Mientras el Concejo Municipal de Tucson analiza si debe abordar el consumo público de drogas mediante una nueva vía que permitiría arrestos por delitos menores, una inusual reunión conjunta entre la ciudad y el condado destacó un dilema central: cómo enfrentar la adicción como una creciente emergencia de salud pública y, al mismo tiempo, como un tema político delicado.
La reunión mostró el nivel de planificación y recursos dedicados a este problema, y cómo con frecuencia la aplicación de la ley termina siendo la herramienta más disponible de manera constante.
Esa es la herramienta a la que Tucson ha recurrido en una nueva ordenanza que está siendo considerada por el Concejo Municipal y que permitiría a la policía arrestar a personas sospechosas de consumir drogas en público.
Las personas que se encuentren en áreas sospechosas de ser usadas para consumir drogas, o cualquiera que genere una “sospecha razonable de que está a punto de participar” en consumo público, podrían ser arrestadas, multadas y llevadas a la cárcel bajo la nueva ley propuesta de delito menor.
“Debe haber algún nivel de responsabilidad para individuos que, muchas veces, han sido arrestados cinco, seis u ocho veces”, dijo la alcaldesa Regina Romero durante la sesión de estudio del martes, cuando los miembros revisaron un borrador de la ordenanza. “Esta es una herramienta para la ciudad de Tucson, para que nuestro departamento de policía pueda usar el arresto para mover a esas personas hacia el tratamiento”.
Pero los defensores dicen que la ordenanza genera alarma y representa un regreso a las políticas equivocadas de la guerra contra las drogas, que utilizan a la policía y al sistema de justicia penal para abordar un problema de salud pública.
“Sabemos desde hace décadas que la adicción es una condición médica —un trastorno cerebral tratable—, no una falla de carácter ni una forma de desviación social. Sin embargo, a pesar de la abrumadora evidencia que respalda esta posición, la adicción a las drogas sigue siendo criminalizada”, escribió Caroline Isaacs, de Just Communities Arizona, en un memorando enviado en septiembre a la alcaldesa y al concejo. “¿Por qué seguimos pensando que podemos castigar la adicción para sacarla de las personas?”.
Actualmente, la posesión de sustancias controladas es un delito grave, lo que significa que, aunque la policía de Tucson puede arrestar a una persona, depende de la Oficina del Fiscal del Condado de Pima procesar el caso ante los tribunales.
Los funcionarios de la ciudad dicen que eso no ocurre con la frecuencia necesaria, y que una opción de delito menor permitiría que las personas pasen por los tribunales de la ciudad de Tucson en lugar de los del condado. La conversación fue iniciada por la concejal Nikki Lee en septiembre. El martes, el concejo discutió por primera vez el texto de una ordenanza escrita.
Este movimiento ocurre mientras la administración Trump ha promovido el tratamiento involuntario de la adicción y de la salud mental para personas sin hogar, y California ha avanzado para permitir el tratamiento involuntario de personas con condiciones graves de salud mental. Ambas políticas han generado alarma entre los defensores comunitarios de personas sin vivienda o afectadas por la adicción.
Ordenanza permite arrestos policiales bajo “sospecha razonable” de consumo público de drogas
El texto de la ordenanza, compartido públicamente por primera vez esta semana, crea un delito menor y detalla los siguientes parámetros para la aplicación de la ley sobre el consumo público de drogas:
- Declara ilegal merodear con fines relacionados con drogas, incluyendo en parques de Tucson, paradas de transporte, arroyos o cualquier derecho de paso.
- Define el merodeo relacionado con drogas como permanecer en un lugar “bajo circunstancias que llevarían a una persona razonable a creer que el propósito o efecto de ese comportamiento es facilitar la posesión, uso o distribución de narcóticos o drogas peligrosas”.
- Esto también podría incluir personas que exhiban dos o más de las siguientes acciones:
- Comportarse “de manera que genere una sospecha razonable de que están a punto de cometer o están cometiendo un delito de drogas”.
- Estar en lugares sospechosos de ser usados para consumo de drogas al aire libre.
- Intentar ocultarse o esconder objetos relacionados con el consumo de drogas.
- Ser conocidos por el oficial como alguien previamente condenado por posesión.
- Mostrar características físicas de consumo de drogas, como “punta de los dedos quemada” o “personas inclinadas hacia adelante mientras están de pie por largos periodos”.
- Tener a la vista objetos usados para consumir drogas.
- Ser conocidos por el oficial como personas prohibidas de cierta área debido a un delito de drogas.
- Si un oficial ve a alguien merodeando y consumiendo drogas afuera, deberá ordenar que se retire, informándole que podría ser arrestado si no se va inmediatamente o si regresa en las próximas 24 horas.
- Si la persona acusada no se retira de inmediato, o vuelve al lugar dentro de 24 horas, puede recibir una multa de entre 100 y 500 dólares por cada infracción, o enfrentar hasta seis meses de cárcel o un máximo de 36 meses de libertad condicional.
- Una segunda condena implica cinco días de cárcel y 120 horas de servicio comunitario.
- En lugar de arresto, la policía puede ofrecer transporte a un centro de tratamiento.
Después del arresto, la persona puede ser referida a un programa de tratamiento.
Lee, quien presentó la medida el martes, dijo que actualmente alrededor del 65% de los casos por posesión de drogas presentados por la policía de Tucson no están siendo procesados en los tribunales del condado.
Aunque la ordenanza ya está redactada, Lee dijo que todavía esperan llegar a un acuerdo con funcionarios del condado para manejar los arrestos a través del tribunal.
Si no, dijo, la otra opción es votar sobre la ordenanza en 60 días. Eso significa que los nuevos miembros del concejo municipal, elegidos este otoño, considerarían la medida.
La mayoría de los funcionarios que hablaron el martes dijeron estar a favor de la ordenanza y elogiaron el trabajo de Lee. Aun así, identificaron posibles consecuencias no deseadas, como mayor presión sobre los tribunales municipales de Tucson y el riesgo de que desalojar a personas de paradas de autobús o parques las desplace hacia callejones.
“No tengo una solución para eso”, dijo el concejal Kevin Dahl.
Romero dijo, después de la reunión, que tiene algunas preocupaciones sobre cómo los oficiales de policía “van a interpretar la ordenanza”.
“No queremos que esto sea un camino hacia la encarcelación”, dijo a Arizona Luminaria.
Agregó que no está ligada al lenguaje exacto del borrador, y que aún podría pulirse o modificarse. Su objetivo, dijo, es “lograr que las personas entren en tratamiento”.
Los opositores a una mayor criminalización de las personas con adicciones a sustancias presentan una visión diferente para abordar el consumo público de drogas, una visión que, dicen, surge de un enfoque de reducción de daños: elaborar una lista de programas de tratamiento para la adicción, evaluar las brechas o barreras, como el seguro médico y las listas de espera, y determinar el costo de ampliar esos servicios.
“Hasta que realmente enfrentemos un recuento real de qué servicios están disponibles, para quién, cuándo, bajo qué circunstancias y cuáles son las brechas, todo lo demás es un ejercicio inútil”, dijo Isaacs. “Si la alcaldesa y el Concejo realmente quieren ‘alternativas a la cárcel’, tienen que asegurarse de que esas alternativas realmente existan y sean accesibles para las personas que las necesitan”.
Liz Casey, organizadora de ayuda mutua con Community Care Tucson, dijo que la ordenanza era un ataque sin precedentes contra las personas con trastornos por abuso de sustancias y recordaba a la guerra contra las drogas. “La mayor criminalización y deshumanización, en lugar de tratamiento voluntario para las personas que consumen drogas, solo servirá para aumentar las causas fundamentales de la falta de vivienda y del consumo de drogas”, dijo Casey a Arizona Luminaria.
En sesión conjunta poco común, funcionarios de la ciudad y el condado discuten falta de vivienda y consumo de drogas
Tras la discusión sobre la ordenanza el martes, la alcaldesa y el Concejo Municipal de Tucson asistieron a su primera reunión conjunta en años con la Junta de Supervisores del Condado de Pima.
La falta de vivienda y la crisis de salud pública relacionada con las drogas fueron el único tema en la agenda, y ambos órganos mostraron la gran cantidad de tiempo, ideas y dinero invertidos en abordar estos problemas, aunque con enfoques distintos.
El subadministrador del condado, Steve Holmes, habló sobre el dinero gastado por el condado para financiar vivienda asequible futura, prevenir la falta de vivienda mediante inversiones en apoyo legal para desalojos y evitar sobredosis en la cárcel. El Centro de Transición del Condado de Pima, en funcionamiento desde junio de 2023, conecta a las personas con servicios de emergencia y centros de tratamiento de salud mental.
“Si estamos considerando el encarcelamiento, no queremos que la gente muera bajo nuestro cuidado”, dijo Holmes.
Los funcionarios de Tucson hablaron sobre sus servicios de alcance para vivienda, cómo han estado abordando los campamentos, y los esfuerzos específicos para enfrentar la violencia en ciertas partes de la ciudad.
También mencionaron la presión constante que reciben para responder a la avalancha de quejas —a menudo diarias— sobre el consumo público de drogas y la falta de vivienda. Al mismo tiempo, luchan por cubrir brechas de financiamiento que, según dicen, deberían ser responsabilidad regional.
En las últimas semanas, la oficina de la alcaldesa lanzó su Iniciativa Safe City, que reúne todo el trabajo relacionado con la aplicación de normas de la ciudad. La primera reunión del grupo de trabajo Safe City Task Force, un grupo de líderes comunitarios reunidos para desarrollar formas de abordar estos problemas superpuestos, se llevó a cabo el 14 de noviembre.
“Parece haber una conexión real entre algunos de estos problemas difíciles: el aumento de personas sin vivienda, el incremento del consumo de sustancias y los desafíos de salud mental, y las opciones limitadas de tratamiento y refugio”, dijo la subdirectora municipal Liz Morales. “Este trabajo busca unirlo todo bajo un mismo paraguas, coordinarlo mejor, analizar qué está funcionando y, por supuesto, cambiar lo que no”.
Sobre cómo abordar la crisis de salud pública relacionada con la adicción, tanto los funcionarios de la ciudad como del condado fueron directos acerca de los desafíos: el seguro no siempre cubre camas en centros de rehabilitación, o las interrupciones en la cobertura pueden causar retrasos que alejan a las personas necesitadas de los servicios. La falta de personal bilingüe también puede impedir que pacientes que no hablan inglés participen en los programas.
Pero ¿dónde trazar la línea sobre cómo usar la aplicación de la ley como herramienta? La reunión conjunta no resolvió preguntas sobre respuestas concretas.
“Es muy difícil porque es nuestro sistema de justicia y nuestro sistema policial los que están siendo llamados a actuar para abordar una crisis de salud”, dijo la concejal Karin Uhlich. “Si tengo cáncer o una enfermedad renal, nadie me llevaría a la cárcel, pero si tengo una enfermedad mental o una adicción, resulta que hay enormes vacíos en nuestro sistema de salud mental”.
John Washington contribuyó con este reportaje.
Traducción: Beatriz Limón
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