El Colegio Comunitario de Pima se está preparando para pedir a los votantes que aprueben un bono de obligación general por 250 millones de dólares este noviembre, su primera elección de bonos en más de 30 años, para modernizar instalaciones envejecidas, construir nuevos centros de capacitación laboral y refinanciar una deuda existente.
La propuesta, presentada durante una sesión de estudio de la junta directiva el lunes por la noche, busca financiar aproximadamente una docena de proyectos en todo el distrito, desde un nuevo centro de capacitación en seguridad pública en el campus este del colegio, hasta 56 millones de dólares en mantenimiento diferido en edificios que datan de principios de la década de 1970.
Jeffrey Nasse, quien ha sido canciller de PCC durante 18 meses, planteó la solicitud a los votantes como algo esencial, señalando que el colegio no cuenta con financiamiento operativo estatal dedicado, enfrenta ingresos federales inciertos y ha estado utilizando sus propias reservas durante años para cubrir necesidades de capital. Dijo que el colegio mantuvo estables las matrículas y los impuestos a la propiedad el año pasado, mientras reducía 4 millones de dólares en gastos operativos recurrentes mediante consolidación y reducción natural de personal, pero que no puede seguir haciéndolo.
David Bea, vicecanciller ejecutivo de finanzas y administración, presentó la propuesta del bono en detalle.
El paquete de 250 millones de dólares financiaría:
- Un nuevo Centro de Excelencia en Seguridad Pública en el campus este.
- Una nueva sede de la policía del campus en el lado de Drachman Street del campus del centro, donde el colegio demolió varios moteles históricos.
- Ampliaciones de los centros de apoyo estudiantil.
- Centros de excelencia en ciberseguridad/TI, artes y STEM.
- Un Centro de Excelencia en Educación, vinculado al nuevo programa de licenciatura.
- 56 millones de dólares en mantenimiento diferido.
- El refinanciamiento de algunos bonos de ingresos existentes para ahorrar 2.8 millones de dólares en intereses futuros y liberar 4 millones de dólares anuales en el presupuesto operativo.
Algunos de los proyectos están interrelacionados. El programa de capacitación de paramédicos, por ejemplo, se trasladaría al campus este, dejando la instalación de la calle 29, que es un edificio de la década de 1950 —una antigua escuela primaria que el colegio arrienda—. Bea describió esa instalación como “subestándar” y con “deficiencias importantes en la infraestructura”.
“Trasladar los programas de primera respuesta al campus este, a nuevas instalaciones de última generación, es una prioridad muy alta de estos proyectos de bonos”, dijo.
Si el plan de bonos es aprobado por los votantes, el costo para un propietario con una vivienda valorada en 250,000 dólares sería de aproximadamente 31 dólares al año durante 20 años o 46 dólares al año durante 10 años, señaló Bea.
Al responder a preguntas de la junta sobre qué ocurriría si la elección del bono fracasara, Bea dijo que serían necesarios más aumentos en la matrícula y que el colegio podría tener que considerar si puede mantener sus cinco campus. “Podría ponerse un poco sombrío”, afirmó.
En una reunión pública el 4 de marzo, la junta votará si envía la propuesta del bono a los votantes del condado de Pima este noviembre. En esa misma reunión, la junta también considerará aumentos en la matrícula para estudiantes residentes del estado y aumentos diferenciados para programas de alto costo como enfermería, soldadura y aviación.
Traducción: Beatriz Limón
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