Hace tres meses, Cheyenne tenía 37 años y había estado sin vivienda desde julio, tras un conflicto con su familia. Era la primera vez que vivía en la calle y recientemente había perdido su automóvil, el único lugar donde había podido dormir de manera constante.
“No me di cuenta de lo difícil que iba a ser, especialmente siendo mujer”, dijo Cheyenne.
Cheyenne habló con reporteros de Arizona Luminaria en enero, mientras recorrían la ciudad para conversar con personas que viven sin refugio en el condado de Pima durante el Point in Time Count que se realiza anualmente en la ciudad, un esfuerzo de un solo día que se realiza a nivel nacional para estimar cuántas personas están experimentando la falta de vivienda.
En todo el condado de Pima, cientos de mujeres enfrentan la falta de vivienda de maneras similares.
Cheyenne se encuentra entre quienes están representadas en el conteo de 2026, el cual encontró que las mujeres y niñas constituyen alrededor del 35% de las personas que experimentan la falta de vivienda a nivel local, mientras que los hombres representan casi dos tercios.
En un lote baldío justo al sur de la estación de autobuses Greyhound, Izzy y su amigo recogieron sus bolsas y se movieron lentamente durante la mañana de enero que reportaba los 46 grados.
Izzy es Pascua Yaqui y creció en tierras tribales, según contó. Se negó a decir cuánto tiempo ha estado sin vivienda. Pero fue cantinero en un casino y tiene educación. De niño asistió a campamentos de verano.
“En estos momentos, no tener hogar es una elección”, afirma. “Algunas personas sufren traumas o simplemente nunca tuvieron una familia. Algunas personas nunca lograron salir adelante”.
Las personas pueden estar destinadas al fracaso, señaló.
“Debe abolirse la ley que hace ilegal ser una persona sin hogar. Hay que sacar la política del bienestar social. Es un problema de atención médica”.
Los datos del conteo de 2026 muestran cuán profundamente influyen esos factores estructurales. De las 2,130 personas contabilizadas en situación de falta de vivienda en el condado de Pima, más del 70% vivía sin refugio —en lugares como cauces, aceras y campamentos— en lugar de en albergues o viviendas de transición.
Kane Taylor no esperaba permanecer en Tucson tanto tiempo como lo ha hecho, pero le ha resultado difícil irse. Un accidente automovilístico en 2021 le dejó una cojera pronunciada; también lo empujó a una racha de mala suerte que terminó con la pérdida de su apartamento.
Había estado sin hogar desde 2021. El día del conteo, sus pertenencias estaban en un carrito de compras, y llevaba un suéter gris con la capucha puesta para protegerse del frío de la mañana.
“Da miedo porque no sabes si vas a pasar la noche”, dijo Kane. En parte porque puedes ser agredido o asaltado, pero el calor y el frío alternantes también son difíciles.
Para personas como Kane, la falta de vivienda a largo plazo es común. El conteo puntual encontró que al menos 829 personas en la región se consideran sin hogar permanente, lo que significa que han experimentado la falta de vivienda durante un año o más mientras también viven con una discapacidad o con una condición de salud.
Kane ha tenido dificultades para encontrar un albergue que funcione para él.
“Tienes que ir a rehabilitación solo para conseguir un lugar adentro”, dijo Kane. “Con los recortes de financiamiento, todos están perjudicados”.
Las cifras reflejan esa brecha. Solo alrededor de una cuarta parte de las personas contabilizadas se alojaba en refugios de emergencia, y aún menos en programas de vivienda segura.
Estos recortes de financiamiento también han llevado a una reducción en el número de camas en albergues y, a su vez, a una disminución de las personas alojadas, agravada por renovaciones temporales en los refugios que limitan la disponibilidad de camas.
Kane también acumuló varias multas por allanamiento mientras dormía al aire libre en los cauces y parques donde las ordenanzas de la ciudad ahora prohíben dormir. La mayoría de esas multas probablemente tenía órdenes de arresto, pero dijo que acudir a un evento para anular órdenes puede terminar en libertad condicional, un compromiso que le resultaría difícil cumplir sin un teléfono o un lugar estable donde vivir.
Estaba ahorrando para un boleto de autobús y una noche en un hotel que le ayudara a salir de Tucson.
“No vengan aquí”, fue el consejo de Kane.
Casi 400 voluntarios participaron en el conteo de 2026, encuestando a personas en todo Tucson y el condado de Pima el 27 de enero para comprender mejor quiénes están experimentando la falta de vivienda y qué servicios se necesitan.
Los resultados muestran una crisis que, aunque se mantiene estable, es amplia: las 2,130 personas en situación de falta de vivienda en todo el condado de Pima representan una disminución del 4% respecto al año pasado. La disminución no prueba una tendencia, ya que la falta de vivienda en el condado de Pima se ha mantenido relativamente estable desde 2022, incluso cuando los datos nacionales muestran aumentos significativos en los últimos años.
Se espera ampliamente que las cifras del Point in Time Count sean un subregistro, simplemente porque no es posible contar a todas las personas, según dijeron las autoridades.
Pero los datos también ponen de relieve disparidades.
Las personas indígenas siguen estando sobrerrepresentadas entre quienes experimentan la falta de vivienda, al igual que los residentes negros.
Muchos también viven con graves problemas de salud. Cientos de las personas contabilizadas reportaron enfermedades mentales graves o trastornos por consumo de sustancias.
El conteo “nos ayuda a entender cuántos de nuestros vecinos están experimentando la falta de vivienda y la capacidad que requiere el sistema de respuesta a la falta de vivienda para atender las necesidades de la comunidad”, señalaron los organizadores en el informe.
Traducción: Beatriz Limón
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