Mientras aumenta la oposición de parte del profesorado, el estudiantado y líderes estatales, funcionarios de la Universidad de Arizona aseguran al público que “no se ha tomado ninguna decisión” sobre si firmar o no un acuerdo para alinearse con la agenda política del presidente Donald Trump a cambio de acceso preferencial a fondos federales.
La dirigencia universitaria y la Junta de Regentes de Arizona están revisando la carta del acuerdo enviada por la administración Trump “para comprender plenamente su contenido, alcance, implicaciones legales y posibles consecuencias”, dijo el portavoz de la UA, Mitch Zak, en un comunicado enviado el martes a Arizona Luminaria.
Zak añadió que están en comunicación con los líderes del sistema de gobernanza compartida del profesorado de la UA y con otras universidades que han recibido la misma propuesta.
Megan Gilbertson, portavoz de la Junta de Regentes de Arizona, dijo que la junta continúa “manteniendo comunicación con la dirigencia universitaria mientras evalúa la carta”.
La promesa de comunicación y retroalimentación de las partes interesadas de la UA antes de decidir sobre las demandas de la administración Trump se produjo un día después de que el senado de la facultad votara el lunes para oponerse al acuerdo de 10 puntos del Secretario de Educación de los Estados Unidos.
Además de rechazar la firma del acuerdo, la resolución del senado de la facultad pide al presidente de la UA, Suresh Garimella, y a la Junta de Regentes “rechazar cualquier propuesta similar que comprometa la misión, los valores y la independencia de la universidad”. La resolución fue aprobada con 40 votos a favor, ocho en contra y una abstención.
El senado es el órgano de gobierno de la UA que representa al profesorado y está compuesto por 56 miembros electos, incluyendo 10 ex officio, dos representantes del consejo de personal y siete representantes estudiantiles, para un total de 75 miembros con derecho a voto. Las autoridades universitarias trabajan con el senado de la facultad para tomar decisiones sobre el campus, incluyendo los planes académicos, las políticas de personal y la planificación estratégica y financiera.
Garimella —junto con otros ocho rectores destacados de universidades del país— recibió el acuerdo por correo electrónico el 1 de octubre. El mensaje señala que firmar y cumplir con los términos del acuerdo resultaría en beneficios potenciales para la universidad, como mayores asignaciones generales, importantes subvenciones federales y otras asociaciones con el gobierno federal.
También establece plazos para enviar comentarios y firmar el acuerdo, permitiendo “observaciones limitadas y específicas, por escrito” hasta el 20 de octubre, y fijando como fecha tentativa de firma el 21 de noviembre.
Lee aquí el correo electrónico y el acuerdo:
“Esto es una extorsión”
Patricia Prelock, rectora y directora académica de la universidad, dijo durante la reunión del senado de la facultad que tenía planes de reunirse con los senadores el martes para discutir las opciones futuras.
Profesores, personal y estudiantes llenaron las paredes de la abarrotada Sala Silver and Sage de la universidad el lunes por la tarde, mientras los senadores de la facultad se turnaban para hablar sobre las implicaciones de la firma del acuerdo y tomar una postura. Otras 234 personas se conectaron virtualmente para escuchar el inicio del debate sobre la resolución en la reunión transmitida en directo.
“Nuestros colegas académicos en todo el país y nuestra comunidad local observan a la Universidad de Arizona con inquietud para ver si hoy daremos un paso al frente”, dijo en la apertura de la reunión Leila Hudson, presidenta del senado de la facultad.
La mayoría del profesorado habló en contra del acuerdo, cuestionando su constitucionalidad y su posible violación de la libertad académica y los derechos de la Primera Enmienda.
“En este acuerdo, se pide al profesorado y al personal que renuncien a sus derechos constitucionales para que la administración pueda posiblemente obtener financiamiento para sus proyectos favoritos”, dijo Lucy Ziurys, profesora regente de química, bioquímica y astronomía.
“Esto es una extorsión”, afirmó Ziurys.
Durante la discusión también hubo especulaciones sobre por qué Trump habría elegido enviar el acuerdo a la Universidad de Arizona. Marvin Slepian, senador académico y profesor de medicina, consideró que la UA fue seleccionada debido a la vulnerabilidad financiera de la institución.
“Somos como el USS Cole en Yemen con un agujero abierto en el costado”, dijo Slepian. “Claro, se puede decir: ‘Oh, es la diversidad geográfica, somos un estado republicano y todo eso’. Pero seamos sinceros: éramos un blanco fácil”.
El presidente de la Universidad de Arizona, Suresh Garimella, ha ocupado cargos científicos federales tanto bajo la administración de Obama como bajo la de Trump.
El financiamiento federal para la investigación ha sido un punto conflictivo para la universidad, en medio de decenas de cancelaciones de subvenciones federales de investigación durante la administración Trump. Tomás Díaz de la Rubia, vicepresidente sénior de Investigación y Alianzas de la universidad, dijo que han visto la cancelación de 63 subsidios, lo que representa casi 55 millones de dólares en fondos federales perdidos para la investigación.
Slepian y otros senadores instaron al senado académico a mirar más allá de la posibilidad de que Garimella firme el acuerdo y a pensar en el futuro si este llegara a concretarse.
“Tengo curiosidad por saber qué haremos de aquí en adelante. ¿Qué pasará si este acuerdo se convierte en legislación?”, preguntó Carol Brochin, profesora asociada del Colegio de Educación, durante la reunión.
Tucson, líderes estatales y nacionales opinan
La noticia del acuerdo sacudió al gobierno local. Rocque Perez, concejal de la ciudad de Tucson por el Distrito 5, y la vicealcaldesa Lane Santa Cruz presentaron una resolución en contra del acuerdo, calificándolo como un “acto inaceptable de interferencia federal que socava el control local, la libertad académica y las oportunidades para nuestros residentes”. Instaron a la dirección de la Universidad de Arizona a rechazar el acuerdo.
Se tiene previsto que el alcalde y el concejo municipal voten sobre la resolución durante la reunión del concejo del 8 de octubre.
El representante demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Greg Stanton, quien representa el Distrito 4 en el área de Phoenix, envió una carta el 2 de octubre a Garimella instándolo a rechazar el acuerdo, señalando que firmarlo “ataría a la Universidad de Arizona al proyecto autoritario de Trump. Rechazarlo protegería a sus estudiantes, su personal docente, su misión y su reputación a largo plazo”.
La presidenta de Dartmouth, Sian Leah Beilock — otra institución receptora del acuerdo — respondió a la solicitud de la administración Trump el 3 de octubre, enfatizando la libertad frente a presiones políticas partidistas.
“Estoy profundamente comprometida con la misión y los valores académicos de Dartmouth y siempre defenderé nuestra independencia férrea. A menudo me han escuchado decir que la educación superior no es perfecta y que podemos mejorar. Al mismo tiempo, nunca comprometeremos nuestra libertad académica, ni nuestra capacidad de autogobernarnos”, dijo la presidenta de esta universidad de la Ivy League.
Arizona Luminaria contactó a Garimella el 8 de octubre para solicitar comentarios sobre la votación del senado de la facultad y el acuerdo.
“Reconocemos que esta propuesta ha generado una amplia gama de reacciones y perspectivas dentro de nuestra comunidad y fuera de ella”, dijo Garimella en una declaración sin firma del 9 de octubre publicada en el sitio web de la universidad.
“Continuaremos manteniendo informada a nuestra comunidad a medida que avance este proceso.”
La American Association of Colleges and Universities también emitió un comunicado el 3 de octubre calificando el acuerdo como “un ultimátum” que vincula el financiamiento a la ideología política.
La decisión final de firmar el acuerdo —que vincula los fondos federales de la universidad a su adhesión a condiciones alineadas con las prioridades de la administración Trump— está en manos de Garimella y de la junta de regentes.
La Junta de Regentes de Arizona es el órgano rector estatal de sus universidades públicas, estableciendo políticas para todo el sistema y supervisando matrícula, presupuestos, programas académicos, planes de infraestructura y la contratación de presidentes universitarios. Aunque la mayoría de sus miembros son designados por gobernadores partidistas, un puesto en la junta de 12 miembros es oficialmente no partidista, ya que se espera que los miembros actúen en el mejor interés de las instituciones.
Actualmente, cuatro de los 10 regentes designados fueron nombrados por la gobernadora demócrata Katie Hobbs, mientras que el resto fue seleccionado por el exgobernador republicano Doug Ducey. Uno de los regentes estudiantes designados por Hobbs no tiene derecho a voto porque se encuentra en el primer año de su mandato.
Hobbs y el Superintendente de Instrucción Pública de Arizona, Tom Horne, son ambos “miembros ex-officio”, cada uno con derecho a voto y sirviendo mientras ocupen su cargo electo.
Hobbs ha sido una crítica vocal de la administración Trump y vetó varios proyectos de ley aprobados por la Legislatura estatal, de mayoría republicana, que estaban alineados con las políticas del presidente. Horne es un republicano declarado y ha apoyado públicamente varias políticas de la administración Trump, incluyendo los esfuerzos del presidente por eliminar iniciativas de diversidad, equidad e inclusión en las universidades e imponer despidos masivos en el Departamento de Educación de Estados Unidos.
La dirección de la universidad recibió críticas en febrero después de eliminar la frase “comprometidos con la diversidad e inclusión” de su reconocimiento de tierras en línea y de eliminar iniciativas de equidad de su sitio web, incluyendo la página de la Oficina de Diversidad e Inclusión, en medio de la creciente presión de la administración Trump. Esta acción llevó a líderes indígenas a respaldar a una estudiante de derecho y nativa americana que habló públicamente en contra de los cambios.
En mayo, el profesorado de la UA votó abrumadoramente —con un 91 % de casi 1,000 votos— para instar a los líderes universitarios a tomar una postura pública contra los recortes de financiamiento y las demandas de la administración Trump, que, según ellos, amenazaban la libertad académica.
Traducción: Beatriz Limón
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