Este artículo fue producido para la Red de Reportajes Locales de ProPublica, en colaboración con Arizona Luminaria. Suscríbase a Dispatches para recibir las historias de ProPublica en su bandeja de entrada cada semana.
La oficina del sheriff más grande de Arizona está perdiendo terreno en sus esfuerzos por cumplir con las reformas ordenadas por un tribunal, derivadas de una prolongada demanda y un acuerdo por discriminación racial, según concluyó el monitor designado por la corte.
Una investigación iniciada el año pasado por el equipo del monitor y publicada este mes señala un “patrón preocupante” de violaciones a las políticas del departamento y a las órdenes judiciales que socavaron los esfuerzos para investigar conductas indebidas y erradicar la elaboración de perfiles raciales en la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa. Los hallazgos hacen eco de acusaciones formuladas hace una década que derivaron en cargos por desacato contra líderes de la oficina del sheriff.
La investigación del monitor se produce después de un análisis de Arizona Luminaria y ProPublica que encontró disparidades raciales persistentes en las detenciones de tránsito realizadas por la oficina del sheriff, las cuales continúan obstaculizando el cumplimiento de las órdenes judiciales. En esta ocasión, las acusaciones se centran en la Oficina de Normas Profesionales (Professional Standards Bureau), encargada de investigar los reportes de conducta indebida.
El juez federal de distrito G. Murray Snow, quien supervisa el cumplimiento del acuerdo judicial, nombró a Robert Warshaw como monitor en 2014 para dar seguimiento a las reformas ordenadas por la corte. Entre otros señalamientos, Warshaw afirmó que la dirección de la oficina del sheriff intentó presionar al comandante de la Oficina de Normas Profesionales para reabrir investigaciones ya cerradas sobre dos agentes que habían sido sancionados e incluidos en la lista Brady, una base de datos pública de agentes con antecedentes de conducta indebida.
El monitor también sostuvo que los altos mandos intentaron intervenir en el proceso disciplinario para proteger a empleados acusados de irregularidades. Cuando el comandante se resistió, fue colocado en licencia administrativa, investigado por una agencia externa y transferido temporalmente fuera de la oficina, según el informe.
“Lo que el Equipo de Monitoreo ha encontrado aquí es un intento de crear una cultura interna en la que el favoritismo y las represalias sean herramientas de control: para influir en los resultados; infundir temor en quienes impulsan cambios; y otorgar favores y posiciones a quienes se pliegan a directrices equivocadas”, señala el informe.
Como resultado, el monitor determinó que la oficina del sheriff ha retrocedido en el cumplimiento de las reformas ordenadas en el acuerdo alcanzado en la demanda colectiva Melendres v. Arpaio. La demanda acusó a la agencia de utilizar detenciones de tránsito para arrestar a personas por motivos migratorios, incurriendo en discriminación racial contra los latinos. En ese momento, la corte también determinó que, cuando el público denunciaba conductas indebidas, el entonces sheriff Joe Arpaio y otros funcionarios interferían en las investigaciones. En 2016, la corte declaró a Arpaio culpable de desacato penal por continuar realizando arrestos migratorios en violación de órdenes judiciales, aunque posteriormente fue indultado por el presidente Donald Trump.
Las violaciones constitucionales comenzaron en 2007, durante la gestión de Arpaio. El actual sheriff, Jerry Sheridan, heredó el acuerdo judicial cuando asumió el cargo en enero de 2025. Sheridan ascendió dentro del departamento hasta convertirse en el segundo al mando de Arpaio en 2010. En 2016 fue declarado en desacato civil por negar tener conocimiento de una orden judicial que prohibía continuar realizando arrestos migratorios, pese a que durante el juicio se presentó evidencia en sentido contrario. Sheridan sostiene que siempre dijo la verdad. Durante su campaña y después de asumir el cargo, marcó distancia de su antiguo jefe y afirmó que estaba comprometido con la implementación de las reformas.
La oficina del sheriff presentó ante la corte una respuesta de 78 páginas a la investigación, en la que negó haber violado órdenes judiciales o políticas del departamento y calificó la investigación como “especulativa” e “improcedente”. La oficina del sheriff sostuvo que los incidentes en cuestión demostraban que los mecanismos internos de supervisión fortalecidos por las órdenes judiciales estaban funcionando correctamente y que el monitor estaba sancionando al departamento por cumplir precisamente con esas órdenes y políticas.
El departamento también afirmó que la decisión del sheriff de colocar al comandante en licencia administrativa y remitirlo para una investigación por parte de una agencia externa estaba justificada y también era requerida por las órdenes judiciales.
La oficina del sheriff señaló que, al asumir el cargo, el nuevo equipo designado por Sheridan solicitó la opinión del comandante de la Oficina de Normas Profesionales sobre la posibilidad de revisar investigaciones que ya habían concluido o que se encontraban en proceso de apelación, con el fin de determinar si existía la posibilidad de modificar sus resultados, aunque finalmente decidió no tomar ninguna medida adicional.
“Debido a que la denuncia alegaba una conducta de naturaleza delictiva (manipulación de pruebas) contra el actual comandante de la Oficina de Normas Profesionales, remitir el asunto a una agencia externa era la única manera de evitar un conflicto de interés”, señaló la oficina del sheriff en el documento presentado ante la corte.
En una declaración por separado a los reporteros, Sheridan cuestionó si la investigación del monitor se había extendido a “áreas relacionadas con la discrecionalidad administrativa, la gestión del personal y desacuerdos sobre políticas internas que corresponden más apropiadamente al liderazgo de la agencia”.
La oficina del sheriff también cuestionó el momento en que se dio a conocer la investigación, apenas dos semanas antes de los argumentos orales sobre si debe concluir la supervisión judicial. Los abogados de la oficina del sheriff se preparan para argumentar que la agencia de seguridad pública ha cumplido con todos los requisitos del acuerdo relacionados con la discriminación racial y que, por lo tanto, debe ser liberada de la supervisión establecida por el acuerdo judicial. En la respuesta presentada ante la corte, la oficina del sheriff afirmó que el monitor, al “discutir estos asuntos, busca únicamente proporcionar declaraciones incendiarias” para favorecer la oposición de los demandantes a la solicitud del Condado de Maricopa de poner fin a la supervisión.
Desde 2013, Snow ha emitido cuatro órdenes judiciales que contienen 368 requisitos para el departamento. Warshaw, el monitor designado por la corte, da seguimiento al cumplimiento de esas órdenes y presenta informes trimestrales sobre el progreso del departamento.
La Oficina de Normas Profesionales continúa siendo uno de los principales focos de la supervisión judicial, en gran parte debido al rezago en las investigaciones por conducta indebida. La incapacidad para eliminar ese rezago es una de las principales razones por las que la oficina del sheriff aún no ha demostrado que puede supervisarse a sí misma y cumplir plenamente con las órdenes judiciales.
El capitán Gregory Lugo dirige la Oficina de Normas Profesionales desde febrero de 2021. Bajo su liderazgo, el rezago se redujo de más de 2,100 investigaciones por conducta indebida en noviembre de 2022 a 371 en mayo. Sin embargo, en abril de 2025, Sheridan colocó a Lugo en licencia administrativa, lo que dio origen a la investigación del monitor.
Al mismo tiempo, la oficina del sheriff remitió una denuncia penal contra Lugo al Departamento de Seguridad Pública de Arizona. De acuerdo con el informe del monitor, la agencia estatal cerró la investigación sin encontrar pruebas de irregularidades. Un investigador independiente contratado por la corte para revisar la investigación del Departamento de Seguridad Pública también concluyó que las acusaciones contra Lugo carecían de fundamento y lo exoneró de cualquier conducta indebida.
La denuncia penal fue presentada por un sargento a quien Lugo degradó de rango en 2020. Lugo también había presentado cargos por insubordinación en su contra. El sargento apeló esas sanciones, que inicialmente fueron confirmadas, pero fueron revocadas después de que Sheridan asumió el cargo.
“El Equipo de Monitoreo concluyó que la razón expuesta para el traslado del capitán Lugo fue un pretexto” y que, en realidad, la medida fue tomada en represalia por no acceder a la interferencia en las investigaciones, en violación de las órdenes judiciales, señala el informe.
El equipo del monitor también destacó el caso de un agente que fue despedido por registrar su entrada en una estación de la oficina del sheriff cuando en realidad estaba trabajando en un empleo fuera de servicio. El agente apeló la decisión. El segundo al mando de Sheridan cuestionó el despido y consultó con Lugo sobre la posibilidad de revisar esa decisión, pero Lugo respondió que el agente había sido despedido por irregularidades en sus hojas de tiempo que representaban “miles de dólares”.
El monitor también indicó que Sheridan y otro integrante del alto mando preguntaron sobre la posibilidad de flexibilizar la política disciplinaria para evitar el despido de un sargento arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol (DUI, por sus siglas en inglés). Los mandos argumentaron que el sargento no debía ser despedido porque él mismo había reportado su arresto. Lugo advirtió que ese cambio probablemente no sería aprobado por el monitor ni por los abogados involucrados en el acuerdo judicial.
La investigación del monitor sobre la Oficina de Normas Profesionales provocó una disminución en los niveles de cumplimiento de la oficina del sheriff con el acuerdo judicial. Las tasas de cumplimiento, que miden el avance del departamento, disminuyeron en tres de las cuatro órdenes emitidas por la corte. La caída más significativa se registró en una orden enfocada principalmente en la supervisión interna y la disciplina, donde la tasa de implementación pasó de 95 % a 70 %. El cumplimiento de otra orden dirigida a eliminar el rezago en las investigaciones pendientes descendió de 88 % a 68 %.
Debido a que la oficina del sheriff impugna las acusaciones, sostiene que continúa cumpliendo plenamente con los requisitos relacionados con la investigación del monitor y calificó la reducción en sus tasas de cumplimiento como una “supervisión punitiva y draconiana”.
De acuerdo con el condado, el costo para los contribuyentes de implementar las reformas ha alcanzado los 350 millones de dólares. El 22 de junio, la Junta de Supervisores del Condado aprobó 36 millones de dólares adicionales para gastos relacionados con el cumplimiento durante el próximo año fiscal. Sin embargo, la corte ha cuestionado esos costos. En octubre pasado, el monitor publicó una auditoría que concluyó que la oficina del sheriff atribuyó erróneamente o infló aproximadamente el 72 % de los gastos relacionados con el acuerdo judicial.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que representa a todos los conductores latinos del Condado de Maricopa como parte del acuerdo judicial, afirmó que la investigación más reciente del monitor demuestra que no se puede confiar en que el departamento se supervise a sí mismo sin supervisión judicial y pidió que el liderazgo de la oficina del sheriff rinda cuentas por las presuntas violaciones de las órdenes de la corte.
“Una agencia pública de seguridad pública como la MCSO no puede operar con impunidad si pretende mantener legitimidad ante las comunidades a las que sirve”, señaló la ACLU en su respuesta a la investigación del monitor.
Snow escuchará los argumentos orales el viernes sobre la moción presentada por los abogados del Condado de Maricopa. Ellos sostienen que la supervisión judicial sobre la oficina del sheriff debe concluir de forma total e inmediata, al argumentar que las reformas ordenadas por la corte han ido más allá del alcance original de la demanda y que la oficina del sheriff ya no incurre en la elaboración de perfiles raciales.
Traducción: Beatriz Limón
Republish our articles for free, online or in print.
