La policía de Tucson realizó más de 800 arrestos relacionados con drogas en el primer trimestre de este año, un aumento del 67% en comparación con el mismo periodo de los últimos tres años, mientras la alcaldesa Regina Romero y el concejo municipal recibieron su primer informe sobre la Iniciativa Safe City, un esfuerzo para abordar el consumo público de drogas, la seguridad en el transporte y la falta de vivienda.
“Safe City es el marco que engloba todos los esfuerzos que estamos realizando para abordar los desafíos que tenemos en torno al acceso a refugio, la crisis de salud pública por el fentanilo y los delitos violentos y otras situaciones que ocurren en nuestra ciudad”, dijo la subadministradora municipal Liz Morales al iniciar la presentación.
La iniciativa abarca tres áreas: la aplicación de la ley sobre el consumo público de drogas y vías hacia el tratamiento; un plan de acción para la seguridad en el transporte; y la emergencia de vivienda y personas sin hogar.
La jefa del Departamento de Policía de Tucson, Monica Prieto, señaló que han realizado más de 700 arrestos por delitos graves y menores relacionados con drogas, sin incluir parafernalia, en el primer trimestre del año en curso, sumando un total de 806.
“Esto nos indica que la crisis de los opioides sigue siendo un problema”, dijo Prieto, quien añadió que los agentes están realizando más arrestos con el mismo número de personal.
La concejal del Distrito 4, Nikki Lee, elogió a Prieto, señalando que ve el aumento en los arrestos como evidencia de que los agentes del orden están trabajando arduamente para responder a las preocupaciones de la comunidad. Lee había planteado anteriormente la idea de explorar una ordenanza a nivel municipal para criminalizar el consumo de drogas en espacios públicos.
Lee había señalado que la ordenanza buscaba abordar un vacío dejado por la Oficina del Fiscal del Condado de Pima, que no procesa muchos casos de posesión de drogas en pequeñas cantidades.
“Hicimos un cambio para fortalecer las herramientas existentes y dejamos la ordenanza en segundo plano”, dijo Lee. “Hubo algunas personas que se sintieron muy aliviadas, pero también hubo otras igual de preocupadas de que estuviéramos abandonando el trabajo. Así que agradezco mucho escuchar esta actualización hoy”.
Prieto señaló que también han realizado 149 derivaciones, es decir, casos en los que a las personas se les ofrecen servicios sociales en lugar de ser arrestadas, y 53 referencias al nuevo centro Sobering Alternative for Recovery.
Keith Bentele, profesor asociado de investigación en la Universidad de Arizona que estudia la falta de vivienda, afirma que los programas de derivación han mostrado beneficios.
“Las personas que fueron derivadas en lugar de arrestadas tuvieron mejores resultados en términos de su salud mental”, dijo. “También analizamos la estabilidad de vivienda y muchos otros indicadores, pero en general el patrón fue el mismo”.
Prieto informó que continúan con los operativos de Safe City, trabajando con organizaciones sin fines de lucro y otros departamentos para conectar a las personas con recursos, mientras utilizan los arrestos como una herramienta de presión.
Estos operativos difieren de una derivación pura, ya que las personas siguen siendo arrestadas, lo que incrementa su interacción con el sistema de justicia penal.
“Entiendo el argumento del gobierno local de que este es un esfuerzo para conectar a personas vulnerables con recursos”, dijo Bentele. “Pero diría que es un mecanismo muy poco deseable utilizar a las fuerzas del orden para intentar conectar a las personas con tratamiento. Y, en general, la literatura sobre adicción y recuperación es muy clara en que los mecanismos coercitivos suelen ser, diría yo, los menos exitosos entre una amplia gama de opciones”.
Seguridad en el transporte
El subdirector de Transporte y Movilidad, Andy Bemis, presentó una actualización sobre el plan de acción de seguridad en el transporte, que fue aprobado en diciembre de 2025. El plan incluía 31 acciones inmediatas, entre ellas el desarrollo de estándares compartidos para el reporte de datos; la formalización de reuniones entre el Departamento de Policía de Tucson (TPD), Sun Tran y la seguridad contratada; y la creación de un panel de control para incidentes de seguridad relacionados con el transporte. Bemis indicó que 29 de estas acciones ya están completas o en proceso.
“Espero poder compartir esos paneles en una próxima reunión”, dijo Bemis.
También señaló que el TPD acaba de iniciar despliegues de servicio especial.
“Hay dos grupos de dos oficiales trabajando lunes, miércoles y viernes, de mediodía a 6 p.m., en cinco corredores prioritarios”, explicó Bemis. Añadió que los paneles están diseñados para ayudar a ajustar esos despliegues según sea necesario.
Financiados con 350,000 dólares de una asignación única de 500,000 dólares, los operativos comenzaron el 9 de marzo y, hasta el 30 de marzo, han resultado en 69 arrestos, 139 advertencias y nueve derivaciones a servicios.
Los 150,000 dólares restantes están destinados a “mejoras ambientales”, como la instalación de iluminación o paisajismo con rocas, “para tratar de desalentar algunos de los comportamientos problemáticos”. Bemis señaló que ocho ubicaciones ya han recibido inversión y que habrá más en el futuro.
“Estamos trabajando en la lista de paradas prioritarias en este momento para continuar con esas mejoras”, dijo.
Con la aprobación de RTANext, Bemis indicó que hay fondos adicionales disponibles para destinar a más trabajos.
“Hay 51 millones de dólares a lo largo de 20 años incluidos en ese plan para mejoras en la seguridad del transporte, lo que equivale a aproximadamente 2.5 millones de dólares al año. Se espera que una gran parte de esos fondos lleguen a la ciudad de Tucson para mejoras en el sistema de Sun Transit”, explicó.
Vivienda y falta de vivienda
Ann Chanecka, directora de vivienda y desarrollo comunitario, presentó la parte de vivienda de la iniciativa Safe City, específicamente los esfuerzos del departamento para desarrollar un proceso que permita al Departamento de Servicios de Planificación y Desarrollo aprobar permisos de uso temporal para espacios exteriores seguros y sitios de estacionamiento seguro en la ciudad. Estos lugares brindan espacio para que las personas instalen campamentos o vivan en sus vehículos mientras atraviesan una situación de falta de vivienda.
“Para un espacio exterior seguro, todos están familiarizados con Star Village. Ese es el modelo de un espacio exterior seguro, donde se utilizan tiendas de campaña o estructuras para conectar a las personas sin vivienda con servicios y proporcionar un nivel de seguridad”, dijo Chanecka. “Los sitios de estacionamiento seguro son similares; sin embargo, están destinados a personas sin vivienda que tienen vehículos, ya sea un automóvil o un pequeño vehículo recreativo, y también buscan conectarlas, incluidas las familias, con servicios”.
El borrador de la política limita los espacios exteriores seguros a 30 tiendas de campaña o 50 personas, y establece la misma capacidad para los sitios de estacionamiento seguro, permitiendo hasta 50 vehículos en lugar de tiendas. Existen otros requisitos que van desde el número de personal hasta un plan de supervisión y seguridad. Chanecka señaló que la política incluye exenciones para que los permisos sean accesibles, incluso si no se cumplen todas las condiciones.
“Si una pequeña organización sin fines de lucro o un grupo religioso considera que puede ofrecer un nivel de seguridad, pero no puede cumplir con uno o algunos de los requisitos, existe un proceso para solicitar una exención”, dijo. “En general, con los requisitos del sitio, estamos tratando de equilibrar diferentes necesidades. Queremos asegurar que las personas sin vivienda tengan un nivel de seguridad”.
Traducción: Beatriz Limón
Republish our articles for free, online or in print.
