A unos pasos de la reunión de la Junta de Supervisores del Condado de Pima, celebrada el 5 de agosto en el centro de Tucson, manifestantes sostenían carteles, colgaban pancartas y dejaban claro, tanto a los automovilistas como a los funcionarios del condado, que estaban en contra de la instalación de un mega centro de datos en la ciudad. Dentro del recinto, los supervisores volvieron a abordar el tema del Proyecto Blue.
Aunque el 17 de junio la junta votó a favor de vender el terreno para el centro de datos propuesto, la decisión de seguir adelante ahora está en manos de la ciudad. Aun así, el condado continúa abordando las preocupaciones del público sobre el Proyecto Blue.
La junta de supervisores votó a favor de instruir al cabildeo legislativo estatal del condado para que “abogue por la eliminación de las exenciones del impuesto estatal y local sobre las ventas en la compra de equipo por parte de centros de datos”, una propuesta expuesta en un memorando del 22 de julio presentado por la supervisora Jen Allen, del Distrito 3.
La exención del impuesto estatal sobre las ventas se implementó en 2013 y permite ciertos alivios fiscales en la compra de equipo para centros de datos certificados. Aunque se trata de un impuesto estatal, los ingresos generados por ese impuesto se comparten con los condados de Arizona, lo que significa que parte de la recaudación fiscal a nivel condado se pierde debido a la exención.
Esta exención, originalmente diseñada para incentivar la construcción de centros de datos en Arizona, está programada para expirar en 2033.
Allen y el supervisor Andrés Cano, del Distrito 5, ambos de los cuales votaron en contra de la venta del terreno del Proyecto Blue, fueron los supervisores que más se pronunciaron en contra de la exención.
“Tenemos que asegurarnos, desde el ámbito legislativo, de exigir a las corporaciones que aporten su parte justa de impuestos”, dijo Cano durante la reunión.
La exención “prioriza a una empresa poderosa por encima del bien público”, añadió Cano. Dijo que, si bien la mayoría de la junta sí apoyó el Proyecto Blue, “existe una forma en la que podemos abogar por mayores ingresos”.
El esfuerzo de cabildeo del condado será encabezado por Michael Racy, un cabildero veterano que trabaja para el Condado de Pima con el fin de promover sus prioridades legislativas en el Capitolio estatal.
Racy dijo a Arizona Luminaria que los legisladores de Arizona, tanto demócratas como republicanos, están preocupados por las exenciones fiscales. Mencionó el reciente esfuerzo liderado por republicanos para eliminar las exenciones fiscales estatales para la industria cinematográfica.
En cuanto a las exenciones para centros de datos, Racy afirmó: “Es realmente difícil defender este crédito fiscal”.
También podría ser muy difícil eliminarlo. Esto se debe a que, en 1992, los votantes de Arizona aprobaron la Propuesta 108, la cual exige una mayoría de dos tercios en ambas cámaras legislativas para aumentar los ingresos estatales mediante impuestos.
Racy señaló que Arizona se ha estado convirtiendo en un sitio importante para el crecimiento de centros de datos y repitió en varias ocasiones, durante su conversación con los supervisores, que hay poca justificación para mantener ese incentivo.
El presidente de la Junta de Supervisores, Rex Scott, dijo estar generalmente en contra de las exenciones fiscales, aunque Racy le advirtió que sería más estratégico enfocarse en la exención específica para los centros de datos.
Allen comentó: “Estamos viendo a municipios de todo el estado considerando regulaciones (para los centros de datos), buscando beneficios comunitarios y tratando de hacer una reevaluación de una industria que se ha multiplicado”.
Según la ciudad, se anticipa que el Proyecto Blue generará alrededor de 150 millones de dólares en ingresos fiscales para la ciudad de Tucson y el Condado de Pima en un periodo de 10 años.
Racy dijo a los supervisores que cree que esa estimación ya contempla la exención del impuesto estatal.
Cano señaló que el alivio fiscal “sigue perjudicando la capacidad de las jurisdicciones locales de recibir una porción completa de los ingresos estatales”.
No está claro cuántos ingresos fiscales podrían perderse debido a las exenciones ya vigentes si el Proyecto Blue avanza.
Añadió que este es un buen momento para trabajar con los legisladores estatales con el objetivo de llevar más ingresos a los condados, para así apoyar a los socorristas, parques, atención médica accesible y más.
Acuerdos de confidencialidad
En la reunión del 5 de agosto, el condado consideró en tres ocasiones si debía divulgar memorandos protegidos por el privilegio abogado-cliente o por acuerdos de confidencialidad.
Uno de esos memorandos —emitido por Sam Brown, subfiscal civil principal del condado de Pima, el 16 de julio— fue incluido en la agenda para su divulgación pública por iniciativa de Scott. Scott dijo a Arizona Luminaria que el memorando trata sobre cómo utiliza el condado los acuerdos de confidencialidad. Señaló que debería publicarse pronto, con redacciones.
También se divulgarán los acuerdos de confidencialidad vencidos que el condado haya firmado. Es probable que estos también se publiquen parcialmente redactados.
Traducción: Beatriz Limón
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