Un programa de capacitación laboral que proporcionaba alojamiento y comida gratuitos para estudiantes de bajos ingresos cesará operaciones, y 11 sitios de comidas para personas mayores cerrarán tras perder financiamiento federal.
A medida que los recortes a programas federales han afectado el acceso a alimentos y vivienda para algunos residentes vulnerables de Tucson, los miembros del Concejo Municipal dijeron durante la reunión del 3 de junio que están explorando formas de abordar las brechas en los servicios.
El concejo dijo que ayudará a encontrar vivienda para 10 estudiantes del programa Job Corps, financiado por el gobierno federal, que enfrentan quedarse sin hogar después de que el gobierno federal anunciara que el programa cesará operaciones a nivel nacional este verano.
El Centro Fred G. Acosta ha albergado el programa de empleo financiado por el gobierno federal para jóvenes, entre 16 y 24 años, del área de Tucson desde 1979. Además de la capacitación laboral en construcción, atención médica e industria del transporte, el programa proporciona alojamiento y comida, desempeñando un papel esencial en la creación de estabilidad para los estudiantes participantes. Actualmente hay 260 estudiantes inscritos en el programa, dijeron funcionarios de la ciudad el 3 de junio.
“Ayuda a interrumpir los ciclos de pobreza y violencia”, dijo la alcaldesa Regina Romero sobre el programa. “Terminar estos servicios al eliminar el financiamiento federal es contraproducente para mantener fuerte nuestra economía y nuestras familias”.
Los recortes de fondos federales a programas de nutrición para personas mayores resultarán en el cierre de sitios comunitarios de almuerzo en cinco ubicaciones del Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Tucson en las próximas semanas, dijo Romero en una publicación de Facebook el 3 de junio. Catholic Community Services cerrará seis sitios de comidas en junio tras perder financiamiento.
Las ubicaciones de la ciudad que cerrarán son:
- El Pueblo Center – cerrará después del servicio de almuerzo el 13 de junio
- Quincie Douglas Center – cerrará después del servicio de almuerzo el 13 de junio
- Donna Liggins Center – cerrará después del servicio de almuerzo el 27 de junio
- El Rio Neighborhood Center – cerrará después del servicio de almuerzo el 27 de junio
- Fred Archer Center – cerrará después del servicio de almuerzo el 27 de junio
Ubicaciones de Catholic Community Services que dejarán de operar después del 13 de junio:
- El Pueblo Activity Senior Center
- Quincie Douglas Center
- Ellie Towne Community Center
- Saguaro Christian Church
- Casa de Esperanza (Green Valley)
- Ajo Community Center
“Esto es especialmente difícil para los adultos mayores al acercarse el verano, cuando las facturas de servicios públicos más altas dificultan que las personas puedan pagar alimentos y medicamentos”, dijo Romero en la reunión del 3 de junio.
Romero dijo que pronto se reuniría con el liderazgo del Consejo del Envejecimiento de Pima (Pima Council on Aging) para discutir formas de mitigar el impacto de los recortes.
Robert Ojeda, presidente y director ejecutivo del consejo, dijo que el grupo estaba ayudando a los adultos mayores que perdieron servicios a encontrar alternativas cercanas. Cualquier persona preocupada por la precariedad que enfrentan los adultos mayores en el condado de Pima debería abogar por un financiamiento más sostenible para estos servicios, dijo.
“PCOA entiende el papel vital que desempeñan los centros de comidas congregadas en la vida de los adultos mayores del condado de Pima. Estamos enfrentando los desafíos financieros con la menor disrupción posible, asegurando que los adultos mayores continúen teniendo acceso a comidas nutritivas y a una comunidad de apoyo”, dijo Ojeda.
El Consejo del Envejecimiento de Pima ha sido la organización sin fines de lucro local encargada de apoyar a los adultos mayores en todo, desde acondicionamiento físico hasta planificación financiera, durante los últimos 58 años. La agencia también ha advertido que pronto se quedará sin los fondos de emergencia que tenía para adultos mayores que enfrentan inestabilidad habitacional.
A nivel estatal, la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, se unió a dos docenas de estados en una demanda contra el gobierno federal. La demanda afirma que los cambios en la financiación de AmeriCorps que afectan al personal en centros de servicios sociales y bancos de alimentos violan la ley federal.
Preocupaciones sobre la aplicación de leyes migratorias
Romero también abordó el tema de la aplicación de leyes migratorias durante la reunión del 3 de junio.
Agentes de inmigración han utilizado la táctica de pedir a los jueces que desestimen casos en curso, lo cual puede dejar a las personas vulnerables a ser detenidas. En Phoenix, las autoridades migratorias han usado esa táctica para arrestar a personas que salían de los tribunales en las últimas semanas.
Eso ha puesto en alerta máxima a comunidades y abogados en Tucson. Monitores judiciales han sido asignados a salas locales. Agentes vestidos de civil han estado presentes en los tribunales de Tucson, pero no se han realizado arrestos porque un juez de Tucson rechazó los esfuerzos de las autoridades migratorias por desestimar los casos de personas inmigrantes, informó el Arizona Republic.
La semana pasada, un residente de Tucson en el vecindario Wakefield, en el sur de la ciudad, dijo que agentes de inmigración se hicieron pasar por trabajadores de servicios públicos mientras buscaban a un vecino, informó el Arizona Daily Star.
Romero sugirió que las personas afectadas por estas acciones se comuniquen con sus representantes en el Congreso o se acerquen a grupos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union) o los Servicios Comunitarios Católicos (Catholic Community Services).
“Le suplico a nuestros residentes que sigan contactando a sus representantes en el Congreso para compartir sus preocupaciones con ellos”, dijo Romero.
Esfuerzos de respuesta comunitaria
Además de las medidas que están tomando los funcionarios locales para mitigar los impactos de la aplicación de leyes migratorias y los recortes a programas de reducción de la pobreza, grupos comunitarios en Tucson han intensificado sus esfuerzos de apoyo.
La Coalición de Derechos Humanos ha estado organizando acciones a nivel local para apoyar a las comunidades inmigrantes. Sus esfuerzos incluyen presentaciones sobre conocimientos de derechos, redes de respuesta rápida en caso de arrestos migratorios y monitores voluntarios en los tribunales.
Grupos de ayuda mutua lanzaron en mayo una iniciativa llamada Agua Para el Pueblo para aumentar el número de estaciones de agua disponibles al público fuera de negocios y residencias. El esfuerzo incluye una guía para que los residentes instalen sus propias estaciones de agua. Varias organizaciones de ayuda mutua también ofrecen distribución gratuita de alimentos de forma regular.
Traducción: Beatriz Limón
Republish our articles for free, online or in print.
