La discusión del Concejo Municipal de Tucson el martes sobre el transporte sin tarifa se volvió tensa, con la alcaldesa Regina Romero afirmando que el exdirector de la Autoridad de Transporte Regional exprimió a los contribuyentes de Tucson, y un miembro del concejo acusando a otro de ser “poco sincero”.
Las distintas posturas sobre las tarifas de transporte surgieron después de que el administrador de la ciudad de Tucson, Tim Thomure, recomendara que la ciudad mantenga el transporte gratuito, señalando que es la opción más viable al menos hasta 2028.
En un memorando analizado durante la sesión de estudio, Thomure presentó una lista de medidas de ahorro de costos y nuevos ingresos por un total de aproximadamente 10.1 millones de dólares anuales, lo que ayudaría a la ciudad a mantener el transporte sin tarifa.
La alcaldesa y el concejo votaron para instruir al administrador de la ciudad y a los funcionarios a renegociar los acuerdos de financiamiento con la Autoridad de Transporte Regional (RTA), buscando un sistema más justo en cuanto a cómo contribuyen las ciudades del condado, lo que ayudaría a mantener el transporte gratuito para los residentes de Tucson.
El transporte en Tucson ha sido gratuito desde marzo de 2020. Inicialmente fue una medida temporal en respuesta al COVID-19, pero desde entonces los líderes de la ciudad han impulsado mantener el transporte sin tarifa durante seis años mientras continúan buscando formas de financiar el sistema.
Tucson se encuentra entre un número pequeño pero creciente de ciudades en todo el país que ofrecen transporte público gratuito. En Arizona, Sierra Vista también ofrece un programa sin tarifa. Otras ciudades de Estados Unidos que experimentan con tarifas cero incluyen Richmond, Virginia; Corvallis, Oregón; y Albuquerque, Nuevo México.
Funcionarios de transporte de Tucson revisaron un análisis sobre la reimplementación de tarifas.
El sistema tendría un costo estimado de 1.1 millones de dólares en el primer año de volver a cobrar tarifas, con un costo continuo estimado de 818,000 dólares anuales. Además, en 2028, las máquinas expendedoras de boletos, que ya están envejecidas, tendrían que ser reemplazadas, con un costo único de aproximadamente 6 millones de dólares, según el memorando. La ciudad podría buscar fondos federales y subvenciones para ayudar a cubrir ese gasto.
Si se restablecieran las tarifas a los niveles de 2018, esta opción generaría la mayor cantidad de ingresos, produciendo un estimado de 9.4 millones de dólares en un año, según las proyecciones del memorando. En 2018, los viajes en Sun Tran y Sun Link costaban 1.75 dólares al tipo de cambio en efectivo para los servicios que no eran exprés.
La alcaldesa se opuso, señalando que ni ella ni ninguno de los miembros del concejo están abogando por el regreso de las tarifas de 2018. No todos los miembros del concejo estuvieron de acuerdo en que el transporte deba seguir siendo gratuito.
La concejal Nikki Lee dijo que la ciudad está subsidiando el transporte utilizando aproximadamente el 9% del fondo general. Argumentó que mantener el transporte sin tarifa no es sostenible.
“Seguimos destinando decenas de millones de dólares de nuestro presupuesto general al transporte público, lo que repercute directamente en nuestra capacidad para invertir en más servicios”, dijó Lee. “Por lo tanto, a pesar de la incertidumbre en cuanto a los datos, el desafío financiero subyacente sigue siendo muy real, y debemos avanzar hacia un modelo equilibrado y sostenible”.
Un factor que afecta los ingresos estimados si se restablecieran las tarifas es el aumento en el número de usuarios de bajos ingresos que calificarían para tarifas reducidas.
“En 2025, aproximadamente el 71% de los usuarios tenía ingresos lo suficientemente bajos como para calificar para la tarifa gratuita propuesta para personas de bajos ingresos”, señala el memorando.
Ante el aumento de las preocupaciones sobre la economía de Estados Unidos, los funcionarios de transporte estiman una reducción en el número de usuarios si la ciudad vuelve a cobrar por el servicio.
Los ahorros y nuevos ingresos para el sistema incluyen alrededor de 1.4 millones de dólares en “cambios menores en el servicio dentro del sistema Sun Tran”, así como la eliminación de la Ruta 22 de Sun Tran, que va desde el Centro de Tránsito Ronstadt, en el centro de la ciudad, hasta las Escuelas Estatales de Arizona para Sordos y Ciegos, pasando por el campo de golf El Rio y regresando a la estación de tránsito del centro. La Junta Directiva de las Escuelas de Arizona para Sordos y Ciegos votó en febrero trasladar el campus de Tucson a Oro Valley.
El análisis destacó aproximadamente 8.75 millones de dólares en nuevos ingresos, incluyendo 2 millones anuales provenientes de la contribución de Visit Tucson, cerca de 5 millones derivados de un reciente aumento en el impuesto a los servicios públicos y aumentos en el impuesto local a los hoteles.
También contribuirá a cubrir los costos del transporte el financiamiento esperado del plan RTA Next, aprobado por los votantes en una elección especial el mes pasado. RTA Next extendió un impuesto sobre las ventas de medio centavo para financiar proyectos regionales de carreteras y transporte durante los próximos 20 años.
El plan de transporte incluye financiamiento para los costos de operación del tranvía, la expansión de las áreas y horarios del servicio de autobuses, y 51,000 dólares destinados a la seguridad y protección del sistema de transporte.
Romero señaló que los contribuyentes de Tucson han estado cargando con una “carga financiera” para otras jurisdicciones fuera de los límites de la ciudad.
“Ya es hora de que abordemos los desequilibrios que el anterior director ejecutivo de la RTA nos ha impuesto. Es muy injusto cargar esos créditos a la ciudad de Tucson y no cobrárselos a Oro Valley, Sahuarita, el Condado de Pima o Marana, lo que realmente le ha costado a la ciudad más de 2 millones de dólares al año”, dijo Romero. “Así que realmente necesitamos volver a la mesa de negociación, para trabajar con el Sr. (Michael) Ortega, el nuevo director ejecutivo de la RTA, y rehacer los acuerdos intergubernamentales que tenemos con ellos”.
Arizona Luminaria se comunicó con funcionarios de la RTA después del horario laboral.
El memorando señaló desigualdades en la contribución de la ciudad a la RTA, argumentando que Tucson paga más en comparación con otras ciudades del área metropolitana. Una política que exige que las ciudades cubran las pérdidas de ingresos derivadas de los servicios sin tarifa de Sun Shuttle y Dial-a-Ride no se ha aplicado de manera consistente en todas las ciudades incluidas en la RTA, indicó Andy Bemis, subdirector de Transporte y Movilidad, al concejo.
“La ciudad de Tucson ya no debería proporcionar créditos por ingresos de tarifas a la RTA si la RTA no los está recaudando de otras jurisdicciones miembros de PAG/RTA”, señala el memorando.
Se espera que la ciudad cubra aproximadamente 2.7 millones de dólares en créditos por ingresos de tarifas en el año fiscal 2026.
Sun Shuttle es un servicio de ruta fija para personas en Marana, Oro Valley y Catalina, Green Valley y Sahuarita, Tucson Estates, el Distrito San Xavier, Rita Ranch y Ajo.
Credit: Michael McKisson
La alcaldesa señaló que es importante que Tucson continúe trabajando con el Grupo de Trabajo de Ciudad Segura para mejorar la seguridad en las rutas de transporte. Como parte de su plan de seguridad en el transporte, la ciudad está trabajando para incorporar embajadores de seguridad, personas que ayudarían a conectar a los usuarios con servicios y recursos.
La concejal Lane Santa Cruz enfatizó que volver a cobrar tarifas no resolverá los problemas de seguridad. Señaló que llevar a más usuarios a los autobuses en realidad reduciría el crimen en las rutas, citando la disminución de delitos graves en Filadelfia y Minneapolis a medida que aumentó el número de pasajeros.
“Más usuarios significa más ojos, más presencia comunitaria, sistemas más seguros”, dijo Santa Cruz. “El transporte sin tarifa es una estrategia de seguridad. Una caja de cobro no lo es”.
Lee dijo que la ciudad debería volver a consultar a la comunidad para saber si desean avanzar con el transporte sin tarifa.
“Necesitamos escuchar ampliamente a la mayor cantidad posible de residentes de Tucson”, dijo Lee. “No solo comentarios anecdóticos, sino aportes reales y estructurados de toda la comunidad.”
Señaló la importancia de obtener retroalimentación de actores locales, incluidos defensores del transporte sin tarifa, el sindicato Teamsters, usuarios del sistema de transporte, la comunidad empresarial, empleados de la ciudad y funcionarios de seguridad pública.
Intentando sustituir la moción de Santa Cruz para instruir al personal de la ciudad a renegociar los acuerdos con la RTA, Lee propuso que los funcionarios municipales trabajaran en acuerdos intergubernamentales con la RTA, además de “llevar a cabo una participación comunitaria sólida” durante 90 días.
“Creo que esto es poco sincero viniendo de una miembro del concejo que ha dicho consistentemente que está en contra del transporte sin tarifa, que no votaría por un presupuesto que lo mantuviera”, dijo Santa Cruz sobre la postura de Lee.
Romero señaló que considera que debería haber una discusión estratégica con la comunidad que dure más de 90 días. Advirtió sobre la realización de reuniones demasiado generales, donde las personas podrían relacionar el consumo de drogas y el crimen con el transporte sin tarifa sin evidencia.
La moción de Lee fracasó con una votación de 3 a 4.
Esto dio paso a que el concejo votara la moción original de Santa Cruz, la cual fue aprobada por unanimidad.
La concejal Miranda Schubert dijo que regresar constantemente al debate sobre si mantener el transporte sin tarifa genera incertidumbre entre los residentes y limita la capacidad de los representantes de la ciudad para planificar soluciones y estrategias para financiar el sistema a largo plazo.
“Creo que es una pérdida de tiempo seguir amenazando con restablecer tarifas cuando sabemos que el 71% de los usuarios del sistema califican como de bajos ingresos”, dijo Schubert.
Agregó que es momento de promover adecuadamente el transporte sin tarifa como un servicio para todos los residentes de Tucson.
“El acceso universal al transporte, de hecho, es una garantía y una certeza que podemos ofrecer en tiempos de extrema incertidumbre”, dijo Schubert. “Esa debería ser la función del gobierno local”.
Traducción: Beatriz Limón
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