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La Oficina del Sheriff del condado de Pinal, dirigida por el sheriff Mark Lamb, candidato al Senado de los Estados Unidos, ha gastado al menos 217,000 dólares de un fondo de la comisaría de la cárcel que los legisladores de Arizona ordenaron que se utilizara “para el beneficio y el bienestar de los reclusos”, en cambio, compró un lote de armas, municiones y chalecos antibalas.
Las compras violan la ley estatal, dicen los expertos en justicia penal.
Arizona Luminaria revisó los gastos e ingresos del fondo de bienestar para reclusos de la oficina del sheriff durante un período de cinco años.
Desde julio de 2018 hasta julio de 2023, la Oficina del Sheriff del Condado de Pinal gastó poco más de 4 millones de dólares en servicios para reclusos.
Al menos 217,000 dólares de esa cantidad, o alrededor del 5.5%, se gastaron en armas, balas y chalecos para la agencia de aplicación de la ley, según documentos presupuestarios del condado obtenidos a través de una solicitud de registros públicos.
Durante los mismos cinco años, el condado gastó menos de 900 dólares en libros para las personas detenidas en la cárcel.
Las armas y los chalecos antibalas se compraron en 2022 y 2023. Las municiones se compraron entre 2019 y 2021. Lamb comenzó a servir como sheriff del condado de Pinal en enero de 2017.
Jared Keenan, director jurídico de la Unión Americana de Libertades Civiles de Arizona, criticó el gasto realizado por la Oficina del Sheriff del condado de Pinal bajo el liderazgo de Lamb.
“Está bastante claro que está utilizando estos fondos de una manera que va en contra del estatuto”, dijo Keenan a Arizona Luminaria. “El fondo es para beneficio de los reclusos”.
El dinero recaudado por personas encarceladas comprando artículos en la comisaría o comedor de la cárcel o pagando llamadas telefónicas puede utilizarse “para la educación y el bienestar de los reclusos”, según el estatuto estatal.
Lamb se jacta de estar llevando a cabo una campaña de ley y orden como el candidato republicano al senado que asegurará la frontera, defenderá la Segunda Enmienda, apoyará a la policía y “recortará el gasto innecesario”, según su sitio web.
A menudo aparece en anuncios de campaña y en apariciones comunitarias usando equipo táctico. En un anuncio camina por el desierto llevando un rifle.
Lamb no respondió inicialmente a preguntas detalladas sobre el gasto de su oficina de sheriff en armas del fondo destinado a beneficiar a los encarcelados.
La organización estatal ACLU ha sido clave en las demandas que protegen los derechos de las personas detenidas en prisiones y centros de detención de inmigrantes de Arizona.
Muchas personas en las cárceles de Arizona están en prisión preventiva, lo que significa que un tribunal no los ha condenado por ningún delito. Algunas personas condenadas a menos de un año están en la cárcel en lugar de prisión preventiva.
Tener programación y mejorar las condiciones básicas en una cárcel puede ayudar con las tasas de reincidencia, dijo Keenan.
Los servicios financiados con las ganancias de las tarifas pagadas por los artículos de la tienda y las llamadas telefónicas “también pueden hacer que las personas tras las rejas sean menos miserables”, dijo.
El estatuto legal estatal que regula el fondo, añadió, ayuda a “garantizar que el dinero se utilice como debe ser”.
Los condados de Arizona utilizan los términos “servicios para reclusos” y “bienestar para reclusos” para describir los fondos.
En respuesta a una solicitud de registros públicos por parte de Arizona Luminaria, la Oficina del Sheriff del Condado de Pinal escribió “Bienestar del Recluso” en la parte superior del documento que enumera los gastos, que incluían armas, municiones y chalecos antibalas.
En las cárceles de todo el estado y la nación, dichos fondos generalmente se destinan al acceso a Internet, libros, útiles de escritura, equipos recreativos y diversos programas educativos para personas tras las rejas.
En ninguna parte de un estatuto de Arizona que describe los deberes de un sheriff de “atender a los prisioneros” y administrar las comisarías, la ley establece que el dinero recaudado por las personas encarceladas debe usarse para comprar armas y municiones.
Una junta de supervisores o directores del condado decide si un alguacil puede mantener una comisaría o comedor en la cárcel.
Sin embargo, los alguaciles del condado de Arizona deciden qué se vende en la comisaría y fijan los precios para mantener las operaciones. Los artículos que se pueden comprar suelen incluir artículos de higiene, refrigerios, tarjetas telefónicas y otras provisiones.
Aunque el fondo del condado de Pinal es administrado por el sheriff Lamb, la supervisión estatal (para garantizar que el dinero pagado por las personas encarceladas se gaste legalmente) permite a las juntas de supervisores del condado autorizar una auditoría cada dos años sobre las operaciones de la comisaría.
Los administradores de la cárcel también deben preparar declaraciones periódicas de operaciones. Se debe publicar una copia del informe o declaración de auditoría en la comisaría y en otras áreas donde las personas encarceladas puedan revisarla.
Arizona Luminaria se comunicó con el presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Pinal, Jeff Serdy, por correo electrónico el 25 de septiembre, preguntándole si la junta había auditado el uso de fondos de la oficina del sheriff en los últimos 10 años, y pidiéndole una explicación sobre cómo la compra de armas cumple con las normas legales del estado.
Serdy respondió diciendo que no lo sabía, sugiriendo a otros dos empleados del condado que podrían tener más información. Ninguno respondió.
Lauren Reimer, oficial de información pública de la oficina del sheriff, respondió el 22 de septiembre a las preguntas de Arizona Luminaria sobre el fondo.
Reimer dijo que la oficina del sheriff ha “trabajado estrechamente con nuestros departamentos de Finanzas y Adquisiciones para asegurarnos de que cumplimos con todas las leyes y normas relacionadas con los ingresos especiales”.
“También nos aseguramos de que nuestro gasto en dinero de asistencia social a los reclusos esté en línea con esas reglas y leyes”, dijo.
Arizona Luminaria se comunicó con la Oficina de Presupuesto y Finanzas del Condado de Pinal, así como con la división de compras, el 25 de septiembre para obtener más información sobre cuándo los funcionarios públicos han trabajado con la oficina del sheriff para supervisar las leyes y reglas que exigen cómo se puede gastar el dinero del fondo recaudado por personas que están encarceladas.
Hasta el 28 de septiembre, los funcionarios del condado no han respondido.
Históricamente, las condiciones dentro de la cárcel del condado de Pinal han sido tan desafiantes que la cárcel apareció en una temporada del reality show de A&E, “60 Days In”.
La quinta temporada del programa, transmitida en 2019, se centró en el problema de la cárcel de Arizona con las drogas, el contrabando y las pandillas, así como en la atmósfera violenta en general.
Durante la última década, la cárcel del condado de Pinal – una región rural en crecimiento con casi medio millón de residentes ubicada entre los condados de Maricopa y Pima – ha generado quejas de derechos civiles.
Una persona anteriormente encarcelada allí denunció el “trato inhumano y degradante” de los detenidos, según un informe de 2011 de la Unión Americana por las Libertades Civiles.
El condado de Pinal no es un caso atípico cuando se trata de cárceles de Arizona. Las cárceles de los condados de Pima y Maricopa son conocidas por las muertes bajo custodia, la falta de atención médica y el trato degradante, según informes de los medios y demandas a lo largo de los años.
Las condiciones en las cárceles de Arizona deben abordarse, en parte, con fondos que beneficien el bienestar de las personas encarceladas, dicen expertos en justicia penal.
‘Sheriff americano’
Lamb fue el primer candidato republicano en anunciar que se postula para el escaño del Senado de Arizona.
En las primarias, se enfrentará a la ex candidata a gobernadora Kari Lake, quien presentó documentos de candidatura para unirse a la contienda el 4 de octubre.
Quien gane las primarias republicanas se enfrentará a Rubén Gallego, demócrata por Arizona, quien anunció su candidatura en enero.
Todos competirán por el escaño de Kyrsten Sinema, quien el año pasado cambió de partido demócrata a independiente. Sinema aún no ha anunciado si buscará otro mandato.
Lamb ha hecho del concepto conservador de “ley y orden” la piedra angular de su campaña por el Senado.
Ha proclamado que Dios, las armas y la libertad son sus ejes fundamentales y se define a sí mismo, en la línea del ex sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, como un “American Sheriff” – que también es el título del libro que él mismo publicó en 2020.
Al igual que Arpaio, Lamb se jacta de sus medidas enérgicas contra los narcotraficantes y la inmigración no autorizada, publicando con frecuencia fotografías y vídeos de él mismo, normalmente fuertemente armado, en el desierto o en la frontera.
El condado de Pinal está a más de 50 millas de la frontera.
Tras las protestas locales y nacionales generalizadas que pedían justicia para los negros después de que la policía de Minnesota matara a George Floyd en 2020, Lamb pidió formar un grupo ciudadano en apoyo a la autoridad.
“El 2020 ha sido un gran año”, dijo Lamb en un video de YouTube publicado en el canal de la Oficina del Sheriff del Condado de Pinal.
Al instar a los residentes a capacitarse con los agentes “si alguna vez necesitamos apoyo”, Lamb promovió clases en línea para “aprender los conceptos básicos, para que puedan ver la realidad del trabajo policial” y comprender mejor, entre otras cuestiones relativas a la aplicación de la ley, el derecho constitucional, seguridad con armas de fuego y el “uso de fuerza letal”.
Un ‘impuesto regresivo’
La mayor parte del dinero recaudado para los fondos en Pinal y otros condados de Arizona proviene de las tarifas pagadas por personas encarceladas y personas que los apoyan desde afuera, mientras compran alimentos y otros artículos en la tienda de la cárcel y realizan costosas llamadas o videollamadas.
El Departamento del Sheriff del condado de Pima, durante los últimos cinco años, ha gastado dinero de su fondo en una variedad de bienes y servicios, incluidos equipos recreativos, ropa y servicios de Internet para personas encarceladas, según una lista de gastos disponible en línea a través de Arizona Financial Transparency Portal (Portal de Transparencia Financiera de Arizona), administrado según la ley estatal de General Accounting Office (Oficina de Contabilidad General).
Ningún registro del portal relacionado con el Departamento del Sheriff del condado de Pima indica que se haya utilizado dinero del fondo de bienestar para reclusos en armas o municiones durante el período comprendido entre 2018 y 2023.
Una revisión de fondos similares de ese mismo período mostró que ni los condados de Maricopa, ni Coconino, gastaron dinero en armas, según registros financieros disponibles en línea y obtenidos por Arizona Luminaria a través de una solicitud de registros públicos. Gastaron fondos en ropa, libros y comida.
El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, dijo a Arizona Luminaria el 27 de septiembre que su departamento es “extremadamente cauteloso con estos fondos ya que están claramente protegidos por ley”.
Nanos agregó: “Utilizamos el bienestar de los reclusos para aquellas cosas que ayudan directamente al recluso, es decir, tabletas, películas, refrescos, palomitas de maíz, aire acondicionado para reemplazar los abanicos de aire, etc”.
Los funcionarios de la Oficina del Sheriff del condado de Maricopa no respondieron hasta el 28 de septiembre a preguntas similares, sobre si la agencia policial ha utilizado el fondo para comprar armas y municiones.
Wanda Bertram, portavoz de Prison Policy Initiative, una organización no partidista que estudia prisiones y cárceles, cuestionó la ética del gasto del condado de Pinal.
“Obviamente está mal gastar el dinero de las personas encarceladas de esta manera”, afirmó.
Llamó a este tipo de fondos un “impuesto regresivo” y explicó que “obligan a las personas encarceladas y a sus familias a soportar casi toda la carga del costo”.
Bertram dijo que muchas personas llegan a la cárcel con problemas de adicción o de salud mental y necesitan servicios y programas vitales.
“Algunas de esas personas están pasando por los peores días de sus vidas”, dijo. “La gente necesita atención médica, consejeros, alguien que pueda indicarles los servicios a los que podrán acceder una vez que salgan de la cárcel”.
Estos servicios pueden salvar vidas.
“No puedo decirles si eso es a lo que se destina la mayoría de los fondos de asistencia social para los reclusos”, dijo Bertram. “Puedo decirles que esos son programas que se necesitan”.
Arizona Luminaria contactó a la Oficina del Fiscal General del Estado, al Consejo Legislativo estatal, a la senadora Denise “Mitzi” Epstein, demócrata de Tempe; a la representante Melody Hernandez, demócrata de Tempe; y el senador T.J. Shope, republicano por Coolidge, buscando aclaraciones sobre la intención de la ley y si es legal usar dinero de los fondos para comprar armamento.
Hasta el 28 de septiembre, ninguno de los representantes estatales ha respondido.
Los funcionarios de la Oficina del Fiscal General sugirieron que Arizona Luminaria se comunicara con el Consejo Legislativo, los legisladores o el Departamento Correccional, afirmando que la principal agencia legal de Arizona no tenía ninguna información sobre los gastos permitidos bajo la ley estatal que regula cómo los alguaciles pueden usar los fondos.
Funcionarios del Consejo Legislativo respondieron que la agencia estatal tampoco tenía información. “No creo que nuestra oficina sea de ninguna ayuda en esta investigación. No tenemos ningún conocimiento práctico especial del estatuto y no podemos ofrecer ninguna interpretación más allá de la medida del texto real”, dijo el director ejecutivo Michael Braun en un correo electrónico.
Esta no es la primera vez que Lamb es objeto de escrutinio por sus transacciones financieras. En 2020, Arizona Republic revisó los gastos de una organización benéfica que había fundado Lamb y descubrió múltiples irregularidades.
En el vídeo de lanzamiento de la campaña de Lamb en el Senado, proclamó: “Es hora de que haya ley y orden”.
Keenan dijo que la ley es exactamente lo que Lamb está desafiando.
“Es hipócrita”, dijo Keenan. “La gente está condenada a violar los estatutos y luego sus carceleros violan los estatutos”.
Una muerte en el condado de Pinal
Mariah Guzmán tenía 28 años cuando murió el 30 de octubre de 2022 en la cárcel del condado de Pinal. Mariah había estado luchando contra la adicción a las drogas y no se sentía bien unos días antes de ser ingresada en la cárcel.
Su madre, Adrianna Guzmán, le dijo a Arizona Luminaria que la pusieron en la población general de la cárcel, pero que debieron haberla llevado a la enfermería. A los pocos días, Mariah estaba muerta.
Adrianna desconoce muchos otros detalles sobre la muerte de su hija. Ella estaba en Tucson en ese momento y fue contactada por el Departamento de Policía de Tucson, no por la Oficina del Sheriff del Condado de Pinal.
Adrianna dice que no ha tenido noticias de los funcionarios de la oficina del sheriff sobre su hija y no ha recibido condolencias. No sabe si ha habido una investigación o una revisión de la muerte.
Arizona Luminaria contactó a la oficina del sheriff el 7 de septiembre para solicitar registros de una investigación o revisión. Hasta el 28 de septiembre, los funcionarios no han respondido.
Los funcionarios de la cárcel del condado de Pinal tampoco han respondido a las preguntas sobre las afirmaciones que la familia de Mariah ha hecho sobre su atención mientras estaba tras las rejas.
“No sé si el programa la habría ayudado, pero la cárcel necesita ayuda”, dijo Adrianna. “Es simplemente deplorable que estén administrando mal los fondos, que estén usando ese dinero para ayudarse a sí mismos”.
La tía de Mariah, Olivia Molina, ayudó a criarla. La vida de Mariah empeoró cuando su novia fue asesinada en 2016, dijo Olivia. Cuando fue ingresada en la cárcel del condado de Pinal, no recibió ayuda para lidiar con sus síntomas de abstinencia, dijo.
Mariah era vivaz, divertida e inteligente, dijo Olivia. “Así es como quiero que la recuerden”, dijo. “No por morir allí”.
Correcciones y aclaraciones: una versión anterior de este artículo decía erróneamente que los funcionarios de la Oficina del Fiscal General de Arizona y del Consejo Legislativo no respondieron a las preguntas. El artículo se actualizó para aclarar que los funcionarios respondieron diciendo que no tenían ninguna información sobre los gastos permitidos según la ley estatal que regula cómo los alguaciles pueden usar los fondos.
Traducción por Beatriz Limón
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