Entre iniciativas de la ciudad, programas del condado y esfuerzos de organizaciones sin fines de lucro, existe un mosaico de diferentes estrategias con las que funcionarios locales intentan abordar la realidad de muchas personas que viven en las calles en Tucson, mientras la ciudad enfrenta constantes quejas por invasión de propiedad privada y consumo público de drogas.
Este año, impulsadas en parte por los fondos para opioides que gobiernos locales de todo el país recibieron como parte de un acuerdo legal contra compañías farmacéuticas, varias iniciativas nuevas y programas están comenzando a implementarse en la región.
Funcionarios públicos de Tucson y del condado de Pima discutieron estas iniciativas durante una reunión conjunta celebrada el martes 3 de marzo.
Datos de la iniciativa de seguridad de Tucson
El otoño pasado, Tucson lanzó su Iniciativa de Ciudad Segura (Safe City Initiative), que reúne todos los esfuerzos de aplicación de la ley de la ciudad y los combina con recursos de apoyo social.
La subadministradora de la ciudad, Liz Morales, presentó algunas cifras clave de la iniciativa que, desde noviembre, constata que ha realizado 15 operativos enfocados en hacer cumplir normas contra la invasión de propiedad privada y el consumo público de drogas, al mismo tiempo que ofrece servicios sociales:
- La policía ha realizado más de 360 contactos.
- Estos resultaron en 328 arrestos con un total de 1,097 cargos, incluidos 332 delitos menores, 68 delitos graves, 345 órdenes de arresto por delitos menores y 24 órdenes por delitos graves.
- Los operativos también facilitaron 29 colocaciones en refugios, 26 admisiones a programas de desintoxicación y 15 referencias a tratamiento asistido con medicamentos.
- Además, se desalojaron 53 campamentos.
El Grupo de Trabajo de Ciudad Segura (Safe City Task Force), integrado por líderes comunitarios convocados para desarrollar soluciones a los problemas interrelacionados de falta de vivienda, consumo de sustancias y preocupaciones sobre el crimen, también se ha reunido regularmente desde su primer encuentro en noviembre.
Puede ver cómo se desarrolla esta iniciativa a nivel de calle en un reportaje de Luminaria publicado en febrero.
“Encarcelar no es el objetivo. La meta es la estabilización y el tratamiento”, se indica en la presentación compartida por Morales.
Aun así, críticos del programa dicen que les gustaría ver más desvío hacia servicios y menos arrestos.
Keith Bentele, profesor asociado de investigación en la Universidad de Arizona que estudia la falta de vivienda, afirma que los programas de desvío —en los que los oficiales tienen discreción al momento del contacto por delitos menores y pueden ofrecer recursos o transporte a tratamiento en lugar de arrestar— han mostrado beneficios.
“Las personas que fueron desviadas a servicios en lugar de ser arrestadas tuvieron mejores resultados en términos de su salud mental”, dijo. “También analizamos la estabilidad de vivienda y otros resultados, pero en general el patrón fue el mismo”.
Lea más sobre el Plan de Acción de la Iniciativa Safe City aquí.
Nuevo centro de recuperación abre sus puertas
Un nuevo centro de recuperación financiado con fondos del acuerdo legal sobre opioides abrió sus puertas en diciembre.
La Junta de Supervisores del condado de Pima otorgó un contrato de 1.8 millones de dólares a la organización de apoyo en salud para adicciones Community Bridges para iniciar un nuevo centro de recuperación llamado Sobering Alternative for Recovery (SAFR), ubicado en 250 S. Toole Ave.
El objetivo del centro es llevar a personas que experimentan adicción o trastornos por consumo de sustancias al lugar y ofrecerles la oportunidad de iniciar su proceso de recuperación. El centro acepta referencias de la policía, hospitales y también personas que llegan por su cuenta.
“Esto es algo nuevo que todos estamos intentando”, dijo la alcaldesa Regina Romero durante la reunión. Antes, explicó, alguien arrestado por la policía podía pasar horas esperando en un hospital para ser atendido o ser trasladado a la cárcel local. “Es una entrega directa de un oficial de policía a alguien que trabaja en SAFR”.
La directora de Salud Pública del condado de Pima, Theresa Cullen, presentó el proyecto el martes. “Cuando las personas con trastorno por consumo de sustancias acuden al sistema de salud, puede que no sea el lugar más apropiado para ellas”, dijo Cullen. “Nuestra esperanza es reducir parte de la carga que estamos viendo en el sistema de salud”.
Cullen y Morales señalaron que el centro SAFR tiene algunas características únicas. Primero, no requiere que las personas tengan seguro médico para recibir tratamiento. “Cuando alguien llega, toda esa parte de elegibilidad se elimina”, dijo Morales.
El centro cuenta con 15 camas, todas camas reales, en lugar de los sillones reclinables que muchos centros de sobriedad suelen tener.
Las personas también pueden permanecer hasta 96 horas, en lugar de las 48 habituales. “La razón es lo difícil que resulta conectar a las personas con atención y tratamiento”, dijo Cullen.
Además, las personas pueden llevar a sus mascotas y hay espacio para guardar sus pertenencias.
Cullen señaló que, en general, se considera un éxito cuando alrededor del 15% de las personas que pasan por un centro de sobriedad deciden permanecer para recibir algún tipo de tratamiento.
En el centro del condado de Pima, esas cifras han variado hasta ahora. Durante las primeras dos semanas no hubo ingresos. En la semana del 8 al 14 de febrero, 17 personas acudieron y tres iniciaron tratamiento. En la semana del 21 de febrero, 14 personas llegaron al centro y siete fueron trasladadas a una unidad de salud conductual.
“Algunas semanas parece que lo estamos haciendo muy bien; otras semanas muy pocas personas pasan a tratamiento”, dijo. “Eso no es inesperado porque no existe un mecanismo de control sobre quién es referido al centro o quién decide quedarse”.
Nueva capacitación para las fuerzas del orden
La oficina de la fiscal del condado de Pima, Laura Conover, está capacitando a las fuerzas del orden locales sobre qué información deben recopilar durante los arrestos para ayudar a los fiscales a avanzar con los casos.
La nueva capacitación busca identificar si una persona podría causar daño continuo a la comunidad y proporciona a los oficiales en el terreno herramientas para evaluar si ese es el caso.
“Si podemos mejorar a quién nos enfocamos en esa primera audiencia y obtener mejores resultados desde ese primer momento, podemos avanzar mucho”, dijo Conover el martes.
Conover informó a los funcionarios durante la reunión que impartió una capacitación a 80 oficiales de seguridad pública de la región a principios de diciembre.
“Los fiscales ya están reportando un éxito enorme”, afirmó.
Esto también forma parte de un esfuerzo continuo de la oficina de la fiscal para alejarse del sistema de fianzas en efectivo.
La nueva capacitación de la Oficina del Fiscal del Condado de Pima (PCOA) se produce tras meses de tensión sobre cómo esa oficina procesa los casos de consumo público de drogas.
La posesión de sustancias controladas es actualmente un delito grave, lo que significa que, aunque la policía de Tucson puede arrestar a una persona, corresponde a la fiscalía decidir si procesa el caso a través de los tribunales.
Funcionarios de la ciudad dijeron que eso no ocurría con la frecuencia suficiente y propusieron crear una opción de delito menor que pudiera procesarse en los tribunales municipales de Tucson. Sin embargo, la exploración de esa iniciativa ha quedado en pausa por razones de costo, en medio de una continua crisis presupuestaria.
Traducción: Beatriz Limón
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