La Junta de Supervisores del Condado de Pima está pidiendo a su personal que redacte políticas destinadas a brindar mayor transparencia y rendición de cuentas sobre grandes proyectos de desarrollo en el condado, como los centros de datos.
También pidió al personal del condado que prepare una resolución que, de ser aprobada, establecería una moratoria de 120 días para los centros de datos, con el fin de dar al condado tiempo para finalizar las normas de zonificación específicas para este tipo de instalaciones.
Durante la reunión de la Junta de Supervisores del Condado de Pima del martes por la noche, después de entrar en una sesión ejecutiva para discutir la moratoria con los abogados del condado, la junta votó 3-2 para ordenar a la administradora del condado, Jan Lesher, y a los abogados del condado que redacten la resolución de la moratoria y la presenten nuevamente ante la junta para su aprobación. Los supervisores Steve Christy, del Distrito 4, y Rex Scott, del Distrito 1, votaron en contra de la medida. Al emitir su voto, Scott dijo que su decisión estaba “basada en el consejo de los abogados”, pero no pudo dar más detalles sobre ese asesoramiento.
Los supervisores también votaron 4-1 para ordenar a la administradora del condado y a los abogados que revisen las dos políticas de transparencia y rendición de cuentas. Christy votó en contra de la medida.
Las dos políticas, el proceso reforzado de debida diligencia para proyectos de desarrollo económico y el uso de acuerdos de confidencialidad en proyectos de desarrollo económico, fueron creadas hace casi un año en respuesta a la reacción negativa provocada por la venta de terrenos para el centro de datos Proyecto Blue. En junio de 2025, la Junta de Supervisores votó 3-2 para vender terrenos del Condado de Pima no incorporado, cerca del recinto ferial al sureste de Tucson, a Beale Infrastructure para la construcción del centro de datos Proyecto Blue. Puedes leer más sobre esas políticas y el caso Proyecto Blue en esta nota de Arizona Luminaria.
La supervisora Jennifer Allen, del Distrito 3, dijo que el condado quiere que su código de zonificación para centros de datos esté alineado con el código de la Ciudad de Tucson. Dijo que espera que el condado avance con mayor rapidez en la finalización de su código después de que la ciudad aprobara la semana pasada nuevas normas de uso de suelo para centros de datos a gran escala.
Allen afirmó que revisó las políticas de diligencia debida y de acuerdos de confidencialidad del condado tras observar que los promotores de centros de datos se apresuraron a solicitar exenciones fiscales antes de que entrara en vigor una moratoria.
El 13 de junio, la gobernadora Katie Hobbs promulgó una ley que establece una moratoria de tres años sobre los incentivos fiscales para los centros de datos. La nueva ley entró en vigor el 30 de junio y, durante el periodo de dos semanas, se presentaron 113 solicitudes para obtener estos incentivos fiscales.
Esto generó preocupación para Allen, quien dijo que quería asegurarse de que las políticas del condado fueran lo suficientemente sólidas para enfrentar una posible avalancha de propuestas de proyectos de centros de datos.
La política de debida diligencia exige que el condado solicite y analice información de los proyectos de desarrollo económico propuestos sobre sus impactos ambientales y climáticos. Allen sugirió que la política debería ampliarse para incluir muchas otras formas en las que se propone llevar a cabo un desarrollo. Actualmente, la política establece cuatro circunstancias específicas que activarían el proceso de debida diligencia.
Allen también sugirió que la política se amplíe para incluir a todos los grandes consumidores de agua y energía, y pidió al personal del condado que defina qué se considera como tal.
“Creo que podemos ser más específicos sobre los tipos de proyectos que justifican el tipo de análisis exhaustivo que establece nuestra política de debida diligencia”, dijo Allen.
La política de acuerdos de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés) del condado estableció una política uniforme y transparente sobre cuándo el condado utiliza estos acuerdos en proyectos de desarrollo económico. Allen pidió al personal del condado que revise los acuerdos de confidencialidad existentes y que pregunte a las otras partes que los firmaron antes de que se creara la nueva política si están dispuestas a cumplir con la nueva política.
“Claramente es opcional para las personas que han firmado acuerdos de confidencialidad, pero se les debería hacer la solicitud”, dijo Allen.
Se espera que tanto la resolución de la moratoria como los cambios propuestos a las políticas regresen a la junta para su aprobación a más tardar el 8 de septiembre.
Traducción: Beatriz Limón
Republish our articles for free, online or in print.
