La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU en inglés) de Arizona presentó una demanda contra el alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, y el departamento que encabeza, exigiendo una respuesta a una solicitud de registros relacionada con las llamadas de los agentes del alguacil a las autoridades federales de inmigración.
Observadores comunitarios en Tucson han reportado casos en los que agentes de la Patrulla Fronteriza o de ICE llegaron poco después de que los alguaciles detuvieran vehículos — un patrón que, según la ACLU, debe ser explicado.
“La Ley de Registros Públicos de Arizona es fundamental para mantener una democracia sólida; exigir rendición de cuentas a los funcionarios públicos es vital para este objetivo político”, se lee en la demanda legal presentada ante la Corte Superior del Condado de Pima.
La política anterior del departamento del alguacil, establecida con sus reglas y reglamentos y publicada en su sitio web, requería que el departamento de comunicaciones llevara un registro de todas las llamadas que los agentes hicieran a las autoridades federales de inmigración y que elaborara un resumen mensual de esas llamadas. Esta política estaba vigente desde 2018.
Sin embargo, una solicitud de registros realizada por Arizona Luminaria a principios de este año mostró que el departamento dejó de hacer ese seguimiento en junio de 2023.
El alguacil Chris Nanos dijo a Arizona Luminaria a inicios de mayo que no estaba al tanto de dicha política. El 16 de mayo, Arizona Luminaria publicó un artículo sobre el incumplimiento de la política por parte del departamento. El 21 de mayo, la política fue modificada para ya no requerir el seguimiento de dichas llamadas.
“Este alguacil nunca vio la necesidad y, gracias a ustedes, reconocimos que la política anterior era en realidad un (procedimiento operativo estándar) de nuestra Sección de Comunicaciones y nunca debió haber estado en nuestras Reglas y Reglamentos, que dictan la ‘política’ real”, escribió Nanos en un correo electrónico enviado a Arizona Luminaria el 8 de julio.
El alguacil Nanos sostiene que su departamento no coopera proactivamente con las autoridades de inmigración: “Específicamente no retenemos a nadie para las autoridades migratorias”, dijo a Capitol Media Services.
Afirmó que, si bien existen algunos registros de interacciones con la Patrulla Fronteriza —en gran medida heredados de su predecesor, el alguacil republicano Mark Napier— estos estaban vinculados a requisitos de subvenciones federales y no reflejan la práctica actual.
Desde enero de 2022 hasta junio de 2023, según los registros obtenidos por Arizona Luminaria, los agentes del alguacil del condado de Pima solicitaron asistencia de la Patrulla Fronteriza al menos ocho veces y entregaron al menos a 16 migrantes indocumentados.
La ACLU también ha estado solicitando estos registros, pero, según la demanda, habían pasado más de dos meses y no se había entregado ningún documento.
“Nuestra demanda tiene que ver con la transparencia: los registros de las agencias públicas son públicos por una buena razón”, dijo el abogado de ACLU, John Mitchell, a Arizona Luminaria en una declaración el 28 de julio. “Pero nuestra demanda también trata sobre la rendición de cuentas”, dijo Mitchell.
Afirmó que si el alguacil sostiene que los agentes de su departamento no están llamando a la Patrulla Fronteriza, entonces el alguacil “no debería tener ningún problema en demostrar esa posición con los registros del departamento. En cambio, la ACLU de Arizona ha esperado dos meses y medio y no ha recibido respuestas. La falta de registros por parte del Departamento del Alguacil del Condado de Pima y las revisiones posteriores a sus políticas deberían levantar sospechas entre los residentes del condado de Pima”.
Nanos dijo a Arizona Luminaria el 28 de julio que no podía comentar sobre un litigio en curso.
Patrones de retraso
Arizona Luminaria está esperando registros adicionales de una solicitud oficial realizada al departamento del alguacil el 30 de abril. Los registros solicitados son los resúmenes de las llamadas realizadas a las autoridades migratorias desde 2018 hasta 2022. Después de múltiples seguimientos con el departamento de registros, consultando sobre el estado de la solicitud, Nanos dijo a Luminaria el 28 de julio: “Recibirán su solicitud de registros tan pronto como estén listos para su divulgación”.
Esta no es la primera vez que Nanos ha sido objeto de escrutinio por retener registros públicos. En 2021, el ex administrador del condado de Pima, Chuck Huckleberry, dijo que la negativa de Nanos a divulgar registros públicos era “inaceptable”.
Hoy en día, Mitchell y otros defensores argumentan que sin un seguimiento, el público no puede verificar de manera significativa si el departamento del alguacil interactúa o no con la Patrulla Fronteriza, ni con qué frecuencia.
“La policía tiene mucho poder sobre la libertad de las personas, por lo que el estándar en torno a la transparencia y la comunicación debe ser realmente alto”, dijo la supervisora Jen Allen, del Distrito 3. Allen enfatizó que la confianza depende de políticas claras y documentadas.
Si bien Nanos aún no ha entregado los documentos a la ACLU sobre la cooperación con la Patrulla Fronteriza, dijo a Capitol Media Services que los datos demográficos sobre las paradas de tráfico, que el departamento rastrea internamente, muestran que las paradas en la primera mitad de 2025 coinciden con la demografía del condado: 35% hispano, 50% blanco —lo que sugiere que no hay discriminación racial.
A medida que el caso por transparencia avanza bajo la supervisión del juez Greg Sakall, la ACLU espera ver si el departamento del alguacil proporcionará los documentos solicitados.
Mitchell afirma que el caso podría influir en las expectativas hacia los departamentos de alguaciles en todo el estado: cómo y si las agencias locales documentan sus interacciones con inmigración —y cuánto exige saber el público.
Nanos dijo a Capitol Media Services que comprende las preocupaciones de la ACLU sobre el cambio de política y que su equipo pudo haber actuado con demasiada rapidez al realizar los cambios.
“Mea culpa, eso fue culpa mía por no haber sido claro,” dijo. “Pero aún no hemos terminado con la revisión de esa política”.
Al referirse al panorama general, así como al clima político bajo la actual ofensiva contra la inmigración, Mitchell dijo: “Nuestra demanda es por justicia para los miembros de la comunidad que temen la crueldad absoluta de la agenda de deportaciones masivas de Trump”.
“Los vecinos escuchan una versión del alguacil, pero luego presencian interacciones policiales que cuentan otra historia. En lugar de responder a través del proceso de acceso a registros públicos, ahora el alguacil responderá ante la Corte.”
Traducción: Beatriz Limón
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