La ex candidata republicana a alguacil del condado de Pima, la teniente Heather Lappin, presentó una notificación de reclamo por 2 millones de dólares, el primer paso antes de una posible demanda, alegando que el sheriff Chris Nanos tomó “medidas disciplinarias injustificadas” y abusó de las propias políticas del departamento “con el propósito específico de influir en las elecciones”.
Nanos suspendió a Lappin de su puesto en el departamento en las semanas finales de la campaña para alguacil de 2024, junto con el líder sindical, el sargento Aaron Cross. Nanos, demócrata en funciones, finalmente ganó la elección para alguacil del condado de Pima, tras un recuento de una diferencia mínima de menos de 500 votos.
El condado tiene 60 días para responder al reclamo, que podría avanzar hacia una demanda si las partes no llegan a un acuerdo.
En el documento, Lappin dice que se le indicó recomendar a las personas encarceladas en la prisión del condado de Pima que rechazaran una solicitud de entrevista de un periodista local, lo que genera interrogantes sobre el proceso de acceso de los medios a los reclusos.
Esa notificación de reclamo fue presentada ante la Secretaría de la Junta del Condado de Pima y compartida el martes con Arizona Luminaria por el abogado de Lappin. El documento arroja nueva luz sobre una disputa que sacudió la contienda por la oficina del alguacil del condado de Pima en el otoño de 2024. Esa misma disputa involucró a un periodista de Arizona Luminaria en un amplio debate sobre el acceso de la prensa a las cárceles locales.
En la demanda, Lappin expone — con un nivel de detalle no visto anteriormente — su experiencia como empleada del Departamento del Alguacil del Condado de Pima mientras se postulaba para liderar dicho departamento.
El martes Nanos dijo por teléfono a Arizona Luminaria que no puede hablar sobre la demanda, pero afirma que las instrucciones que Lappin asegura haber recibido de un colega, sobre el acceso de los medios a los reclusos, iban en contra de la política del departamento.
La administradora del condado de Pima, Jan Lesher, dijo que Nanos le compartió una copia de la demanda, pero que no había ninguna acción pendiente para la administradora del condado en este momento. Un miembro de la Junta de Supervisores del Condado de Pima declinó hacer comentarios, otro no respondió, y otro no había visto el documento al ser contactado para una solicitud de comentarios.
El supervisor Matt Heinz, quien respaldó a Lappin y pidió el año pasado que la junta censurara a Nanos, dijo que la demanda avanzaría a través de un proceso administrativo interno con el liderazgo del condado. “He revisado el material que se presentó. Tengo preocupaciones”, dijo. “Espero ver cómo se resuelve esto”.
Nuevos detalles sobre el proceso con los medios
En el documento, Lappin expone su experiencia como candidata a alguacil mientras trabajaba en el departamento, comenzando con su trabajo como comandante de la sección de entrenamiento y continuando con su traslado a la cárcel.
Describe su experiencia coordinando una entrevista entre el periodista de Arizona Luminaria, John Washington, y dos personas encarceladas en la prisión. Una investigación en curso de Arizona Luminaria sobre muertes en la cárcel, que se remonta a 2022, examinó el liderazgo de Nanos en medio de 58 muertes en la cárcel entre 2020 y 2024.
Según la demanda, Lappin buscó orientación de sus colegas sobre cómo manejar la solicitud de Washington, dado que no conocía la política de medios aplicable.
“Lappin no había sido informada de ninguna política aplicable del PCSD (Departamento del Alguacil del Condado de Pima), y no se le había exigido que leyera o memorizara ningún Procedimiento Operativo Estándar (SOP, por sus siglas en inglés) sobre el tema”, decía la demanda.
La demanda alega que el teniente Mark Hamilton le dijo a Lappin que informara a los reclusos sobre la solicitud del reportero y que les pasara su información de contacto, pero “que recomendara a los reclusos que no hablaran con el Sr. Washington”. Según la demanda, la directiva le pareció extraña a Lappin, pero la especificidad y confianza de Hamilton hicieron que Lappin creyera que sus instrucciones eran política del departamento.
Meses después, esa serie de eventos se convirtió en una de las razones que Nanos citó para suspender a Lappin a pocas semanas de las elecciones. En la demanda, Lappin alega que esto ocurrió cuando ella comenzó a reducir la diferencia en la contienda por el puesto de sheriff.
Nano declaró a Arizona Luminaria que el departamento del sheriff no desalienta a los reclusos a hablar con los medios, pero que existe un proceso para gestionar estas solicitudes.
La demanda detalla que Washington llevó a cabo una entrevista, que la persona encarcelada entrevistada le señaló a Lappin el alto costo de la llamada, y que Washington indicó que quería reembolsar el costo.
A partir de ahí, la demanda dice que Lappin volvió a comunicarse con algunos colegas para saber cómo manejar la solicitud de reembolso. Esos colegas le dijeron a Lappin que el reportero de Arizona Luminaria podía agregar dinero a las cuentas de los reclusos a través del portal en línea o hacer un depósito en persona en la cárcel. Lappin transmitió esa información, y luego dice que rápidamente se olvidó de lo que creía que era un intercambio claro.
“Estos eventos fueron totalmente intrascendentes y rápidamente olvidados por la teniente Lappin y el resto del personal de la cárcel”, decía la demanda.
“Si usted, como miembro de los medios, le pidiera a Heather Lappin, ‘Oye, me gustaría hablar con el recluso John Doe’, ella diría, ‘No hay problema, déjame llamar al jefe’, su supervisor. Luego tendría que llenar los formularios correspondientes, los cuales activan un proceso: notifican a la oficina del fiscal del condado, al abogado del recluso y al tribunal, todo para informarles que se ha realizado una solicitud de los medios para hablar con el recluso”, dijo Nanos.
“Nuestro equipo, nuestro personal no siguió la póliza y entregó una nota o lo que sea que haya sido y lo gestionaron — no fue por mala conducta intencional, no fue algo como ‘vamos a hacer esto’ — pero aun así fue una violación de la póliza que podría poner en peligro el caso (del recluso)”, dijo.
Hamilton respondió “sin comentarios” a la solicitud de declaración de Arizona Luminaria.
Aun así, expertos en libertades civiles dicen que los informes sobre cualquier forma de desincentivo son preocupantes.
Jared Keenan, director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Arizona, dijo a Arizona Luminaria que tenía sentido que el departamento tuviera políticas que recomendaran a los reclusos consultar con su equipo legal antes de hablar con los medios, pero no un desincentivo absoluto.
“El personal de la cárcel y el departamento del alguacil no son abogados, y ciertamente no son el abogado del prisionero. Entonces, dar consejos como ese es simplemente inapropiado, en mi opinión”, dijo.
Traducción: Beatriz Limón
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