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En una aparición tras otra en programas de radio, el sheriff Jerry Sheridan ha declarado que su departamento ha erradicado el sesgo racial que lo aquejaba bajo el mandato de su antiguo jefe, Joe Arpaio. En consecuencia, añade rápidamente que un caso judicial histórico sobre discriminación racial, que rige gran parte de las acciones del departamento del sheriff del condado de Maricopa, debería ser desestimado.
“Creo que estamos cumpliendo con la orden judicial. No somos una organización racista y no hacemos perfilamiento racial”, dijo en un programa de radio del área de Phoenix en marzo de 2025.
En mayo, le dijo al mismo conductor de radio: “¿La Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa está haciendo perfilamiento racial o tiene sesgo racial? Tenemos documentación de más de 10 años que demuestra que ese no es el caso”.
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Su argumento para poner fin a la supervisión derivada del caso Melendres v. Arpaio, cuya resolución de 2013 impuso los parámetros bajo los cuales el departamento ha operado desde entonces, consistía en un muestreo mensual de unas pocas docenas de controles de tráfico. La resolución exige que los agentes documenten cada control con todo detalle. El informe, analizado por un supervisor designado por el tribunal, demostró que ningún agente había utilizado la raza para iniciar ese muestreo limitado de controles de tráfico.
Pero revisiones anuales de cada parada de tráfico o arresto de un conductor latino han contradicho repetidamente la afirmación de Sheridan. Con la excepción de un año, cada uno de los últimos 10 informes ha mostrado disparidades que afectan a conductores latinos. El más reciente, correspondiente a 2024, encontró que “las paradas que involucraban a conductores hispanos tenían más probabilidades de resultar en un arresto que las que involucraban a conductores blancos”.
Bajo el mando del sheriff Arpaio, los agentes comenzaron en 2007 a utilizar paradas de tráfico para arrestar a personas por cargos migratorios, incurriendo ilegalmente en perfilamiento racial contra latinos en el proceso. Cuando las violaciones constitucionales dieron lugar a la demanda Melendres, un juez determinó que eran tan generalizadas que incluyó a más de 1 millón de residentes latinos del condado como demandantes en el caso. Las consecuencias de este caso pusieron fin a la carrera política de Arpaio.
Sheridan, un republicano, fue el segundo al mando de Arpaio. Durante su campaña para sheriff en 2024, Sheridan se comprometió a cooperar con el supervisor designado por el tribunal. Predijo que el juez a cargo del caso, el juez federal G. Murray Snow, se alegraría de verlo de nuevo en la sala del tribunal, dado su conocimiento del acuerdo. Podría ponerse manos a la obra de inmediato y concluir el caso, afirmó Sheridan.
En junio de 2025, se publicó el informe más reciente que encontró sesgo contra conductores latinos. Meses después, en octubre, Sheridan volvió a la radio repitiendo su argumento: “No ha habido perfilamiento racial ni sesgo en más de 10 años, y de eso se trata esta demanda. El juez no quería que la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa hiciera perfilamiento racial ni tuviera sesgos, y hemos demostrado una y otra vez que los agentes no lo hacen”.
Activistas latinos y residentes que vivieron el perfilamiento racial y las políticas antiinmigrantes de la era de Arpaio siguieron el primer año de Sheridan como sheriff con creciente preocupación.
Recordaban que, como jefe adjunto, Sheridan fue captado en cámara diciéndoles a los agentes que las reformas ordenadas por el tribunal eran “ridículas” y “basura”. (Posteriormente se disculpó ante el juez). También señalaron que Sheridan integró su administración con figuras clave de la época de Arpaio.
Los activistas y residentes dijeron que sus preocupaciones también estaban basadas en la realidad de la segunda administración de Trump.
Mientras Sheridan asumía el cargo, el presidente Donald Trump estaba iniciando planes para deportaciones masivas. Trump encargó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ampliar la participación de las fuerzas del orden locales en operativos en las calles y lugares de trabajo. Si el caso termina ahora, Sheridan tendría libertad para colaborar con ICE, dijeron los críticos. Sin la supervisión del tribunal, la Oficina del Sheriff podría retroceder.
Crédito: Jesse Rieser para ProPublica Credit: Jesse Rieser for ProPublica
La ansiedad y el enojo eran evidentes en el pueblo de Guadalupe en febrero de 2025, cuando Sheridan llegó para su primera reunión pública ordenada por el tribunal como sheriff. Guadalupe fue una de las comunidades más afectadas por las patrullas migratorias y las redadas en lugares de trabajo durante la era de Arpaio. Los residentes, que acudieron para recibir una actualización sobre el caso judicial, recibieron al nuevo sheriff con pancartas que decían: “Deport Jerry Sheridan” (Deporten a Jerry Sheridan) y “We belong together not separated” (Pertenecemos juntos, no separados).
El supervisor designado por el tribunal, Robert Warshaw, informó a la multitud reunida en la cafetería de una escuela primaria que Sheridan había solicitado la cancelación de la reunión, alegando motivos de seguridad relacionados con las protestas contra el ICE que se estaban llevando a cabo en el área metropolitana de Phoenix. (La solicitud fue denegada). Esto enfureció a los residentes.
Su frustración aumentó cuando Warshaw señaló que, aunque la Oficina del Sheriff estaba cumpliendo con más del 90% del acuerdo, fallaba en dos áreas críticas: las continuas disparidades raciales en las paradas de tráfico y la falta de rapidez en la investigación de denuncias de mala conducta contra los agentes. Retrasos prolongados en dichas investigaciones desalentaban al público a denunciar irregularidades por parte de los agentes, dijeron abogados y defensores.
Cuando llegó el turno de Sheridan de hablar, se dirigió a los escépticos citando la muestra de paradas de tráfico que mostraba que los agentes no utilizaban la raza para iniciar las detenciones. También señaló que el departamento estaba priorizando la investigación de quejas por mala conducta de agentes presentadas por residentes latinos.
“El juez quiere una policía libre de sesgos, y yo quiero una policía libre de sesgos”, dijo Sheridan. “Todo lo que puedo pedirles a todos ustedes en esta sala, a las personas que viven en esta comunidad y a los 4.6 millones de personas en el condado de Maricopa, es que me permitan demostrar con acciones lo que he dicho y el hecho de que todos queremos una policía sin sesgos”.
Joel Cornejo, un activista comunitario del sur de Phoenix que había protestado por la llegada de Sheridan, le dijo al sheriff que él había crecido durante las redadas de Arpaio. Expresó sus dudas sobre si Sheridan cumpliría plenamente con la demanda.
“Aprendimos a luchar contra su departamento”, dijo Cornejo. “Destruimos la carrera de Joe Arpaio. Y si atacan a nuestra comunidad, haremos lo mismo con la suya”.
Sheridan reiteró su promesa de demostrarles que el departamento había cambiado de verdad.
“Necesito esa oportunidad, que me la den”, dijo.
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La victoria de Sheridan en la contienda por la oficina del sheriff coronó un regreso que comenzó después de que Arpaio perdiera la reelección en 2016.
Bajo el mando de Arpaio, Sheridan ascendió en las filas hasta convertirse en jefe de custodia en 1999, dirigiendo las cárceles del condado. En 2010, Arpaio lo elevó a jefe adjunto, ayudando a supervisar todo el departamento. Ocupó ese cargo durante seis años.
Durante esos años, el juez Snow dictaminó posteriormente que la Oficina del Sheriff aplicó ilegalmente las leyes federales de inmigración, violó los derechos constitucionales de los residentes e ignoró las órdenes del juez de poner fin a esas prácticas.
Sheridan intentó distanciarse de las controversias que llevaron a la derrota de Arpaio, hablando rara vez de su antiguo jefe. Sostuvo que las redadas y patrullajes migratorios fueron llevados a cabo por una división separada mientras él se concentraba en la administración de las cárceles.
Sheridan respalda su trabajo como jefe de detención, que incluyó la supervisión de 60 oficiales de detención certificados a través de un programa de ICE conocido como 287(g), que permitía al departamento procesar a personas en sus cárceles para su deportación. El condado de Maricopa sigue siendo el único condado de Arizona que proporciona espacio de oficina para agentes de ICE dentro de sus cárceles.
Los esfuerzos de Arpaio para arrestar a inmigrantes indocumentados comenzaron bajo el mismo acuerdo 287(g), que también permitía a los agentes locales cuestionar el estatus migratorio de las personas durante labores policiales rutinarias. Sheridan afirma que no estaba de acuerdo con las tácticas de Arpaio y que intentó persuadirlo de no dirigirse a jornaleros ni establecer patrullajes en comunidades mayoritariamente latinas como Guadalupe. (Arpaio dijo a Arizona Luminaria y ProPublica que consideraba la aplicación de las leyes migratorias como parte de su trabajo).
Durante una audiencia judicial en 2015, Sheridan negó tener conocimiento de una orden judicial preliminar de 2011 —emitida mientras él era jefe adjunto de Arpaio— que prohibía a la Oficina del Sheriff realizar arrestos por motivos migratorios. Según Sheridan, no se enteró de la orden hasta 2014.
Las pruebas presentadas en el tribunal mostraron que Sheridan había sido notificado desde 2011. Snow acusó a Sheridan y a Arpaio de violar “deliberadamente” la orden, ocultar pruebas y no investigar ni sancionar la mala conducta de los agentes, entre otras cosas. “El sheriff Arpaio y el jefe adjunto Sheridan son los autores de la manipulación y la mala conducta que han impedido la aplicación justa, uniforme y adecuada de la disciplina a los empleados de la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa”, escribió Snow en un fallo de 2016. Los declaró en desacato civil al tribunal.
Obtenido y destacado por ProPublica
“No recuerdo exactamente por qué el juez me declaró en desacato al tribunal — qué fue exactamente lo que utilizó en mi contra”, dijo Sheridan a Arizona Luminaria y ProPublica. “No pensó que yo estaba diciendo la verdad porque no estaba al tanto de algo. Y yo fui muy honesto”.
Arpaio no respaldó la candidatura de Sheridan para sheriff en 2024 y ha evitado hablar de él, dejando entrever un distanciamiento. “Cometí un par de errores, que son errores de gestión”, dijo Arpaio a Arizona Luminaria y ProPublica. “Puede que haya designado a algunas personas equivocadas. Pero en la gestión, uno intenta respaldar a su gente y todo eso. Así que, en cualquier organización grande, no se puede ser perfecto”.
Sheridan ocupó puestos clave de liderazgo en su administración con antiguos colegas que trabajaron bajo Arpaio y que, al igual que él, habían dejado la Oficina del Sheriff después de que Arpaio perdiera la reelección. Sheridan nombró al sargento retirado Clint Doyle en la División de Implementación Judicial, responsable de hacer cumplir los mandatos del tribunal. También volvió a contratar a Paul Chagolla, quien dirigía las relaciones públicas en la época de las redadas y operativos de Arpaio. Snow criticó el nombramiento de Doyle, señalando que Sheridan intentó eludir un requisito judicial que exige que los cargos clave relacionados con el acuerdo Melendres sean aprobados por el supervisor.
Doyle y Chagolla no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Christine Wee, la abogada principal de la Unión Americana de Libertades Civiles de Arizona, dijo a Arizona Luminaria y ProPublica que era alarmante ver a tantos integrantes de la administración de Arpaio regresar. “Estas personas fueron fundamentales en los abusos y el terror que muchos de nuestros clientes tuvieron que experimentar”, dijo. “Y volver a traerlos, creo que envía un mensaje peligroso a la comunidad”.
Sheridan reconoce las críticas, pero señala mejoras como la reducción significativa del rezago en las quejas por mala conducta. “A partir de los pecados de la administración anterior, ya hemos tenido tres sheriffs distintos desde entonces, y hay personas que simplemente no quieren dejarlo ir”.
Crédito: Jesse Rieser para ProPublica Credit: Jesse Rieser for ProPublica
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Desde que Sheridan asumió el cargo el pasado enero, Arizona Luminaria y ProPublica han asistido a siete de sus apariciones públicas, han revisado sus declaraciones públicas y lo han entrevistado en tres ocasiones. Durante ese tiempo, sus afirmaciones de que el departamento había hecho lo suficiente para justificar el fin de la supervisión judicial se volvieron más contundentes, y aliados republicanos amplificaron sus esfuerzos.
“Ya es hora de que el público supere algunas de las cosas que ocurrieron hace más de una década y se dé cuenta de que los alguaciles adjuntos que trabajan en su comunidad son realmente buenos agentes del orden”, dijo a Arizona Luminaria y ProPublica en una entrevista en marzo de 2025.
Poner fin al acuerdo eliminaría las tareas de registro casi constantes que enfrentan los agentes mientras están de servicio, incluyendo documentar 13 detalles sobre cada parada de tráfico. Esto dificulta su “capacidad para hacer el trabajo”, dijo Sheridan, y desincentiva la interacción con el público. Los agentes temen que prolongar una parada de tráfico, incluso para una breve conversación, pueda derivar en sanciones.
“Si ven a alguien caminando por la calle, no pueden simplemente detenerse y decir: ‘Hola, ¿cómo estás?’”, dijo Sheridan a Arizona Luminaria y ProPublica. “Cada vez que tienen contacto con un miembro del público, es un proceso largo. Y eso los retrasa y los intimida para no querer hacerlo”.
El pasado marzo, Sheridan comenzó a organizar reuniones, además de los encuentros ordenados por el tribunal, en comunidades rurales atendidas por la Oficina del Sheriff.
En Gila Bend, un pueblo de unas 1,800 personas al suroeste de Phoenix, Sheridan dijo que quería escuchar las necesidades de los residentes. El pueblo paga más de 900,000 dólares al año a la Oficina del Sheriff por servicios de seguridad pública.
“Soy un buen líder y nuestros agentes responden a sus necesidades”, dijo Sheridan al grupo reunido en un centro comunitario. “Y de eso se trata todo esto, ¿no? El trabajo principal del sheriff es mantener a las personas seguras”.
Una diapositiva mostraba datos sobre paradas de tráfico, llamadas de servicio y tiempos de respuesta. “Para la población que hay aquí en Gila Bend, por el número de delitos violentos —al menos los que están registrados aquí— ustedes son una comunidad muy segura”, dijo un teniente de la Oficina del Sheriff al grupo.
El vicealcalde del pueblo, Chris Riggs, quien también fue agente, no estuvo de acuerdo. Los delitos no se están denunciando, lo que hace que el pueblo parezca más seguro de lo que realmente es, dijo.
Los residentes “simplemente ya no confían en la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa”, dijo Riggs. “Se las arreglan por su cuenta”.
Varios residentes estuvieron de acuerdo.
Ningún agente vive en Gila Bend, donde los tiempos de respuesta son lentos y los servicios policiales se han visto afectados, dijeron.
“Los agentes ya no son como antes, cuando salían y convivían con la comunidad”, dijo Riggs.
Sheridan atribuyó la situación al acuerdo judicial, señalando que ha sobrecargado al departamento.
Diez días después, residentes de Aguila, una comunidad no incorporada rodeada de campos agrícolas donde la población aumenta a unas 1,000 personas durante la temporada de cultivo invernal, dijeron al sheriff que ellos también se sentían desatendidos por los agentes.
“Tenemos 9,224 millas cuadradas que cubrir” y recursos limitados, dijo Sheridan.
Sheridan ha intentado abordar esto. Cuando asumió el cargo, había alrededor de 140 vacantes para agentes de patrulla. Aumentó el salario inicial para competir con otras agencias locales de aplicación de la ley en el condado. Para inicios de 2026, las vacantes se redujeron a 65, según su oficina. Sheridan calificó esto como uno de sus mayores logros en su primer año.
Pero la contratación seguía viéndose obstaculizada por el papeleo que los agentes deben realizar para cumplir con el acuerdo, dijo.
Crédito: Jesse Rieser para ProPublica Credit: Jesse Rieser for ProPublica
La Oficina del Sheriff ha logrado avances significativos en un requisito clave del tribunal: reducir el rezago de investigaciones por mala conducta. Aunque este se ha reducido en un 76% desde noviembre de 2022, todavía hay alrededor de 475 denuncias que no han sido investigadas, y tres investigaciones recientemente concluidas databan de 2017.
En junio, la Oficina del Sheriff publicó el informe de paradas de tráfico de 2024, exigido por el tribunal.
El informe registró algunas mejoras. Pero al analizar todas las paradas de tráfico realizadas por los agentes, concluyó: “Las paradas que involucraban a conductores hispanos tenían más probabilidades de resultar en un arresto que las que involucraban a conductores blancos”; y las paradas de tráfico que involucraban a conductores negros, quienes no están cubiertos por el acuerdo Melendres, tenían más probabilidades de durar más tiempo y de resultar en un arresto en comparación con las paradas de conductores blancos.
A pesar de estos hallazgos, Sheridan insistió en que no existía perfilamiento racial en el departamento.
En julio, el equipo monitor del tribunal celebró otra reunión comunitaria para revisar los avances de la Oficina del Sheriff. Fue en Maryvale, un vecindario del oeste de Phoenix donde tres cuartas partes de los residentes se identifican como latinos.
Antes de que comenzara, Sheridan dijo a Arizona Luminaria y ProPublica que, aunque seguía comprometido con alcanzar el cumplimiento total de los requisitos del tribunal, una mayoría de los republicanos en la junta de gobierno del condado “tienen una perspectiva diferente porque son quienes financian lo que hace el sheriff”.
Tres miembros de la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa asistieron a la reunión.
Los residentes latinos y defensores de esta zona, predominantemente demócrata, suelen constituir la mayoría de los asistentes. Pero esta vez, el público estaba compuesto en su mayoría por republicanos blancos, incluidos algunos provenientes de comunidades de jubilados ubicadas a millas de distancia. Desde el frente del gimnasio, Sheridan podía ver carteles que decían: “We support MCSO” (Apoyamos a la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa) y “Take the handcuffs off Jerry!”(¡Quítenle las esposas a Jerry!).
Crédito: Jesse Rieser para ProPublica Credit: Jesse Rieser for ProPublica
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La supervisora republicana Debbie Lesko, quien representa a comunidades de jubilados en las zonas occidentales del área metropolitana, dijo que creía que el acuerdo estaba obstaculizando la seguridad pública. “Están dedicando mucho tiempo al papeleo en lugar de poder brindar seguridad pública. Y cuando hablé con la oficina del sheriff, me dijeron que esto está afectando la moral de los agentes”.
Cuando residentes latinos hicieron preguntas y expresaron sus preocupaciones, fueron interrumpidos por abucheos y quejas de miembros blancos del público.
Warshaw, el supervisor del tribunal, pidió al público que permitiera a otros hablar.
Los simpatizantes de Sheridan se enfocaron en los 350 millones de dólares que los supervisores del condado han aprobado desde 2013 para implementar las reformas ordenadas por el tribunal, incluidos 226 millones asignados a la Oficina del Sheriff. Posteriormente, el supervisor determinó que la Oficina del Sheriff había exagerado considerablemente los gastos totales, y el juez advirtió a los líderes del condado que no citaran esa cifra porque era engañosa.
“Señor Warshaw, dígale al juez que deje de saquear los dólares de los contribuyentes del condado de Maricopa para pagar esa supervisión”, dijo Tom Berry, un jubilado de Sun City, al supervisor. “Aconséjele al juez que ponga fin a la supervisión”.
El caso depende de qué tan bien la Oficina del Sheriff cumpla con los 368 párrafos establecidos en cuatro órdenes judiciales destinadas a erradicar el perfilamiento racial, respondió Warshaw. “¿Queda trabajo por hacer? Sí, aún queda trabajo por hacer. ¿Esto va a durar para siempre? No”.
“Eso parece”, exclamó una mujer.
Salvador Reza es un organizador de larga trayectoria de comunidades latinas y de jornaleros que asiste regularmente a reuniones relacionadas con el acuerdo. Dijo que parecía que los republicanos se estaban organizando para pedir el fin inmediato de la supervisión judicial, algo que Sheridan vería con buenos ojos.
“Eso es lo que él espera, que el tribunal federal lo libere para que pueda hacer lo que quiera”, dijo Reza, señalando que le preocupa el historial de Sheridan con Arpaio y su enfoque del caso desde que asumió el cargo. “Así que no hay manera de que podamos reconstruir la confianza en la comunidad sabiendo muy bien quién es Sheridan”.
Sheridan negó haber coordinado con los supervisores para pedir públicamente el fin del acuerdo.
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Meses después, el debate sobre el costo del acuerdo llegó a un punto crítico.
Miembros de la comunidad pidieron detalles sobre cómo se habían gastado los 226 millones de dólares que la Oficina del Sheriff había atribuido a la implementación del acuerdo. El equipo del supervisor publicó un informe en octubre que concluyó que la Oficina del Sheriff había exagerado considerablemente el costo. Más de 163 millones de dólares, alrededor del 72% del total atribuido a las reformas, no estaban relacionados o carecían de justificación, según el informe.
Sheridan atacó la auditoría.
“Estas personas no son contadores públicos certificados, no tienen la experiencia para auditar una operación gubernamental tan grande”, dijo en el programa conservador de radio de opinión en el que aparece regularmente. “El presupuesto del sheriff es de unos 700 millones de dólares al año, y el presupuesto del condado es de un par de miles de millones. No tienen la experiencia para hacer esto, y por eso presentan este informe”.
Enumeró algunos gastos, incluida una orden para crear y contratar personal a nuevas divisiones. “Tenemos tres doctores que son analistas, y todo esto ha llevado al hecho de que no ha habido perfilamiento racial ni sesgo en más de 10 años, y de eso se trata esta demanda”.
Los abogados de Sheridan solicitaron al tribunal impugnar la auditoría, pero posteriormente retiraron el recurso, diciendo que el condado quería evitar gastos adicionales “innecesarios”.
La auditoría reforzó la creencia de muchos miembros de la comunidad latina de que la agencia no podía ser confiable.
Después de la tumultuosa reunión en Maryvale, defensores alegaron que hubo un intento de intimidar a los residentes latinos, incluyendo el uso de insultos raciales en un foro destinado a recabar su opinión y evaluar el progreso de la Oficina del Sheriff.
El juez Snow celebró la siguiente reunión pública en el tribunal federal en el centro de Phoenix. Reconoció la oposición cada vez más vocal al acuerdo y a sus costos, pero lo defendió como necesario.
“Este no es un caso fácil. Es un caso costoso. Es un caso en el que todos en el condado de Maricopa se han beneficiado, lo reconozcan o no”, dijo Snow, antes de señalar que aún quedaba trabajo por hacer para resolver el rezago de denuncias de mala conducta. “El sheriff Sheridan ha hecho un esfuerzo considerable para reducir el rezago que heredó, pero todavía queda un rezago importante por resolver”.
Sheridan reconoció que el acuerdo había mejorado su oficina, aunque a veces generara fricciones. Aun así, los abogados de la Oficina del Sheriff y del gobierno del condado argumentaron ante Snow que ya habían hecho lo suficiente para poner fin a su supervisión.
En diciembre, el condado presentó una moción para eludir las reformas restantes y poner fin a la supervisión judicial. Los abogados de Sheridan se sumaron a la moción en enero.
“Después de 14 años, cuatro sheriffs y cientos de millones de dólares de los contribuyentes gastados, es esencial defender el dinero público si la supervisión federal ya no está justificada”, dijo Thomas Galvin, presidente republicano de la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa en ese momento, en un video publicado tras la presentación de la moción.
Los abogados que representan a los residentes latinos en el caso Melendres se opusieron al intento de poner fin a la supervisión judicial. Snow aún no ha emitido un fallo sobre la moción.
Raúl Piña, miembro de una Junta Asesora Comunitaria ordenada por el tribunal encargada de ayudar a la Oficina del Sheriff a reconstruir la confianza con la comunidad latina, dijo que el impulso para poner fin a la supervisión ignoraba un hecho evidente: los datos más completos aún mostraban que el departamento no había eliminado el sesgo en sus prácticas policiales.
“Si el caso Melendres desaparece, eso elimina protecciones significativas para las personas morenas y negras o para la comunidad inmigrante en el condado de Maricopa”, dijo.
Crédito: Jesse Rieser para ProPublica Credit: Jesse Rieser for ProPublica
Desde que se unió al caso y al acuerdo Melendres en 2015, el Departamento de Justicia de Estados Unidos había respaldado las reformas. Pero con Trump de regreso en la Casa Blanca, Suraj Kumar, abogado de la División de Derechos Civiles del DOJ, informó a Snow en enero que el Departamento de Justicia apoyaba los esfuerzos para poner fin a la supervisión de la Oficina del Sheriff.
Esto aumentó la preocupación de los líderes de la comunidad latina de que la Oficina del Sheriff pudiera nuevamente, como ocurrió bajo el mando de Arpaio, colaborar con ICE y permitir que los agentes hicieran cumplir las leyes migratorias.
Sheridan intentó calmar esas preocupaciones, afirmando que si terminaba la supervisión judicial, no firmaría ese tipo de acuerdo.
Pero las preguntas se intensificaron a medida que ICE desplegaba operativos en Los Ángeles, Chicago y Minneapolis para llevar a cabo deportaciones masivas. Según informes, Phoenix sería el siguiente.
Después de que un ciudadano estadounidense muriera durante operativos de ICE en Minnesota, a Sheridan le preguntaron en un programa conservador de radio de opinión qué haría si algo similar ocurriera en Arizona.
Sus agentes intervendrían si los agentes de ICE hacían algo “ilegal”, dijo Sheridan en la entrevista de mediados de enero.
Cuatro días después, Sheridan se retractó, diciendo que en su lugar respaldaría a los agentes de inmigración: “Estaré aquí para protegerlos para que puedan hacer eso y evitar que las personas interfieran con ellos”.
Cornejo, el activista comunitario que asistió a la reunión en Guadalupe, interpretó este cambio como una señal de que Sheridan se deja influenciar con demasiada facilidad y que no se puede confiar en él sin supervisión judicial. “Frente a un público que tiende a inclinarse hacia la izquierda, va a usar una retórica que da a entender que está trabajando en esas cosas que se supone que debe hacer”, dijo Cornejo. “Si está con personas más conservadoras, su lenguaje y su retórica son completamente diferentes”.
Sheridan afirmó que su postura no ha cambiado y que “cree firmemente que la Oficina del Sheriff cumple plenamente y que la supervisión actual debería concluir”.
Más tarde ese mismo mes, ICE allanó 15 restaurantes del área metropolitana de Phoenix que, según los fiscales federales, habían contratado a trabajadores a sabiendas que eran indocumentados. Se produjeron protestas frente a algunos de los restaurantes allanados.
Sheridan envió agentes para ayudar con el control de la multitud, diciendo que ICE había solicitado primero asistencia a la policía de Tempe, pero que la petición fue rechazada.
“Fuimos allí, no para facilitar lo que estaba haciendo ICE ni involucrarnos en sus asuntos, porque nosotros no hacemos eso”, dijo Sheridan a líderes religiosos latinos y residentes durante una asamblea comunitaria en febrero en el suburbio de Gilbert. “Estábamos allí para mantener la paz”.
El Departamento de Policía de Tempe dijo a Arizona Luminaria y ProPublica que no recibió ninguna solicitud de ayuda por parte de ICE, ni fue notificado con anticipación sobre el operativo migratorio. ICE no respondió a una consulta sobre la participación de las fuerzas del orden locales en las redadas.
Activistas latinos dijeron que este episodio generó más dudas sobre la disposición de Sheridan a colaborar con ICE y sobre si sería transparente respecto a sus intenciones. Señalaron que le sería más difícil recuperar la confianza de la comunidad.
Gabriel Sandoval contribuyó con la investigación.
Traducción: Beatriz Limón
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