La reunión de la Junta de Supervisores del Condado de Pima volvió a estar repleta el 16 de diciembre: una multitud que casi llenaba el lugar con docenas de personas que vestían chalecos de construcción de alta visibilidad, así como otra docena aproximadamente que vestían de rojo.
Los chalecos llamativos eran usados por personas que apoyaban una mina propuesta y un centro de datos. El color rojo lo portaban quienes se oponen a estos grandes proyectos de construcción.
Durante la participación del público, dominaron el debate las discusiones en curso sobre el uso de camiones pesados en caminos no pavimentados —y cómo la regulación del tráfico de camiones en el condado podría afectar la mina Copper World— así como el futuro del Proyecto Blue, el mega centro de datos que ha generado un debate público constante en el sur de Arizona durante los últimos seis meses.
Cerca del final de una reunión que se extendió por más de siete horas, los supervisores aprobaron la adopción de un Memorando de Acuerdo que detalla los beneficios comunitarios y los compromisos del proyecto por parte de Beale Infrastructure, el desarrollador del centro de datos.
La junta votó 3-2 a favor del acuerdo.
La aprobación marca un paso decisivo para avanzar con el Proyecto Blue, a pesar de la fuerte oposición de grupos comunitarios de base, incluido el colectivo No Desert Data Center Coalition.
Los supervisores Andrés Cano, del Distrito 5, y Jen Allen, del Distrito 3, se pronunciaron con firmeza en contra del Proyecto Blue. Ambos reconocieron la importancia del desarrollo económico y expresaron su apoyo a los empleos sindicalizados. Sin embargo, ninguno votó a favor del acuerdo, al considerar que los posibles daños ambientales graves superan con creces cualquier beneficio económico.
Cano calificó el acuerdo como “un comunicado de prensa con una puerta de salida”, al señalar que no contiene suficientes compromisos exigibles.
“Estoy descorazonado y decepcionado”, dijo Cano antes de la votación. Añadió que el Proyecto Blue ha dividido a la comunidad y que el contrato se presentó de manera apresurada. Recordó episodios pasados de daños ambientales peligrosos y mortales infligidos a Tucson por grandes instituciones, entre ellas la Fuerza Aérea de Estados Unidos y Brush Ceramic Products, una planta de manufactura que provocó la infiltración de berilio, un metal tóxico, en los suelos cercanos.
“Mi abuela trabajaba allí, estuvo expuesta allí y finalmente perdió la vida por el mismo daño que le pedíamos al gobierno que mitigara”, dijo Cano.
“Esta junta pudo haber mostrado un poco más de valentía”, añadió, al sugerir que los administradores del condado debieron haber presentado un contrato mejor y haber insistido en conocer quién sería el usuario final del centro de datos.
Beale promete usar menos agua
El acuerdo representa el intento del condado por asegurar compromisos voluntarios de Beale antes de cerrar la compra del terreno. Según el acuerdo:
- El centro de datos evitará el sobrecalentamiento mediante un sistema de enfriamiento por aire de circuito cerrado. El consumo de agua será únicamente para necesidades domésticas, como baños y cocinas, y las fuentes de agua deberán ser aprobadas por el Departamento de Recursos Hídricos de Arizona.
- Beale se compromete a “realizar esfuerzos comercialmente razonables para igualar el cien por ciento (100%) de su consumo de energía con energía renovable”. Un “verificador independiente y calificado de terceros” evaluará anualmente si Beale cumple con este compromiso.
- Beale aportará 15 millones de dólares en donaciones comunitarias a lo largo de la vida del proyecto, incluyendo una inversión inicial de 5 millones de dólares para becas STEM, financiamiento para escuelas técnicas y programas de aprendizaje. Los 10 millones restantes apoyarán iniciativas como la equidad digital y la expansión de infraestructura de fibra óptica.
La venta del terreno se deriva de un contrato previo aprobado por el Condado de Pima en junio, que obligaba al condado a vender el predio de 290 acres a Humphrey’s Peak por 20.8 millones de dólares. Ese contrato incluía un periodo de revisión de 180 días que concluyó a mediados de diciembre y permitió que la venta avanzara incluso sin la anexión por parte de la ciudad de Tucson —un giro clave que ha mantenido vivo al Proyecto Blue, a pesar de que el Ayuntamiento de Tucson votó de manera unánime en contra del proyecto en agosto.
Apoyo y preocupación
A diferencia de reuniones anteriores, el debate público sobre el Proyecto Blue fue menos unilateral. Muchas de las personas que hablaron a favor del proyecto durante la participación del público eran integrantes de sindicatos de la construcción. En repetidas ocasiones destacaron los empleos que traería el centro de datos.
“Estamos hablando de miles de millones de dólares en inversión de capital, miles de empleos en la construcción y cientos de empleos permanentes”, dijo un representante sindical durante los comentarios del público, señalando que los salarios y beneficios asociados al proyecto podrían elevar el mercado laboral local.
Beale ha afirmado que el centro de datos requeriría miles de empleos en la construcción.
Sin embargo, los opositores se mantienen firmes en sus críticas.
“Hemos venido ante ustedes durante seis meses”, dijo Vivek Bharathan, de la coalición No Desert Data Center Coalition, durante la participación del público, reiterando preocupaciones de larga data de que la venta en sí es inválida y carece de transparencia. “Nuestra postura es que la venta no es válida”, dijo Bharathan a Arizona Luminaria, acusando al condado de no proporcionar al público la información que sustenta su toma de decisiones.
La activista local Raye Winch alertó sobre posibles impactos en la salud y el medio ambiente, e instó a los supervisores a retrasar una decisión final a favor de realizar estudios de impacto exhaustivos. “Sabemos que cuando las corporaciones envenenan a nuestras comunidades, no nos devuelven a nuestras mamás ni a nuestros papás”, dijo Winch.
En una declaración previa a la votación, el presidente de la Junta, Rex Scott, del Distrito 1, señaló que algunos opositores incurrieron en una retórica “indebidamente alarmista y derrotista”.
Scott elogió los beneficios económicos del proyecto, destacando el dinero proveniente de la venta del terreno y el aumento en la recaudación fiscal. “Las personas a quienes representamos deben ver que estamos utilizando este dinero de maneras que fortalezcan nuestra capacidad de brindar los servicios y apoyos con los que cuentan”, dijo Scott.
En un comunicado posterior a la votación, la coalición No Desert Data Center Coalition criticó la decisión de la junta.
“La gente del sur de Arizona se opuso rotundamente al Proyecto Azul. En lugar de apoyarnos, los supervisores Scott, Heinz y Christy nos traicionaron y optaron por regalarles a los multimillonarios un centro de datos hiperescalable y dañino para Navidad, dejándonos con restos”.
¿Qué sigue?
Con el memorando de acuerdo aprobado y la venta prácticamente finalizada, Beale está listo para cerrar la compra de la propiedad antes del 25 de diciembre.
Y, sin embargo, la disputa en torno al Proyecto Blue podría no haber terminado. Grupos comunitarios están considerando los próximos pasos, y funcionarios electos, tanto dentro del condado de Pima como en la ciudad de Tucson, se preparan para un debate continuo.
En una sesión ejecutiva celebrada más temprano durante la reunión, los supervisores también discutieron una ordenanza para limitar el uso de camiones pesados en caminos no pavimentados del condado de Pima. Tras una discusión a puerta cerrada de una hora, los supervisores votaron 4-0 para retirar de la agenda una audiencia pública y una posible votación sobre la ordenanza.
La ordenanza habría limitado el número de camiones utilizados por la empresa minera detrás de la mina propuesta en las montañas de Santa Rita.
Traducción: Beatriz Limón
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