El Concejo Municipal de Tucson instruyó el miércoles al administrador de la ciudad y al abogado municipal a elaborar una ordenanza que prohíba a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) instalarse o llevar a cabo operativos civiles de control migratorio en propiedades de la ciudad.
La alcaldesa Regina Romero abrió la discusión señalando que es importante que las y los residentes se sientan seguros en las propiedades municipales, independientemente de su estatus migratorio.
“Tenemos que darles a nuestros residentes la certeza de que si van al parque a pasear a su perro o a llevar a sus hijos de picnic, o si van a un centro recreativo, ya sea su hijo o ellos mismos, o incluso si entran a uno de nuestros edificios, por ejemplo para pagar sus cuentas, no serán confrontados, atacados ni acosados por agencias federales”, dijo.
La ordenanza propuesta también establecería reglas uniformes a nivel ciudad sobre cómo las agencias federales de inmigración pueden acceder a propiedades municipales, incluyendo capacitación para el personal, un punto de contacto centralizado y el requisito de informar a la alcaldesa y al Concejo en un plazo de 30 días sobre la implementación y los impactos.
La concejal del Distrito 1, Lane Santa Cruz, quien también encabezó la discusión y presentó la moción para solicitar la ordenanza, dijo que intenta responder a las preocupaciones que escucha de sus electores.
“Estamos tratando de responder a este sentimiento real de miedo y a la falta de claridad sobre cuál es el papel de la ciudad de Tucson y del TPD, y cuál es el papel de los agentes federales de ICE”, dijo Santa Cruz.
Dijo que es importante aclarar qué puede hacer la ciudad ante el aumento de las medidas migratorias que han provocado protestas y una mayor vigilancia pública.
“Cuando hay miedo en nuestra comunidad, el miedo crea caos y la gente no quiere salir. No quieren usar su parque. No quieren salir de su casa”, dijo Romero.
Romero dijo que no tiene conocimiento de ningún caso en el que las fuerzas del orden federales hayan utilizado propiedad de la ciudad para organizar operativos de control, pero quiere estar preparada.
“Estoy trabajando con nuestro gestor de emergencias, nuestro abogado municipal, nuestro jefe de policía y nuestro administrador de la ciudad para asegurar que, cuando esta administración envíe observadores o despliegues federales a la ciudad de Tucson, tengamos un plan. Tengamos una estrategia”, dijo.
Las principales ciudades de todo el país, incluidas Providence y Minneapolis, ya han promulgado sus propias políticas que prohíben el uso de propiedad municipal para actividades de ICE.
Romero dijo que la estructura gubernamental de cada ciudad es diferente, pero que esta propuesta de ordenanza está dentro de lo que Tucson puede hacer activamente para proteger a los residentes de la aplicación de leyes migratorias en su propiedad.
La alcaldesa Romero también dijo que está en conversaciones con el departamento de policía y con organizaciones sin fines de lucro como la Defend Tucson Coalition para buscar “cualquier tipo de ordenanzas, resoluciones o acciones que la Alcaldía y el Concejo puedan tomar y que estén dentro de nuestro derecho”.
La ciudad también lanzó un sitio web de “conozca sus derechos” (know-your-rights) el 13 de enero.
La moción fue apoyada por unanimidad, y todos los miembros del concejo hablaron a favor de la política.
“Es importante que enviemos este mensaje: que sepan que no solo estamos tomando acciones legales porque nuestra gente no se siente segura con ellos corriendo como una especie de gestapo en nuestra comunidad”, dijo Paul Cunningham, concejal del Distrito 2. “No sé cuál sea la intención, pero la percepción es mala. Y si fuera tan buena, entonces no tendrías lo que está pasando en Minneapolis; no tendrías protestas cada vez que intentan realizar un operativo”.
Esta nueva política y el sitio web siguen a meses de tensión creciente en Tucson en torno a la aplicación de las leyes migratorias.
Hace menos de dos meses, agentes federales rociaron gas pimienta a la representante demócrata Adelita Grijalva durante una protesta contra una redada migratoria en una taquería del lado oeste de Tucson, en un barrio históricamente latino. Varios videos del incidente, grabados por periodistas, manifestantes y la propia Grijalva, se compartieron en redes sociales.
Grijalva emitió un comunicado tras el incidente en el que denunció las “tácticas abusivas” de ICE y dijo que “comunidades de todo el país están siendo aterrorizadas por una agencia sin ley”.
Recientemente, miles de estudiantes abandonaron las aulas el 20 de enero para protestar contra las redadas de ICE y las políticas de la administración Trump. En Tucson también se está observando un crecimiento de la red Rapid Response Network, una iniciativa de voluntarios creada para que los ciudadanos observen las detenciones realizadas por ICE con fines de rendición de cuentas y documentación. La alcaldesa Romero y los concejales están compartiendo la información de contacto de la red de respuesta rápida en sus comunicados.
Traducción: Beatriz Limón
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