Con el ceño fruncido, sentado detrás de la cerca azul real que rodea la Biblioteca Sam Lena, Nolan Montufar está profundamente concentrado leyendo el libro que acaba de pedir prestado: “How to Give Up Plastic” (Cómo renunciar al plástico).
Nolan fue en bicicleta a la biblioteca que está a unas puertas del Ayuntamiento de South Tucson. Como oriundo de Tucson, dice que está familiarizado con el legado de contaminación del agua en la región, especialmente dentro del pequeño municipio de South Tucson — el autoproclamado “Pueblo dentro de una ciudad”.
“En lo que respecta a los plásticos en los alimentos, el agua y en la atmósfera, creo que no se le ha prestado la atención adecuada que merece”, dice Nolan.
Durante décadas, los residentes de South Tucson han lidiado con la contaminación del agua vinculada a desechos industriales, incluido el tricloroetileno, o TCE, y más recientemente, compuestos de PFAS conocidos como “químicos eternos”.
Un estudio nacional de 2025 sugiere que en los condados con mala calidad de agua y alta vulnerabilidad social, como los hogares de bajos ingresos, los residentes son muy conscientes de que su agua no solo es de menor calidad, sino también menos accesible y menos confiable.
El estudio, coescrito por Alex Segrè Cohen, profesora de comunicación científica y de riesgos en la Universidad de Oregón, describe la injusticia hídrica como “el acceso desigual al agua potable segura y limpia que afecta de manera desproporcionada a los hogares de bajos ingresos y a las personas de color”.
Se estima que 30 millones de estadounidenses “viven donde los sistemas de agua operan de manera insegura”, señala el estudio. Los condados de Arizona se encuentran entre los identificados como puntos críticos, donde se superponen infracciones de los sistemas de agua con comunidades vulnerables.
“Las personas que están experimentando injusticia hídrica — lo saben. Lo pueden sentir, y su percepción de que la calidad del agua no es suficiente a menudo es acertada”, dijo Cohen.
Una historia de injusticia hídrica
La exposición de los habitantes de South Tucson a la contaminación del agua por TCE se remonta a la década de 1950, cuando empresas como Hughes Aircraft arrojaron el solvente industrial cerca del aeropuerto.
La contaminación afectó a los vecindarios “aproximadamente al sur de la calle 22, al norte de Los Reales Road, al este de la Interestatal 19 y al oeste del bulevar Del Moral”, según una investigación de la Biblioteca del Condado de Pima.
La contaminación llevó a una designación de sitio Superfund (sitio altamente contaminado) en el sur de Tucson y a más de 130 millones de dólares en acuerdos legales para el año 2006, junto con exámenes continuos de detección de cáncer para los afectados a través del Centro de Salud El Río Pueblo.
Pruebas de detección de cáncer
Nathan Holaway, portavoz de El Rio, indicó que desde 2003, el centro de salud ha brindado servicios, incluyendo consultas médicas, análisis de laboratorio y pruebas de detección, a residentes sin seguro médico y de bajos ingresos del sur de Tucson que podrían haber estado expuestos a la contaminación del agua.
Quienes califican para las pruebas reciben servicios con una escala de tarifas ajustable y pueden comunicarse con El Rio al 520-670-3909.
Otros contaminantes, incluido un carcinógeno conocido como 1,4 dioxano, resultado de “la contaminación por los mismos compuestos que contenían TCE”, fueron detectados en el agua subterránea de Tucson.
En 2014, se inauguró una planta de tratamiento financiada por la Fuerza Aérea cerca de la planta del aeropuerto Remediation Project de Tucson, conocida como TARP, que “fue construida en respuesta a la demanda por el TCE”. En 2021, la planta cerró temporalmente debido a un aumento en la contaminación por químicos PFAS que podrían haber estado vinculados a la espuma contra incendios usada en la base de la Guardia Nacional Aérea hasta 2018.
La planta reabrió en 2022 con una nueva etapa en el proceso de filtración para eliminar los PFAS. El agua producida es agua reciclada, o sea, se utiliza para fines no potables como el riego de campos de golf, según Natalie Deroock, vocera de Tucson Water.
En mayo de 2024, la EPA emitió una orden de emergencia bajo la Ley de Agua Potable Segura (Safe Drinking Water Act) que ordena a la Fuerza Aérea de Estados Unidos y a la Guardia Nacional Aérea de Arizona tomar medidas para abordar la contaminación por PFAS en el campo de pozos de TARP y, en última instancia, restaurar la fuente de agua potable.
Los militares deben cumplir con “sus responsabilidades de proteger los suministros de agua potable en Tucson, incluidas las comunidades con preocupaciones de justicia ambiental”, indicó la orden.
Funcionarios de la Fuerza Aérea respondieron a la EPA en una carta de octubre de 2024, comprometiéndose con un plan para abordar la contaminación por PFAS vinculada a sus instalaciones en el sitio Superfund del Área del Aeropuerto Internacional de Tucson. El plan incluye la recolección de datos de contaminación, la realización de estudios piloto de limpieza y la colaboración con Tucson Water para cubrir los costos pasados y futuros relacionados con los PFAS.
El Departamento de Calidad Ambiental de Arizona (ADEQ, por sus siglas en inglés) anunció recientemente que realizará pruebas de contaminación conocida por PFAS en Tucson, en los vertederos de Shannon Road/El Camino del Cerro y Miracle Mile/Silverbell.
Llenando vacíos, monitoreando la contaminación del agua
Cohen destacó las inequidades que enfrentan las comunidades indígenas, incluida “la falta de datos relacionados con las tierras tribales y sus sistemas de agua potable”, una brecha que puede sesgar los conjuntos de datos nacionales.
Arizona es hogar de 22 naciones tribales reconocidas a nivel federal.
Cohen y sus colegas de investigación se basaron en búsquedas manuales para llenar la información faltante sobre las comunidades indígenas.
Esta falta de información es particularmente problemática, ya que el informe indica que “los pueblos indígenas en los Estados Unidos tienen 19 veces más probabilidades de vivir en un hogar sin plomería interior que las poblaciones menos marginadas”.
A pesar de representar solo el 1.3% de los sistemas de agua en el conjunto de datos, los sistemas tribales representaron el 3% de todas las violaciones y tuvieron el segundo promedio más alto de violaciones anuales por instalación, según el informe.
Alma Suárez, portavoz del Departamento de Calidad Ambiental de Arizona, dijo que “las tribus son naciones soberanas con sus propios gobiernos y agencias ambientales”, y que la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos tiene jurisdicción sobre la calidad del agua en tierras tribales.
El Consejo Intertribal de Arizona lidera el programa de Sistemas de Agua Tribales (Tribal Water Systems program), que ha brindado asistencia técnica para mejorar la calidad del agua potable y el cumplimiento regulatorio de aguas residuales entre las utilidades tribales desde 1983.
Otros programas más recientes, como la Iniciativa sobre el Acceso Universal al Agua Potable para Comunidades Tribales, fueron creados para abordar la falta de acceso al agua potable en los hogares tribales a través de la defensa federal y legislativa.
La EPA establece estándares bajo la Ley Federal de Agua Potable Segura (Safe Drinking Act), una ley que establece límites de contaminantes para garantizar que el agua potable esté libre de contaminantes nocivos.
Doce condados de Arizona, incluidos Pima y Maricopa, tuvieron puntajes de violaciones al agua más altos que el 85.8% de todos los demás condados en los Estados Unidos, según los datos del estudio que destacan los datos de la EPA de 2019.
ADEQ supervisa cerca de 1,500 sistemas de agua que prestan servicio a más de 7 millones de residentes y se enfoca en proteger el agua potable, el agua subterránea y las aguas superficiales en el entorno desértico de Arizona.
Suárez dijo que, desde el periodo 2014–2019 cubierto en el estudio, ADEQ ha reforzado sus estándares de monitoreo y agregado programas de asistencia, como uno que desde 2023 proporciona a 11,300 residentes de Arizona, cuya agua excede los estándares de seguridad, una fuente alternativa de agua potable.
“Los sistemas de agua regulados de Arizona están funcionando bien hoy en día”, dijo en un correo electrónico a Arizona Luminaria.
Sin embargo, el arsénico y los nitratos estuvieron entre los contaminantes más citados en el Informe 2023 Drinking Water Annual Compliance del estado, con 13 sistemas públicos de agua reportando violaciones por arsénico y 15 sistemas públicos reportando violaciones por nitratos.
Ese mismo año, el informe de calidad del agua de Tucson mostró que el sistema de la región no excedía los límites federales de contaminación. Además, Tucson Water realizó voluntariamente pruebas en 15 sitios de muestreo para detectar algunos contaminantes no regulados que podrían representar riesgos para la salud. Si bien se encontraron contaminantes en un número limitado de muestras, ninguno superó los estándares federales propuestos en las recomendaciones de salud, según el Informe 2023 Contaminants of Emerging Concern Sentry Program.
Aun así, los químicos PFAS siguen afectando el agua de los residentes del condado de Pima.
Según un informe de ADEQ de 2024, los condados de Pima y Yavapai empataron —con 19 cada uno— en tener la mayor cantidad de sistemas públicos de agua con niveles de PFAS por encima de los estándares federales de seguridad. Aproximadamente el 17% de los 115 sistemas de agua evaluados en el condado de Pima superaron los límites de seguridad, ubicándolo como el tercer peor del estado, sólo detrás de los condados de Santa Cruz y Gila.
Confianza pública en el agua potable
El estudio de Cohen exploró cómo la propiedad de los sistemas de agua —públicos vs. privados— podría influir en estas percepciones.
En los condados socialmente vulnerables, encontró que las personas tienden a desconfiar más de los sistemas públicos de agua que de los privados, posiblemente debido a “una larga historia de una relación complicada entre las comunidades minoritarias y marginadas y los gobiernos que supuestamente las sirven”.
Los investigadores también encontraron que “los condados más privilegiados se sienten más vulnerables cuando hay más sistemas privados”.
Suarez dijo que “independientemente de la propiedad, todos los sistemas deben cumplir con los mismos estándares de salud establecidos en la Ley de Agua Potable Segura”. Agregó que “los sistemas más pequeños —ya sean públicos o privados— pueden enfrentar mayores desafíos debido a recursos financieros y técnicos limitados”. Los esfuerzos para abordar estos desafíos, dijo, incluyen asistencia técnica, programas de cumplimiento y apoyo para la certificación de operadores.
Los hallazgos de Cohen sugieren que las violaciones pasadas a la seguridad del agua y la vulnerabilidad social moldean las percepciones sobre la calidad del agua.
Para abordar las preocupaciones de los residentes, ADEQ ha ampliado su alcance comunitario, organizando reuniones públicas para hablar sobre los PFAS, enviando correspondencia directa por correo y lanzando herramientas en línea como la base de datos Safe Drinking Water Database y MyCommunity platform para facilitar el acceso transparente a los datos locales del agua. Suarez dijo que ADEQ también ha aumentado el financiamiento, mejorado el monitoreo y coordinado pruebas proactivas de PFAS —lanzadas a nivel estatal en 2022— como parte de los esfuerzos del estado para proteger el agua potable.
“Generar confianza pública en la calidad del agua potable es una prioridad clave”, dijo.
Nolan, oriundo de Tucson, valora los esfuerzos de ADEQ; sin embargo, le gustaría ver más divulgación y educación dirigida a audiencias más jóvenes, particularmente sobre los microplásticos.
“Creo que los niños, tan pronto como puedan comprender la gramática del inglés, deben ser plenamente conscientes de que estas cosas (contaminantes) llegaron para quedarse. No van a desaparecer ni se irán a un ‘cielo de plástico’”, dice. “Están aquí y no se están degradando”.
Escuchando las voces de la comunidad
José Andrés García es estudiante de Pima Community College y dice que conoce compañeros de clase cuyos seres queridos se han visto afectados por la mala calidad del agua.
“He escuchado a personas en mi clase que han tenido abuelos afectados por esto”, dice sobre las familias de South Tucson. “Han tenido cáncer y mucha gente ha muerto por, ya sabes, estos envenenamientos del agua. Así que realmente creo que afecta a mucha gente, aunque no se hable mucho de ello”.
A García le preocupa la falta de datos sobre la calidad del agua en las naciones tribales. Hizo un llamado a disponer de más recursos para apoyar las pruebas de calidad del agua en las comunidades indígenas. “Así podrían recopilar esos datos y podríamos tener un informe preciso sobre cuál es la situación”, dice.
Cohen comparte esa preocupación, especialmente después de que su equipo notó que el conjunto de datos federales utilizado en el estudio fue eliminado temporalmente sin previo aviso a principios de este año.
“Estas preguntas sobre quién está siendo marginado y excluido de las conversaciones, quién está experimentando el mayor impacto climático y ambiental, no podemos responderlas si no tenemos datos”, dijo.
Escuchar y aprovechar las voces de quienes han sido más perjudicados, dijo, es crucial para remediar décadas de injusticia sistémica.
“¿Qué tipo de esfuerzos de defensa o de difusión de sus mensajes e historias pueden llevarse a cabo para que podamos cambiar los… impactos y que no sean desproporcionados e inequitativos?”, dijo Cohen.
Traducción: Beatriz Limón
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