El condado de Pima, la ciudad de Tucson y el Sierra Club se negaron este año a firmar un acuerdo de confidencialidad con Tucson Electric Power, renunciando al acceso de datos de modelización que forman parte de un importante proceso de planificación energética, en lugar de aceptar los términos de confidencialidad.
El acuerdo está vinculado al Plan Integrado de Recursos de TEP, o IRP, un documento de planificación que las empresas de servicios públicos presentan cada tres años ante la Comisión de Corporaciones de Arizona, en el que detallan cómo y cuánta electricidad esperan proporcionar durante los próximos 15 años.
El proceso no es vinculante, pero ofrece una mirada importante a cómo se toman las decisiones energéticas, incluido cómo se ve la generación de electricidad en una región que se está calentando rápidamente como el sur de Arizona y cómo proyectos controversiales, como los centros de datos, son considerados en las decisiones de planificación.
Esto ocurre en medio de un año de rechazo comunitario al centro de datos Proyecto Blue, que ha hecho que las partes interesadas desconfíen de los acuerdos de confidencialidad relacionados con proyectos que requieren grandes cantidades de recursos y que mantienen detalles fuera del alcance del público.
Algunos miembros del consejo de recursos que sí firmaron el acuerdo de confidencialidad dijeron que todavía no han recibido ningún dato de modelado.
AriSEIA, una organización comercial que representa a la industria de energía solar, almacenamiento y electrificación, dijo que firmó un acuerdo de confidencialidad en febrero, pero que hasta mediados de agosto no había recibido nada.
“Las empresas de servicios públicos están trabajando arduamente para esconder la información a plena vista”, dijo Autumn Johnson, directora ejecutiva del grupo. “A menos que obtengas los datos, no estoy segura de que haya algo que hacer con el IRP aparte de forrar una jaula para pájaros. El modelado es tan bueno como sus datos de entrada y sus supuestos, y sin los datos subyacentes no puedes acceder a eso”.
El escrutinio ocurre mientras el proceso del IRP podría coincidir con el caso tarifario de TEP, en el que la empresa está solicitando a la Comisión de Corporaciones de Arizona un aumento de tarifas del 13%. También avanza el caso del fiscal general Kris Mayes contra la decisión de la Comisión de Corporaciones de Arizona de aprobar el acuerdo energético entre TEP y Proyecto Blue, cuyo argumento oral está programado para el próximo mes.
Los portafolios que están bajo consideración, revisados por los miembros del Consejo Asesor de Planificación de Recursos durante un año de reuniones periódicas, incluyen planes que añadirían más energía nuclear o que se enfocarían más en recursos con emisiones neutrales de carbono. También incluyen dos opciones que añadirían clientes de “alta demanda”, como los centros de datos.
Una diapositiva con el pronóstico energético previsto, compartida como parte de las reuniones del consejo, muestra que se espera que la carga de energía que la empresa suministra actualmente se mantenga relativamente estable, pero que la compañía prevé “aumentos significativos en la carga proyectada como resultado de nuevos clientes grandes (principalmente centros de datos)”.
Dada la oposición local continua a los centros de datos, encabezada por la No Desert Data Center Coalition, es probable que los próximos 15 años de planificación energética también incluyan una vigilancia estrecha de hacia dónde va esta electricidad y un esfuerzo para detenerla.
“En última instancia, ninguna electricidad debería ir a centros de datos de hiperescala en el desierto de Sonora. Así como decimos ni una sola gota para los datos, decimos ni un solo megavatio”, según un comunicado de la coalición, compartido por su portavoz Lee Ziesche. “Mientras enfrentamos temperaturas cada vez más altas y sequías, también debemos conservar el agua y la electricidad, no desperdiciarlas en centros de datos de hiperescala que consumen enormes cantidades de energía”.
Para el condado, el resultado del proceso “afectará los objetivos del condado de reducir las emisiones, los costos de energía para los consumidores en toda la comunidad y los costos de energía para el propio condado”, dijo la administradora del Condado de Pima, Jan Lesher, en un memorando del 5 de agosto. “Dependiendo de la ubicación, el tipo y la cantidad de generación de recursos, el IRP también podría afectar los recursos de aguas subterráneas locales”.
Partes interesadas cuestionan acuerdos de confidencialidad
Para ayudar a redactar el documento antes de presentarlo ante la ACC, la empresa reúne a un grupo de partes interesadas para recibir comentarios sobre su plan.
Este año, la empresa pidió a las partes interesadas que quisieran revisar los datos de modelado que firmaran un acuerdo de confidencialidad. Entre las partes interesadas se encuentran gobiernos locales, empresas mineras como Hudbay Minerals, grupos de defensa de los consumidores como Interfaith Community Services, instituciones educativas, incluida la Universidad de Arizona y el Distrito Escolar Unificado de Tucson, y grupos empresariales, incluida la Cámara de Comercio del Sur de Arizona.
“Una barrera considerable en este proceso es la provisión de datos y modelos, lo que requiere acuerdos de confidencialidad”, dijo la administradora del condado, Lesher, en el memorando de agosto.
La Comisión de Corporaciones de Arizona, Tucson Electric Power y la ciudad de Tucson dijeron que el uso de un acuerdo de confidencialidad es algo habitual en un proceso como el IRP. Tucson Electric Power también dijo que el acuerdo de confidencialidad no está relacionado con proyectos de centros de datos.
La ciudad de Tucson, por ejemplo, dijo que no firmó el acuerdo de confidencialidad porque podía participar plenamente en el proceso del consejo sin ver la información cubierta por el acuerdo, que consistía en los detalles de un modelo de planificación.
Tanto Tucson como el Condado de Pima han rediseñado sus procesos para los acuerdos de confidencialidad durante el último año en respuesta al proceso del Proyecto Blue.
Para quienes sí firmaron un acuerdo de confidencialidad, pero todavía no han recibido ningún dato de modelado, Tucson Electric Power dijo que su equipo estaba resolviendo asuntos administrativos y que los datos podrían estar disponibles a mediados de agosto.
The Nature Conservancy dijo que solicitó datos relacionados con el proceso del IRP, pero que todavía esperaba una aclaración sobre si era necesario firmar un acuerdo de confidencialidad antes de que se compartiera la información.
Western Resource Advocates, una organización regional sin fines de lucro que promueve políticas para combatir el cambio climático, dijo que, aunque los acuerdos de confidencialidad son habituales en este tipo de conversaciones, no siempre garantizan que los datos importantes estén disponibles.
“Esto es especialmente preocupante cuando cargas de centros de datos nuevos y de proporciones enormes buscan conectarse a la red eléctrica, mientras los impactos y la distribución de los costos no están claros”, dijo Gwen Farnsworth, subdirectora de defensa estatal de Western Resource Advocates.
Las comisiones reguladoras estatales, como la ACC, o las leyes aprobadas a nivel estatal, pueden definir cómo funcionan el acceso a los datos y la confidencialidad en este proceso, dijo Farnsworth. El grupo ha abogado por que más información de los IRP esté disponible públicamente o sea compartida con los participantes.
“Los clientes que pagan las tarifas están pagando por la energía seleccionada en estos procesos de IRP, y el proceso está sujeto a supervisión pública, por lo que el público merece transparencia cuando los costos afectan sus facturas”, dijo Farnsworth.
El grupo también ha criticado el proceso de IRP de Arizona en general, al señalar que es menos sólido que el de otros estados porque los planes son reconocidos, no aprobados, y que el estado no debería exigir que todas las empresas de servicios públicos presenten sus planes al mismo tiempo porque esto representa una carga excesiva para el personal.
La Comisión de Corporaciones de Arizona dijo que el proceso actual consiste en que los IRP se presentan ante la ACC, son reconocidos por la comisión y se incorporan a un expediente que pasa a formar parte del registro público. Las reglas de los IRP están actualmente bajo revisión para posibles modificaciones, que incluirán la participación de las partes interesadas en el futuro.
En octubre se llevará a cabo un taller público para presentar los resultados del Plan Integrado de Recursos de 2026; el IRP deberá presentarse a más tardar el 30 de octubre, después de una extensión de varios meses. Las partes interesadas podrán hacer comentarios sobre el plan este año y, en 2027, la empresa de servicios públicos responderá a esas inquietudes.
Centros de datos y costos de la energía en juego
Se espera que un juez de derecho administrativo emita en octubre una recomendación y una orden sobre la solicitud de TEP para aumentar las tarifas, y la comisión podría votar en noviembre. De ser así, las nuevas tarifas entrarían en vigor en diciembre.
La asequibilidad de la energía en el sur de Arizona, en medio de veranos cada vez más calurosos, es una de las razones por las que las partes interesadas están siguiendo de cerca el proceso del IRP.
El IRP de Tucson de 2023 prometió acelerar su expansión de energía limpia, continuar retirando las plantas de carbón y poner en funcionamiento nuevos proyectos de energía eólica, solar y almacenamiento. La empresa celebró esta semana la expansión de su sistema de almacenamiento de energía mediante baterías en el sureste de Tucson, destacando que cuenta con 400 megavatios de almacenamiento que podrían suministrar energía a casi 85,000 hogares durante cuatro horas.
Pero el panorama ha cambiado desde 2023, con la indignación pública por el centro de datos Proyecto Blue, además de un impulso a nivel nacional para construir más centros de datos, lo que ha aumentado la preocupación de la comunidad sobre cómo se está planificando la generación de energía para el futuro.
El portavoz de TEP, Joe Barrios, dijo que TEP continuará atendiendo el crecimiento de la demanda de energía mediante una combinación de sistemas solares, eólicos y de gas natural. Los centros de datos pagarían el costo de proporcionarles el servicio, dijo Barrios. “Los grandes clientes industriales pagan tarifas diseñadas para recuperar el costo total de brindarles el servicio, incluida la infraestructura y los recursos energéticos”, dijo.
La No Desert Data Center Coalition, que ha estado al frente de la organización de la oposición a un centro de datos en el sur de Arizona, dijo que sigue preocupada por lo que cualquier proyecto de centro de datos significaría para la región.
“Nos preocupa profundamente que TEP continúe construyendo nueva generación de energía costosa a base de gas obtenido mediante fracturación hidráulica para satisfacer la demanda de los centros de datos durante los próximos 15 años, lo que aumentará nuestras facturas mensuales y contribuirá a la crisis climática”, según el comunicado de la No Desert Data Center Coalition, compartido por Ziesche.
“Los propietarios de TEP, Fortis, dijeron a los inversionistas que obtener ganancias de la nueva generación de energía para los centros de datos será una parte importante de su negocio en el futuro. TEP solo gana dinero de una manera: a través de nuestras facturas de electricidad”.
Traducción: Beatriz Limón
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