Mientras los conductores de Sun Tran amenazan con irse a huelga por preocupaciones relacionadas con la seguridad, el Concejo Municipal de Tucson aprobó el martes financiamiento para un nuevo programa de embajadores de tránsito y un aumento de los patrullajes policiales, como parte del primer año de un plan de seguridad respaldado por 43 millones de dólares provenientes de fondos para el transporte aprobados por los votantes.
En 2015, cuando los conductores de Sun Tran realizaron una huelga de 42 días, la seguridad de los operadores fue uno de varios factores, junto con los salarios y la contaminación por moho en algunos autobuses, que llevaron al conflicto laboral.
Más de una década después, mientras el sindicato de conductores vota para autorizar una nueva huelga si no se alcanza un contrato antes de finales de junio, las preocupaciones sobre la seguridad siguen siendo uno de los temas más importantes.
El presupuesto propuesto y aprobado el martes asigna recursos para el primer año de un plan de seguridad para el transporte público adoptado por el Concejo Municipal en diciembre de 2025. El plan fue elaborado a partir de reuniones entre funcionarios de la ciudad, líderes sindicales y miembros del comité asesor de transporte de la ciudad.
El Concejo Municipal votó el lunes 5 a 2 para enviar el plan de financiamiento a la Autoridad Regional de Transporte, conocida como RTA por sus siglas en inglés, para su aprobación final de gasto.
Los votantes del Condado de Pima aprobaron en marzo el plan de transporte RTA Next, que extiende un impuesto sobre las ventas de medio centavo para financiar proyectos regionales de carreteras y transporte público durante los próximos 20 años. El plan incluye 43 millones de dólares destinados a la seguridad del sistema de transporte público de Tucson durante las próximas dos décadas, lo que equivale a aproximadamente 2.15 millones de dólares al año.
El sistema de transporte Sun Tran cubre aproximadamente 323 millas cuadradas, cuenta con más de 2,200 paradas de autobús y tres centros de tránsito. Entre los incidentes más comunes reportados por los agentes se encuentran el consumo de drogas al aire libre, la posesión de drogas, la permanencia no autorizada en instalaciones de tránsito, el vandalismo y las agresiones.
El presupuesto destina 700,000 dólares —la asignación más grande— a la contratación de ocho oficiales de policía fuera de servicio que trabajarían 25 horas por semana. También incluye fondos para cámaras en los autobuses, radios de comunicación, herramientas de encuesta y una cuadrilla adicional de limpieza.
El plan también contempla financiamiento para un programa piloto destinado a contratar a cuatro embajadores de tránsito que estarían ubicados en zonas de alto tráfico a lo largo de las principales rutas. Su función sería interactuar con los usuarios, ayudarles con la orientación y, cuando sea necesario, conectarlos con albergues o proveedores de servicios de salud mental.
La propuesta fue recibida en general de manera positiva, aunque varios miembros del Concejo Municipal y la alcaldesa Regina Romero expresaron su deseo de destinar más recursos a estos puestos de los que contempla actualmente el plan.
“Para mí es importante realizar una inversión inmediata en la seguridad de los operadores”, dijo Romero. “Veo que hay fondos para una inversión adicional en la empresa de seguridad privada que hemos utilizado durante años. Preferiría que se asignaran más recursos al programa de embajadores”.
Varios miembros del concejo también mencionaron la posibilidad de que voluntarios complementen el trabajo del personal remunerado del programa.
La versión de la moción que fue aprobada incluyó una enmienda propuesta por la concejal Lane Santa Cruz para aumentar el financiamiento destinado a los embajadores de tránsito, mejoras en las barreras de protección y botones de pánico, además de establecer actualizaciones periódicas tanto para el comité asesor de transporte como para la alcaldesa y el Concejo Municipal.
El Comité Asesor de Transporte de Tucson votó a favor del plan, aunque durante su reunión de mayo algunos integrantes expresaron preocupación por el equilibrio entre las medidas de vigilancia y los esfuerzos de apoyo comunitario. También solicitaron mecanismos concretos para evaluar el éxito del programa de embajadores.
Durante la sesión de estudio del martes, Andy Bemis, subdirector del Departamento de Transporte y Movilidad, señaló que utilizará la reducción en las llamadas de servicio y en los incidentes reportados como indicadores para medir el éxito futuro del plan de seguridad.
Ray Jordan, integrante del comité asesor de transporte y usuario frecuente del sistema, dijo que no se ha sentido inseguro mientras viaja en el transporte público, aunque sí en ocasiones mientras espera el autobús.
“La mayoría de los problemas relacionados con el transporte en realidad no son problemas de transporte; son problemas de seguridad pública”, afirmó.
La realidad de que muchas de las preocupaciones sobre seguridad ocurren alrededor de las paradas y no necesariamente dentro del sistema de transporte, esto se refleja en el plan, que señala que más del 80% de los incidentes ocurrieron fuera de los centros de tránsito.
Jordan también comentó que uno de los aspectos que más inseguridad le genera es la visibilidad limitada desde el autobús, o hacia el interior de este, debido a los anuncios publicitarios colocados en los costados de los vehículos.
Como usuario, “es difícil ver por las ventanas, por lo que no se puede leer un letrero de la calle cuando se llega a una parada de autobús y también es difícil ver quiénes están allí o cuántas personas hay”, dijo Jordan, quien utiliza silla de ruedas. “Si ocurre algún incidente dentro del autobús, los agentes de policía no pueden ver quién está a bordo”.
Para los usuarios, algunas de las medidas de vigilancia contempladas en el plan ya están en funcionamiento, explicó Bemis. Algunos autobuses cuentan con nuevos tipos de barreras entre conductores y pasajeros que, tras recibir más comentarios de los operadores, ayudarán a determinar qué modelos se adquirirán con fondos futuros.
Desde marzo, el Departamento de Policía de Tucson ha implementado operativos especiales en el sistema de transporte, con presencia de agentes alrededor de las rutas seis días a la semana. Durante ese periodo, su intervención ha dado lugar a 730 advertencias, 127 arrestos, 88 citaciones, 28 referencias a servicios de apoyo y 15 desvíos hacia programas alternativos.
Además, Sun Tran ha ampliado las horas de servicio de la empresa privada de seguridad que tiene contratada, añadió Bemis.
Esto se suma a los guardias de seguridad contratados por Sun Tran, quienes están presentes en el sistema, pero no retiran físicamente a pasajeros de los autobuses ni detienen a personas.
La Autoridad Regional de Transporte (RTA) aún debe determinar si los elementos propuestos dentro del presupuesto de 2.15 millones de dólares —que representa la cantidad anual reservada para la seguridad del transporte público de Tucson— son elegibles para recibir financiamiento.
Entre las preguntas de fondo que surgieron durante la discusión sobre el transporte público estuvieron las relacionadas con la seguridad en la sociedad en general, así como el papel que desempeña el sistema de transporte al ofrecer una opción inmediata para resguardarse del calor a muchas personas sin vivienda en la ciudad.
“El otro aspecto de la seguridad es el calor extremo que estamos experimentando en Tucson”, dijo la concejal Miranda Schubert. “Necesitamos más sombra y más bancas donde las personas puedan sentarse”.
En medio de las temperaturas extremas, los autobuses siguen siendo una vía fundamental para que las comunidades sin vivienda accedan a centros de enfriamiento, además de representar un espacio con aire acondicionado y accesible en distintos puntos de la ciudad.
“Tenemos pruebas que muestran que la delincuencia está disminuyendo en Tucson, pero también se trata de cómo se siente la gente”, dijo la alcaldesa Romero.
Gator-Aid, un grupo de ayuda mutua que distribuye alimentos y suministros de primeros auxilios mediante una unidad móvil en el centro de la ciudad, señaló que en varias ocasiones la policía y los guardias de seguridad les han pedido retirarse del Centro de Tránsito Ronstadt mientras compartían materiales con la comunidad.
“Si nuestra comunidad no apoyara de manera tan visible nuestra presencia, sentimos que no podríamos continuar nuestras distribuciones allí. Por lo que hemos observado dentro y alrededor del centro de tránsito, la presencia policial solo ha contribuido a intensificar situaciones tensas”, dijo el grupo a Arizona Luminaria en respuestas enviadas colectivamente por correo electrónico. Entre los organizadores que respondieron se encontraban Bethany Bones, Laura Ruiz y Brenna Bailey.
El grupo también señaló que comprende que los operadores de autobuses no deberían asumir funciones de vigilancia o aplicación de la ley, pero considera que los problemas que generan conflictos a bordo son más amplios y que no se resolverán principalmente con una mayor presencia policial.
Según la organización, les gustaría ver inversiones en recursos que atiendan necesidades inmediatas de la población, como espacios para refrescarse e hidratarse, asientos cómodos en las paradas de autobús, baños públicos accesibles y lugares seguros para el consumo de drogas y la disposición de agujas usadas.
Suzanne Schafer, integrante del Comité Asesor de Transporte, señaló que existe la necesidad de que las personas se sientan bienvenidas en el sistema de autobuses, incluidas aquellas que no tienen vivienda, y consideró que un mecanismo de retroalimentación más constante, como reuniones virtuales periódicas para usuarios, podría ayudar a obtener opiniones de manera más consistente.
A su juicio, las preguntas sobre la seguridad en los autobuses no pueden separarse de preocupaciones más amplias, como la alta tasa de muertes de peatones y ciclistas en las calles de Tucson, ni de la percepción general de seguridad que tienen las personas en sus comunidades.
“El programa relacionado con la seguridad y el uso de los autobuses tiene que ver con el entorno en el que opera el sistema de transporte”, dijo. “Creo que todos debemos asumir la responsabilidad de crear un espacio seguro: conductores, pasajeros y todos nosotros”.
Traducción: Beatriz Limón
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