En medio de la creciente preocupación por la violencia política, tanto líderes comunitarios latinos como funcionarios republicanos esperan las órdenes de un juez federal sobre el endurecimiento de las medidas de seguridad en reuniones comunitarias relacionadas con el caso de perfil racial y la supervisión en curso de la Oficina del Alguacil del Condado de Maricopa.
Si el juez federal de distrito G. Murray Snow implementa las medidas de seguridad que discutió en una audiencia el 12 de septiembre, el nuevo formato marcaría la primera vez que las reuniones se realicen en un tribunal federal y se guíen mediante preguntas enviadas con anticipación por los miembros de la comunidad.
Lo que motivó la amplia propuesta de Snow fueron los reportes de amenazas, disturbios y asistentes armados en una reunión comunitaria en Phoenix en julio, que dejaron profundamente preocupados a residentes latinos y demandantes —en el centro del caso de discriminación racial de casi 20 años de antigüedad contra la oficina del sheriff. Los llamados del juez para reforzar la seguridad también coincidieron con el tiroteo fatal del activista conservador Charlie Kirk apenas dos días antes en un evento de Turning Point USA en Utah.
“Estoy preocupado. No estuve en la reunión comunitaria, pero leí los artículos de prensa al respecto”, dijo Snow, agregando que el supervisor de la corte que vigila el caso lo llamó para advertirle que no asistiera. “Escuchó que había individuos armados y que parecía que sería una reunión bastante difícil. Y tengo entendido, y no sé si alguien quiere contradecirlo, que en efecto fue una reunión muy difícil”.
“Ciertamente, los acontecimientos de los últimos días no sugieren mucha confianza en seguir celebrando reuniones abiertas sobre temas que pueden ser muy difíciles para algunas personas”, continuó desde el estrado del Tribunal Federal Sandra Day O’Connor en Phoenix. “Sin embargo, creo que las reuniones son un elemento necesario”.
Aun así, algunos defensores latinos han planteado dudas sobre si el nuevo formato desalentará la participación de miembros de la comunidad que temen arrestos o deportaciones migratorias si las reuniones se realizan en un tribunal federal. También les preocupa trasladar estas reuniones públicas, diseñadas para reconstruir la confianza con las comunidades latinas, fuera de los vecindarios locales, donde la gente podía hablar directamente con el supervisor de la corte, la junta asesora comunitaria y funcionarios de la MCSO.
La fecha oficial de la próxima reunión se establecerá una vez que Snow emita sus órdenes, dijo a Arizona Luminaria Raúl Piña, miembro de larga trayectoria de la Junta Asesora Comunitaria designada por la corte. Agregó que la junta tiene ideas sobre cómo recopilar las preguntas de la comunidad, pero también espera la orden oficial del tribunal antes de formalizar ese proceso.
Las funciones de la junta incluyen ayudar a reconstruir la confianza entre las comunidades latinas del condado y la MCSO, transmitir al supervisor las preocupaciones de los residentes para su investigación o acción, emitir recomendaciones, así como recopilar y reportar prácticas de la MCSO que puedan violar órdenes judiciales.
“Una horrible muestra de racismo”
El litigio Melendres v. Arpaio fue presentado por primera vez en 2007 en nombre de residentes latinos que acusaron a la oficina del alguacil, entonces dirigida por Joe Arpaio, de perfil racial y detenciones de tráfico ilegales. Snow ha supervisado el caso desde 2009.
En 2013, Snow dictaminó que la agencia de aplicación de la ley había violado la Cuarta y Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos al dirigir retenes de tráfico contra latinos y detenerlos sin justificación legal. Emitió una orden judicial permanente que exigía reformas extensas dentro de la oficina del alguacil, incluidas modificaciones de políticas, cámaras corporales y el nombramiento de un supervisor de la corte para garantizar que la MCSO cumpliera con las órdenes judiciales.
También se estableció la Junta Asesora Comunitaria, junto con reuniones públicas trimestrales para ofrecer actualizaciones y recibir aportes de miembros de la comunidad latina cuyos derechos fueron violados. Fue una de estas reuniones, en julio, la que se tornó caótica después de que el Centro Comunitario Desert West en Maryvale se llenara de activistas pro-alguacil, aparentemente alentados por funcionarios republicanos del condado molestos por los costos de la supervisión judicial.
“Hubo una gran asistencia que parecía ser un esfuerzo organizado de simpatizantes de la oficina del alguacil para estar allí”, dijo a Arizona Luminaria Roberto Reveles, presidente fundador de Somos America, uno de los demandantes originales en el caso contra la oficina del alguacil. “Expresaron comentarios horribles y racistas, según la prensa: ‘Regresa a México’ y ‘¿Por qué no hablas inglés?’”
Reveles dijo que ha asistido a todas las reuniones comunitarias excepto la de julio y que nunca había presenciado el tipo de hostilidad que después supo que ocurrió.
“Fue una horrible muestra del racismo que está en el núcleo de la cultura, que esta orden busca reformar”, señaló. “Dejó en evidencia que la tarea del tribunal está lejos de estar completa, a pesar de que se están resolviendo los casos atrasados”.
Funcionarios del condado han proyectado que, para finales del año fiscal 2025, el litigio en curso y los esfuerzos de cumplimiento habrán costado a los contribuyentes más de 300 millones de dólares desde 2008, según un resumen financiero del condado de Maricopa obtenido por Arizona Luminaria. Durante la audiencia de septiembre, Snow hizo referencia a los supuestos costos que el condado afirma están asociados con el caso y la supervisión, diciendo que anteriormente había cuestionado esas cifras.
“Pensé que tal vez esos costos estaban exagerados”, dijo.
Snow afirmó que, si bien la oficina del sheriff ha alcanzado un nivel de cumplimiento cercano al 90%, las áreas restantes de incumplimiento son significativas. El juez también cuestionó la forma en que se estaban midiendo los cambios, sugiriendo que las métricas de las detenciones de tráfico por sí solas no reflejan si las reformas sistémicas están realmente llegando a las comunidades afectadas.
Snow invitó a los funcionarios públicos críticos con el litigio en curso a asistir y participar en futuras reuniones comunitarias.
Las reuniones comunitarias podrían trasladarse al tribunal federal
Snow citó el mantenimiento del orden, la seguridad y un diálogo significativo como razones para trasladar todas las futuras reuniones comunitarias a una sala especial de audiencias en el tribunal federal de Phoenix. Las reuniones seguirían siendo abiertas al público, pero los asistentes estarían sujetos a un control de seguridad y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos proporcionaría protección adicional. Snow también ofreció presidir las reuniones.
Además, la Junta Asesora Comunitaria tendría la tarea de recopilar preguntas del público antes de las reuniones, donde luego serían presentadas y utilizadas para orientar la conversación.
Las reuniones comunitarias anteriores se realizaron en distintos lugares del área metropolitana de Phoenix y, en su mayoría, fueron asistidas por los demandantes y miembros de la comunidad latina, dijo Reveles. Los asistentes también podían responder a lo que escuchaban o expresar libremente sus preocupaciones, agregó.
Si bien Reveles dijo a Arizona Luminaria que apoyaba la propuesta de Snow, también espera que haya espacio para preservar el formato abierto de las reuniones anteriores, que permitía la participación pública en tiempo real de la comunidad. Instó a Snow a brindar garantías a la comunidad de que no habría agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) apostados afuera del tribunal, señalando que el temor constante a arrestos podría disuadir a las personas de asistir.
Recientemente, ICE ha realizado arrestos dentro del tribunal de inmigración de Phoenix, en la Avenida 7ª y Van Buren, a solo unas cuadras del tribunal federal. Sin embargo, después de la presión de los defensores, los agentes parecían haber cambiado de táctica, primero monitoreaban las audiencias de inmigración y luego realizaban arrestos durante paradas de tráfico en las cercanías, según informó Arizona Mirror.
En la audiencia de septiembre, Snow reconoció que la ubicación podría desalentar la participación de comunidades inmigrantes vulnerables, citando “arrestos recientes” como posibles factores. Pero reiteró la responsabilidad de la junta asesora de recopilar una amplia gama de preguntas que reflejaran de cerca las preocupaciones de la comunidad.
Joe Popolizio, abogado de la oficina del alguacil, apoyó los cambios propuestos, diciendo que muchas personas fueron disruptivas en la reunión de julio y que las conversaciones a menudo se desviaban hacia temas no relacionados.
“Entiendo que hubo comportamientos abusivos de ambos lados. No voy a sentarme aquí a decir que fue solo de un lado”, dijo.
Snow respondió que aumentar la seguridad ayudaría a que todos se sintieran más seguros.
“Acepto completamente lo que dijo, que ambas partes estuvieron involucradas en comportamiento abusivo. Pero ¿cómo puede la comunidad latina del condado de Maricopa sentirse segura de recibir un trato igualitario cuando se profieren amenazas en reuniones como esa?”, dijo. “Entiendo la intimidación. Por eso quiero eliminarla, y también quiero eliminarla en la medida en que el sheriff esté en peligro, como sin duda pueden estarlo los agentes del sheriff.
Popolizio propuso que la primera hora o 90 minutos de cada reunión se enfocaran estrictamente en temas relacionados con el litigio. Otros asuntos relacionados con la oficina del alguacil podrían abordarse al final de la reunión, si el alguacil Jerry Sheridan deseaba hacerlo, agregó.
Equilibrando seguridad con participación ciudadana de latinos
Varias partes interesadas que estuvieron presentes en la audiencia expresaron su apoyo a la propuesta de Snow, caracterizando la reunión comunitaria de julio como un punto de ebullición para la inestabilidad y el miedo.
“Creo que tiene sentido”, dijo Piña a Snow durante la audiencia, agregando que la última reunión comunitaria generó sentimientos de no estar a salvo.
“Creo que la Junta Asesora Comunitaria está preparada para la tarea de recopilar preguntas, reunirse con grupos con antelación, recopilar preguntas, sintetizarlas si eso ayuda y luego presentarlas en este foro”, continuó. “Creo que eso funcionaría”.
El ex concejal de Phoenix, Michael Nowakowski, fue designado por la oficina del alguacil para la junta en abril. Le dijo a Arizona Luminaria que la reciente reunión tumultuosa resaltó la necesidad de estructura, seguridad y reglas más claras.
Describió la reunión de julio como “una locura”, con asistentes gritándose unos a otros e ignorando el propósito del encuentro. Coincidió en que las reuniones aún deberían permitir a las personas expresar libremente sus preocupaciones, incluso aquellas que estén fuera del alcance del litigio, como las condiciones carcelarias y la inmigración, dijo.
“Creo que sentar a todos juntos, tener una conversación, encontrar ese terreno común y crecer a partir de eso… eso es lo que tiene que suceder”, dijo Nowakowski. “No solo aquí, sino en toda la comunidad”.
Corrección: Una versión anterior de esta nota incluyó incorrectamente el apellido de Raúl Piña y una fecha incorrecta relacionada con el tiroteo fatal de Kirk.
Traducción: Beatriz Limón
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