Cuando la Corte Suprema de Arizona dictaminó el martes que se puede hacer cumplir una ley territorial de 1864, restableció una prohibición casi total del aborto que se promulgó antes de que las mujeres tuvieran derecho a votar y antes de que Arizona se convirtiera en estado en 1912.
La ley de 1864 proviene del Código Howell, un documento de casi 500 páginas de disposiciones legales adoptado por la primera asamblea legislativa del territorio de Arizona. En la página 54 del documento, entre los castigos por pelear y desfigurar a una persona, hay un código que castiga a cualquiera “con la intención de provocar el aborto espontáneo de cualquier mujer que esté encinta”.
“Serán reprimidos con prisión en el Reclusorio Territorial por tiempo no menor de dos años ni mayor de cinco”, con excepciones cuando sea “necesario producir el aborto de una mujer para salvar su vida”.
Ese código quedó consagrado en las leyes de Arizona cuando el territorio se convirtió en estado casi 50 años después.
Menos de una semana después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara Roe v. Wade en el verano de 2022, eliminando el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos, el entonces fiscal general republicano Mark Brnovich argumentó que se debería aplicar la prohibición del aborto de 1864 en lugar de la prohibición de 15 semanas de gestación, que la Legislatura de Arizona había aprobado varios meses antes.
El entonces gobernador Doug Ducey había promulgado el Proyecto de Ley del Senado 1164 en marzo de 2022. Habría ilegalizado los abortos después de las 15 semanas de gestación, no habría incluido excepciones por violación o incesto y castigaría a los médicos con cargos de delitos graves de Clase 6 y revocaciones o suspensiones de su licencia. .
Sin embargo, Brnovich solicitó al tribunal en julio de 2022 que permitiera, en cambio, la implementación de la ley de 1864, que en realidad era una prohibición general del aborto.
En respuesta a ese caso, los arizonenses enfrentaron otro giro confuso en septiembre de 2022. Fue entonces cuando la jueza del Tribunal Superior del condado de Pima, Kellie Johnson, se puso del lado del fiscal general del estado y rechazó los argumentos de Planned Parenthood de que es absurdo volver a una ley territorial cuando ha habido una mosaico de leyes sobre el aborto en los libros, incluida la firmada por Ducey, que habría entrado en vigor el 24 de septiembre de 2022, legalizando los abortos en Arizona hasta las 15 semanas de embarazo.
En el caso ante Johnson estaba en cuestión una demanda de 1973, Nelson contra Planned Parenthood Center de Tucson, que desafió la prohibición de 1864 y estableció la legalidad del aborto en Arizona al revocar la prohibición anterior. Hasta el fallo de Johnson, el caso de 1973 había servido como argumento a favor de la postura de Brnovich de penalizar los abortos según la ley de 1864.
Sólo dos semanas después del fallo de 1973, se emitió la decisión Roe v. Wade, que estableció un derecho constitucional al aborto a nivel nacional. El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló Roe v. Wade en 2022 desencadenó luchas estatales en todo el país, como la de Arizona, sobre el acceso a la atención médica del aborto.
El fallo de Johnson allanó el camino para criminalizar casi todos los abortos en Arizona y permitió al entonces fiscal general republicano del estado elegir hacer cumplir la ley que se remontaba a 1864, cuando la Guerra Civil aún estaba en pleno apogeo, cuando el arte de la cirugía estaba en su infancia y casi 50 años antes de que las mujeres pudieran votar en Arizona.
El estado aprobó enmiendas constitucionales para el sufragio femenino ocho años antes de que Estados Unidos ratificara la 19ª Enmienda en 1920, que allanó el camino para que las mujeres que no eran personas de color votaran a nivel nacional.
La prohibición de 1864 no hizo excepciones para que las mujeres que habían sido violadas o las personas que habían sido víctimas de incesto pudieran abortar en Arizona.
La falta de orientación médica clara provocó una respuesta escalofriante de quienes temían los abusos contra los derechos humanos y la salud que se producirían cuando los médicos y enfermeras sopesaran la prisión contra el riesgo de poner en peligro la vida de una madre.
Luego, justo antes del nuevo año, los arizonenses vieron un respiro en el acceso a la atención médica para el aborto. La Corte de Apelaciones de Arizona dictaminó en diciembre de 2022 que la prohibición de 15 semanas promulgada a principios de ese año debería considerarse ley estatal.
“Lejos de brindar a las agencias de aplicación de la ley amplia discreción para procesar abortos electivos, nuestro estatuto más reciente brinda instrucciones detalladas a esos funcionarios sobre cuándo los médicos pueden, o no, ser procesados penalmente o sancionados civilmente por realizar un aborto”.
El fallo también destacó conflictos inconstitucionales entre los estatutos de Arizona. “Si nuestra legislatura hubiera tenido la intención de que la legalidad del aborto electivo variara dependiendo de la discreción, condado por condado, de los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley, los fiscales del condado y la discreción estatal del fiscal general, habría especificado una situación tan complicada y extraordinaria, con enfoque directo a un lenguaje ambiguo”.
“En cambio, en la ley de las 15 semanas, nuestra legislatura establece una estructura regulatoria detallada que prohíbe los abortos electivos después de las quince semanas de edad gestacional”.
La lucha en Arizona por el acceso a la atención médica para el aborto continuó en 2023 cuando la Alliance Defending Freedom (Alianza Defensora de la Libertad), que representa a Eric Hazelrigg, un obstetra de centros antiaborto, presentó una apelación ante la Corte Suprema de Arizona.
El fallo 4-2 de la Corte Suprema de Arizona del pasado martes se basó en gran medida en la ley de 2022 respaldada por los republicanos que establece que no deroga ninguna ley anterior, incluida la ahora revivida prohibición de 1864 promulgada antes de que las mujeres pudieran votar. El fallo se emitió con una sorprendente disidencia escrita por los únicos dos jueces nombrados por la ex gobernadora Jan Brewer y no por Ducey.
Todos los jueces de la Corte Suprema de Arizona fueron nombrados por gobernadores republicanos. Todos, menos dos de los siete jueces en ejercicio son hombres.
“Hasta la fecha, nuestra legislatura nunca ha creado afirmativamente un derecho al aborto electivo, ni lo ha autorizado de forma independiente. Nos sometemos, como estamos obligados constitucionalmente a hacerlo, al juicio de la legislatura, que es responsable y, por lo tanto, refleja la voluntad mutable de nuestros ciudadanos”, afirma el fallo.
Traducción por: Beatriz Limón
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