La Junta de Supervisores del condado de Pima votó por unanimidad para exigir que el sheriff Chris Nanos presente un informe bajo juramento sobre su historial laboral y su conducta, señalando que podría ser destituido de su cargo si no cumple dentro de un plazo de 10 días hábiles.
La presión en torno al historial laboral de Nanos, su gestión del departamento del sheriff, la aplicación de leyes migratorias y otros temas han seguido en aumento.
La junta sesionó a puerta cerrada durante más de cuatro horas y media antes de regresar a sesión pública y votar sobre los detalles de la solicitud, incluidas las preguntas que se le exigiría responder.
Nanos no asistió a la reunión.
El supervisor del Distrito 2 y vicepresidente Matt Heinz incluyó el punto en la agenda, citando una ley de Arizona que permite exigir a “cualquier funcionario del condado que rinda informes bajo juramento sobre cualquier asunto relacionado con las funciones de su cargo”.
“No creo que ninguno de nosotros esté contento de encontrarnos en esta posición en la que tenemos que hablar de otro funcionario electo que ha hecho las cosas que este ha hecho”, dijo Heinz después de la reunión. “Pero me complace el proceso colaborativo y el resultado en estas preguntas, así como el hecho de que la junta avance de manera unánime”.
Si Nanos no cumple con la solicitud dentro de los 10 días posteriores a su requerimiento, “podrá ser destituido por la junta y el cargo declarado vacante”, según la ley.
“Creo que esta junta estará plenamente dentro de sus derechos legales para declarar vacante ese cargo y destituirlo si no cumple con la ley”, afirmó Heinz.
La junta indicó que la fecha límite de la solicitud coincidirá con la próxima reunión del organismo el 21 de abril y que el informe podrá ser escrito o verbal.
La junta votó para interrogar a Nanos sobre cuatro temas: la forma en que previamente representó su historial laboral en el Departamento de Policía de El Paso, sus acciones disciplinarias contra la teniente Heather Lappin y el sargento Aaron Cross, la cooperación de su departamento con autoridades federales de inmigración y los repetidos casos en que su departamento ha excedido su presupuesto.
La presidenta de la junta, Jen Allen, del Distrito 3, señaló que se solicita a Nanos presentar un informe que aborde cada uno de los temas enumerados, las acciones ya tomadas, los próximos pasos propuestos y los plazos para su implementación.
La junta votó por unanimidad en marzo para instruir a asesores legales externos a redactar el lenguaje jurídico que obligue a Nanos a presentar un informe formal. La medida se produce tras lo que los miembros de la junta describieron como discrepancias recientemente descubiertas en el historial laboral de Nanos y crecientes preocupaciones sobre la transparencia.
En una declaración a Arizona Public Media, un portavoz del sheriff indicó que Nanos tiene la intención de cumplir con la solicitud de la junta una vez que se defina el alcance del informe, pero declinó hacer más comentarios, citando la naturaleza legal del proceso.
Las acciones de la junta se producen en medio de una creciente presión política y legal sobre Nanos, que incluye un esfuerzo de revocación de mandato, múltiples demandas y un voto unánime de “no confianza” por parte del sindicato de alguaciles que representa a los agentes de base a finales de marzo.
En una declaración sobre el voto de no confianza, los líderes sindicales describieron la medida como “un rechazo contundente al liderazgo del sheriff Nanos”, citando lo que calificaron como “un patrón documentado de problemas disciplinarios en las primeras etapas de su carrera” y problemas persistentes dentro del departamento, incluyendo mala gestión, represalias y una moral en declive. Señalaron que estas condiciones han creado una “situación insostenible” tanto para los agentes como para la comunidad, y pidieron la renuncia de Nanos para permitir una elección especial.
En el centro de la investigación de la junta se encuentran registros de la etapa inicial de la carrera de Nanos en el Departamento de Policía de El Paso a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, revelados por The Arizona Republic.
La investigación encontró que, a pesar de que el currículum público de Nanos indicaba que trabajó en el Departamento de Policía de El Paso hasta 1984, en realidad, renunció en 1982 para evitar ser despedido debido a problemas disciplinarios.
Esto generó más preguntas sobre cómo se representó su historial laboral cuando posteriormente solicitó puestos en Arizona. Esos registros también parecen entrar en conflicto con declaraciones que Nanos hizo bajo juramento en una declaración de 2025, donde afirmó que no había recibido sanciones que alcanzaran el nivel de suspensión.
Líderes sindicales y críticos señalan que estas discrepancias son significativas y argumentan que una divulgación completa de ese historial podría haber afectado su elegibilidad para servir como agente del orden en Arizona.
Los documentos incluidos en la agenda de la junta para su discusión mencionan “declaraciones falsas, y asuntos relacionados con personal, gestión, investigaciones de asuntos internos u otros problemas dentro del departamento”.
Nanos ha enfrentado desafíos en múltiples frentes. Una creciente campaña para revocarlo del cargo está siendo liderada por el candidato republicano al Congreso Daniel Butierez, quien ha señalado tanto el manejo del sheriff de casos de alto perfil como las dudas sobre su historial laboral como justificación de este esfuerzo.
Butierez presentó la solicitud de revocación el 12 de marzo. De acuerdo con la ley del estado de Arizona, necesita reunir firmas equivalentes al 25% del número de votos emitidos en la elección; en este caso, eso equivale a casi 122,000 firmas. La campaña tiene como objetivo alcanzar 135,000 firmas, las cuales deben entregarse antes del 10 de julio —120 días después de la presentación inicial.
Butierez señaló que, hasta el martes, contaban con más de mil firmas.
Al mismo tiempo, el liderazgo de Nanos ha sido objeto de críticas relacionadas con la investigación en curso sobre la desaparición de Nancy Guthrie, residente de Catalina Foothills, un caso de alto perfil que ha intensificado el escrutinio sobre las operaciones y la toma de decisiones del departamento.
Heinz afirmó que el manejo del caso Guthrie por parte de Nanos no influyó en la decisión de la junta.
Butierez declaró a AZPM que la forma en que Nanos manejó el caso de Nancy Guthrie fue “una gran vergüenza para la comunidad” y que los reportes sobre el historial laboral de Nanos lo motivaron a iniciar la campaña de revocación. No obstante, señaló que el caso Guthrie no influyó en su decisión de buscar la revocación, afirmando que la razón fue el “pasado de Nanos, su credibilidad y su falta de transparencia al respecto”.
El esfuerzo de revocación se produce tras una elección cerrada en 2024, en la que Nanos derrotó a su rival Heather Lappin por menos de 500 votos, lo que desencadenó un recuento.
Lappin presentó en abril de 2025 una notificación de reclamación por 2 millones de dólares, en la que alega que el sheriff Chris Nanos tomó “acciones disciplinarias injustificadas” y abusó de las propias políticas del departamento “con el propósito específico de influir en la elección”.
Nanos colocó a Lappin en licencia de su puesto dentro del departamento en las últimas semanas de la campaña para sheriff en 2024, junto con el líder sindical, el sargento Aaron Cross.
En el documento, Lappin afirma que se le indicó recomendar a las personas encarceladas en la prisión del condado de Pima que rechazaran una solicitud de entrevista de un periodista local, lo que generó dudas sobre el proceso de acceso de los medios a los reclusos.
Nanos también ha enfrentado críticas y acciones legales por sumanejo de la aplicación de leyes migratorias. En julio de 2025, la ACLU presentó una demanda contra Nanos y el departamento, exigiendo respuesta a una solicitud de registros relacionada con llamadas de los agentes para solicitar apoyo a las autoridades federales de inmigración.
Esto se produjo después de que observadores comunitarios en Tucson reportaran casos en los que agentes de la Patrulla Fronteriza o de ICE llegaban poco después de que agentes del sheriff detuvieran vehículos —un patrón que la ACLU señaló que debe ser explicado.
El sheriff Nanos sostuvo que su departamento no coopera de manera proactiva con la aplicación de leyes migratorias: “Específicamente, no retenemos a nadie para las autoridades de inmigración”, dijo a Capitol Media Services.
Añadió que, aunque existen algunos registros de interacciones con la Patrulla Fronteriza. en gran medida heredados de su predecesor, el sheriff republicano Mark Napier, estos estaban vinculados a requisitos de subvenciones federales y no reflejan la práctica actual.
Traducción: Beatriz Limón
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