Después de más de una hora de testimonios emotivos de residentes que evocaron la historia y los derechos civiles, la Junta de Supervisores del Condado de Pima votó 4–1 el martes para elaborar ordenanzas destinadas a limitar la aplicación de leyes migratorias federales en el condado.
Raine Ikagawa dijo que el clima actual le recordaba al de hace 80 años, bajo el cual ella, una japonesa-estadounidense de segunda generación, podría haber sido enviada al antiguo campo penitenciario federal en el monte Lemmon, hoy conocido como el Campamento Gordon Hirabayashi.
“No puedo imaginar un Tucson en el que permitamos esto”, dijo Ikagawa en referencia a las acciones de control migratorio, así como a los esfuerzos locales por expandir la detención.
Majid Kabiri, residente de Red Rock, comparó los planes para un centro de detención migratoria en Marana con los campos de concentración utilizados en la Alemania nazi.
“Me gustaría que mostraran su valentía y dijeran no a un campo de concentración tipo Gestapo en Marana”, dijo. “Se supone que este es el país de la libertad. No quiero tener un campo de concentración de la Gestapo en mi vecindario”.
Tras esos discursos apasionados, junto con otros testimonios que expresaron preocupaciones similares, cuatro de los cinco supervisores del condado de Pima votaron a favor de avanzar en tres medidas que buscan influir en la forma en que se lleva a cabo la aplicación de leyes migratorias en el condado.
La primera instruye a los administradores del condado a redactar una ordenanza que proteja las propiedades del condado para que no sean utilizadas en acciones de control migratorio; la segunda consiste en redactar una ordenanza que prohíba a agentes del orden, a nivel municipal, del condado, estatal y federal, usar máscaras mientras están en servicio, y que exija que todos los agentes porten identificación visible; y la tercera es una resolución en contra de la apertura de un centro de detención migratoria en la cercana ciudad de Marana.
“Todos en esta junta trabajamos muy duro para proteger a las personas que nos rodean, ya sean nuestras familias, trabajadores de la salud, estudiantes, vecinos o empleados. Y lo que hemos estado presenciando es un ataque directo a la seguridad y a la dignidad de las personas”, dijo la supervisora Jen Allen. “He estado luchando por encontrar qué es lo que podemos hacer para alzar la voz, porque tenemos que hacerlo”.
Estas votaciones se producen después de que el Concejo Municipal de Tucson instruyera por unanimidad a su personal a redactar una ordenanza que prohíba la aplicación de leyes migratorias federales en propiedades de la ciudad durante su sesión de estudio del 21 de enero, y mientras unas 6,000 personas salieron a las calles de Tucson la semana pasada como parte de protestas nacionales contra ICE.
“El condado de Pima es propietario de inmuebles. Tenemos la autoridad legal para establecer reglas sobre la propiedad del condado”, dijo el supervisor Andrés Cano. “Nuestros edificios no son trampas, nuestros parques no son sitios de emboscada, nuestras clínicas de salud no son lugares de miedo y nuestras bibliotecas no son espacios que la gente deba evitar. Son espacios públicos, pertenecen al público y a todas las personas”.
Aunque la mayoría de los supervisores votaron a favor de avanzar con la redacción de las ordenanzas, el supervisor Steve Christy, el único republicano en la junta, propuso utilizar una instalación del condado que anteriormente albergó a solicitantes de asilo para facilitar la aplicación de leyes migratorias federales a nivel local y recuperar fondos públicos gastados en apoyo a solicitantes de asilo en el pasado.
Ninguno de los otros supervisores secundó la propuesta.
Más de 20 personas acudieron a participar en los comentarios públicos, y la mayoría instó a los miembros de la junta a avanzar con las ordenanzas que apoyan a las comunidades inmigrantes y limitan la forma en que operan localmente los agentes de control migratorio.
Sin embargo, algunos oradores se manifestaron a favor de la política migratoria de la administración Trump.
“Durante cuatro años tuvimos una frontera abierta. La soberanía de Estados Unidos no se hizo cumplir, y eso precipitó el problema actual”, dijo Dave Smith, ex presidente del Partido Republicano del condado de Pima. “Todo esto es un acto infantil y masturbatorio para intentar hacerlos sentir bien sin cambiar la realidad”.
Los cuatro supervisores que votaron a favor de las tres propuestas hablaron de manera emotiva sobre el impacto de las tácticas que, según dijeron, se están utilizando para la aplicación de leyes migratorias tanto en las comunidades locales como a nivel nacional.
“Cuando observamos lo que ha estado ocurriendo en todo el país, quizá especialmente en Minneapolis, aunque no es el único lugar, vemos que no solo se trata de agentes de ICE”, dijo Scott, al referirse al tiroteo fatal del manifestante Alex Pretti en una calle de Minneapolis por parte de la Patrulla Fronteriza. “Se trata de personas que no se supone que estén operando en el interior del país… donde no están capacitadas para hacerlo”.
Un borrador de la ordenanza que limita el uso de propiedades del condado de Pima para la aplicación de leyes migratorias federales será presentado en la reunión del 17 de febrero y se someterá a votación en la agenda del 3 de marzo, informaron los supervisores.
En la votación a favor de redactar una ordenanza que prohíba a los agentes del orden usar máscaras mientras están en servicio, el supervisor Christy expresó su oposición y preguntó si lo que el público quería era que la oficina del alguacil y el Departamento de Policía de Tucson confrontaran directamente a los agentes de control migratorio.
“Sí”, gritaron en respuesta varios miembros del público.
El centro de detención migratoria propuesto para Marana, al igual que el centro de datos Proyecto Blue, también planteó interrogantes sobre los límites de la supervisión local de proyectos de gran escala y sobre las formas creativas que pueden utilizar las localidades para frenar o detener un proyecto que les genera preocupación.
“Voy a votar a favor de esta resolución porque no quiero una instalación de detención de ICE en Marana, pero eso se encuentra dentro de los límites de otra jurisdicción”, dijo el supervisor Rex Scott. “¿Tiene el condado de Pima alguna autoridad regulatoria o legal que podamos utilizar para impedir que se abra un centro de detención de ICE en la ciudad de Marana?”.
“No tenemos jurisdicción sobre la zonificación dentro de una jurisdicción incorporada”, respondió la administradora del condado de Pima, Jan Lesher.
El subfiscal civil principal del condado, Sam Brown, señaló que el condado ha estado analizando qué autoridad legal existe, entre ellas la relacionada con la figura de molestia pública (public nuisance), que podrían explorar como resultado de la votación.
Traducción: Beatriz Limón
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