¿Cómo puede un pequeño departamento de un condado abordar las crisis nacionales superpuestas de abuso de sustancias, enfermedades mentales no tratadas o tratadas de forma insuficiente y una dependencia excesiva de las cárceles y prisiones — problemas aparentemente intratables que están desconcertando a las comunidades de todo el país?
Un paso clave es reunir a las personas en una sala.
Aunque eso es solo el comienzo, fue la idea detrás de una conferencia de dos días celebrada recientemente en Tucson, que reunió a líderes nacionales y locales para discutir cómo navegar la línea entre la represión y el apoyo comunitario, y cómo desviar a las personas con enfermedades mentales y trastornos por uso de sustancias de la cárcel y la prisión.
“La comunidad del condado de Pima es reconocida a nivel nacional por nuestra colaboración”, dijo la directora de Servicios de Justicia del condado, Kate Vesely, a Arizona Luminaria. “Pero sabemos que todavía hay brechas y trabajo por hacer, especialmente considerando el impacto del uso de fentanilo y la falta de vivienda en el área metropolitana de Tucson”.
“Por innovadora que sea nuestra comunidad, sabemos que necesitamos evolucionar nuestros procesos, nuestras políticas y nuestras filosofías para satisfacer las necesidades cambiantes de esta nueva dinámica”, añadió Vesely.
La conferencia consistió en dos largos días de discusión, con algunas de las ideas puestas en práctica casi de inmediato.
El Sequential Intercept Model Mapping Workshop fue organizado por Policy Research Inc, Servicios de Justicia del Condado de Pima, otros departamentos del condado de Pima, la Ciudad de Tucson y el Desafío de Seguridad y Justicia de la Fundación MacArthur.
Entre los asistentes había personas locales de la policía, el departamento del alguacil, los servicios previos al juicio, la oficina del fiscal del condado, los sistemas de detención y crisis del condado de Pima y varias organizaciones sin fines de lucro, incluidas Community Medical Services, Hope Inc, Inside Out Network, y Goodwill’s Adult Reentry Program.
Vesely, una de las organizadoras de la conferencia, habló con Arizona Luminaria sobre la necesidad de “dar un paso atrás y observar la red más amplia de estas intercepciones, un punto por el que cada persona que pasa por el sistema de justicia transitará”.
El objetivo era “observar sistémicamente no solo lo que estamos abordando, sino también lo que podríamos estar pasando por alto”, dijo. “Podemos ver fácilmente las áreas donde hay duplicación, pero también vacíos”.
Desiree Voshefsky, gerente de impacto comunitario en Community Medical Services, describió a Arizona Luminaria uno de esos vacíos, explicando las consecuencias de liberar a personas de la cárcel sin darles acceso a “bridge medications”.
Cuando las personas son liberadas de la cárcel, dijo Voshefsky, su inscripción en el Sistema de Contención de Costos de Atención Médica de Arizona, o AHCCCS —el programa estatal de Medicaid— debería restablecerse de inmediato. Pero eso no siempre sucede.
Si las personas en la cárcel han estado recibiendo Tratamiento Asistido con Medicamentos, o MAT —que típicamente consiste en recibir medicamentos para ayudar con la adicción a los opioides— y luego son liberadas sin que se les proporcione acceso a ese medicamento, podrían sufrir abstinencia o sentirse tentadas a buscar una dosis de fentanilo o metanfetaminas en la calle.
Cualquiera de las dos opciones, dijo Voshefsky, puede ser peligrosa.
“Si te liberan un viernes por la noche, no vas a poder conseguir medicamentos hasta el lunes”, dijo Voshefsky. “Puede significar la vida o la muerte. Si entras en abstinencia, vas a automedicarte”.
A pesar de estas deficiencias reconocidas, la sala de conferencias tenía un aire de esperanza sincera, que se destilaba repetidamente en aspectos técnicos prácticos sobre cómo navegar esas brechas de seguro, compartir datos, conseguir vivienda de emergencia o facilitar el acceso a las cárceles para los proveedores de servicios.
Vesely explicó que el trabajo de agilizar estos procesos puede no ser noticia, pero es crucial para proporcionar redes básicas de seguridad.
Y aunque la conversación osciló entre lo abstracto y lo práctico, los urgentes costos humanos nunca estuvieron fuera de vista.
En el campo
Gran parte de lo discutido en la conferencia se puso en práctica a la mañana siguiente, cuando una serie de organizaciones comunitarias y el Departamento de Policía de Tucson establecieron un centro de servicios junto al camino para bicicletas Loop, en el lado oeste de Tucson, justo al norte de la avenida Speedway.
La ubicación fue seleccionada debido a un campamento de personas sin hogar cercano en el río Santa Cruz, que había estado provocando múltiples quejas sobre el uso de drogas por parte de residentes cercanos.
La Policía de Tucson instaló una unidad de mando móvil y acordonó parte del parque cercano con cinta amarilla de la policía. Aunque el montaje pudo haber parecido una escena del crimen, el objetivo final, dijo Vesely, era desviar a las personas de la cárcel.
En los últimos años, la cárcel del Condado de Pima ha registrado docenas de muertes de personas detenidas allí, con al menos 12 personas fallecidas en la cárcel en 2022.
Desde entonces, el número de muertes ha disminuido drásticamente, pero al menos tres personas han muerto en lo que va de 2025, y tanto críticos como miembros de la comunidad siguen considerando que la instalación es un lugar peligroso para pasar cualquier periodo de tiempo.
También estuvieron presentes representantes de from Primavera Foundation, Old Pueblo Community Services, CODAC, Community Bridges, la Ciudad de Tucson y el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos.
El teniente Matt Brady del Departamento de Policía de Tucson dijo a Arizona Luminaria que el objetivo ese día era lograr una “continuidad de la rendición de cuentas, una continuidad de la atención”.
Para las 8 a. m., la policía ya había citado a varias personas que habían estado en el canal. La intención no era llevarlas a la cárcel, explicó Brady, sino realizar una comparecencia inicial —el primer paso en los procedimientos judiciales— en el lugar, y luego, con suerte, dirigirlas al tribunal comunitario en lugar del tribunal penal.
El tribunal comunitario es un programa voluntario al que las personas pueden ingresar si son arrestadas o citadas por ciertos delitos menores y no violentos, como beber en público o estar en un parque fuera del horario permitido.
Brady dijo que quería basar el trabajo en “innovación y compasión, no solo en hacer cumplir los códigos penales, sino en financiar el éxito de las personas”. Eso, dijo, requería “hacer ajustes según las necesidades de la comunidad”.
“No tener refugio no es un delito”, agregó Brady.
Vesely señaló que, para el mediodía de ese mismo día, habían ahorrado a la ciudad una cantidad significativa en tarifas de ingreso a la cárcel —tarifas que se habrían acumulado a pesar de que, probablemente, las personas serían liberadas poco después, dijo.
Cada vez que la Policía de Tucson ingresa a alguien en la Cárcel del Condado de Pima, la ciudad paga al condado 495 dólares.
Ella calculó que el trabajo representó un ahorro para los contribuyentes de casi 7,500 dólares en tarifas de ingreso, y señaló que llevaron directamente a 13 personas a centros de tratamiento o viviendas.
Xavi Martinez, de Amphi Liberation Mutual Aid, dijo a Arizona Luminaria que el enfoque, incluso si resulta en un ahorro de costos a corto plazo, es defectuoso.
“Las opciones de refugio de emergencia y los recursos limitados no son opciones que proporcionen una vida estable o alivio para nadie”, dijo Martinez.
“Esta reciente redada liderada por el Departamento de Policía de Tucson (TPD, por sus siglas en inglés) en estos campamentos cerca del Loop es evidencia de ello, al igual que los recientes esfuerzos que el público ha visto con varias redadas en parques de la ciudad y a lo largo de los canales. No entiendo cómo la mayoría de nuestros funcionarios locales no logran ver que criminalizar activamente a las personas sin refugio tiene un costo más allá de las tarifas de ingreso a la cárcel”.
“Ayúdame a conseguir ropa y cosas”
Edwina, de 52 años, estaba sentada con el cuerpo desplomado y medio dormida en una silla bajo una carpa de sombra la mañana del operativo de desvío. Llevaba calcetas altas y pantalones cortos. Su cabello rubio brillante se rizaba debajo de su sudadera negra con capucha.
Edwina no quiso compartir su apellido debido a su historial criminal y por temor a represalias.
Dijo que estaba fuera del Circle K una hora antes, que no había dormido la noche anterior y luego, “la policía me trajo”. Dijo que no estaba segura del motivo, pero que “probablemente fue por drogas”.
Comentó que planeaba tomar las cosas día con día y solo quería mantenerse fuera de la cárcel.
Todd Auge, un navegador de justicia del condado que trabaja en el Centro de Transición, le dijo a Edwina que Community Medical Services venía en camino, y le describió el lugar como “una clínica de dosificación”, diciendo que podían ayudarla con Suboxona o Metadona, medicamentos comunes para tratar la adicción a los opioides.
Edwina escuchaba, aún desplomada en su silla, asintiendo con la cabeza, y luego preguntó: “¿Podrían ayudarme a conseguir ropa y cosas?”
“Nos vamos a asegurar de conseguirte todas esas cosas”, le dijo Vesely. Unos minutos después, Vesely regresó y le entregó a Edwina una gorra de béisbol rosa y una bolsa con otros artículos.
Edwina dio las gracias en voz baja, y luego preguntó si había algo de comida.
Satisfacer esas necesidades fue relativamente fácil. Había más de una docena de personas en el lugar, todas dispuestas a ayudar.
Pero proporcionar de manera constante servicios de salud mental y tratamiento para adicciones en lugar de enviar a las personas a la cárcel…
Eso, dijo Vesely, “es un reto monumental que tomará años”.
Traducción: Beatriz Limón
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