Con reportes de HOLLY RAMER y COLLIN BINKLEY, Associated Press
CONCORD, N.H. (AP) — Un juez federal bloqueó el jueves las directrices de la administración Trump que amenazaban con recortar los fondos federales para las escuelas públicas con programas de diversidad, equidad e inclusión.
Las instrucciones fueron detalladas en una carta sobre el cumplimiento de los programas DEI y enviada a las escuelas públicas y chárter por el Departamento de Educación de Arizona a principios de este mes. El 24 de abril era la fecha límite para firmar esa carta o arriesgarse a perder fondos federales.
La junta del Distrito Escolar Unificado de Tucson dijo que cumple con las normas y votó el 15 de abril para firmar la carta, pero un portavoz indicó que después del fallo judicial del 24 de abril, la carta no ha sido firmada, ni enviada al estado. Como el tercer distrito escolar más grande del estado, TUSD atiende a unos 42,000 estudiantes.
“No presentaremos la carta”, dijo Natalie Luna Rose, miembro de la junta de TUSD. “El distrito enviará una breve declaración indicando que, bajo el fallo de este caso, Tucson Unified no presentará el formulario. Y luego simplemente seguiremos adelante con la vida hasta nuevo aviso”.
Rose afirmó que la votación de 5-0 de la junta directiva la semana pasada para firmar la carta tenía como objetivo “cumplir con una obligación administrativa que indica que cumplimos (con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964)”.
TUSD aprueba firmar carta contra DEI para resguardar fondos federales, Horne insta al público a reportar violaciones
La junta directiva del Distrito Unificado Escolar de Tucson votó de manera unánime la semana pasada en firmar una carta federal sobre programas de diversidad, inclusión y equidad para evitar perder…
“En el TUSD no se está discutiendo la eliminación de ningún programa ni la modificación de nada”, declaró Rose, quien lleva cinco años en la junta. “Todo funciona con normalidad”.
Hasta el mediodía del 24 de abril, el estado informó que había recibido 550 de las 658 cartas firmadas por los distritos y escuelas chárter de Arizona. El Distrito Escolar Unificado de Sunnyside, el segundo más grande del sur de Arizona con más de 14,000 estudiantes, dijo que votó para firmar la carta y la envió esta semana.
“No hemos sabido de ningún distrito que diga que no va a cumplir. La gran mayoría ya ha cumplido”, dijo el superintendente estatal de Arizona, Tom Horne, en una conferencia de prensa el jueves por la mañana. “Mi opinión —tengo algo de conocimiento porque fui fiscal general— es que (el fallo) será revertido por la Corte Suprema de Estados Unidos. Mientras tanto, nuestra fecha límite es hoy… y en cuanto al momento en que realmente haya un corte de fondos, tomaremos instrucciones del gobierno federal”.
El fallo se produjo en una demanda presentada por la Asociación Nacional de Educación y la Unión Americana de Libertades Civiles, que acusaron a la administración republicana de dar una orientación “inconstitucionalmente vaga” y de violar los derechos de la Primera Enmienda de los maestros.
El jueves un segundo juez pospuso la fecha de entrada en vigor de algunas directrices anti-DEI del Departamento de Educación de Estados Unidos, al fallar en un caso separado presentado por la Federación Estadounidense de Maestros (AFT, en inglés) en Maryland.
En febrero, el departamento dijo a las escuelas y universidades que necesitaban poner fin a cualquier práctica que diferenciara a las personas en función de su raza. A principios de este mes, ordenó a los estados reunir firmas de los sistemas escolares locales certificando el cumplimiento de las leyes de derechos civiles, incluida la negativa a lo que el gobierno federal denomina “prácticas ilegales de DEI”.
Las directrices no tienen fuerza de ley, pero amenazan con utilizar la aplicación de los derechos civiles para eliminar las prácticas de DEI en las escuelas. Se advirtió a las escuelas que continuar con dichas prácticas “en violación de la ley federal” podría llevar a un litigio por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos y a la cancelación de subvenciones y contratos federales.
La jueza de distrito de Estados Unidos, Landya McCafferty, en New Hampshire, dijo que la carta de abril no deja claro qué entiende el departamento por un programa de DEI o en qué momento considera que dichos programas cruzan la línea y violan la ley de derechos civiles. “La carta ni siquiera define qué es un ‘programa de DEI’”, escribió McCafferty.
La jueza también dijo que hay razones para creer que las acciones del departamento equivalen a una violación de los derechos de libertad de expresión de los maestros.
“Un profesor infringe la carta de 2025 si expresa en su enseñanza que existe el racismo estructural en Estados Unidos, pero no si niega la existencia del racismo estructural. Eso es, en esencia, discriminación por punto de vista”, escribió McCafferty.
Un portavoz del Departamento de Educación no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Se dio a los estados hasta el final del jueves para presentar la certificación de cumplimiento de sus escuelas, pero algunos han indicado que no cumplirán con la orden. Funcionarios de educación en algunos estados gobernados por demócratas han dicho que la administración está excediendo su autoridad y que no hay nada ilegal en el DEI.
El memorando del 14 de febrero del departamento, formalmente conocido como una carta “Estimado colega”, dijo que las escuelas han promovido los esfuerzos de DEI a expensas de los estudiantes blancos y asiático-americanos. Amplía drásticamente la interpretación de una decisión de la Corte Suprema de 2023 que prohíbe el uso de la raza en las admisiones universitarias a todos los aspectos de la educación, incluyendo la contratación, la promoción, las becas, la vivienda, las ceremonias de graduación y la vida en el campus.
En el fallo en Maryland, la jueza de distrito de Estados Unidos, Stephanie Gallagher pospuso ese memorando. Determinó que fue emitido de manera incorrecta y obliga a los maestros a elegir entre “ser perjudicados reprimiendo su discurso o enfrentarse a sanciones por ejercer sus derechos constitucionales”.
“El tribunal coincidió en que este requisito vago y claramente inconstitucional es un grave ataque contra los estudiantes, nuestra profesión, la historia honesta y el conocimiento mismo”, dijo Randi Weingarten, presidenta de la AFT, en un comunicado.
Las demandas argumentan que la directriz limita la libertad académica y es tan vaga que deja a las escuelas y educadores en un limbo sobre lo que pueden hacer, como, por ejemplo, si los grupos estudiantiles voluntarios para estudiantes minoritarios todavía están permitidos.
La directriz de abril pidió a los estados que recopilaran el formulario de certificación de los distritos escolares locales y también lo firmaran en nombre del estado, asegurando que las escuelas cumplen con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
La secretaria de Educación del presidente Donald Trump, Linda McMahon, advirtió sobre posibles recortes de fondos si los estados no devolvían el formulario antes del viernes.
En una entrevista el martes en Fox Business Network, McMahon dijo que los estados que se nieguen a firmar podrían “arriesgarse a perder fondos en sus distritos”. El propósito del formulario es “asegurar que no haya discriminación en ninguna de las escuelas”, dijo.
Las escuelas y los estados ya están obligados a dar esas garantías en otros documentos, pero el nuevo formulario agrega un lenguaje sobre DEI, advirtiendo que usar programas de diversidad para discriminar puede acarrear recortes de fondos, multas y otras sanciones.
El formulario amenaza el acceso de las escuelas a los fondos del Título I, la mayor fuente de ingresos federales para la educación K-12 y un salvavidas para las escuelas en áreas de bajos ingresos.
Binkley informó desde Washington.
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