Un juez federal ordenó formalmente cambios en las reuniones comunitarias vinculadas a un caso de perfil racial de casi 20 años y a la supervisión continua de la Oficina del Alguacil del Condado de Maricopa.
La decisión del juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, G. Murray Snow, traslada oficialmente todas las reuniones trimestrales futuras a una sala de procedimientos especiales en el Tribunal Sandra Day O’Connor, en el centro de Phoenix, a partir del 22 de octubre a las 6:30 p.m. Las reuniones seguirán siendo abiertas al público, pero los asistentes estarán sujetos a un control de seguridad, y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos proporcionará protección adicional.
También se ordenó a la Junta Asesora Comunitaria designada por la corte que recopile preguntas con anticipación de los demandantes y de los residentes latinos afectados, para ayudar a guiar cada reunión. La junta se reunió el pasado miércoles para establecer un proceso de recopilación, decidiendo un enfoque múltiple: una encuesta en línea, una opción en papel y lápiz, y alcance comunitario, según Raúl Piña, miembro de la junta desde hace mucho tiempo.
La encuesta ha sido redactada y se espera que esté disponible en línea con un enlace que podrá ser compartido con los residentes antes de la próxima reunión, dijo a Arizona Luminaria.
Como parte del alcance comunitario de la junta, algunos miembros planean visitar grupos comunitarios para dar a conocer las opciones de retroalimentación que han creado. Sin embargo, no quedó claro de inmediato cómo se distribuirán esas opciones de manera más amplia aparte de estas visitas.
“Creo que hubo la sensación de que queríamos usar cualquier medio disponible para recopilar retroalimentación”, dijo Piña sobre la reunión de la junta. “Quiero decir, hubo un miembro de la CAB que preguntó: ‘¿Y qué pasa con las personas que no usan tecnología?’ y así surgió la opción de papel y lápiz”.
Arizona Luminaria actualizará esta historia con el enlace de la encuesta y cualquier detalle adicional relacionado con cómo proporcionar retroalimentación para las reuniones comunitarias a medida que se haga disponible esa información.
El nuevo formato de reuniones genera preocupaciones sobre el acceso
Snow propuso por primera vez los cambios en una audiencia el 12 de septiembre, citando la necesidad de mantener el orden, garantizar la seguridad y fomentar un diálogo significativo en medio de crecientes preocupaciones por la violencia política. Sus llamados a una mayor seguridad se dieron apenas dos días después del tiroteo fatal del activista conservador Charlie Kirk en un evento de Turning Point USA en Utah.
El nuevo formato marca la primera vez que las reuniones comunitarias se realizarán en un tribunal federal y se guiarán por preguntas enviadas con anticipación por miembros de la comunidad. Anteriormente, las reuniones se llevaban a cabo en distintos lugares del área metropolitana de Phoenix, principalmente asistidas por los demandantes y residentes latinos, y permitían comentarios abiertos del público, según Roberto Reveles, presidente fundador de Somos America, uno de los demandantes originales en el caso contra la oficina del alguacil.
Defensores de la comunidad latina han expresado su preocupación de que el nuevo formato podría desalentar la participación de miembros de la comunidad que temen arrestos por inmigración o deportación en el tribunal federal. Recientemente, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas realizaban arrestos dentro y paraban vehículos alrededor del tribunal de inmigración de Phoenix en la Avenida Siete y Van Buren, a pocas cuadras del Tribunal Sandra Day O’Connor.
Los defensores también han mostrado preocupación por las limitaciones impuestas al formato abierto de reuniones comunitarias anteriores, que permitía la participación en tiempo real de los residentes afectados. Aun así, múltiples partes interesadas en el caso y en la litigación en curso han expresado su apoyo general a la propuesta de Snow, después de una tumultuosa reunión en julio, que dejó a los demandantes y residentes latinos en el centro del caso de perfil racial de larga trayectoria profundamente preocupados.
A diferencia de reuniones pasadas, la reunión de julio en el Desert West Community Center en Maryvale se convirtió en un caos después de que fuera invadida por simpatizantes de la oficina del alguacil, aparentemente alentados a asistir por funcionarios republicanos del condado molestos por los costos y la duración de la supervisión federal.
“Expresaron comentarios horribles y racistas, según la prensa, ‘Vuelvan a México’ y ‘¿Por qué no hablan inglés?’”, dijo Reveles previamente a Arizona Luminaria sobre la reunión.
Según documentos financieros obtenidos por Arizona Luminaria, los funcionarios del condado proyectaron que para el final del año fiscal 2025, la litigación y los esfuerzos de cumplimiento en curso habrán costado a los contribuyentes más de 300 millones de dólares desde 2008, alrededor del momento en que la oficina del alguacil fue demandada por primera vez en nombre de residentes latinos que los acusaban de perfil racial y paradas de tráfico ilegales.
El 12 de septiembre, Snow dijo que anteriormente había cuestionado la validez de las cifras del condado, agregando que creía que podrían estar “sobreestimadas”. Añadió que, aunque la oficina del alguacil ha alcanzado el rango percentil “bajo de los 90” en cumplimiento, sus áreas restantes de incumplimiento son significativas y cuestionó si los datos de paradas de tráfico reflejaban por sí solos las necesidades de los demandantes.
Snow, quien presidirá futuras reuniones en el tribunal federal, invitó a funcionarios públicos críticos de la litigación y supervisión en curso a asistir y participar en las próximas reuniones comunitarias.
Corrección: Una versión anterior de esta historia incluía una fecha incorrecta relacionada con el tiroteo fatal de Kirk.
Traducción: Beatriz Limón
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