Tiera Rainey, su mamá y su hermana esperan a que funcionarios de la cárcel del condado de Pima liberen a una mujer a la que nunca habían conocido, pero por quien acababan de pagar una fianza de 5,000 dólares. La familia de la mujer no podía reunir esa cantidad de dinero para que pudiera esperar su juicio en casa, junto a su hijo.
Sabiendo que pasarían algunas horas antes de que la cárcel procesara el papeleo, llaman a su familia y caminan hacia el estacionamiento. El hijo de la mujer, de unos 5 años en ese momento, junto con su hermana y su madre, esperan dentro de su automóvil. Observan la puerta de salida de la cárcel, atentos a cualquier movimiento, a cualquier señal de que su ser querido está a salvo y regresando a casa.
Es ya entrada la tarde, en un sofocante día de junio, cuando finalmente la madre sale en libertad hacia la luz del sol de Tucson.
Su sonrisa se abre en su rostro cansado al ver a su familia. Su mamá y su hermana la abrazan por ambos lados. Su pequeño camina hacia ella. De puntillas, con una bolsa de Doritos en una mano, se estira para abrazarla fuerte. Ella se inclina para sostener a su hijo.
Las Rainey observan y graban el reencuentro. Nunca publican el video en redes sociales. Es un momento privado que la familia puede atesorar.
Las trenzas crecidas de la madre están recogidas hacia atrás y, cuando las Rainey le preguntan cómo se siente, ella parece un poco desorientada. Derrama lágrimas, liberando tanto alegría como estrés en ese instante de libertad, junto a su hijo y su familia.
“Fue una experiencia realmente hermosa. Creo que fue entonces cuando realmente comprendimos el poder de lo que intentábamos hacer”, dice Tiera, mientras sus recuerdos fluyen tan rápido que, cuando enfatiza las palabras “hermosa” y “poder”, es como si hablara con acento.
Eso fue hace ocho años. La mujer de Tucson fue una de muchas liberadas en 2017 de cárceles peligrosas y mortales en todo Estados Unidos, como parte de una campaña nacional de justicia para liberar a madres de color encarceladas.
Tiera no sabía entonces que haría más de 100 visitas a la cárcel del condado de Pima para liberar a integrantes de la comunidad encarcelados. Tampoco imaginaba que ese esfuerzo terminaría ayudando a liberar a más de 200 personas de cárceles del sur de Arizona: madres, padres, hijos, hijas, hermanas y hermanos.
Tampoco sabía que una larga lucha por la reforma del sistema de fianzas en uno de los condados más progresistas de Arizona se estancaría bajo una Junta de Supervisores de mayoría demócrata, una fiscalía dirigida por demócratas y un alguacil demócrata.
Aunque ha habido algunos intentos de reforma de la fianza en el condado de Pima, la fianza en efectivo sigue siendo ley estatal, y las autoridades del condado y la ciudad están obligadas a cumplirla y a trabajar dentro de sus limitaciones. Aun así, algunos expertos en justicia penal aseguran que los tribunales locales y los fiscales podrían hacer más.
“Los tribunales del condado de Pima podrían adoptar políticas y prácticas de reforma de fianzas para sus jueces, como imponer condiciones de liberación distintas a la fianza monetaria como una forma alternativa de proteger la seguridad pública y garantizar la comparecencia a futuras audiencias judiciales, y los fiscales podrían alentarlos a hacerlo”, dijo Amelia Cramer, ex fiscal adjunta principal del condado de Pima que trabaja como voluntaria en la sucursal de Tucson de la NAACP, en un correo electrónico.
Esa lucha por la reforma de la fianza ocurrió en medio de un llamado nacional a un ajuste de cuentas racial, mientras las protestas de Black Lives Matter llenaban las calles de Estados Unidos tras la muerte de George Floyd en 2020. Floyd murió después de que un policía de Minneapolis se arrodillara sobre su cuello y espalda durante nueve minutos y 29 segundos. El ex oficial Derek Chauvin fue declarado culpable de asesinato involuntario en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio imprudente en segundo grado por su papel en la muerte de Floyd.
Junto a los llamados a la justicia racial, surgieron también exigencias para reestructurar el sistema de fianzas.
En 2021, Illinois se convirtió en el primer estado en eliminar la fianza en efectivo. La reforma legislativa buscó garantizar que las personas que “deben permanecer detenidas por la seguridad de la comunidad no puedan pagar su liberación, y que quienes pueden ser liberados de manera segura no permanezcan detenidos por falta de recursos económicos”, según el Center for Effective Public Policy.
Un año después de que el cambio se implementara, en 2023, “el número total de personas retenidas en la cárcel antes del juicio disminuyó… En específico, el promedio mensual de la población carcelaria cayó un 14% en el condado de Cook y otros condados urbanos, y un 25% en los condados rurales, con las reducciones más pronunciadas en los primeros meses de aplicación”, según un estudio de 2024 publicado por el Center for Criminal Justice de la Universidad Loyola Chicago.
En Arizona, donde no existe una reforma similar, la madre de Tucson fue arrestada y encarcelada. Habría pasado meses en la cárcel de no ser por el Tucson Bail Fund (Fondo de Fianzas de Tucson), liderado por dos mujeres de color cansadas de esperar a que el sistema de justicia cambiara.
Mientras tanto, vieron cómo algunos defensores de la justicia penal impulsaban una nueva legislación estatal para eliminar la fianza para personas acusadas de delitos menores, que habrían resultado en menos de un año de prisión.
“No será perfecto”, dijo Cramer a Arizona Luminaria en abril sobre la propuesta de ley en Arizona. “Podemos aprobar todas las leyes que queramos y aun así seguirá existiendo prejuicio explícito e implícito entre las personas. Pero lo que el proyecto de ley intenta hacer es abordar esa preocupación de la mejor manera posible”.Mientras tanto, las Rainey continuaron reuniendo donaciones y liberando a personas negras, latinas e indígenas de la cárcel del condado de Pima, un sistema de detención que históricamente ha enfrentado deficiencias en la atención médica y un número desproporcionado de muertes.
Las personas de color están representadas de manera desproporcionada
En todo Estados Unidos, muchas personas permanecen tras las rejas como detenidas en espera de juicio — es decir, sin haber sido condenadas por ningún delito — simplemente porque no pueden pagar la fianza para esperar sus audiencias fuera de la cárcel.
A nivel nacional, se estima que dos tercios de las mujeres que no pudieron pagar una fianza eran madres de hijos menores de 18 años, y poco más de la mitad eran padres con hijos menores, según un análisis de 2018 del Prison Policy Initiative basado en datos federales sobre personas detenidas en cárceles locales. Estos datos corresponden a 2002, la última vez que el gobierno recopiló y publicó estas estadísticas de manera oficial.
Un funcionario de la Oficina Federal de Estadísticas de Justicia dijo a Arizona Luminaria a finales de noviembre que terminaron de recopilar nueva información de encuestas en abril y que actualmente están analizando los datos.
“No tenemos una estimación de cuándo se publicarán los datos y los informes en este momento, pero es probable que no sea hasta el próximo año”, señalaron en un correo electrónico.
Prison Policy Initiative es un centro de investigación no partidista enfocado en analizar datos sobre el encarcelamiento masivo. Su análisis de las cárceles locales mostró que las personas de color están sobrerrepresentadas en proporciones desiguales entre los detenidos sin condena que esperan juicio. Alrededor del 43% de los detenidos sin condena eran personas negras y casi el 20% eran latinos, una sobrerrepresentación en comparación con su proporción en la población de Estados Unidos en ese momento.
Desde 1983, la detención previa al juicio ha provocado un crecimiento del 68% en la población carcelaria a nivel nacional, según Prison Policy Initiative. En general, alrededor del 70% de las personas en la cárcel en Estados Unidos se encuentran detenidas antes de juicio.
En el condado de Pima, el 81% de las personas encarceladas se encuentran detenidas en espera de juicio, es decir, aún no han sido condenadas por un delito, según un memorando del administrador del condado de Pima de mayo de 2024. Esto significa que la tasa de detención previa al juicio del condado de Pima es más alta que el promedio nacional.
La cantidad de personas sin condena tras las rejas por no poder pagar una fianza es particularmente alarmante en comunidades como el condado de Pima, donde la cárcel local ha enfrentado condiciones peligrosas y múltiples muertes.
En años recientes, la cárcel del condado de Pima ha registrado algunas de las tasas de muerte más altas del país, con al menos 10 personas fallecidas en 2022. Aunque el número de muertes ha disminuido, al menos cinco personas han muerto bajo custodia en lo que va de 2025 hasta el 5 de noviembre, según el portal de datos de la Oficina del Médico Forense del condado de Pima.
De las personas detenidas en espera de juicio en el condado de Pima, las comunidades negras, latinas y nativas americanas están representadas de manera desproporcionada.
Las personas permanecieron recluidas en la Cárcel del Condado de Pima un promedio de 25 días, según datos recopilados en 2024 por la filial de la NAACP en Tucson.
Los datos también mostraron que cuesta 495 dólares el primer día y 125 dólares por cada día adicional mantener a una persona en la cárcel del condado de Pima. Eso equivale a casi 3,500 dólares por cada persona que pasa 25 días detenida.
Históricamente, el sistema de fianzas en Estados Unidos se creó para incentivar a las personas a presentarse a sus audiencias judiciales. A menudo, las personas recuperan su dinero de la fianza una vez que cumplen con todas sus fechas ante el tribunal.
“La fianza no es una multa. No se supone que se utilice como castigo”, según la American Bar Association.
Sin embargo, la fianza en efectivo suele permitir que quienes pueden pagarla enfrenten su caso desde casa, mientras que quienes no pueden hacerlo permanecen tras las rejas en cárceles peligrosas o mortales, en espera de su juicio. Esto con frecuencia provoca que las personas pierdan sus empleos, que sus familias y sus hijos sufran, o que los detenidos en prisión preventiva tengan una mayor probabilidad de ser condenados, según investigaciones de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos.
Antea Gatalica, defensora pública en el condado de Pima, ha visto estos efectos de primera mano. Ha tenido clientes que perdieron beneficios del Seguro Social tras permanecer demasiado tiempo en la cárcel. También señaló que algunos de sus clientes encarcelados han sido cobrados en exceso cuando en realidad debieron haber sido reconectados con servicios y tratamiento. A lo largo de los años, ha referido a varios de sus clientes al Tucson Bail Fund.
“Es realmente difícil reconstruir tu vida cuando simplemente estás sentado en la cárcel tratando de resolver un caso”, dijo Gatalica.
Tiera paga su última fianza en enero
La primera fianza que los Rainey pagaron en 2017 fue a través de una recaudación de fondos de Black Lives Matter Tucson en apoyo a la campaña nacional “Black Mama’s Bail Out”. Recaudaron más de lo que esperaban, más de lo necesario para reunir a esa primera madre con su hijo.
Vieron entonces la necesidad de contar con un fondo comunitario de fianzas de largo plazo. Así que crearon uno.
Tiera atribuye a su madre, exfiscal y abogada defensora, la visión y la claridad para comprender cuán poderosa sería esta campaña de libertad para las familias del condado de Pima, especialmente para hombres y mujeres de color.
Unos meses después de la campaña Black Mama’s Bail Out, la madre de Tiera, Lola Rainey, fundó el Tucson Second Chance Bail Fund. Más tarde lo renombraron como Tucson Bail Fund, y Tiera se convirtió en su directora ejecutiva.
Casi una década después, el último viernes de enero de 2025, Tiera se sienta en una banca metálica en la misma sala de la cárcel del condado de Pima donde habían pagado los 5,000 dólares de fianza para aquella primera madre. Observa cómo otras familias pagan fianzas y depositan dinero en las cuentas de sus seres queridos.
La oficina de fianzas en efectivo de la cárcel del condado de Pima está abarrotada, como casi todos los viernes. Una docena de asientos metálicos en filas estrechas. Un teléfono público. Y un quiosco donde, quienes hacen fila para depositar fondos en la cuenta de la comisaría de sus seres queridos, deben pagar un porcentaje como comisión.
Hay tres ventanillas de servicio, pero por lo general solo una o dos están abiertas. Aun así, la mayoría de las familias prefieren hacer fila y ahorrar dinero usando las ventanillas, donde no se cobra comisión por el trámite, explica Tiera.
Tiera paga la fianza de tres personas, espera a que se procesen los documentos y luego sale de la cárcel para llamar a sus abogados o a sus familiares. Su mensaje, como siempre, es sencillo: en unas horas estarán en libertad. Y listos para ver a sus seres queridos.
La sensación es familiar, después de tantos años, dice. Se ha convertido en una visitante habitual de la cárcel de una manera que jamás imaginó. Les dice a los trabajadores de la ventanilla de fianzas que será su última vez allí. Ellos se sorprenden, cuenta entre risas.
“Por un lado, yo decía: no puedo esperar a no volver a estar nunca más en esta cárcel”, dice Tiera.
Vuelve a reír, pero mientras habla su voz se vuelve seria, luego sombría.
“Es un lugar de miseria”, dice. “¿Sabes? Es un lugar de separación. Es un lugar de extracción”.
“Y creo que, en el fondo, fue un poco de tristeza”, añade Tiera, al recordar su última visita a la cárcel. “Porque entendí cuántas personas todavía siguen ahí dentro, cuántas aún necesitan esa ayuda”.
El Tucson Bail Fund cerró a finales de abril después de ayudar a liberar a 219 personas de cárceles del sur de Arizona.
Desde que se pagaron esas últimas fianzas en enero, Tiera y la organización del Tucson Bail Fund han seguido recibiendo correos electrónicos de familiares que piden ayuda. Esto, a pesar de que la organización retiró su formulario de solicitud de fianza.
La decisión de cerrar fue tanto personal — el padre de Tiera murió de cáncer el año pasado y ella está en duelo — como consecuencia de la creciente falta de apoyo a la reforma del sistema de fianzas.
“Algo que le cambió la vida”
Es 2018, y Eddie Hawkins está sentado en una mesa de parque, con el ardiente sol de julio cayendo sobre él, mientras habla de cómo el Tucson Second Chance Bail Fund lo ayudó a enfrentar su caso. En un video publicado en la página de Facebook del Tucson Bail Fund, Eddie cuenta que estaba sin hogar cuando tuvo una recaída y fue arrestado por cargos de posesión de drogas. Dice que llevaba más de 13 años sin enfrentar un cargo por delito grave.
“Gracias a que pagamos su fianza, pudo pelear su caso. Terminó recibiendo libertad condicional”, dice Tiera. “Así que eso fue realmente algo que le cambió la vida”.
La historia de Eddie ejemplifica el objetivo del fondo de fianzas, afirma Tiera.
“Lo que queríamos era interrumpir el ciclo de criminalización que con frecuencia lleva a una gran inestabilidad financiera para las familias”, dice. “Hicimos esta intervención con la esperanza de que ese ciclo se rompiera, y de que las personas obtuvieran mejores resultados porque no estaban en una posición tan estresante como pasar meses encarceladas”.
Al pagar la fianza de personas necesitadas, el Tucson Bail Fund ayudó a que padres estuvieran presentes en el nacimiento de sus hijos. Madres se reunieron con sus hijas e hijos. Una persona pudo continuar su tratamiento contra el cáncer, dice Tiera.
En sus primeros años, el Tucson Second Chance Bail Fund fue administrado por Lola Rainey con la ayuda de Tiera Rainey y donaciones de la comunidad. En 2020, la organización recibió una subvención de Borealis Philanthropy que le permitió asegurar tres puestos de personal, incluido el de Tiera como directora, después de la jubilación de su madre.
A medida que la organización creció, se convirtió en miembro de la Red Nacional de Fondos de Fianzas. Esta red brindó al Tucson Bail Fund mentoría y orientación, explicó Tiera.
El fondo estaba limitado a pagar fianzas de hasta 10,000 dólares, lo que muchas veces no cubría las necesidades de quienes estaban detenidos bajo fianza, según Tiera.
Debido a que las personas negras, indígenas y de color están desproporcionadamente afectadas por el sistema carcelario, el fondo priorizaba las solicitudes de personas BIPOC (personas negras, indígenas y de color). También evaluaban si la persona encarcelada era madre o padre, si era la principal fuente de ingresos de su familia y si tenía necesidades urgentes de salud, explica Tiera.
El Tucson Bail Fund también buscaba educar a la comunidad sobre la reforma y la abolición del sistema de justicia penal.
“Pagar la fianza no es suficiente”, dice Tiera. “La gente necesita recursos. La gente necesita vivienda. La gente necesita trabajo. Reconocemos que había una gran cantidad de barreras que las personas enfrentaban y que nosotros no podíamos resolver”.
La organización también formó parte de la campaña No New Jail (No a una nueva cárcel), “porque entendemos que 800 millones de dólares para una nueva cárcel significan 800 millones que podrían destinarse a vivienda asequible”, dice.
En 2023, la organización hizo una excepción a su límite máximo de fianza de 10,000 dólares para trabajar con un fiador y lograr la liberación de Tyesha Wayne, una madre afroamericana acusada de homicidio en segundo grado tras haber disparado fatalmente a un hombre que ella afirmó era su agresor. Wayne sostuvo que actuó en defensa propia.
Crédito: Michael McKisson. Credit: Michael McKisson
Perdió la custodia de sus dos hijas cuando fue arrestada. A Wayne le fijaron inicialmente una fianza de 1 millón de dólares, que luego se redujo a 150,000 dólares tras una audiencia de reducción de fianza.
Después de que defensores de sobrevivientes de violencia doméstica contactaran al Tucson Bail Fund, la organización trabajó junto a otros grupos comunitarios, incluido Tucson Abortion Support Collective, para reunir 15,000 dólares —el 10% necesario para que un fiador pudiera pagar la fianza. Wayne fue liberada bajo fianza y posteriormente los cargos fueron desestimados. También recuperó la custodia de sus hijas, dice Tiera.
“Estoy muy orgullosa de ese caso, porque pagar la fianza cambió completamente el curso de la historia. Ella pudo defenderse, y al final los cargos fueron retirados”, dice.
Un tercer intento de reforma estatal de la fianza
La representante estatal Alma Hernandez, demócrata por Tucson, presentó este año un proyecto de ley de reforma de la fianza que eliminaría la fianza en efectivo para delitos menores y delitos de bajo nivel castigados con menos de un año de prisión. El proyecto, respaldado por la NAACP de Tucson, ha sido presentado en tres ocasiones.
También permitiría la detención preventiva cuando exista “evidencia clara y convincente de que la persona arrestada ha cometido un delito violento grave, como homicidio, violación, otras agresiones sexuales o robo a mano armada”, dijo Cramer, exjefa adjunta de la Fiscalía del Condado de Pima y voluntaria de la NAACP de Tucson.
El proyecto también plantea, de manera aspiracional, que los jueces consideren el impacto desproporcionado que históricamente el sistema de justicia penal ha tenido sobre las personas de color al tomar decisiones sobre la fianza, explicó. Sin embargo, Cramer no creía que el proyecto fuera aprobado este año, ya que necesitaba apoyo bipartidista de fiscales a nivel estatal.
El proyecto fracasó en la sesión legislativa de 2025.
Aun así, el Tucson Bail Fund no estuvo de acuerdo con esta propuesta de reforma, dice Tiera.
“Quieren una reforma solo para los infractores de bajo nivel, pero desean mantener detenidas a las personas que consideran ‘peligrosas’”, dice. “¿Y a quién van a considerar peligroso? Sabemos que principalmente serán personas BIPOC, probablemente hombres negros”.
Cramer coincidió en que existen pruebas de que las personas de color son detenidas de manera desproporcionada en prisión preventiva bajo fianza. Dijo que el proyecto reconoce ese problema y ayudaría a eliminar parte del sesgo racial y étnico existente, así como el encarcelamiento excesivo de personas de color.
Algunos estados se han sumado al movimiento de reforma de la fianza. Nuevo México, Nueva York y Nueva Jersey han implementado reformas estatales en la última década, enfocándose más en el delito del que se acusa a una persona que en su capacidad de pagar por su libertad.
Aunque la legislación de reforma de fianza no ha prosperado en Arizona, la fiscal del condado de Pima, Laura Conover, ha dicho que los fiscales de su oficina argumentarán a favor de fianzas elevadas o condiciones de liberación según cada caso. En un comunicado de 2021 publicado en el sitio web de la Fiscalía del Condado de Pima, Conover calificó la fianza en efectivo como “anticuada y sin sentido”. Aunque reconoció que determinar cuán peligrosa es una persona para la comunidad no es fácil, dijo que su oficina se estaba alejando del uso de la fianza en efectivo.
“Cuando una persona arrestada representa un riesgo para la seguridad de la comunidad, la Fiscalía argumentará a favor de una fianza alta para mantenerla detenida hasta que se pueda atender ese peligro”, dijo Conover en el comunicado. “Cuando no existe tal amenaza, la Fiscalía argumentará a favor de condiciones de liberación que mejor protejan y sirvan al condado de Pima”.
Tiera ha visto cómo el impulso y la popularidad de la reforma de la fianza han ido perdiendo fuerza, especialmente en Arizona, donde el poder legislativo tiene mayoría republicana. Ella sabe que, por ahora, la reforma de la fianza en el condado de Pima y en Arizona no va a ocurrir.
Dice que apoyar a las personas encarceladas no puede esperar y que ahora puede tomar otras formas.
“No es caridad, y creo que por eso es revolucionario”, dice Tiera sobre las opciones de ayuda mutua. “Se trata de apoyarnos entre nosotros y de llenar los vacíos que deja el estado cuando nos falla. Y eso es lo que el fondo de fianzas representó en su esencia”.
“El trabajo no empieza ni termina con el Tucson Bail Fund”
Mientras el Tucson Bail Fund cierra sus puertas, Tiera dice que espera ver a otras organizaciones comunitarias seguir impulsando la reforma del sistema de justicia penal. Afirma que dar cierre a las organizaciones también es algo sano.
A quienes deseen continuar defendiendo la reforma de la justicia penal, les recomienda apoyar a grupos como Community Care Tucson, Community on Wheels y el Tucson Abortion Support Collective.
“Estos grupos que están brindando apoyo material a personas empobrecidas están, en muchos sentidos, alineados con la perspectiva del Tucson Bail Fund”, dice. “Así que, aunque el trabajo luzca diferente y no sea específicamente pagar fianzas, sigue siendo un trabajo que eleva a quienes viven en pobreza y a quienes están siendo criminalizados”.
El evento final del fondo de fianzas, realizado el 16 de abril, fue una proyección del documental One Million Experiments, que destaca el movimiento abolicionista a través de la organización de ayuda mutua y proyectos comunitarios.
El movimiento abolicionista busca invertir en las necesidades de las comunidades —como educación, empleo, vivienda y alimentación— para reducir el delito. También replantea la manera en que se concibe la seguridad comunitaria.
Durante el evento, Tiera habló sobre la decisión de cerrar el Tucson Bail Fund.
“Nuestro objetivo era terminar con la criminalización de la pobreza. Eso requiere una visión audaz. Requiere imaginar otro mundo. Esa fue la visión a la que nos mantuvimos firmes”, dijo, mientras las personas chasqueaban los dedos en señal de acuerdo y apoyo.
“He dado todo lo que podía a esta organización”, dijo, con la voz entrecortada. “Y estoy realmente orgullosa de eso”.
La sala estalló en aplausos mientras Tiera lloraba en silencio. Recuperó la compostura y volvió a hablar.
“El trabajo no empieza ni termina con el Tucson Bail Fund”, dijo, tratando de contener más lágrimas. “Solo fuimos un experimento, y el espíritu continúa”.
Sentada junto a 85 personas de la comunidad de Tucson, se seca las lágrimas. La gente silbaba y aplaudía. Cuando el evento terminó, las personas comenzaron a reunirse en pequeños grupos.
Tiera quedó rodeada de su familia y amistades.
Traducción: Beatriz Limón
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