El grupo se reúne en la sala principal de la casa móvil, buscando el mejor lugar para esconder pequeños rastreadores Bluetooth que permitirían a amigos y familiares saber dónde se encuentran. Yarlidis y sus cuatro hijos — de entre 6 meses y 9 años — se preparan para entregarse a Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) e iniciar su proceso de autodeportación. Para Emily, de 9 años, el miedo no se limita a la incertidumbre de los próximos días; también teme desaparecer y ser llevada a un lugar donde nadie pueda encontrarlos.
Es 1 de diciembre, y la familia está organizándose, empacando y alistándose para presentarse en una oficina de ICE al sur de Tucson temprano a la mañana siguiente.
Yarlidis sugiere colocar uno de los dispositivos de rastreo en el llavero de su hija Emily. O quizá coserlo dentro del bolsillo del pantalón de Ian Samuel, de 5 años, en algún lugar menos visible, más seguro.
“¡O aquí!”, dice Emily en español, levantando su collar. Su hermanito de 1 año aún no es lo suficientemente grande para entender lo que ocurre. Se mueve rápidamente por la habitación mientras come y deja caer su manzana.
Los dispositivos son una medida de protección, en caso de que la familia desaparezca bajo custodia de ICE o después de ser enviada en avión de regreso a su país de origen, Colombia.
“Es para que la señorita Lucía y Rosa puedan ver dónde estamos”, explica Emily sobre la necesidad de esconder los rastreadores. “Porque si no saben dónde estamos, algo malo podría pasar”.
Lucía y Rosa son dos integrantes de La Ristra, una pequeña organización sin fines de lucro con sede en Tucson que ofrece terapia y un poco de estabilidad a personas migrantes que atraviesan momentos de crisis. No se anuncian en línea y funcionan por recomendación boca a boca, para mantener un espacio seguro para la comunidad migrante. Durante los últimos meses han ayudado a la familia a encontrar estabilidad emocional — y algo de calma — mientras enfrentaban el miedo y el estrés provocados por el aumento de las acciones de control migratorio. Ambas pidieron no usar sus apellidos por temor a represalias.
Yarlidis y sus cuatro hijos se encuentran entre los millones de inmigrantes afectados por las políticas de control migratorio ampliadas y más agresivas de la administración Trump. El Departamento de Seguridad Nacional reportó más de 400,000 deportaciones y un estimado de 1.6 millones de autodeportaciones.
“Dos millones de inmigrantes indocumentados han sido expulsados o se han autodeportado en apenas 250 días”, dijo la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un comunicado de prensa publicado en septiembre.
PolitiFact ha cuestionado esa afirmación, señalando que “se basó en una encuesta gubernamental con un tamaño de muestra pequeño y un amplio margen de error”.
Funcionarios de la administración Trump han declarado que los agentes están “apuntando a los peores de los peores”. Expertos en inmigración también han refutado esas afirmaciones.
“Pese a la retórica constante de funcionarios de la Casa Blanca y del DHS de que los detenidos son ‘inmigrantes indocumentados criminales’, casi tres cuartas partes de las personas detenidas por ICE hasta septiembre no tenían ninguna condena penal, y muchas de las que sí la tenían era por delitos menores, como infracciones de tránsito”, según un análisis de octubre del Migration Policy Institute, un centro de investigación.
Aunque la salida de Yarlidis es técnicamente voluntaria, ella dijo que la decisión de autodeportarse estuvo marcada por un miedo constante, provocado por el arresto y la deportación de su pareja a principios de este año, así como por lo que describió como una hostilidad cada vez mayor hacia las familias inmigrantes que no han cometido delitos graves.
“No quiero ver a mis hijos con esposas ni que me esposen a mí, porque nunca he pasado por algo así, y sería un golpe muy duro. Sería realmente difícil”, dijo.
Yarlidis llegó a Estados Unidos después de agendar una cita a través de la aplicación CBP One para solicitar asilo. Dijo que al menos en tres ocasiones durante los últimos dos meses, agentes armados tocaron la puerta del tráiler donde vive su familia. No sabe a qué agencia pertenecían, pero asegura que vestían uniformes color beige. También afirma que funcionarios que decían ser de ICE la llamaron por teléfono.
“Esta es la sombra”
Durante el último año, ICE, junto con la Patrulla Fronteriza, ha incrementado las operaciones de control migratorio, realizando más redadas en hogares y lugares de trabajo y ampliando los esfuerzos de deportación en grandes ciudades. Al mismo tiempo, la administración Trump ha puesto fin —o ha intentado poner fin— a varias protecciones humanitarias, incluido el Estatus de Protección Temporal (TPS) y programas de parole, dejando a muchas familias de estatus mixto sin una vía viable para permanecer en el país.
Para familias como la de Yarlidis, el resultado es una realidad en la que elegir irse — dejando atrás a su suegra, su comunidad, la escuela de sus hijos y las esperanzas que tenía para su futuro — se convierte en la única opción que se siente segura. Para sus dos hijos más pequeños, significa abandonar el país donde nacieron.
Personas como Lucía, activista migratoria desde hace muchos años, y Rosa, inmigrante y psicóloga, reconocen el impacto psicológico que el clima político actual impone a familias como la de Yarlidis. Juntas fundaron La Ristra en Tucson para ofrecer apoyo en un aspecto que con demasiada frecuencia se pasa por alto en la experiencia migrante: la salud mental.
“Estoy involucrada en esto por convicción y por mi profesión”, dijo Rosa en español, semanas antes de que Yarlidis y sus hijos se sintieran obligados a dejar su comunidad. “La idea surgió entre Lucía y yo de combinar nuestras experiencias y crear este proyecto sin fines de lucro”.
A través de La Ristra, Rosa ofrece sesiones de arteterapia para familias que enfrentan las duras realidades de un entorno migratorio cada vez más punitivo, ayudando a niñas, niños y padres a procesar el miedo, la incertidumbre y la pérdida.
Rosa utiliza la arteterapia para ir “más profundo en el alma”, dijo, sentada en su oficina, rodeada de papeles, archivos y libros.
Guiada por la terapia junguiana, Rosa explicó que “cuando logras dejar que el inconsciente sea el guía, pueden surgir cosas muy poderosas”. La terapia junguiana es una forma de psicoterapia analítica, derivada del trabajo del psiquiatra suizo Carl Jung, que busca permitir que las partes consciente e inconsciente de una persona dialoguen entre sí.
Rosa señala un dibujo de una niña sin rostro frente a una reja y un atardecer carmesí. La imagen descansa sobre un libro de teoría junguiana que Rosa ayudó a traducir al español.
“Sin rostro. Y lo que hay detrás de ella es el muro fronterizo de Nogales. Cruzaron el desierto. Es muy simbólico, y ni siquiera está terminado; es una sugerencia, no una representación literal”, dijo Rosa sobre el arte de la niña de 12 años. “Ella no te dice directamente que es el muro de Nogales. Pero tú la conoces, sabes que se están escondiendo, sabes que vienen de un largo proceso de violencia en México. Y ella hace esto”.
Junto al dibujo de la niña están los garabatos de su hermana de 18 años: formas o nubes negras.
“Ella está peor emocionalmente, más afectada”, dijo Rosa. “Esto es la sombra, en Jung, es el arquetipo de la sombra”.
Rosa interpreta el dibujo de la joven de 18 años como una expresión de ausencia de futuro. “Están perdiendo la esperanza. Los jóvenes, los adolescentes, están perdiendo la esperanza. Y eso es lo que este gobierno está provocando”, dijo.
“Como pequeñas curitas que cubren esa soledad”
Un informe de julio elaborado por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en Riverside y de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, y publicado en Psychiatric News, detalla cuán profundamente la política migratoria puede afectar la salud mental de niños y familias.
El informe señala que los factores de estrés posteriores a la migración — incluida la incertidumbre legal, el acceso limitado a servicios y el miedo persistente a la aplicación de leyes migratorias — pueden afectar la vida cotidiana.
“Los padres y cuidadores que viven bajo la amenaza constante de detención o deportación con frecuencia experimentan síntomas de depresión, ansiedad y trauma”, escribieron los autores, y esos síntomas a menudo se transfieren a sus hijos.
La vida cotidiana normal es algo que, según Lucía y Rosa, falta en muchas de las familias migrantes con las que trabajan. Además de las sesiones de terapia, La Ristra intenta brindarles espacio y tiempo para desestresarse. Convencieron a algunas familias de reunirse para pasar un día en una piscina local, además de organizar comidas comunitarias, pidiéndoles que llevaran y compartieran un platillo favorito.
“Queríamos que tuvieran algunos momentos para bajar la guardia. Simplemente relajarse y hablar con otras mamás, sentirse normales”, dijo Lucía en español.
A pesar de esos momentos de alivio, algunas de las familias que trabajan con La Ristra tenían dificultades para ver más allá del miedo.
La suegra de Yarlidis, Ibeth Redondo, dijo: “Hubo momentos de pánico”.
“No podíamos mandar a los niños a la escuela”.
Ibeth trabaja como empleada doméstica. Espera poder seguir trabajando para apoyar a su familia ahora de regreso en Colombia. Al menos, dijo, hasta que “Trump se calme”.
“Solo estoy agradecida con todas las personas que he conocido, con todas las personas que me han ayudado”, dijo Yarlidis. Dijo estar especialmente agradecida con Lucía y Rosa. “Han estado ahí para mí como si fueran familia”.
Rosa explicó que en sus sesiones la presencia o ausencia de esperanza y resiliencia es fundamental. Sin esperanza ni resiliencia, dijo, las familias pueden caer en lo que los clínicos describen como síndrome de resignación o indefensión aprendida.
“‘Bueno, de todos modos no hay solución’. ‘Bueno, ya no esperas nada’. Es la muerte de la esperanza, la muerte del alma, el cáncer del alma”, dijo. “El amor y la esperanza son esenciales para seguir adelante. La vida siempre va a ser una lucha — la vida es una lucha constante”.
Yarlidis dijo que el apoyo de Lucía y Rosa llegó en un momento en que se sentía especialmente aislada tras el arresto y la deportación de su pareja. Lucía contó que invitaron a todas las personas vinculadas a La Ristra a una reunión de Acción de Gracias, creando un espacio donde las familias pudieran reunirse.
“Esa soledad que yo tenía, ellas llegaron y la cubrieron”, dijo Yarlidis. “Fueron como pequeñas curitas, cubriendo esa soledad para mí”.
Autodeportación
Temprano en la mañana del 2 de diciembre, Lucía, Yarlidis y sus hijos llegan en una camioneta negra a una entrada con reja detrás de un centro comercial, donde los esperaban funcionarios federales. Un pequeño grupo de personas solidarias y periodistas se reúne mientras la familia descarga sus pertenencias: tres maletas, dos bolsas de viaje y varias mochilas.
“Lo último que yo quería era que mi familia se rompiera de esta manera”, dijo la suegra de Yarlidis a los reporteros.
“Nunca vinimos aquí para hacerle daño a nadie. Vinimos a buscar un futuro mejor y a darles a mis nietos una mejor calidad de vida”.
Lucía dirige una oración mientras personas cercanas lloran. Yarlidis, cargando a su bebé de seis meses, David Alejandro, en un portabebés en el pecho y empujando una carriola delante de ella, camina a través de las rejas de la oficina de ICE con sus otros tres hijos a su lado.
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