El Concejo Municipal de Tucson votó el martes por la noche para prohibir acampar en los cauces, sumándose a las medidas existentes de la ciudad que restringen dónde pueden dormir las personas sin vivienda, incluidos los parques y otros espacios públicos.

La violación de la ordenanza será un delito menor y se castigará con servicio comunitario, multas de hasta 250 dólares, encarcelamiento de hasta 10 días o libertad condicional de hasta un año.

La votación se aprobó con cinco votos a favor y uno en contra, con Kevin Dahl votando en contra y Lane Santa Cruz ausente. La votación estuvo acompañada de abucheos y gritos del público, y se realizó después de un periodo de comentarios públicos que se manifestó mayoritariamente en contra de la ordenanza sobre los cauces.

“Mi hija y yo estuvimos a punto de quedarnos sin hogar, pero pudimos quedarnos con una amiga por un tiempo”, dijo Kristina Sonderegger durante los comentarios públicos. “Es muy cruel esperar que la gente tenga a dónde ir, incluso cuando no tiene a dónde ir. ¿Qué se supone que deben hacer?”

La ordenanza sobre los cauces fue propuesta por la oficina del administrador de la ciudad para anticiparse a posibles demandas de residentes en virtud de la Propuesta 312, una iniciativa a nivel estatal aprobada por los votantes en 2024.

El esfuerzo incluye permitir que los arizonenses soliciten un reembolso fiscal limitado por los gastos documentados que hayan incurrido para abordar problemas cuando personas sin vivienda crean una “molestia pública en la propiedad del dueño”.

Desde que se aprobó la medida, ha habido 14 solicitudes que representan ocho propiedades, dijo el Departamento de Ingresos de Arizona a Arizona Luminaria.

La ciudad también citó preocupaciones sobre campamentos en los cauces que afectan el flujo de agua en caso de inundaciones, y la seguridad de los socorristas que responden llamadas en los cauces.

Reyes Suárez, quien habló durante el periodo de comentarios públicos, dijo estar más preocupado por el impacto del calor extremo en las comunidades sin hogar que por los peligros mencionados por los funcionarios de la ciudad. El condado de Pima estuvo bajo una advertencia de calor extremo la semana de la votación del concejo, con temperaturas que se esperaba alcanzaran los 113 grados.

“Más personas morirán por exposición al calor que por inundaciones”, dijo Suárez. “Estoy al tanto de los centros de enfriamiento, pero a menudo están demasiado lejos y son inaccesibles, especialmente si vamos a volver a cobrar tarifas”. (Después de cinco años sin tarifas en el transporte público, Tucson está evaluando opciones para restablecer algunas tarifas debido a una crisis presupuestaria).

Grupos de ayuda mutua que respondieron a la decisión también dijeron que las consecuencias para las comunidades sin hogar son de vida o muerte.

“Prohibir estructuras habitacionales como tiendas de campaña y lonas… es esencialmente una sentencia de muerte para muchas personas”, escribieron el miércoles en una carta una coalición de grupos que incluye a Community Care Tucson, Community On Wheels y Amphi Libration Mutual Aid. 

“La alcaldesa y el concejo municipal han confirmado con esta decisión que están más dispuestos a desperdiciar recursos en políticas que ya se ha demostrado que son ineficaces y que seguirán erosionando la confianza entre la ciudad y las personas sin vivienda”.

El concejo municipal también votó para agregar un cambio en la ordenanza de parques para prohibir acampar en todo momento sin un permiso escrito con al menos 72 horas de anticipación, en lugar de solo entre las 10:30 p.m. y las 6 a.m.

El lenguaje de la ordenanza de parques también incluirá un cambio en la definición de “acampar” para que coincida con la nueva ordenanza sobre los cauces.

La ordenanza cambia la definición de acampar para alinearse con el lenguaje del fallo de la Corte Suprema en el caso City of Grants Pass v. Johnson, que determinó que las ciudades pueden arrestar y presentar cargos penales contra personas sin hogar por dormir en lugares públicos, sin importar si tienen otro lugar a dónde ir.

Acampar se definiría como “instalarse o permanecer en un campamento”, y “campamento” se definiría como un lugar donde se utilizan camas, sacos de dormir, tiendas de campaña, estructuras de sombra, cajas u otros materiales con fines de descanso, o donde se coloca una estufa o fuego con el propósito de mantener un lugar temporal para vivir, según la nota informativa de la ciudad.

En marzo de 2025, Tucson aprobó una ordenanza que limita a las personas a permanecer en camellones donde la velocidad sea superior a 30 millas por hora, con violaciones que resultan en servicio comunitario, multas de hasta 250 dólares o encarcelamiento no mayor a 24 horas.

Desde que la ordenanza entró en vigor, 67 personas han sido citadas, dijo el Departamento de Policía de Tucson a KOLD 13 News.

Asistentes a la reunión del concejo municipal sostuvieron carteles en contra de la ordenanza durante toda la sesión.

La ordenanza sobre los cauces se aplicará bajo el Protocolo de Campamentos para Personas sin Hogar ya existente de la ciudad, el cual puede activarse mediante una queja pública por teléfono o a través de una herramienta de informes en línea, según la oficina del administrador municipal. Los campamentos se evalúan en tres niveles, siendo el tercero el de “campamentos de alto problema”, y algunos campamentos se etiquetan para su remoción inmediata.

Después de que un campamento es retirado por trabajadores de la ciudad o la policía local, los funcionarios suelen colocar un cartel que indica que cualquier persona que regrese al área será acusada de invasión de propiedad.

Aun así, sin un lugar a donde ir, retirar a las personas no siempre era una solución clara, dijo una oradora durante el comentario público.

Veronica Hanley dijo que administra un negocio cerca del Parque Santa Rita, y que había llamado a la policía varias veces por personas que invadían la propiedad. Esos esfuerzos no resolvieron la situación por la que había llamado a la policía, y los agentes respondieron de manera agresiva, dijo Hanley.

“Tuve que armarme antes de llamar a la policía y cuando llegaron parecían más preocupados por el hecho de que estaba armada, a pesar de que les informé voluntariamente que el arma estaba asegurada y enfundada”, dijo. “También están planeando desalojar a las personas de los cauces, ¿entonces a dónde creen que van a ir?”

El miembro más reciente del concejo municipal, Rocque Perez, quien fue designado para el puesto del Distrito 5, votó a favor de la medida.

“Siento un mandato claro del Distrito 5 para apoyar esta medida, no como un rechazo hacia las personas sin hogar, sino por la creencia de que nadie debería vivir en un arroyo o parque”, dijo Pérez.

También expresó su preocupación de que Tucson no esté haciendo lo suficiente para compartir información sobre los servicios disponibles para los residentes sin hogar.

“Creo que hay un nivel claro de mala comunicación o falta de comunicación sobre los recursos disponibles que la ciudad ofrece a nuestros residentes”, dijo.

Aun así, incluso mientras Tucson continúa financiando servicios de alcance y construyendo viviendas de transición, un informe reciente muestra que la mayoría de las personas que interactúan con los sistemas de servicios ven pocos resultados.

El 72% de las personas que buscan servicios para personas sin hogar no fueron atendidas en ningún tipo de vivienda, según un informe del Instituto del Suroeste para la Investigación sobre las Mujeres de la Universidad de Arizona.

Algunos oradores durante el comentario público hicieron un llamado a la realidad de que muchas personas en Tucson enfrentan dificultades económicas, y pidieron una mayor inversión en vivienda de apoyo permanente y en equipos de alcance.

“La mayoría de las personas están mucho más cerca de quedarse sin hogar que de convertirse en multimillonarias”, dijo Sandra González durante el comentario público. “Forzar a las personas a salir de espacios visibles sin ofrecerles vivienda o servicios aumenta los riesgos para su salud y no resuelve nada para la comunidad”.

Hablando antes de la votación del martes, la alcaldesa de Tucson, Regina Romero, calificó la falta de vivienda sin refugio en Tucson como una crisis de salud pública. Aunque escuchó los comentarios del público pidiendo más vivienda en Tucson, dijo que los recursos eran limitados.

“Ojalá tuviéramos mucho más dinero para poder ofrecer vivienda digna y segura para todos, pero tenemos que poder responder a lo que los votantes de la ciudad de Tucson nos dijeron que querían”, dijo Romero. “Las elecciones tienen consecuencias y los votantes de la ciudad de Tucson fueron muy claros al aprobar la Propuesta 312, que quieren que las jurisdicciones, tanto la ciudad como el condado, hagan algo con respecto a la crisis de personas sin refugio”.

Al concluir la votación, como último punto en la agenda del martes, un miembro del público fue retirado mientras gritaba en contra de la ordenanza. Otros miembros del público expresaron su frustración con la medida al finalizar la reunión, gritando “vergüenza” y “deben ayudar a su comunidad”.

Al salir de la reunión, Suárez suspiró profundamente.

“Esto no va a ayudar a nadie”, dijo. “Estamos arrojando a estas personas a una trituradora de carne”.

Créditos

Traducción: Beatriz Limón

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Yana Kunichoff is a reporter, documentary producer and Report For America corps member based in Tucson. She covers community resilience in Southern Arizona. Previously, she covered education for The Arizona...