Cinco años después de haber hecho gratuito el transporte público en Tucson, el concejo municipal vuelve a debatir si deberían —o si pueden— seguir manteniendo gratis los autobuses, el tranvía y otras formas de transporte público.
“Creo profundamente que debemos mantener un sistema gratuito”, dijo la alcaldesa de Tucson, Regina Romero, en la sesión de estudio del 8 de abril, pero señaló que la ciudad enfrenta un profundo déficit presupuestario.
“Hay que ceder en algo”.
La última vez que los funcionarios de la ciudad debatieron el tema fue en noviembre de 2024, cuando se instruyó al personal proporcionar a la alcaldesa y al concejo más datos y presentar opciones para avanzar.
El concejo votó nuevamente el martes a favor de un análisis continuo sobre cómo la ciudad podría mantener las tarifas gratuitas y qué pasaría si volvieran a cobrar.
Mientras el concejo municipal discutía cómo proceder, miembros del público se sentaban en la audiencia sosteniendo carteles que decían “Keep Fare Free Transit” (Mantengan el transporte gratuito), “Local Business Loves Free Transit” (Los negocios locales aman el transporte gratuito) y “Free Fare for Clean Air” (Tarifa gratis para aire limpio).
Existen muchos caminos posibles para ambas opciones.
Continuar financiando el transporte gratuito podría incluir aumentar los recargos en hoteles y moteles en aproximadamente un dólar, cambiar a un modelo de recargo porcentual, implementar un impuesto a los servicios públicos o buscar asociaciones público-privadas.
Ya existen algunas asociaciones en marcha: el Tucson Medical Center contribuyó con alrededor de 800,000 dólares para ayudar a mantener las tarifas gratuitas.
Las opciones adicionales incluyen: implementar una tarifa de servicios públicos de transporte, desarrollar un distrito fiscal especial, agregar un impuesto a los autos de alquiler o formar una Autoridad Metropolitana de Transporte Público.
La concejal Lane Santa Cruz, del Distrito 1, hizo una moción para considerar todas las opciones anteriores, además de aumentar las tarifas de estacionamiento, obtener más fondos del estado y varias formas de aumentar el recargo en moteles/hoteles para mantener el transporte público gratuito. La alcaldesa Romero también mencionó explorar fondos generados por tarifas de lotería.
El concejal Paul Cunningham, del Distrito 2, pidió específicamente más datos sobre cuánto generaría realmente cada opción de financiamiento.
“Los habitantes de Phoenix han asignado impuestos para pagar el transporte público”, dijo Romero sobre cómo Phoenix paga por el transporte público. Sugirió que Tucson debería explorar cómo encontrar una fuente de financiamiento dedicada, como un nuevo impuesto u otra de las opciones, en lugar de usar el fondo general de la ciudad para cubrir los costos de transporte.
“Idealmente, me gustaría tener una conversación con los tucsonenses para averiguar cuáles son sus prioridades y cómo pagan por esas prioridades”, agregó Romero.
“El fondo general se está quebrando. No es una herida autoinfligida”, dijo Romero, y agregó que la herida fue el resultado del impuesto fijo aprobado por la administración del exgobernador de Arizona Doug Ducey y por “el caos que está causando la administración de Trump”.
Nikki Lee, del Distrito 4, dijo que todos los miembros del concejo están a favor de encontrar una manera de mantener las tarifas gratuitas, pero hizo una moción para llevar a cabo un análisis del Título VI para explorar la posible reimplementación de tarifas.
“Si bien no se ha considerado un regreso a las tarifas en el pasado, la alcaldesa y el concejo sí tienen la flexibilidad de ordenar al personal que realice un Análisis de Equidad de Tarifas conforme al Título VI sin comprometerse a volver a cobrar tarifas”, según un memorando del 8 de abril.
Un análisis del Título VI es legalmente requerido si hay un cambio significativo en las tarifas del transporte público —en este caso de gratuito a cobrarlas nuevamente. El análisis consideraría si el cambio impactaría desproporcionadamente a las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos, según Sam Credio, director del departamento de transporte y movilidad.
El concejal Kevin Dahl, del Distrito 3, por su parte, pidió a la alcaldesa y al concejo comprometerse al menos a otro año de tarifas gratuitas. Santa Cruz estuvo de acuerdo, diciendo que “necesitamos seguir siendo creativos y compasivos sobre cómo servimos” a la comunidad, y pidió continuar con el modelo de tarifas gratuitas.
Sin embargo, la moción de Lee, sobre estudiar cómo la reimplementación de tarifas impactaría a la comunidad, fue aprobada, con Santa Cruz y Cunningham votando en contra.
Encima del análisis del Título VI, la ciudad también estudiará cuánto costaría comenzar a cobrar tarifas nuevamente y cuántos ingresos generarían las tarifas.
Si la ciudad eventualmente regresa a cobrar a las personas por usar el transporte público, también existen varias opciones para ese enfoque.
Esas opciones incluyen: regresar a la estructura de tarifas de 2018, que costaba entre 1.75 de dólar y 2.35 dólares para rutas exprés; comenzar a cobrar solo por Sun Link (el tranvía) y las rutas de autobuses exprés; simplificar todas las tarifas a 0.50 de dólar; implementar límites de tarifa, que limitarían el monto total que paga una persona usuaria en un período determinado; o crear un pase de tarifa gratuita para residentes de bajos ingresos que califiquen.
“¡Transporte gratuito permanente!”
Antes de la reunión del concejo municipal, un grupo de aproximadamente cincuenta simpatizantes del transporte gratuito se reunieron con pizza, carteles y música para presionar a la ciudad a mantener las tarifas gratuitas.
Los tucsonenses se han unido en torno a la idea de mantener los viajes gratuitos.
“Psicológicamente, cambia tu perspectiva sobre lo que la ciudad te permite hacer”, dijo Prabjit Virdee, gerente de calles abiertas de Living Streets Alliance, a Arizona Luminaria.
“¿Pueden desplazarse por la ciudad sin problemas ni barreras y, por lo tanto, generar un impacto positivo en su ciudad?”, preguntó Virdee.
“El transporte público gratuito es un bien público de principio a fin”.
Kylie Walzak, una defensora de larga trayectoria del transporte público, dijo que mientras “los líderes empresariales están usando la seguridad como una razón para restablecer las tarifas, el transporte público es significativamente más seguro que conducir”.
Walzak señaló que las personas que usan el transporte público reducen su probabilidad de verse involucradas en un accidente en más del noventa por ciento o al tomar el transporte público, en comparación con trasladarse en automóvil. Eso equivale a que viajar en transporte público sea diez veces más seguro por milla que viajar en automóvil.
En el evento comunitario car-free Cyclovia este fin de semana, Walzak fue parte de un equipo que recolectó 300 postales expresando apoyo a las tarifas gratuitas y las envió a todos los miembros del concejo. Cyclovia es organizada por Living Streets Alliance.
La Coalición Transporte para Todos, con sede en Tucson, incluyó puntos de conversación sugeridos en un llamado reciente a “KEEP PUBLIC TRANSIT PERMANENTLY FARE-FREE!” (Mantener el transporte público gratuito de manera permanente).
En los puntos de conversación señalaron “el papel crucial que juega el transporte público en la vida diaria de los estudiantes”, y el hecho de que el Distrito Escolar Unificado de Tucson, la Universidad de Arizona y el Colegio Comunitario de Pima actualmente no están reembolsando a la ciudad por el beneficio de transporte gratuito para sus estudiantes y personal.
La discusión sobre las tarifas gratuitas surge mientras la ciudad prepara su presupuesto para el próximo año fiscal, y justo después de la contundente derrota de la Propuesta 414, que habría aumentado el impuesto a las ventas de la ciudad en medio centavo. Los votantes rechazaron la medida por 40 puntos. No incluía ningún fondo para el transporte público gratuito.
El déficit operativo proyectado para el presupuesto del año fiscal 2026 es de casi 28 millones de dólares.
Una historia muy breve de las tarifas gratuitas
Tucson es una de un puñado de ciudades en todo el país que ha convertido el transporte público en un servicio público gratuito, como los parques y las bibliotecas. En Arizona, Sierra Vista está implementando servicios de transporte gratuitos como prueba piloto.
Cuando Tucson hizo gratuito el transporte público por primera vez, la ciudad dependió de los fondos de ayuda por COVID-19, otorgados a través de la Ley CARES federal, la Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio por Coronavirus y la Ley del Plan de Rescate Estadounidense.
El transporte público genera ingresos de diversas maneras. Las tarifas pueden ayudar, pero por sí solas no cubren los costos del sistema para la ciudad. En 2020, el sistema costó 65 millones de dólares y las tarifas pagaron alrededor de 9 millones dólares, o el 13%, cuando bajó la cantidad de pasajeros y la ciudad dejó de cobrar tarifas durante la pandemia.
Eso hace que el déficit actual de financiamiento anual sea de aproximadamente 9 millones de dólares.
Según un análisis comparativo incluido en el memorando del 8 de abril, “la Ciudad de Tucson tiene el porcentaje más alto de inversión del fondo general con aproximadamente el 9.04%. En comparación, la Ciudad de Mesa contribuye con el 2.67% de sus gastos del fondo general para servicios de transporte”.
En 2024, en un boletín informativo de la oficina de la alcaldesa Romero, sus colaboradores se refirieron al transporte gratuito como “un bien público que conecta a nuestra comunidad con recursos para que podamos prosperar”.
Cambios en las rutas de autobús
También está sobre la mesa la eliminación de SunTran’s Route 5, que va desde Sabino Canyon hasta Pima Community College West, llevando pasajeros por la Escuela para Sordos y Ciegos de Arizona, la Preparatoria Catalina, Pima Community College West y la Universidad de Arizona, entre otros lugares.
Según el sitio web de SunTran, un promedio de 17,388 pasajeros toman esta ruta cada mes.
La Ruta 22, por su parte, se ampliaría para extenderla hasta Pima Community College West.
El ahorro total de esta reorganización sería de aproximadamente 1 millón de dólares al año, según una presentación de Credio en la reunión del 8 de abril.
Si la alcaldesa y el consejo deciden seguir adelante con el cambio, tendrían que hacer una divulgación pública y un análisis adicional.
Traducción: Beatriz Limón
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