El contrato del gobierno federal para pagar servicios legales para menores no acompañados venció la semana pasada, dejando a decenas de miles de niños inmigrantes en riesgo de avanzar por el sistema migratorio sin apoyo legal.
En Arizona, uno de los principales proveedores de representación legal para niños es Proyecto Florence, con sede en Tucson, que afirma que continuará representando a los menores mientras tenga recursos económicos para hacerlo.
“En Arizona estamos aceptando casos y evaluándolos caso por caso”, dijo Roxana Avila-Cimpeanu, subdirectora de Proyecto Florence, durante una conferencia de prensa el miércoles 5 de agosto. La organización tiene 300 casos de asilo pendientes en Arizona, que incluyen a niños que actualmente están detenidos y a otros que no lo están.
“Continuaremos haciéndolo mientras tengamos los recursos para hacerlo”.
El bufete de abogados que está previsto que reciba el contrato federal de 150 millones de dólares para representar a niños migrantes no acompañados será Burke Law Group, un bufete con sede en Houston cuyos empleados han escrito artículos de opinión a favor de las políticas de Trump y que, según informes de medios de comunicación, no tiene experiencia en materia de inmigración.
Esto forma parte de una ola de cambios que están afectando a los jóvenes inmigrantes en Estados Unidos.
En todo el país, abogados dijeron durante la conferencia de prensa del miércoles que el aumento de los operativos de control migratorio ha provocado que niños sean separados de sus familias y terminen bajo custodia del gobierno, donde defensores alegan que son sometidos injustamente a procesos acelerados de deportación, incluso cuando podrían tener derecho a permanecer en el país.
“Este es el peor momento que hemos visto en cuanto a la manera en que nuestro gobierno está tratando a los niños”, dijo Avila-Cimpeanu.
Traducción: Beatriz Limón
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