El profesorado de la Universidad de Arizona votó para aprobar un referéndum que insta a sus líderes a adoptar una postura contra los recortes de financiación y las demandas de la administración Trump que, según ellos, están erosionando la libertad académica, según los resultados anunciados en una concurrida reunión del Senado del profesorado el lunes.
De casi 1,000 miembros del profesorado votantes, el 91% aprobó la propuesta.
“Los resultados del referéndum —aunque la participación no fue (nunca es) tan alta como quisiéramos— coincidieron con nuestras recomendaciones y nuestras peticiones al presidente”, dijo Leila Hudson, presidenta del Senado del profesorado, tras anunciar los resultados.
El presidente de la Universidad de Arizona, Suresh Garimella, no asistió a la reunión.
“Sé que muchos de ustedes están decepcionados de que el presidente Garimella no esté presente hoy, como se nos había asegurado que estaría. Sé que nos escuchará, pero seguiré pidiéndole que nos escuche, que se involucre con nosotros y que nos ayude a confiar en él”, dijo Hudson.
El profesorado de la Universidad de Arizona votó para aprobar un referéndum que insta a sus líderes a adoptar una postura contra los recortes de financiación y las demandas de la administración Trump que, según ellos, están erosionando la libertad académica, según los resultados anunciados en una concurrida reunión del Senado del profesorado el lunes.
De casi 1,000 miembros del profesorado votantes, el 91% aprobó la propuesta.
“Los resultados del referéndum —aunque la participación no fue (nunca es) tan alta como quisiéramos— coincidieron con nuestras recomendaciones y nuestras peticiones al presidente”, dijo Leila Hudson, presidenta del Senado del profesorado, tras anunciar los resultados.
El presidente de la Universidad de Arizona, Suresh Garimella, no asistió a la reunión.
“Sé que muchos de ustedes están decepcionados de que el presidente Garimella no esté presente hoy, como se nos había asegurado que estaría. Sé que nos escuchará, pero seguiré pidiéndole que nos escuche, que se involucre con nosotros y que nos ayude a confiar en él”, dijo Hudson.
Detrás de sus tarjetas de identificación de papel, los senadores del profesorado aplaudieron en las mesas redondas después de que Hudson anunciara los resultados. Los oficiales pasaron al siguiente punto de la agenda mientras otros salían de la Sala Sage and Silver del Old Main.
La universidad emplea a más de 5,000 miembros del profesorado, incluidos profesores adjuntos y eméritos, según el sitio web de la universidad para el año académico 2023-2024.
La resolución insta al presidente Garimella y a la Junta de Regentes de Arizona a tomar cinco acciones concretas: defenderse de ataques ideológicos y gubernamentales, resistir legalmente directivas ilegales, respaldar el “Llamado a la Participación Constructiva” emitido por la Asociación Americana de Colegios y Universidades (AACU), ayudar a formar un pacto de defensa académica mutua entre universidades con concesión de tierras y comprometer recursos para responder a amenazas motivadas políticamente.
La senadora Lucy Ziurys habló durante la sección de comentarios abiertos de la reunión sobre la falta de postura de la universidad, en particular por no firmar la declaración de la AACU, dadas las agresiones de la administración del presidente Donald Trump a las instituciones de educación superior.
“Más de 600 instituciones han firmado, pero ¿quién falta notablemente? ¿La Universidad de Arizona? Esto no se ve bien”, dijo Ziurys.
El portavoz de la universidad, Mitch Zak, no respondió si la administración cumpliría con los términos del referéndum, pero compartió una declaración.
“Las universidades desempeñan un papel vital en nuestra nación, y seguiremos haciéndolo incluso ante cambios significativos e incertidumbre. Valoramos la participación del profesorado, el personal, el alumnado y la comunidad de la Universidad de Arizona en nuestro camino a seguir.
“Los líderes de la UA colaboran directamente con nuestra delegación del Congreso federal, legisladores estatales y funcionarios de agencias, y hemos colaborado activamente con la Asociación de Universidades Americanas, la Asociación de Universidades Públicas y Concesionarias de Tierras y otras instituciones similares.
“Seguiremos enfocándonos en el éxito estudiantil, la excelencia en la investigación y una participación significativa con nuestro estado. Esto incluye promover un entorno donde todos los miembros de nuestra comunidad encuentren pertenencia y propósito. Con más de 470 millones de dólares en subvenciones federales para investigación, 380 millones de dólares en financiamiento estatal y más de 70 millones de dólares en becas federales Pell que apoyan al 22 por ciento de nuestro alumnado, estamos comprometidos a sostener el trabajo y el bienestar de nuestros estudiantes, profesores y personal, mientras preservamos la estabilidad a largo plazo de la universidad”.
Megan Gilbertson, portavoz de los regentes, respondió a las preguntas y solicitud de comentarios de Arizona Luminaria por correo electrónico con la misma declaración de la semana pasada, diciendo: “los regentes respetan profundamente al profesorado universitario y están agradecidos por su aporte. La junta permanece comprometida con la salud y el éxito a largo plazo de las universidades públicas de Arizona”.
Hudson dijo que el Senado del profesorado planea seguir adelante independientemente de la participación de Garimella.
“Ya estamos en contacto con nuestros colegas, y con el profesorado, y con la gobernanza compartida en diferentes universidades con concesión de tierras en todo el país”, dijo Hudson durante la reunión.
La propuesta sigue a meses de directivas federales que apuntan a recortes de financiamiento y a iniciativas relacionadas con diversidad, equidad e inclusión en universidades a nivel nacional, así como a reducciones en la financiación de subvenciones para investigación.
Los cambios de la administración Trump han resultado en congelamientos de fondos en medio del ya complicado estado financiero de la universidad.
Hudson dijo que 67 proyectos de investigación financiados federalmente fueron terminados o congelados y que se han retenido fondos por valor de 60 millones de dólares desde que la administración Trump comenzó a recortar el apoyo basado en criterios como las iniciativas de DEI.
“A nuestros colegas y nuestras instituciones pares, a los estadounidenses en general, al mundo, ¿qué mensaje se está enviando? ¿Se está transmitiendo la idea de que la administración cree que la desigualdad, la exclusión y la uniformidad rígida son metas positivas para la universidad?” preguntó Ziurys.
La planta académica de la Universidad de Arizona (UA) subrayó la urgencia de la situación en la reunión del Senado del profesorado de marzo, instando a la institución a tomar medidas.
La administración universitaria anunció la creación de un programa de financiamiento puente para apoyar la investigación mientras se esperaba la restitución de los fondos en abril. Sin embargo, Hudson señaló que el órgano de gobierno no ha recibido actualizaciones desde el 14 de abril.
En febrero, la UA eliminó términos relacionados con diversidad e inclusión de su sitio web, incluyendo la página completa de la Oficina de Diversidad e Inclusión, aunque el destino de dicha oficina permanece incierto.
Esto incluye la eliminación de la frase “comprometidos con la diversidad e inclusión” de su reconocimiento territorial, lo que provocó reacciones negativas por parte de estudiantes y líderes indígenas.
Los cambios en la universidad se produjeron después de que el Departamento de Educación, en un memorando del 14 de febrero, diera a las escuelas y universidades dos semanas para eliminar las iniciativas de diversidad o arriesgarse a perder fondos federales. El memorando fue una extensión de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que prohíbe los programas de DEI dentro del gobierno federal.
Los críticos de las iniciativas DEI argumentan que amenazan las oportunidades basadas en el mérito, mientras que los defensores sostienen que son necesarias para garantizar la equidad.
En marzo, la Universidad de Rutgers lanzó una propuesta para formar un “Pacto de Defensa Académica Mutua” para la Alianza Académica Big Ten, en la que las universidades participantes se comprometen a unir fondos, asesoría legal y estrategias para defender a las universidades contra “injerencias políticas”.
La Alianza Académica Big Ten está compuesta por 18 universidades: Universidad de Illinois, Universidad de Indiana, Universidad de Iowa, Universidad de Maryland, Universidad de Michigan, Universidad Estatal de Michigan, Universidad de Minnesota, Universidad de Nebraska-Lincoln, Universidad Northwestern, Universidad Estatal de Ohio, Universidad de Oregón, Universidad Estatal de Pensilvania, Universidad Purdue, Universidad Rutgers-New Brunswick, Universidad de California en Los Ángeles, Universidad del Sur de California, Universidad de Washington y Universidad de Wisconsin-Madison.
Hasta la semana pasada, 11 escuelas de la Big Ten han votado a favor de establecer el pacto.
El referéndum del profesorado de la UA propone la participación en una iniciativa similar compuesta por universidades públicas con concesión de tierras. La UA es la única universidad pública con concesión de tierras en Arizona; el Colegio Tohono O’Odham y el Colegio Diné son colegios con concesión de tierras.
Traducción: Beatriz Limón
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