Es un porche que podría estar en cualquier lugar de Tucson, y la escena del video es una que se está volviendo cada vez más común. Varios agentes federales de inmigración están de pie frente a la entrada de una casa, manteniendo abierta la puerta metálica de protección.
Entonces se escucha la pregunta desde adentro: “¿Dónde está la orden? ¿Dónde está la orden?”.
Un video muestra parte del arresto de Karla Toledo, residente de Tucson desde hace muchos años, ocurrido la mañana del lunes en su casa.
El video, compartido con Luminaria por la familia de Toledo, se ha convertido en el más reciente punto de tensión en la lucha continua del sur de Arizona contra las tácticas y políticas migratorias cada vez más agresivas de la segunda administración Trump. Defensores de inmigrantes argumentan que también es una señal del cambio en la naturaleza de los operativos, ahora enfocados en personas con estatus migratorio legal o inmigrantes que no han cometido delitos graves.
Toledo es beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido comúnmente como DACA, que otorga a jóvenes inmigrantes traídos al país cuando eran niños protección legal contra la deportación, además del derecho a trabajar en Estados Unidos.
El arresto de beneficiarios de DACA sin cargos criminales era poco común bajo otras administraciones estadounidenses. Ahora se ha convertido en una de las características de la segunda presidencia de Trump y ha introducido una nueva corriente de terror e incertidumbre en las comunidades inmigrantes.
“La intención es generar miedo en las comunidades y quitarle poder a la gente para actuar”, dijo el abogado River Feldmann, abogado de movimientos sociales y organizador de Red de DefensAZ, un grupo que apoya a personas detenidas en Arizona.
La respuesta al arresto de Toledo fue inmediata: ScholarshipsA-Z, organización que trabaja con jóvenes indocumentados, convocó a una protesta de emergencia afuera de las oficinas de ICE en Tucson. Redes comunitarias de defensa ayudaron a movilizar a personas para la manifestación. Y la primera latina de Arizona en el Congreso, una demócrata del sur de Arizona recientemente electa, organizó una visita al centro de retención en Tucson antes de que Toledo fuera trasladada a un centro de detención.
La madre de Toledo, Veronica Ortiz, dijo en una entrevista con el medio en español Somos Tucson que su hija llegó a Tucson a la edad de 1 año y cuenta con un estatus válido de DACA. Ortiz describió el miedo y la confusión durante el arresto, y subrayó que los agentes federales violaron sus derechos constitucionales.
“No tenían una orden”, dijo Ortiz en español, con lágrimas en los ojos mientras describía el arresto de su hija.
Toledo, de 31 años, es una influencer local que comparte contenido en línea sobre ciclismo, moda y positividad corporal. Su madre describió el trabajo que realizó para apoyar a familias con dificultades para pagar la renta y comprar alimentos durante la pandemia de COVID-19.
“Ella es una mujer muy trabajadora, siempre estuvo trabajando para la comunidad”, dijo Ortiz.
Las autoridades migratorias no respondieron el martes a la solicitud de comentarios de Arizona Luminaria sobre la razón del arresto de Toledo y si presentaron una orden judicial. El miércoles, después de la publicación de la nota, funcionarios de la agencia federal enviaron un comunicado a Arizona Luminaria señalando que Toledo fue arrestada durante un operativo migratorio dirigido el 18 de mayo y que tener estatus DACA no la protegía del arresto.
“Los extranjeros indocumentados que afirman ser beneficiarios de DACA no están automáticamente protegidos contra las deportaciones”, escribió Monica Yoas, oficial de asuntos públicos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. “DACA NO otorga ningún tipo de estatus legal en este país”.
El programa DACA continúa en litigio en los tribunales. El programa fue creado para otorgar permisos de trabajo y protección contra la deportación a inmigrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Esa protección no constituía un estatus legal permanente, sino más bien un ejercicio de discreción procesal que ambos partidos políticos habían respetado durante décadas.
El comunicado no respondió a una pregunta sobre si los agentes tenían una orden judicial cuando ingresaron a la casa de Toledo el lunes.
Organizadores locales también expresaron preocupaciones sobre el papel del Departamento de Policía de Tucson durante la protesta del lunes por la tarde.
Feldmann estuvo presente en el lugar e intentó informar a las autoridades migratorias que podía actuar como abogada temporal de Toledo. Pero no pudo atravesar un cordón de oficiales del Departamento de Policía de Tucson, quienes, según ella, habían bloqueado la entrada al edificio federal.
“Me identifiqué como abogada y me negaron el acceso”, dijo Feldmann, señalando que normalmente a los abogados se les permite entrar al edificio. Feldmann dijo que le indicaron llamar a las autoridades federales, pero nadie respondió. “Les dije que eso era inconstitucional y una violación al debido proceso”.
Lane Mandle, portavoz de la ciudad, dijo que la policía de Tucson respondió a la actividad de protesta y que los primeros oficiales en la escena remitieron a una persona que se identificó como abogada con las autoridades federales antes de que llegaran los líderes del departamento.
“El Departamento de Policía de Tucson respondió ayer por la tarde a la actividad de protesta en el edificio de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) del DHS con órdenes de preservar el derecho de las personas a protestar, proteger la propiedad y reducir tensiones cuando fuera necesario”, señala el comunicado. “La ciudad de Tucson continuará revisando los acontecimientos de ayer y realizará cualquier cambio de procedimiento necesario para garantizar la seguridad y los derechos individuales durante actividades relacionadas con ICE”.
Feldmann dijo que el incidente genera preocupaciones mayores sobre la manera en que la policía de Tucson interactúa con manifestantes que protestan contra actividades federales. “Solo había un pequeño grupo de personas protestando pacíficamente cuando solicité entrar, y permitir que cruzara la cinta no habría generado ningún tipo de disturbio”.
Activistas locales también cuestionaron el papel de la presencia policial en las protestas contra ICE durante una serie de redadas en restaurantes Taco Giro el pasado diciembre, que terminaron con el arresto federal de varios miembros de la comunidad y con agentes usando gas pimienta contra manifestantes, integrantes de la prensa y la representante federal Adelita Grijalva.
Poco después del operativo, la alcaldesa Regina Romero y la vicealcaldesa Lane Santa Cruz emitieron un comunicado condenando las acciones de las autoridades federales y aclarando que los oficiales de Tucson no participaron.
Los oficiales de Tucson fueron enviados al lugar para cerrar la calle y “mantener seguros a nuestros residentes. No participaron en el uso de la fuerza contra miembros de la comunidad”, escribieron.
En enero, el Departamento de Policía de Tucson publicó un comunicado señalando que no hace cumplir leyes federales de inmigración, pero que tampoco puede interrumpir o impedir operativos federales. “Nuestro papel es hacer cumplir las leyes locales y estatales y proteger la seguridad pública”, decía la carta, agregando que los oficiales mostrarían identificaciones visibles de la policía de Tucson y no usarían cubiertas faciales.
Funcionarios políticos también se sumaron al llamado para la liberación de Toledo. Expresaron preocupación de que ICE la haya perseguido por su participación cívica.
“Me uno al llamado de la comunidad para liberar a nuestra integrante y amiga Karla Toledo”, escribió Santa Cruz en una publicación de Instagram el lunes. “La administración Trump ha envalentonado a ICE para aterrorizar y atacar no solo a migrantes, sino también a miembros de la comunidad DACA, en represalia por su libertad de expresión y participación cívica”.
Los arrestos migratorios en Arizona se triplicaron con creces durante el año fiscal 2025, mientras que los operativos a nivel callejero se han convertido en una presencia cada vez más común en vecindarios y lugares de trabajo durante la segunda administración Trump.
La estrategia de deportaciones masivas de la administración ha incluido arrestos de personas migrantes que anteriormente solían ser ignoradas para que agentes de ICE pudieran priorizar recursos en deportar a personas que cometieron delitos graves o violentos. En el último año, autoridades migratorias han mantenido a niños detenidos durante meses en duras condiciones, además de detener a ciudadanos estadounidenses y a una mujer anciana con demencia en Eloy.
Hay 505 mil 940 personas con estatus DACA activo hasta el 30 de septiembre de 2025, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Se estima que 18 mil 950 de esas personas viven en Arizona, la cuarta cifra más alta del país.
Home is Here, una campaña nacional que defiende a beneficiarios de DACA, señaló que el Departamento de Seguridad Nacional ha confirmado la detención de 270 beneficiarios de DACA, la deportación de 86 beneficiarios y la deportación de 174 solicitantes de DACA.
“Son nuestros compañeros de clase, nuestros vecinos, nuestros amigos”, dice el grupo en su sitio web, calificándolo como un ataque coordinado contra jóvenes inmigrantes.
El principal funcionario fronterizo de la administración Trump, Tom Homan, habló a principios de este mes en la Border Security Expo en Phoenix y defendió las políticas migratorias de la administración, incluso cuando encuestas recientes muestran que se han vuelto cada vez más impopulares.
“Aún no han visto nada. Este será un buen año. Se avecinan deportaciones masivas”, afirmó al hablar en una conferencia dirigida a personal de aplicación de la ley y a empresas. “Vamos a inundar la zona. Verán más agentes del ICE de los que jamás hayan visto antes”.
Líderes políticos a nivel federal han trabajado para llamar la atención sobre las condiciones en los centros de detención migratoria mediante esfuerzos para visitar estas instalaciones y exigir cambios de política pública que ayuden a grupos particularmente vulnerables.
La congresista Adelita Grijalva visitó a Toledo el lunes en el centro de retención de Tucson y pidió su liberación inmediata.
“El descarado desprecio de ICE por el estado de derecho y el debido proceso es indignante y completamente inaceptable. Vivimos en un país donde todas las personas tienen derechos constitucionales, sin importar cuánto intente ICE pisotearlos”, dijo en un comunicado de prensa. “Karla debe ser liberada de inmediato y el ICE debe dejar de aterrorizar a nuestras comunidades”.
El senador federal Mark Kelly ha pedido una solución legislativa permanente que permita a los dreamers —término común para referirse a inmigrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niños y sin documentos— trabajar y vivir de forma segura en el país.
Hasta la mañana del martes, Toledo seguía detenida y se esperaba que hubiera sido trasladada a un centro de detención en Florence, dijeron organizadores. También crearon una página de recaudación de fondos para cubrir gastos legales.
La abogada de Red de DefensAZ, Feldmann, dijo que fue inspirador ver cómo las comunidades de Tucson se unieron, y devastador pensar que tuvieron que hacerlo.
“El objetivo es derrotarnos y hacernos creer que nuestros vecinos son desechables. Ver a la gente reaccionar tan rápido y en números tan grandes es un recordatorio de que las personas todavía resisten esa propaganda”, dijo. “Pero al final del día, una persona sigue detenida, sentada en un centro de detención y preguntándose cuál será su destino después de haber construido una vida aquí”.
La reportera Carolina Cuellar contribuyó a esta historia.
Traducción: Beatriz Limón
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