Durante años, los propietarios de parques de casas móviles en todo Arizona restringieron qué tipos de aires acondicionados o dispositivos de enfriamiento podían usar las personas en sus viviendas, argumentando que eran ruidosos o poco estéticos. Eso fue hasta 2024, cuando una coalición de grupos logró cambiar la ley estatal para que esa práctica fuera ilegal.
Ahora, una nueva sesión legislativa está en pleno desarrollo y, con ella, surgen esperanzas de contar con nuevas herramientas para mejorar la experiencia de los residentes de casas móviles en Arizona.
Kath Noble es la presidenta de la Asociación de Propietarios de Casas Manufacturadas de Arizona, uno de los grupos involucrados en el cambio de la ley en 2024.
Este año, ella y otras partes interesadas en todo el estado pasaron meses en conversaciones para decidir qué proyectos de ley eran más urgentes de presentar.
“Fuimos a muchas, muchas reuniones con todo tipo de personas”, dijo Noble.
Realizaron ocho sesiones de escucha con residentes, compañías de servicios públicos y grupos como Wildfire AZ, que se organizan contra la pobreza, para ayudar a redactar proyectos de ley que no solo cambiaran la ley estatal, sino que también añadieran más mecanismos de cumplimiento.
La Asociación de Propietarios de Casas Manufacturadas de Arizona redactó un proyecto de ley que exige mayor capacitación para los administradores de parques, y trabajó con Wildfire para elaborar dos proyectos sobre servicios públicos que impedirían que los propietarios de parques cobren a los residentes más de lo que ellos pagan por gas, electricidad y agua, junto con una tarifa administrativa máxima de 8 dólares.
Luego observaron cómo los proyectos de ley abrían paso a través de la compleja maraña de la Legislatura de Arizona.
“Tienes que encontrar un patrocinador republicano. Si encuentras un patrocinador demócrata, morirá en el comité”, dijo Noble. “Y la mayoría de los proyectos mueren en el comité”.
El mayor gasto del grupo durante la sesión legislativa es también su principal defensor: un cabildero.
El enlace legislativo representa la mayor parte de su presupuesto anual de 62 mil dólares. “Ahora que ya no tenemos un edificio, ni gastos de oficina, ni secretaria de tiempo completo ni nada por el estilo, nuestro mayor gasto es nuestro enlace legislativo”, dijo Noble.
Estarán en la sala con representantes y cabilderos de organizaciones de propietarios, compañías de servicios públicos y una variedad de otros actores con interés en lo que sucede con las casas móviles en Arizona.
A pocos meses de iniciada la sesión legislativa, ocho proyectos de ley relacionados con casas móviles (incluidos los respaldados por Noble) han sido presentados, pero solo algunos han logrado avanzar más allá de la cámara donde se originaron.
Noble tiene más esperanzas en el proyecto ahora denominado SB1805, que impediría que los propietarios trasladen costos excesivos de servicios públicos —gas, electricidad y agua— a los inquilinos, limitándolos a cobrar únicamente lo que imponen los proveedores de servicios y estableciendo un tope de 8 dólares en tarifas administrativas.
“Si logramos que este proyecto se apruebe, ayudaría a muchísima gente”, dijo Noble. “Mucha gente no se da cuenta de que está pagando más de lo que debería”.
Aun así, observar la legislación presentada sirve como un termómetro de los principales problemas que enfrentan los residentes de casas móviles este año: facturas de servicios inusualmente altas, conflictos con la administración de los parques y lo que ocurre con una casa móvil después de un desalojo.
Algunos de los proyectos, incluidos los apoyados por Noble, también han intentado proponer soluciones, como varios que buscan utilizar el fraude al consumidor como herramienta para los residentes cuando los propietarios no cumplen con la ley de inquilinos, o crear una vía para que las quejas por facturas elevadas sean escuchadas por un juez.
Estos son algunos de los proyectos de ley relacionados con la vivienda manufacturada que actualmente avanzan en la Legislatura de Arizona:
SB1805
Este proyecto es un “striker”, lo que significa que inicialmente se presentó bajo otro número (HB2459), pero al no avanzar, su contenido se trasladó a SB1805. El proyecto modifica la forma en que los propietarios pueden cobrar por los servicios de gas, agua y electricidad. En lugar de limitarse a la tarifa residencial básica, establece que los propietarios solo pueden recuperar los cargos impuestos por el proveedor de servicios y fija un tope de 8 dólares para tarifas administrativas.
Manufactured Housing Communities of Arizona, que representa a los propietarios de parques, fue señalado como uno de los opositores al proyecto. El grupo no respondió a una solicitud de comentarios.
HB2199
Requeriría que los administradores de parques completen al menos cuatro horas de capacitación dentro de los seis meses posteriores a iniciar el trabajo, presenten prueba de ello y repitan la capacitación cada dos años. Los inquilinos pueden presentar una queja formal ante el Departamento de Vivienda de Arizona si un administrador no puede demostrar que cumplió con este requisito.
HB2852
Crea un mecanismo para que un inquilino plantee una preocupación por sobrecargos en servicios públicos mediante una notificación por escrito al propietario. Si la disputa no se resuelve en un plazo de 30 días desde dicha notificación, el inquilino podría presentar una demanda civil. El proyecto también permitiría al fiscal general investigar casos en los que los propietarios estén cobrando por encima de la tarifa residencial estándar para viviendas unifamiliares.
SB1393
Modifica detalles sobre el abandono de una casa móvil, incluyendo el requisito de que la vivienda sea inspeccionada antes de ser retirada de su espacio para asegurarse de que no haya personas viviendo en ella ni restos humanos o animales.
HB2713
Convertiría una violación por parte del propietario a la Ley de Arrendadores e Inquilinos de Casas Móviles en un caso de fraude al consumidor.
HB2300
Propone cambios al contrato de arrendamiento entre un parque y los residentes que rentan un lote. Requeriría que el contrato incluya el número de teléfono, correo electrónico y dirección física del administrador de la propiedad y del propietario. También exigiría que el arrendador revele el monto total de la renta, así como cualquier tarifa o gasto obligatorio y su fecha de vencimiento. Si un inquilino no paga la renta a tiempo, el propietario deberá emitir un aviso de falta de pago con cuatro días de anticipación. El proyecto también pausaría ese periodo de cuatro días si el inquilino puede pagar al menos el 50% de la renta atrasada dentro del plazo de notificación.
SB1558
Requeriría que las facturas de los inquilinos especifiquen el total de consumo de servicios, el total de cargos que el propietario debe pagar por periodo de facturación, cualquier tarifa administrativa y la información de contacto para consultas. Un inquilino puede plantear una queja por sobrecargos mediante una notificación escrita al propietario. Si la disputa no se resuelve en 30 días, el inquilino podría presentar una demanda civil.
HB2850
Aclara que una casa móvil se considera abandonada si un inquilino se ausenta al menos 30 días sin informar al propietario y no ha pagado la renta durante ese mismo periodo, y no hay evidencia razonable de que habite la vivienda siete días después de que el propietario haya entregado un aviso de desalojo. También se considerará abandonada si permanece en el terreno tras una sentencia de desalojo. El propietario no puede intentar vender la vivienda hasta que se considere abandonada bajo estos criterios. Si el propietario la vende, deberá pagar al dueño anterior una parte de los ingresos, después de cubrir los costos de venta y de mantenimiento de la propiedad.
Traducción: Beatriz Limón
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