Mientras los supervisores del condado de Pima se preparan para abordar el informe del sheriff Chris Nanos en la reunión del martes —siendo su destitución un posible desenlace—, un estatuto de Arizona, rara vez invocado fuera de momentos de crisis política, se sitúa ahora en el centro de la disputa.
La sección 11-253 de los Estatutos Revisados de Arizona permite que una junta de supervisores del condado obligue a “cualquier funcionario del condado a presentar informes bajo juramento sobre cualquier asunto relacionado con los deberes de su cargo”.
La ley ha sido invocada en meses recientes tanto en los condados de Pima como de Maricopa.
En la más reciente aplicación de la ley en el condado de Pima, los supervisores utilizaron la legislación para obligar al sheriff demócrata Nanos a presentar un informe que respondiera preguntas sobre su historial laboral, acciones disciplinarias, prácticas de aplicación de leyes migratorias y presupuesto. Después de recibir el informe en abril, el supervisor Matt Heinz dijo que no cumplía con los requisitos legales establecidos en la solicitud de la junta de mayoría demócrata.
Heinz, quien representa al Distrito 2, dijo que el informe no cumplió con lo que la junta requería.
“Hay deficiencias significativas en su respuesta que considero tan problemáticas que lo ponen en riesgo de destitución”, dijo Heinz a Arizona Luminaria el 28 de abril.
La disputa ha expuesto una ambigüedad clave en la ley: aunque permite que las juntas requieran informes “bajo juramento”, no especifica cómo debe invocarse ese requisito.
Steve Primack, director ejecutivo del Arizona Legislative Council, dijo que la ley ofrece poca orientación.
“La pregunta… de cómo la junta puede requerir que el funcionario del condado presente un informe bajo juramento o entregue una fianza no está específicamente prescrita en la ley”, dijo Primack a Arizona Luminaria.
A diferencia de otras leyes que exigen explícitamente que las presentaciones se hagan “por escrito” o “en una forma prescrita”, la sección A.R.S. 11-253 no contiene ese tipo de lenguaje, explicó.
“Sospecho que un tribunal tendrá que decidir si simplemente citar la ley es suficiente o si la junta tiene que utilizar específicamente las palabras de la ley y solicitar que el informe sea bajo juramento”, agregó Primack.
El equipo legal de Nanos argumenta que la junta no solicitó explícitamente un informe bajo juramento en su moción, mientras que Heinz sostuvo que citaron la ley estatal en la moción, la cual ya especifica que el informe debe hacerse “bajo juramento”.
La agenda de la reunión pública de la junta del 7 de abril cita explícitamente ese requisito. “Solicitud de informe al sheriff Nanos conforme a A.R.S. §11-253(A) Discusión/Dirección/Acción respecto al borrador del lenguaje y preguntas sobre las cuales la Junta buscará un informe bajo juramento del sheriff Chris Nanos”, señala el registro público.
Presentar el informe bajo juramento es clave porque, conforme a la ley, si un funcionario se niega a hacerlo, la junta puede destituirlo del cargo.
Heinz dijo que solo ha habido unos cuantos casos en la historia del estado en los que se ha invocado la sección A.R.S. 11-253.
Un ejemplo moderno de su uso ocurrió en el condado de Pima a principios de la década de 1990, cuando una junta de mayoría republicana utilizó la ley para obligar al entonces tasador del condado Alan Lang, demócrata, a testificar bajo juramento en medio de acusaciones de que intimidó a empleados con un arma de fuego.
El proceso se extendió durante varios días de testimonios y reuniones especiales. Aunque Lang finalmente no fue destituido, en parte porque cumplió y testificó, la controversia provocó lo que en ese momento fue el mayor esfuerzo de revocación de mandato a nivel condado en la historia del condado de Pima.
Más recientemente, el estatuto fue utilizado en el condado de Maricopa, donde los supervisores lo invocaron para obligar al registrador Justin Heap a proporcionar información relacionada con la administración electoral.
En ambos casos, el informe fue presentado bajo juramento y de manera presencial. Esto contrasta con el informe escrito y sin juramento presentado por el sheriff Nanos a través de su abogado.
Primack señaló que, si bien existe al menos un caso judicial en Arizona que interpreta el A.R.S. 11-253, este aborda la facultad de la junta para destituir a un funcionario, y no los mecanismos sobre cómo deben solicitarse los informes.
Traducción: Beatriz Limón
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