El Concejo Municipal de Tucson acordó analizar una nueva ordenanza de la ciudad que busca criminalizar el consumo de drogas en público. La concejal del Distrito 4, Nikki Lee, presentó el tema y encabezó la discusión durante la sesión de estudio del martes.
Lee dijo que la ordenanza busca atender un vacío dejado por la Oficina de la Fiscal del Condado de Pima, que no procesa muchos de los casos de posesión de drogas en pequeñas cantidades.
“Todos en esta mesa sabemos que cuando la comunidad ve el consumo de drogas en público, de inmediato piensan en el Departamento de Policía de Tucson y se preguntan por qué no están haciendo su trabajo. Y luego amplían la visión y dicen: ‘Bueno, es culpa de la alcaldesa y de este concejo por decirle al TPD que no haga cumplir la ley’”, dijo Lee al concejo durante la reunión. “Sabemos que eso no es cierto”.
El jefe de la Policía de Tucson, Chad Kasmar, señaló que el 25% del total de arrestos de este año están relacionados con narcóticos y que alrededor del 65% de esos casos no están avanzando. Kasmar dijo que apoya la ordenanza si sus conversaciones con la fiscalía del condado no dan frutos.
“Hemos estado teniendo este diálogo durante dos años dentro de nuestro órgano de gobierno para encontrar soluciones porque, al final del día, si el 50% de su trabajo se tirara a la basura todos los días, tomaríamos decisiones diferentes”, dijo al consejo.
Kasmar afirmó que la ordenanza podría servir como una herramienta adicional que le permitiría a la ciudad dar seguimiento de manera adecuada a los casos de posesión de narcóticos que no se están procesando a nivel del condado. También podría usarse para aprovechar los arrestos y canalizarlos hacia distintas opciones, como la cárcel alternativa por video o traslados al centro de transición.
Lee dijo que recibió comentarios iniciales divididos sobre la propuesta.
“Algunas personas no quieren ver que se le agregue un delito menor a alguien por consumir sustancias, especialmente si tienen la enfermedad del trastorno por uso de sustancias. Otros vienen desde otra perspectiva y dicen que no quieren ver que este cargo pase de nivel de delito grave a un delito menor”, señaló.
Los miembros del Concejo estuvieron divididos sobre la propuesta, pero todos apoyaron que un comité de expertos opine sobre la posible ordenanza y lo que esta implicaría.
“La cárcel no es la respuesta. Evitar la cárcel, sin embargo, puede ser un incentivo”, dijo sobre la ordenanza la concejal del Distrito 6, Karin Uhlich.
La alcaldesa Regina Romero dijo que es importante contar con el compromiso de todas las partes responsables.
“Ya sea en público o no, debemos asegurarnos de que las jurisdicciones responsables de tratar el consumo de drogas en público, o el consumo de drogas en general, formen parte de la mesa”, dijo, y agregó que desde marzo ha estado solicitando una reunión pública con la Junta de Supervisores del Condado de Pima sobre la crisis de salud pública por el fentanilo y la falta de vivienda.
El administrador de la ciudad, Tim Thomure, acordó buscar expertos sobre el tema, formar un comité y regresar con una evaluación dentro de los próximos 60 días. El comité discutirá la necesidad de la ordenanza, los posibles beneficios y los recursos necesarios para que la ordenanza cumpla sus objetivos.
La discusión sobre la ordenanza siguió a una actualización de Housing and Community Development para End Homelessness sobre su nuevo plan de cinco años.
Brandi Champion, directora del programa de seguridad comunitaria de Tucson, dijo que la colaboración realizó dos encuestas —una para el público y otra para la organización— para identificar metas estratégicas sobre la falta de vivienda en situación de calle.
Kat Davis, gerente de atención continua para Housing and Community Development de la ciudad, afirmó que la encuesta mostró que el público y Tucson Pima Collaboration con End Homelessness coincidieron en prioridades como el acceso a modelos de vivienda alternativos y el apoyo a estrategias de prevención. Con base en los resultados, la colaboración adoptó cuatro prioridades y 13 objetivos para guiar su trabajo durante los próximos cinco años.
También informaron que la primera feria de empleo de Housing First tuvo buena asistencia y que han recibido 3,037 visitas en los centros de enfriamiento este verano.
El Concejo Municipal de Tucson también opinó sobre varias iniciativas para enfrentar los problemas de asequibilidad de vivienda y falta de vivienda durante la reunión del martes, incluyendo el uso del saldo de 324,665 dólares que quedaba en el Fondo Fiduciario de Vivienda de Tucson.
Ann Chanecka, directora del departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de la ciudad de Tucson, recomendó dividir el dinero en tres partes: 185,000 dólares para prevención de desalojos y asistencia de renta de emergencia a través del Tucson Pima Collaboration con End Homelessness; 60,000 dólares para proyectos comunitarios como climatización y reparaciones en el hogar; y 75,000 dólares para lanzar durante un año el programa piloto Housing Alternatives for Urban Strength (HAUS).
El programa HAUS ayudaría a personas que enfrentan dificultades para rentar, como mal crédito o antecedentes penales. La ciudad cubriría ciertos costos de mudanza y ofrecería a los propietarios hasta 2,500 dólares por inquilino por renta no pagada o daños durante los primeros 12 meses, según un memorando de la reunión. A cambio, los propietarios renunciarían a la renta del último mes, a los depósitos de seguridad y limitarían los aumentos de renta en el segundo año.
“No solo obtienes un nuevo contrato de arrendamiento en un lugar, obtienes una nueva oportunidad en la vida”, dijo el concejal del Distrito 2, Paul Cunningham.
Más allá de la vivienda, los miembros del concejo y la alcaldesa también discutieron el aumento en los costos de los servicios públicos. En una sesión ejecutiva a puerta cerrada, votaron para impugnar el aumento de tarifas propuesto por Tucson Electric Power.
TEP busca un aumento de tarifas del 14% ante la Comisión de Corporaciones de Arizona después de un incremento del 10% en 2023. Los costos adicionales afectarían a las familias y a las pequeñas empresas y pondrían en duda el compromiso de TEP con las metas climáticas de Tucson, señaló la oficina de Romero en un comunicado de prensa tras la decisión.
Traducción: Beatriz Limón
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