Una antigua prisión que está destinada a convertirse en un centro de detención migratoria en Marana podría reabrir en los próximos 60 días, según un correo electrónico compartido el miércoles por Emily Lawhead, directora de comunicaciones de MTC.
El correo electrónico anunció que el martes 29 de septiembre se firmó un contrato entre Management & Training Corporation, o MTC, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para operar las instalaciones de Marana.
Se espera que el centro tenga una capacidad de 775 camas, según Lawhead, y empleará a 338 trabajadores de tiempo completo.
Eso es 50% más que las 513 personas que albergaba el centro cuando funcionaba como prisión estatal.
Una declaración pública del gobierno federal emitida este verano señaló que se buscaba aumentar aún más el número de personas en las instalaciones, hasta casi triplicar la capacidad de la antigua prisión, llevando la capacidad del edificio a 1,300 camas mediante el uso de camas temporales.
“Estamos indignados de que esto esté sucediendo”, dijo a Arizona Luminaria Bennett Burke, del grupo organizador Pima Resists ICE.
El calendario para la reapertura se da en medio de una serie de preocupaciones sobre el historial de gestión de MTC.
Una investigación de Lookout y The Intercept publicada esta semana alega que múltiples denuncias de agresión sexual fueron mantenidas en silencio, en contra de las normas federales, durante la gestión de MTC del edificio como prisión estatal en 2022 y 2023.
Y grupos de vigilancia han expresado preocupación por las condiciones en otras instalaciones de MTC, incluyendo negligencia médica, falta de agua potable y agresiones sexuales.
“Mientras avanzan los preparativos, el enfoque de MTC será operar las instalaciones de manera segura y profesional, cumplir y superar los Estándares Nacionales de Detención (NDS) de ICE, y brindar atención compasiva a las personas que nos han sido confiadas”, dijo Lawhead, de MTC, en la comunicación de la empresa.
La pregunta de quién exigiría cuentas al centro de detención cuando abra ha perseguido los planes. Líderes del pueblo y del condado dicen que su autoridad es limitada. La supervisión podría recaer en agencias federales, la fiscalización del Congreso y la organización comunitaria.
Ahí es donde los organizadores dicen que están concentrando parte de sus esfuerzos en este momento.
“Esperamos que el pueblo de Marana supervise, esperamos que sean críticos del centro”, dijo Burke, sugiriendo que los funcionarios del pueblo deberían realizar inspecciones y enviar cartas como parte de sus esfuerzos para proteger a las personas que se encuentran dentro.
Funcionarios de Marana dijeron el miércoles que el pueblo no es parte del acuerdo con MTC ni con el gobierno federal.
“Reconocemos que existen opiniones firmes dentro de nuestra comunidad y hemos escuchado a residentes tanto a favor como en contra del centro”, dijo el alcalde Jon Post en un comunicado. “El Departamento de Policía de Marana sigue comprometido con la seguridad de la comunidad y trabajará con todos los socios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los operadores del centro, para cumplir con ese objetivo”.
Traducción: Beatriz Limón
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