La Fiscal del Condado de Pima, Laura Conover, recomienda colocar, “en letra grande” y “en las áreas de recepción en todo el condado”, un aviso dirigido a los agentes federales encargados de hacer cumplir la ley.
La declaración es una respuesta a “cualquier agente federal que busque acceder a las instalaciones o empleados del condado en una situación que no sea de emergencia”. Instruye a las personas a solicitar una orden judicial, así como los nombres, agencias y números de placa de los agentes de las fuerzas del orden federales.
Aunque el aviso comienza con la frase: “Quiero ser lo más útil y cooperativo posible con cualquier orden legal”, las recomendaciones podrían prevenir o retrasar operativos de cumplimiento de la ley, redadas y arrestos si los agentes federales no tienen una orden judicial válida.
“Mis instrucciones requieren que obtenga rápidamente una copia de su orden y cualquier otro documento que tenga”, continúa el aviso recomendado. “Compartiré esta información con mi contacto en la sede principal del condado, quien consultará de inmediato con los abogados para cumplir con su solicitud lo antes posible”.
Las instalaciones del Condado de Pima incluyen tribunales, oficinas administrativas, bibliotecas, la cárcel y otras ubicaciones.
“Hemos estado trabajando estrechamente con la oficina de la fiscal del condado”, para que los funcionarios del condado puedan ser “útiles y receptivos”, dijo la Administradora del Condado de Pima, Jan Lesher, a Arizona Luminaria.
“Pero tenemos muchas instalaciones públicas, bibliotecas, parques y otros lugares públicos, y no verificamos la ciudadanía de las personas que ingresan para utilizar esas instalaciones”.
Lesher dijo que los funcionarios del condado quieren que las personas puedan usar esas instalaciones de manera segura, pero que también responderán a los operativos legales de cumplimiento de la ley. Afirmó que es algo que el condado debe equilibrar.
Conover dijo a Arizona Luminaria en una declaración enviada por correo electrónico: “Así como los miembros de nuestra comunidad están preocupados y temerosos, también lo están los empleadores, maestros, bibliotecarios, personal médico y otros en todo el condado de Pima. Los abogados aquí son los asesores legales de todas las agencias del condado, los funcionarios electos, la Junta, el Administrador del Condado”.
Agregó: “El hilo que se está enhebrando es cómo responder correctamente cuando se recibe una orden judicial o una orden válida, o cómo identificar qué debe impugnarse en los tribunales”.
Isabel García es abogada defensora de los derechos de los inmigrantes y líder de Derechos Humanos, una organización de defensa de los derechos de los inmigrantes. Dijo que es crucial entender la diferencia entre una orden judicial y una orden administrativa.
Según el Centro Nacional de Ley de Inmigración, “a diferencia de una orden judicial, una orden administrativa no autoriza un allanamiento”. Las órdenes administrativas pueden ser firmadas por funcionarios de ICE, mientras que las órdenes judiciales deben ser firmadas por jueces.
Nuevas directrices de la administración Trump han establecido cuotas para los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) en cuanto a arrestos de residentes indocumentados, según informes recientes. Las cuotas piden a los agentes de ICE que apunten a al menos 1,200 o 1,500 arrestos por día, un aumento con respecto al promedio anterior de unos pocos cientos al día.
El 29 de enero, ICE publicó en X que había realizado 1,016 arrestos el día anterior.
Si bien no se han reportado redadas a gran escala de ICE en Tucson, ha habido arrestos, y muchos inmigrantes están cada vez más nerviosos.
Desde el cambio de administración, se han llevado a cabo redadas de ICE en Chicago, Nueva York y otras partes del país. Se alega que algunas de estas operaciones han tenido como objetivo a miembros de la Nación Navajo y ciudadanos estadounidenses.
El memorando de la oficina del abogado fue compartido con jueces del condado de Pima, la junta de supervisores y funcionarios electos, pero no se ha hecho público. Arizona Luminaria obtuvo la declaración recomendada a partir de una carta de presentación que Lesher escribió a funcionarios del condado, incluidos jueces, la junta de supervisores y otros.
“Creo que este momento representa un verdadero punto de quiebre en este país”, dijo García.
“Creo que la responsabilidad de los condados, las ciudades y el estado es con sus residentes, las personas que los pusieron en el poder, que pagan impuestos y que hacen prosperar sus comunidades”. Dijo que no basta con no colaborar activamente en las redadas de ICE.
Agregó que los funcionarios locales también deben “evitar que los agentes federales violen los derechos constitucionales”.
Por su parte, Conover dijo: “Estamos comprometidos a servir al condado con el máximo de nuestras capacidades mientras todos superamos la tormenta”.
Traducción por Beatriz Limón
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