Los Supervisores del Condado de Pima votaron por unanimidad, el martes, para extender el contrato del condado con NaphCare, la empresa privada con fines de lucro que provee atención médica en la cárcel del condado — pero el acuerdo incluye una nueva disposición que permite al condado rescindirlo con un aviso de 120 días.
Tras meses de discusión sobre la posibilidad de llevar la atención médica de la cárcel “a nivel interno” —es decir, que el condado deje de subcontratar los servicios médicos y, en su lugar, contrate a su propio personal para administrar directamente el programa—, los supervisores continúan contemplando cómo funcionaría eso y cuánto costaría.
Los supervisores votaron para extender el contrato del condado con NaphCare por dos años.
“Existe la oportunidad de que la junta termine el contrato”, dijo Jan Lesher, administrador del Condado de Pima.
La discusión en la reunión de la Junta de Supervisores del 16 de septiembre abordó los retos relacionados con el personal, el suministro de equipo, la tecnología de información para la atención médica, así como los costosos gastos de seguros.
El supervisor Matt Heinz, del Distrito 2, quien desde hace tiempo ha impulsado llevar la atención médica de la cárcel a nivel interno, dijo a Arizona Luminaria después de la reunión: “Me dijeron que esto era imposible. Estoy muy entusiasmado de ver dónde estamos ahora en esta conversación”.
Agregó que, si bien los costos de seguros son una preocupación, en Maricopa, donde el condado provee directamente la atención médica en su sistema carcelario, rara vez se tiene que recurrir a una aseguradora para cubrir los costos o la resolución de demandas importantes.
El contrato anterior, de tres años, promedió 21.6 millones de dólares anuales que el condado debía a NaphCare. La nueva extensión del contrato, por 53.8 millones de dólares durante dos años, equivale a 26.88 millones de dólares por año, lo que representa un aumento del 24% en la tarifa anual.
Las finanzas son una de las razones por las que los supervisores están considerando ofrecer atención médica interna.
“No creo que debamos tener atención médica privatizada y subcontratada para nuestros reclusos”, dijo Heinz.
La transición sería colaborativa
Según la extensión del contrato, si “el condado de Pima elige, a su entera discreción, asumir la responsabilidad directa de la prestación de servicios de salud correccional, en su totalidad o en parte, actualmente proporcionados en virtud de este acuerdo, el Condado se reserva el derecho de rescindir este acuerdo”.
El contrato establece que NaphCare aceptaría “cooperar plenamente con el Condado para facilitar una transición ordenada y eficiente hacia los servicios de salud”.
Dicha cooperación incluiría reuniones de planificación de la transición, proporcionar acceso a registros e informes, facilitar la transferencia de equipo y suministros médicos, asistir al personal de transición y “continuar prestando servicios sin interrupción hasta la fecha efectiva de terminación”.
El contrato también confirma que el condado y NaphCare “trabajarán de manera colaborativa para desarrollar e implementar un plan de transición por escrito dentro de los treinta (30) días posteriores al aviso de terminación emitido por el Condado”.
El contrato fue firmado por Brad McClane, director ejecutivo de NaphCare, el 3 de septiembre.
Un largo camino por recorrer
La supervisora Jen Allen, del Distrito 3, es otra de las partidarias de llevar la atención médica en la cárcel a un modelo interno.
“Creo firmemente que no debería existir un motivo de lucro vinculado a la prestación de servicios de salud a las personas en la cárcel del condado de Pima”, dijo.
NaphCare ha tenido dificultades durante años para cumplir con sus obligaciones contractuales, con problemas constantes de falta de personal y de no proporcionar la atención médica exigida en el contrato.
Aunque el condado seguirá explorando la posibilidad de trasladar la atención médica de la cárcel a un modelo interno, el supervisor Andrés Cano, del Distrito 5, quiso dejar claro que aún no se ha tomado ninguna decisión.
Matt Pate, subdirector del Departamento de Sistemas de Detención y Crisis del condado, dijo en la reunión del 16 de septiembre que el personal ha comprendido “la magnitud de esta tarea para el condado”. Explicó que, debido a la naturaleza compleja de este posible cambio, el personal del condado se reunirá mensualmente para seguir estudiando la posibilidad.
“Lo primero que realmente necesitamos resolver es la cuestión de la responsabilidad legal”, dijo Pate, y agregó que el proveedor de seguros actual del condado no cubre la medicina correccional.
Subrayó que cada condado que ofrece atención médica interna lo hace de manera única, y que algunos condados optan por un modelo híbrido, subcontratando ciertos servicios.
Allen le preguntó a Pate si había algo en el nuevo contrato que especificara mejores prácticas para reducir las muertes en la cárcel. Señaló que en los últimos años la cárcel había tenido una de las tasas de muertes per cápita más altas de cualquier cárcel en el país.
Pate respondió que no había nada en el contrato que abordara la prevención de muertes en la cárcel, pero destacó que el condado trabaja con profesionales de la salud que buscan brindar atención de calidad. Dijo que la reducción de muertes es más un tema de procedimientos que de contrato, señalando la respuesta del condado a la epidemia de fentanilo y los cambios en la manera en que realizan las admisiones en la cárcel para prevenir fallecimientos.
“Nuestras prácticas han llevado a una disminución en las muertes y a un aumento en la seguridad”, dijo Pate.
“Dos cosas son ciertas: hemos mejorado mucho en las prácticas de salud correccional, pero todavía nos queda un largo camino por recorrer”.
Traducción: Beatriz Limón
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