“No More Deaths” (No Más Muertes), una organización de ayuda humanitaria con sede en el sur de Arizona, informó que agentes de la Patrulla Fronteriza ingresaron sin una orden judicial a una estación de ayuda humanitaria y arrestaron a tres personas el 23 de noviembre, según un comunicado emitido el lunes.
La estación de ayuda, conocida como Byrd Camp, brinda asistencia médica, alimentos y refugio a personas que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México en condiciones peligrosas.
Voluntarios de No Más Muertes relataron que, al final de la tarde, agentes federales se estacionaron en la entrada del campamento y gritaron por altavoces: “¡Patrulla Fronteriza de Estados Unidos! ¡Salgan, salgan!”. Los agentes solicitaron permiso para ingresar a la propiedad. Cuando los voluntarios se negaron a permitir la entrada sin una orden judicial, los agentes regresaron a sus vehículos y esperaron. Aproximadamente una hora después, regresaron y alegaron una excepción que, según ellos, justificaba el ingreso sin orden porque estaban en “hot pursuit” (persecución activa).
“El martes logramos comunicarnos con nuestro enlace en la agencia y confirmó que los agentes en el lugar no habían estado en persecución activa y que estaban trabajando para atender el asunto y volver a capacitar a sus agentes”, dijo un portavoz de la organización a Arizona Luminaria.
Trabajadores humanitarios grabaron un video del incidente que, según ellos, muestra a los agentes usando la fuerza para irrumpir en varios remolques y estructuras del campamento, rompiendo puertas y ventanas.
Cuando los voluntarios pidieron una justificación legal, dijeron que los agentes les respondieron que se trataba de una excepción por “persecución activa”. Sin embargo, los voluntarios aseguraron que los agentes estuvieron esperando afuera de la propiedad durante aproximadamente una hora antes de ingresar.
“Después de este incidente, nos comunicamos con un abogado y le compartimos la línea del tiempo de los hechos. Él confirmó que este caso no calificaba como ‘persecución activa’ y que el registro fue ilegal. También nos dijeron que teníamos muy pocos recursos legales”, indicó por correo electrónico un portavoz de No Más Muertes a Arizona Luminaria.
La organización informó que no ha presentado una queja formal, pero está explorando esa posibilidad. Además, hasta ahora no han podido localizar a las personas detenidas por la Patrulla Fronteriza.
“La redada molestó a muchos de nuestros voluntarios”, dijo el portavoz de la organización. “Sin embargo, seguimos brindando ayuda en este espacio y planeamos continuar haciéndolo”.
La Patrulla Fronteriza no ha respondido a la solicitud de comentarios de Arizona Luminaria sobre el incidente.
Aunque ya ha habido redadas anteriores en Byrd Camp, en particular en 2017 y dos veces en 2020, esas operaciones previas supuestamente incluyeron órdenes federales de cateo y despliegues de la unidad táctica especializada de la Patrulla Fronteriza, conocida como Border Patrol Tactical Unit.
Según la organización, el ingreso del 23 de noviembre a estructuras cerradas sin una orden judicial representa una escalada significativa. Señalaron que este incidente forma parte de un patrón más amplio de tácticas cada vez más agresivas y potencialmente ilegales por parte de las agencias de control migratorio, un patrón que —según críticos— socava el derecho a la ayuda humanitaria, al debido proceso y a la atención básica de las personas migrantes. No Más Muertes condenó el incidente, calificándolo como una violación a los derechos humanos y un ataque a la ayuda humanitaria.
Desde que No Más Muertes fundó Byrd Camp en 2004, el grupo humanitario ha acusado a la Patrulla Fronteriza de empujar a las personas migrantes hacia zonas más remotas del desierto de Sonora y de manipular los depósitos de agua que dejan a lo largo de la frontera.
Las tensiones se intensificaron durante la primera administración de Trump, cuando la Patrulla Fronteriza allanó previamente el Byrd Camp en Arivaca y fiscales federales intentaron procesar a voluntarios.
La primera redada ocurrió en 2017. No hubo arrestos en ese momento, pero marcó un cambio en la ya conflictiva relación de la agencia fronteriza con No Más Muertes. Luego, en 2020, agentes fronterizos allanaron el Byrd Camp dos veces en un lapso de dos meses y detuvieron a más de 40 personas, según No Más Muertes.
En el ámbito legal, la Oficina del Fiscal Federal en Arizona acusó al voluntario Scott Warren de cargos por encubrimiento derivados de una redada en 2018 en una propiedad de Ajo utilizada por No Más Muertes para organizar la distribución de agua en el desierto circundante. En dos juicios separados, un jurado absolvió a Warren de algunos de los cargos más graves y no logró llegar a un veredicto en los cargos menores, lo que resultó en un jurado en desacuerdo.
En 2019, un juez federal condenó a cuatro voluntarios de No Más Muertes por ingresar y conducir sin permiso en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta y por dejar agua y alimentos enlatados. Pero al año siguiente, otro juez federal en Tucson anuló la condena por motivos de libertad religiosa.
“Cuando la ayuda humanitaria en la región fronteriza es atacada, quienes buscan atención son los que enfrentan el mayor impacto de estas escaladas violentas”, dijo Warren en respuesta a la primera de dos redadas en Byrd Camp en 2020.
Recientemente, el Departamento del Interior de Estados Unidos, a través de la Oficina de Administración de Tierras (Bureau of Land Management), anunció un operativo coordinado de seguridad fronteriza en tierras públicas del sur de Arizona, incluido el Monumento Nacional del Desierto de Sonora y el Área Nacional de Conservación Ribereña del Río San Pedro, como parte de un esfuerzo más amplio para frenar los cruces fronterizos ilegales, el contrabando de drogas y el tráfico en zonas de recursos naturales.
La operación, denominada “Major border operation” (Gran operativo fronterizo), tuvo lugar del 31 de octubre al 9 de noviembre y, según se informa, resultó en la aprehensión de 48 personas, arrestos de presuntos contrabandistas, múltiples paradas de tráfico, incautación de vehículos y confiscación de cantidades significativas de metanfetamina y cocaína, según un comunicado de prensa de la oficina.
Traducción: Beatriz Limón
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