La Junta de Supervisores del Condado de Pima votó en contra de destituir al sheriff Chris Nanos de su cargo y decidió “remitir las acusaciones de posible perjurio” a la oficina de la Fiscal General de Arizona.
Sin embargo, Steve Christy, el único republicano de la junta, abrió inicialmente la discusión con una moción para destituir al demócrata Nanos de su cargo e iniciar de inmediato el proceso de reemplazo. La moción fracasó al no recibir apoyo de los otros cuatro supervisores, incluido Matt Heinz, quien previamente había respaldado la destitución de Nanos.
Los supervisores discutieron el reciente informe de Nanos ante la junta en sesión ejecutiva durante la reunión de estudio del martes más temprano ese mismo día. Al explicar la respuesta, el supervisor Rex Scott hizo referencia al consejo legal recibido.
Scott presentó su propia moción solicitando que la junta no tomara medidas respecto al cargo de Nanos.
“Siguiendo el consejo de los asesores legales, propongo que no tomemos ninguna medida para declarar vacante el cargo de sheriff ni para impulsar la destitución del sheriff con base en el Estatuto Revisado de Arizona 11-253”, dijo.
Scott agregó que el administrador del condado remitiría las acusaciones de posible perjurio a la fiscal general, sin que la junta adoptara una “posición sobre si se cometió o no perjurio”.
La moción fue aprobada con cuatro votos a favor y la abstención de Christy.
Tras la votación, Scott dijo que “basado en el consejo de los asesores legales, no creo —y obviamente la mayoría de la junta coincide— que tengamos el derecho de destituir al sheriff o declarar vacante el cargo. Él cumplió con sus obligaciones bajo el estatuto”.
Scott agregó que la raíz de la investigación, la desconfianza en el liderazgo de Nanos, aún tendrá que ser abordada.
“Lo más importante es que el sheriff tome medidas inmediatas para reparar el extraordinario clima de desconfianza y falta de fe en su liderazgo”, dijo Scott.
Nanos no estuvo presente en la reunión del martes.
Durante la llamada al público, residentes se pronunciaron en contra de Nanos. Corey Stevens, residente del condado y orador frecuente en reuniones públicas, pidió a la junta destituir a Nanos.
“Ustedes tienen un deber, no una obligación, un deber, con los ciudadanos del condado de Pima para corregir esto. Deben preguntarse: ¿cuántas personas han sido afectadas por este hombre?”, dijo Stevens a la junta. “Espero que hoy traiga alguna resolución en la investigación del sheriff Nanos”.
Otros, como el ex legislador demócrata Bruce Wheeler, enfatizaron las posibles consecuencias cívicas perjudiciales de que los supervisores votaran para destituir a un funcionario electo “que pudo haber actuado —o no— de manera deshonrosa”.
“Es preocupante pensar que tres funcionarios electos puedan deseleccionar y destituir de su cargo a otra persona que fue elegida y votada por miles de votantes”, dijo a la junta.
Wheeler afirmó que su postura no era partidista y agregó que en una elección anterior respaldó al oponente republicano de Nanos.
“Podemos iniciar una revocación de mandato, podemos sacarlos del cargo mediante el voto o podemos destituirlos políticamente. En el caso del sheriff, las dos primeras opciones están disponibles para nosotros”, dijo.
La agenda pública del martes citó como “asunto pendiente” el tema de “Sheriff Nanos conforme al A.R.S. §11-253”.
La solicitud realizada el 7 de abril por la junta de mayoría demócrata incluyó preguntas sobre cuatro temas: su representación previa de su historial laboral con el Departamento de Policía de El Paso, las acciones disciplinarias contra la teniente Heather Lappin y el sargento Aaron Cross, la cooperación de su departamento con autoridades federales de inmigración y los repetidos casos en que su departamento excedió su presupuesto.
Nanos presentó una respuesta de 22 páginas el 21 de abril a través de su abogado, poco antes de la fecha límite. Los supervisores aplazaron la discusión hasta el 12 de mayo, argumentando que necesitaban tiempo para revisar el informe.
Desde entonces, el vicepresidente de la junta, el supervisor Heinz, había argumentado que el sheriff no cumplió con la solicitud de la junta porque el informe no fue presentado bajo juramento y no respondió completamente a las preguntas sobre su historial laboral. Heinz ha dicho que esas deficiencias podrían tener consecuencias para Nanos.
“Hay deficiencias significativas en su respuesta que considero tan problemáticas que lo ponen en riesgo de ser removido del cargo”, dijo Heinz a Arizona Luminaria en abril.
Nanos, a través de su abogado, ha sostenido que cumplió con la solicitud de la junta y que sigue disponible para responder preguntas adicionales. Su equipo legal ha argumentado que la junta no exigió explícitamente un informe bajo juramento en su moción, a pesar de citar el A.R.S. 11-253.
Ese desacuerdo expuso una incertidumbre más amplia sobre cómo funciona el estatuto.
Steve Primack, director ejecutivo del Arizona Legislative Council, dijo a Arizona Luminaria que la ley no especifica claramente cómo las juntas deben invocar el requisito de testimonio bajo juramento.
“Sospecho que un tribunal tendrá que decidir si simplemente citar el estatuto es suficiente o si la junta tiene que usar específicamente las palabras del estatuto y solicitar que el informe sea presentado bajo juramento”, dijo Primack.
La agenda pública de la reunión del 7 de abril citó explícitamente el requisito: “Solicitud de informe al sheriff Nanos conforme al A.R.S. §11-253(A). Discusión/Dirección/Acción respecto al borrador del lenguaje y las preguntas sobre las cuales la Junta solicitará un informe bajo juramento del sheriff Chris Nanos”, señala el registro público.
Presentar el informe bajo juramento es clave porque, según la ley, si un funcionario se niega a presentar el informe, la junta puede removerlo del cargo.
El informe de Nanos llegó después de una intensificación de la presión política en torno al sheriff. Nanos ya enfrenta un posible esfuerzo de revocación de mandato, demandas y críticas del sindicato de agentes, que emitió un voto unánime de desconfianza.
La controversia se remonta en parte a documentos descubiertos sobre los primeros años de carrera de Nanos en el Departamento de Policía de El Paso a finales de los años setenta y principios de los ochenta. Los supervisores han cuestionado discrepancias entre su currículum público y registros disciplinarios que muestran que renunció en lugar de ser despedido.
Traducción: Beatriz Limón
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