y no hay suficiente dinero en el fondo general, cree que puede recurrir legalmente al fondo de bienestar para presos.
Lamb dijo: Sí. Pero sólo “si aplica. Nosotros sentimos que sí aplicaba.” Agregó que gastar más de 200,000 dólares del fondo para el bienestar de presos en armas y cosas relacionadas estaba “100% dentro de los parámetros de lo que hacemos”.
El alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, dijo a Arizona Luminaria el 27 de septiembre que su departamento es “extremadamente cuidadoso con estos fondos porque son claramente protegidos por la ley”.
Nanos agregó, “Usamos el fondo para el bienestar de presos para cosas que directamente ayudan al preso, como tabletas, películas, soda, palomitas, aire acondicionado para reemplazar a ‘swamp coolers’, etcétera”.
Arizona Luminaria revisó cinco años de archivos de los condados de Coconino, Pima y Maricopa, y encontró que no hay evidencia del uso de fondo para el bienestar en compras de armas o balas.
Según la ley, “El alguacil debe mantener en fideicomiso todo el dinero del fondo especial para el beneficio y bienestar de los presos. Este dinero puede ser usado para la educación y bienestar de los reclusos, incluyendo el establecimiento, mantenimiento, y compra de productos para la venta y otros gastos necesarios para la operación de los comedores”.
Durante la reunión, Lamb dijo varias veces a la junta de supervisores que el artículo de Arizona Luminaria fue una “pieza de ataque” dirigida contra él y “no buscaba la verdad.”
Lamb sacó a la luz “todas las cosas buenas que hacemos” con el fondo para el bienestar de presos, como gastos en liderazgo global, programas para GED y programas de eliminación de tatuajes. Dijo que a pesar de gastar sólo 900 dólares en libros durante unos cinco años, la gente en la cárcel tiene acceso a libros donados y digitales.
Arizona Luminaria intentó hablar con Lamb dos veces antes de publicar la investigación inicial. No respondió. Luminaria también se comunicó con oficiales de la oficina del alguacil. Ellos defendieron el uso del fondo para armas, sin embargo, no destacaron ninguna de las otras maneras en que lo usaron para beneficiar a la gente encarcelada.
Lamb argumentó que la ley es “de naturaleza general” para dar flexibilidad en las cárceles de Arizona para mantener el bienestar y educación de los presos.
“No dice que podemos usarlo para armas, balas o chalecos. Tampoco dice que debemos comprarles papel higiénico. Pero sabemos que esto es parte de mantener su bienestar”, dijo.
Lamb se resistió a las críticas del público, los medios de comunicación y los grupos de derechos civiles que cuestionaban la legalidad de los gastos.
“Lo encuentro un poco gracioso que un abogado de ACLU o alguien que se considera un experto, que no está en el campo penitenciario y ciertamente no trabaja para la oficina del sheriff, sepa qué es lo mejor para el bienestar de nuestros reclusos”, dijo.
La ACLU de Arizona ha estado monitoreando las condiciones de las cárceles y prisiones en Arizona por años. Después de una década en las cortes, recientemente ganaron una orden judicial de un juez del distrito de Estados Unidos, requiriendo cambios sustanciales en la forma en que se brinda la atención médica en las prisiones de Arizona.
Arizona Luminaria no había recibido una respuesta de la oficina del alguacil acerca de una partida de gasto de 39,000 dólares del fondo que figuraba únicamente como “equipo pesado”.
Pero en la reunión, Lamb dijo que su oficina usó 39,000 dólares para una máquina montacargas, reemplazando una que se quebró, para descargar cosas de la comisaría para las personas detenidas en la cárcel.
“No estamos escondiendo nada”, dijo Lamb, agregando, “Trabajamos duro para ser una de las cárceles modelo de este estado”.
El presidente de la junta, Serdy, preguntó a Lamb sobre las muertes bajo custodia como medida del bienestar de la gente encarcelada. Citando las muertes en las cárceles del condado de Maricopa a modo de comparación, Serdy preguntó, “¿Cuáles son nuestros números?”
Lamb dijo que han habido nueve muertes en la cárcel desde 2018.
Mucha de la gente en las cárceles de Arizona son detenidos antes del juicio, están en prisión preventiva, lo que significa que un tribunal no los ha condenado por ningún delito. Algunas personas condenadas a menos de un año están en una cárcel en vez de una prisión.
El público opina
Durante la llamada a la audiencia, miembros del público estaban en contra y en favor de Lamb sobre el uso del fondo especial para el bienestar de presos para comprar armas.
“Creo que el alguacil Lamb hizo lo correcto. Confío en él”, dijo Boots Hawks. “Si es ese dinero del que hablan, debe de ser usado para hacer más fácil la vida de las personas dentro de la cárcel. No están allí para tener una vida fácil. Están allí para ser castigados”.
Roberto Reveles dijo que sin una auditoría nadie sabría si Lamb estaba usando el dinero de una manera legal.
“Con suerte, el público no va a tener que confiar que el administrador del presunto mal uso de fondos se ha investigado a sí mismo y ha determinado que cumple con la ley estatal” dijo Reveles, agregando que la ley estatal allana el camino para la transparencia pública.
“Señor presidente, no se dejen, como había dicho antes, quedarse con la carga de la responsabilidad por el posible mal uso de los fondos del condado. Ejerzan su responsabilidad fiscal y su autoridad. Por favor, otra vez, urge, insto a que indique a su personal que organice una auditoría desinteresada por parte de los servicios de auditoría independientes con los que usted cuenta.”
Los votantes tienen poder en la supervisión de los alguaciles elegidos.
“Para un público preocupado en cómo sus impuestos están siendo mal usados y en violaciones de leyes estatales, una auditoría es probablemente un buen comienzo” dijo Keenan.
“Al final, los votantes van a tener que decidir si piensan que el alguacil está usando mal el dinero o actuando de una manera contraria a lo que ellos quieren. Ellos tendrán la oportunidad de expulsarlo en las próximas elecciones.
Lamb fue el primer Republicano en anunciar que va a postularse para ser senador de Arizona. En las primarias, va a competir en contra de la ex-candidata para gobernadora, Kari Lake.
Quien gane las primarias republicanas se enfrentará a Ruben Gallego, demócrata por Arizona, quien anunció su candidatura en enero.
Todos van a estar buscando la silla de Krysten Sinema, quien el año pasado cambió de partido demócrata a independiente. Sinema todavía no ha anunciado si va a buscar otro mandato.
Kevin Cavanaugh, supervisor del distrito 1, preguntó si la procuraduría general ha dado direcciones acerca del uso de los fondos.
“¿Quién decide si los fondos son usados correctamente o no?”, preguntó Cavanaugh.
El abogado de derechos civiles Keenan dijo que son medidas de rendición de cuentas, incluyendo una revisión de la fiscal general Kris Mayes, para asegurar que el alguacil no está violando las leyes estatales.
“No le corresponde al sheriff decidir unilateralmente si está en acuerdo con la ley estatal”, dijo Keenan. “Por eso tenemos tribunales. La procuraduría general tiene la autoridad para investigar en ciertas instancias. Pensaría que la PG estaría interesada en hacerlo en este caso”.
Las personas encarceladas también tienen el derecho a levantar una acta para encontrar soluciones legales, dijo.
Lamb dijo que no sabía de ninguna jurisprudencia que aborde los detalles de qué cosas pueden ser compradas como parte del fondo del bienestar. Reiteró que la compra de armas y balas “estaba dentro de nuestras capacidades” para asegurar “el bienestar de los presos”.
Lamb agregó, “Creo que la razón por la cual la ley es un poco general y ambigua es porque cada cárcel tiene circunstancias y retos diferentes”.
Lamb habló acerca del llamado del público a una auditoría de sus gastos:
“Una auditoría sería más que bienvenida. Pero para que sepan, la ley dice que se puede (hacer una auditoria). Así que si no hacen una auditoría, esa es su decisión. La ley no dice que es obligatoria”.
El fondo del condado de Pinal es controlado por Lamb, pero la supervisión estatal permite que la junta de supervisores del condado autorice una auditoría cada dos años para asegurar que el dinero pagado por gente encarcelada y sus familias es gastado en una manera legal. Los administradores de la cárcel también tienen que escribir informes sobre las operaciones de la comisaría.
Antes de la investigación inicial, Arizona Luminaria se comunicó con el presidente de la Junta de Supervisores, Jeff Serdy, el 25 de septiembre, preguntando si la junta ha hecho una auditoría del uso del fondo del alguacil en los últimos 10 años. Serdy respondió que no sabía, sugiriendo que dos empleados del condado podrían tener más información. Ninguno respondió.
Los supervisores parecían satisfechos con las explicaciones de Lamb en la reunión del miércoles.
“Es difícil para nosotros estar sentados aquí y pensar que podemos supervisar al milímetro. Dejamos tu negocios a ti. Tú sabes mejor que yo” dijo el supervisor Stephen Miller, del distrito 3. “Estoy completamente en favor de la transparencia y estar seguros que actuamos dentro de las reglas en cómo podemos usar ese dinero”.
Sin embargo, Miller subrayó que Lamb aún tiene que responder ante el público.
“Espero que tu explicación hoy satisfaga a los ciudadanos del condado de Pinal” dijo Miller.
El supervisor Mike Goodman, del distrito 2, elogió al alguacil y recomendó que la gente encarcelada debería estar trabajando.
“¿Por qué no usaste los presos para descargar cuando tu máquina montacargas se rompió?” dijo Goodman. “Ahora, probablemente provocaría una controversia acerca de eso, y está bien. Creo que has hecho un gran trabajo, en todos los aspectos”.
Traducción por John Washington
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