La Junta de Supervisores del Condado de Pima votó el martes para ampliar las normas de transparencia para los acuerdos de confidencialidad y ampliar el proceso de revisión del condado para los principales proyectos de desarrollo que utilizan grandes cantidades de agua o electricidad.
La junta votó 4-1 para actualizar dos políticas que regulan los acuerdos de confidencialidad y las revisiones ampliadas de los principales proyectos de desarrollo. El supervisor del Distrito 4, Steve Christy, emitió el único voto en contra de ambos cambios.
“Realmente se trata de agregar otros proyectos de desarrollo de terrenos”, explicó Carmine Debonis Jr., administrador adjunto del condado, durante la reunión. “Anteriormente identificaba proyectos de desarrollo económico, pero sabemos que hay otros proyectos de uso de terrenos en los que podrían acercarse a nosotros para solicitar que celebremos un acuerdo de confidencialidad”.
Los cambios también aclaran que el administrador del condado debe proporcionar a los supervisores un informe detallando los proyectos sujetos a un acuerdo de confidencialidad.
También amplían el proceso de debida diligencia reforzada del condado para incluir otros proyectos que utilizan grandes cantidades de agua o electricidad, así como la reactivación de acuerdos de confidencialidad que anteriormente estaban inactivos.
Las políticas y los cambios están resumidos en el memorando de la reunión.
La junta adoptó por primera vez las políticas en septiembre de 2025 después de que las negociaciones secretas en torno al Proyecto Blue, el enorme centro de datos propuesto al sur de Tucson, provocaran críticas generalizadas de los residentes por la poca información que se hizo pública antes de que los supervisores votaran para vender terrenos propiedad del condado para el proyecto.
En ese momento, los supervisores describieron las nuevas políticas como “lecciones aprendidas” del Proyecto Blue. Estas exigían mayor transparencia en torno a los acuerdos de confidencialidad y creaban una revisión más amplia de los impactos ambientales, de salud pública y de recursos de los proyectos de desarrollo económico propuestos.
La presidenta de la junta, Jen Allen, quien ha impulsado los cambios desde la controversia del Proyecto Blue, dijo el martes que sigue sintiéndose incómoda con el uso de acuerdos de confidencialidad en el gobierno.
“Ocultar información al público y la falta de transparencia que generan, simplemente creo que es problemático para el gobierno”, dijo Allen.
Pero apoyó las revisiones como una forma de establecer límites más estrictos sobre cuándo y cómo puede utilizarlos el condado.
“Como todas las herramientas, ocasionalmente necesitan afilarse y perfeccionarse”, dijo Allen.
Bajo la política revisada, los acuerdos de confidencialidad ya no se aplicarán únicamente a proyectos de desarrollo económico. El condado amplió las normas para incluir acuerdos de confidencialidad relacionados con “otros proyectos de desarrollo de terrenos”.
El memorando de la reunión también incluyó un modelo de carta para las empresas en la que se les solicita cumplir con las nuevas políticas dentro de un plazo de 30 días para mantener activos los acuerdos de confidencialidad existentes.
Los supervisores también ampliaron la política de “Debida diligencia reforzada” del condado, que exige al personal del condado examinar más a fondo los posibles efectos de ciertos proyectos importantes.
Anteriormente, la política se enfocaba en proyectos de desarrollo económico. La nueva versión extiende explícitamente ese análisis a otros proyectos que utilizarían grandes cantidades de agua o electricidad.
Bajo la nueva política, un proyecto puede activar la revisión reforzada si se prevé que utilizará al menos 10,000 pies cúbicos centum de agua al mes en promedio anual, aproximadamente 7.48 millones de galones, o si fuera necesaria la construcción o actualización de una subestación eléctrica con un voltaje de entrada de 115 kilovoltios o más.
Las revisiones pueden involucrar a numerosos departamentos del condado, incluidos Calidad Ambiental, Control Regional de Inundaciones, Servicios de Desarrollo, Recuperación Regional de Aguas Residuales, Tierras de Conservación y Recursos y el Departamento de Salud. El condado también puede solicitar información a proveedores de servicios públicos, municipios, gobiernos tribales y otras agencias externas.
El administrador del condado proporcionará posteriormente a los supervisores un informe preliminar que recopile los hallazgos y recomendaciones. A medida que avance un proyecto, los supervisores pueden recibir informes adicionales que examinen cuestiones como los impactos que pueden impulsar el crecimiento, la justicia ambiental, el uso de agua y energía, los riesgos de calor extremo e incendios forestales, las alternativas consideradas por el desarrollador y el desempeño previo del desarrollador.
“Creo que esta política es un gran paso hacia el establecimiento de transparencia y la creación de algún proceso mediante el cual se pueda conservar una parte del acuerdo de confidencialidad, pero estableciendo una comunicación clara sobre cuál es ese proceso, cuándo termina y qué puede y qué no puede ocultarse”, dijo Allen.
Las políticas se remontan a la indignación pública por el Proyecto Blue.
En junio de 2025, los supervisores votaron 3-2 para vender aproximadamente 290 acres de terrenos propiedad del condado cerca de las instalaciones de la Feria del Condado de Pima a Beale Infrastructure para el desarrollo del centro de datos.
Muchos detalles del proyecto se habían mantenido fuera del conocimiento público bajo acuerdos de confidencialidad. Arizona Luminaria informó posteriormente, basándose en un memorando interno del condado, que se esperaba que Amazon operara el centro de datos. Un acuerdo de confidencialidad mostró que el Condado de Pima había acordado mantener en secreto durante cinco años el papel de Amazon Web Services en el Proyecto Blue.
Traducción: Beatriz Limón
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