Los estudiantes de la Universidad de Arizona dicen que están aprendiendo más sobre un controvertido acuerdo federal a través de las redes sociales que de su propia universidad.
El acuerdo, enviado por la administración de Trump a nueve universidades, vincularía los fondos federales con las prioridades políticas del presidente. La oposición en el campus va en aumento, mientras estudiantes y profesores exigen transparencia y el rechazo del pacto.
Estudiantes, profesores y personal esperan que las autoridades universitarias decidan si firmarán o no el acuerdo de 10 puntos.
El martes por la tarde, un grupo de cinco estudiantes de posgrado se sentó bajo un árbol entre clases, cerca del edificio de Administración. Entre ellos estaba Paige Willer, estudiante de posgrado que se prepara para ser consejera de salud mental.
“Si firman el acuerdo, están de acuerdo con él, y eso significa que este campus dejará de ser un lugar seguro para muchos estudiantes. Para mí ya no se siente seguro”, dijo Willer.
Willer contó que se enteraron del acuerdo a través de las redes sociales y luego tuvieron que verificar la información en Google.
“Somos estudiantes, no se nos informa nada. Solo he visto información en artículos de noticias, ni siquiera de parte de la universidad”, dijeron. Willer comentó que no recibieron ningún correo electrónico sobre la declaración que hizo el presidente de la UA, Suresh Garimella, la semana pasada.
Garimella publicó una declaración sin firmar el 9 de octubre, en la que reconoció “que esta propuesta ha generado una amplia variedad de reacciones y perspectivas dentro y fuera de nuestra comunidad” y prometió mantener a la “comunidad informada a medida que avance este proceso”.
La estudiante de licenciatura Magdalena Rizzo también vio por primera vez el acuerdo en las redes sociales.
“Creo que eso es vergonzoso, la verdad. Siento que debería venir de la universidad, especialmente si están considerando seguir adelante con el (acuerdo)”, dijo Rizzo.
Participe
El Consejo de Estudiantes de Posgrado y Profesionales está recibiendo comentarios de estudiantes de posgrado y profesionales aquí.
Adriana Grijalva, presidenta de la organización de gobierno estudiantil de licenciatura, Associated Students of the University of Arizona, firmó el 9 de octubre una declaración conjunta con el gobierno estudiantil de Dartmouth y la asamblea de estudiantes de licenciatura de Penn en la que se oponen al acuerdo y exhortan a sus administraciones a rechazarlo.
La declaración sostiene que firmar el acuerdo podría “alterar de manera sistémica la misión de la educación superior y erosionar la independencia que por mucho tiempo ha definido a nuestras universidades”, y añade que no deben “permitir estos intentos de controlar lo que puede enseñarse, estudiarse o expresarse en nuestros campus”.
Willer dijo que el cambio en las políticas de la UA —como la exclusión de lenguaje relacionado con diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés)— y la falta de comunicación de la administración han modificado su deseo de permanecer en la universidad.
“Desde mi primer año en el campus hasta ahora, definitivamente siento que hay un cambio y definitivamente siento la necesidad de adaptarme quizás un poco más”, dijo Willer.
“No recomendaría a otros estudiantes venir aquí, y cuando recién ingresé a este programa no podía dejar de hablar de él”.
Tres compañeros de Willer, incluida Emily, prefirieron no ser identificados por sus apellidos por temor a represalias.
“Hemos visto cómo hablar sobre cualquier tema relacionado con DEI provoca que te reprendan y tengas consecuencias, y como estamos por entrar a nuestro campo profesional, sentimos que hay ojos puestos sobre nosotros”, dijo Emily.
“Muchos de nosotros, como estudiantes de posgrado, elegimos esta universidad y nuestros programas por la diversidad y las distintas perspectivas del mundo”, añadió. “Ellos tienen el poder de decir que no, y depende de ellos hacerlo”.
El Consejo de Estudiantes de Posgrado y Profesionales publicó el 7 de octubre una declaración en la que pide a la administración universitaria “proporcionar información clara, transparente, oportuna y completa sobre el acuerdo, el proceso de revisión y el calendario para la toma de decisiones”.
“Independientemente de las perspectivas políticas, las universidades no deberían verse amenazadas con el retiro de fondos por negarse a adoptar la legislación propuesta externamente”, decía la declaración. También habilitaron un foro en línea para recibir comentarios de los estudiantes.
El sindicato laboral de la universidad, United Campus Workers of Arizona, publicó una carta abierta instando a Garimella a rechazar públicamente el Higher Education Compact (Pacto de Educación Superior) de la Casa Blanca, calificándolo como un “loyalty oath” (juramento de lealtad) partidista que socavaría la gobernanza compartida y la libertad académica. La carta pedía que el presidente rechazara el acuerdo antes del 7 de noviembre.
El profesorado de la universidad encabezó la oposición al acuerdo después de votar, en una reunión del 6 de octubre, a favor de una resolución que insta a Garimella a no firmarlo.
La mayoría de los docentes se pronunciaron en contra del acuerdo, cuestionando su constitucionalidad y su impacto sobre la libertad académica y los derechos de la Primera Enmienda.
“En este acuerdo, se solicita al profesorado y al personal que renuncien a sus derechos constitucionales para que la administración pueda posiblemente recibir fondos para sus proyectos favoritos”, dijo Lucy Ziurys, profesora regente de química, bioquímica y astronomía.
“Esto es extorsión”, afirmó Ziurys.
Garimella —junto con otros ocho rectores destacados de universidades del país— recibió el acuerdo por correo electrónico el 1 de octubre. El mensaje señala que firmar y cumplir con el compromiso podría resultar en beneficios potenciales para la universidad, incluidos mayores subsidios administrativos, cuantiosas subvenciones federales y otras alianzas con el gobierno federal.
Garimella y la Junta de Regentes tienen hasta el 21 de noviembre, la fecha prevista para la firma, para decidir si cumplirán con el acuerdo, y hasta el 20 de octubre para proporcionar “comentarios escritos limitados y específicos” a la administración.
Traducción: Beatriz Limón
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