Este artículo fue producido para la Local Reporting Network de ProPublica en colaboración con Arizona Luminaria. Suscríbete a Dispatches para recibir nuestras historias en tu bandeja de entrada cada semana.
Un juez federal rechazó los esfuerzos para poner fin a la supervisión de la Oficina del Sheriff del condado de Maricopa, al señalar que la agencia continúa mostrando disparidades raciales en los arrestos de tránsito de latinos y que no hay suficiente evidencia de que los esfuerzos para mejorar se mantendrían sin supervisión legal.
En su fallo de 72 páginas emitido el 10 de septiembre, el juez federal de distrito G. Murray Snow destacó el papel del sheriff Jerry Sheridan en el perfilamiento racial dentro del departamento desde el inicio del caso hace más de una década, incluida su oposición a reformas ordenadas por el tribunal y sus obstáculos a las investigaciones. Sheridan era el número dos de la Oficina del Sheriff bajo el entonces sheriff Joe Arpaio cuando se determinó que el condado no cumplía con la ley federal.
“Entonces jefe adjunto y ahora sheriff, Sheridan, en particular, fue considerado responsable de abusar de su autoridad sobre el proceso de asuntos internos de la MCSO al obstruir y manipular investigaciones de mala conducta y procedimientos disciplinarios, incluidos aquellos que lo involucraban a él mismo,
para proteger a los agentes y al personal de mando de rendir cuentas y socavar la aplicación de medidas diseñadas para abordar las violaciones constitucionales contra la clase demandante”, escribió el juez en una opinión que menciona a Sheridan 30 veces.
El departamento se negó a comentar sobre las declaraciones de Snow acerca de Sheridan. Pero el sheriff había dicho anteriormente a Arizona Luminaria y ProPublica que no estaba de acuerdo con Snow. “Fui muy sincero. Hasta el día de hoy, creo que se equivocó conmigo en eso”, dijo Sheridan.
En su fallo, Snow dijo que quizá ya no sea necesario que el tribunal supervise algunas de las áreas identificadas originalmente para su supervisión en la decisión de 2013, al reconocer las “cargas” que implica monitorear ciertos aspectos.
Los líderes del condado han citado repetidamente los costos al pedir el fin de la supervisión judicial. El condado de Maricopa presentó la solicitud en diciembre y posteriormente se sumó la Oficina del Sheriff del condado de Maricopa, argumentando que las violaciones ya no estaban ocurriendo.
La supervisión federal de años sobre la oficina del sheriff más grande de Arizona se remonta a una demanda colectiva por perfilamiento racial presentada en 2007, que determinó que el departamento bajo Arpaio había violado los derechos constitucionales de los latinos en el condado más poblado del estado. Actualmente, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, se estima que 1.5 millones de personas latinas o hispanas viven en el condado de Maricopa; todas están protegidas por sus derechos bajo esta demanda.
En 2013, Snow ordenó al departamento documentar todas las detenciones de tráfico para detectar cualquier patrón de sesgo racial y contratar investigadores adicionales para examinar los informes sobre mala conducta de los agentes. Snow también nombró a un monitor para supervisar el cumplimiento del acuerdo.
En los 13 años transcurridos desde entonces, el departamento aún no ha logrado convencer al juez de que sus agentes no perfilan racialmente a los conductores latinos y de que investiga adecuadamente las presuntas conductas indebidas de los agentes.
Al rechazar la reciente solicitud, Snow citó datos que muestran que los agentes del sheriff en el condado de Maricopa continúan registrando y arrestando a conductores latinos a una tasa más alta que a los conductores blancos, lo que refleja las disparidades raciales que llevaron inicialmente a la supervisión judicial del departamento.
“Esas disparidades permanecen”, agregó Snow.
Una parte fundamental del análisis del juez se basa en los informes de tráfico recopilados por la oficina del sheriff. Un análisis de esos informes realizado en nombre de los demandantes por un profesor de ciencias de la computación de la Universidad de California, Berkeley, estima que los conductores hispanos tienen 40% más probabilidades de ser arrestados que los conductores blancos, son detenidos durante 30% más tiempo que los conductores blancos y tienen 2.5 veces más probabilidades de ser registrados.
La responsabilidad de explicar las marcadas disparidades entre los conductores latinos recae en los demandados, dijo Snow. “No lo han hecho”. Para poner fin a la supervisión judicial, la oficina del sheriff debe cumplir plenamente con las reformas durante tres años de manera continua.
Una investigación de Arizona Luminaria y ProPublica encontró que, a pesar de que las revisiones anuales del monitor muestran disparidades raciales persistentes en las detenciones de tráfico, Sheridan y los líderes del condado continuaron presionando para poner fin a la supervisión judicial.
Las amplias e ilegales redadas de tráfico de Arpaio dieron lugar a la demanda, conocida originalmente como Melendres v. Arpaio, llamada así por Manuel de Jesús Melendres Ortega, un residente legal que fue arrestado durante una de esas redadas.
Credit: Jesse Rieser for ProPublica
Bajo Arpaio, el condado de Maricopa se convirtió en uno de los primeros campos de prueba del programa 287(g) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que permite a las policías locales hacer cumplir las leyes federales de inmigración. Muchos habitantes de Arizona dicen que los abusos de aquella época, incluido el perfilamiento de automovilistas latinos, presagiaron lo que ocurre ahora bajo la administración Trump, con el uso ampliado del programa 287(g) y su sistema de deportaciones masivas.
Los arrestos de cientos de ciudadanos estadounidenses por parte de las autoridades migratorias desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca han provocado acusaciones generalizadas de perfilamiento racial. En respuesta, el Departamento de Seguridad Nacional dijo a ProPublica que los agentes no realizan perfilamiento racial ni tienen como objetivo a los estadounidenses. “No arrestamos a ciudadanos estadounidenses para hacer cumplir las leyes de inmigración”, escribió la portavoz Tricia McLaughlin.
Expertos en justicia penal han dicho que los más de 10 años de supervisión judicial del Departamento del Sheriff del condado de Maricopa ofrecen una perspectiva sobre las dificultades de reformar a las agencias policiales encargadas de abordar un sesgo racial endémico.
Sheridan, republicano, fue declarado en desacato civil en 2016 por negar tener conocimiento de la orden judicial de Snow que le prohibía realizar arrestos ilegales relacionados con inmigración. Sheridan ha dicho que siempre fue sincero. Heredó el acuerdo cuando asumió el cargo en enero de 2025.
Una evaluación de 2025 realizada por el monitor determinó que el departamento cumplía con más del 90% de los requisitos, pero no cumplía plenamente en las dos áreas que afectan más directamente a los conductores latinos: eliminar el sesgo racial en las detenciones de tráfico e investigar con rapidez las denuncias de mala conducta de los agentes.
En sus esfuerzos por poner fin a la supervisión federal, Sheridan y los supervisores del condado argumentaron que las políticas de la era de Arpaio que implicaban sesgo racial ya no formaban parte de las políticas escritas del departamento y que había pocas denuncias de mala conducta de los agentes contra conductores hispanos.
“La MCSO ha reformado sus políticas, mejorado a su personal e implementado mecanismos para garantizar que nunca ocurra un perfilamiento racial. Este litigio ha sido un éxito y ha llegado el momento de permitir que la MCSO se sostenga por sí misma, libre de supervisión”, decía la solicitud original del condado.
Presentar una queja
Los requisitos originales de Snow para poner fin a la supervisión de la Oficina del Sheriff incluyen modificar el código de conducta de la MCSO para impedir que los empleados utilicen el correo electrónico del condado para denigrar a personas por su raza o color de piel, mejorar el mantenimiento de registros para que las quejas sin censura estén disponibles para el monitor cuando las solicite e implementar un programa para determinar si los empleados proporcionan información apropiada y precisa sobre el proceso de presentación de quejas.
Los miembros del público que deseen presentar una queja contra la MCSO pueden hacerlo comunicándose con el equipo de monitoreo o presentando una queja directamente ante la MCSO.
Equipo de monitoreo de la MCSO:
monitormcso@gmail.com
602-812-7513Las quejas ante la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa pueden presentarse a través de su formulario en línea, en persona en cualquier instalación de la MCSO o mediante los siguientes métodos:
Teléfono: 602-876-5429 o línea gratuita de atención las 24 horas: 844-887-4483
Mensaje de texto: 602-876-1000
Fax: 602-876-0070
Correo: Maricopa County Sheriff’s Office, Professional Standards Bureau, 550 W. Jackson St., Phoenix, AZ 85003
Desde que se incorporó al caso Melendres y al acuerdo en 2015, el Departamento de Justicia de Estados Unidos había respaldado la supervisión federal de Snow y las reformas. Pero con Trump nuevamente en la Casa Blanca, un abogado de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia informó al tribunal en enero que el departamento apoyaba poner fin a la supervisión.
La presidenta de la Junta de Supervisores del condado de Maricopa, Kate Brophy McGee, y la vicepresidenta Debbie Lesko, ambas republicanas, así como un portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Maricopa, dijeron estar decepcionados por el fallo del juez. Steve Gallardo, el único demócrata de la junta de cinco miembros del condado, se ha opuesto a poner fin a la supervisión y ha abogado por continuar avanzando hacia la eliminación del sesgo racial en las labores policiales.
“La corte ha mantenido un monitor federal, no electo y sin rendición de cuentas, sobre la MCSO, creando burocracia y cargas regulatorias que han costado a los contribuyentes cientos de millones de dólares. Esa ‘supervisión’ se produce a costa de la seguridad pública, ya que el condado debe pagar al monitor y a su personal dejando de prestar otros servicios esenciales”, dijeron McGee y Lesko en una declaración conjunta.
Después de que Sheridan y los supervisores republicanos del condado se quejaran de que los costos de la supervisión superaban los 200 millones de dólares, el tribunal ordenó una auditoría de los gastos de la oficina del sheriff. Los resultados de la corte, dados a conocer en 2025, mostraron que casi 72% de los gastos de la oficina del sheriff habían sido atribuidos o utilizados indebidamente. Solo 63 millones de dólares habían sido cargados correctamente al acuerdo, señalaron.
Sin embargo, funcionarios de la oficina del sheriff recibieron con satisfacción algunas partes del fallo más reciente del juez.
“Creemos que la MCSO ha implementado medidas correctivas duraderas para las violaciones ocurridas hace 19 años y durante tres administraciones anteriores”, dijo el sargento Joaquín Enríquez. “Nos alienta que la corte haya establecido un marco para eliminar partes de la Orden que ya no son necesarias y concentrar los esfuerzos de cumplimiento en los asuntos restantes que deben abordarse”.
En declaraciones a una estación de radio del área de Phoenix, Sheridan dijo que veía elementos positivos en la orden del juez, pero se preguntó si su oficina alguna vez podría satisfacer a todas las partes de la demanda.
“Nosotros, en la oficina del sheriff, creemos que cumplimos con todas las” órdenes de la corte, dijo Sheridan a KTAR News. “Pero el monitor designado por la corte no lo cree así. Se trata de que presentemos nuestro argumento directamente ante la corte, no a través del monitor”.
Cabe destacar que, según señaló el fallo del juez, no había evidencia de que el departamento continuaría corrigiendo las violaciones si terminara la supervisión destinada a garantizar los derechos constitucionales de los latinos.
Credit: Jesse Rieser for ProPublica
“El expediente no respalda la conclusión de que, en ausencia de supervisión federal, sea poco probable que los demandados vuelvan a incurrir en la conducta que hizo necesarias las órdenes judiciales de carácter cautelar”, señala el fallo.
Raúl Piña, miembro de una junta asesora comunitaria establecida por orden judicial y encargada de ayudar a la oficina del sheriff a reconstruir la confianza con los latinos, dijo que los problemas dentro del departamento iban más allá de un líder en particular y abarcaban múltiples sistemas que han permitido que la actuación policial sesgada persista durante años. Para cambiar eso, dijo Piña, se necesita una reforma más amplia. “Puedes pintar la casa, pero si los cimientos están rotos, tendrás el mismo problema”, dijo a Arizona Luminaria y ProPublica.
La Unión Americana de Libertades Civiles de Arizona (ACLU de Arizona), que originalmente presentó la demanda en nombre de ciudadanos y residentes legales afectados por las redadas de Arpaio, celebró el fallo reciente.
“Cualquier otra decisión habría tenido un impacto devastador en los residentes latinos del condado de Maricopa”, dijo Christine Wee, abogada principal de la ACLU de Arizona, en un comunicado. “La decisión de la Corte reconoce que cualquier conducta indebida actual y futura cometida por la MCSO no será tolerada. En pocas palabras, la MCSO aún no está preparada para que terminen las reformas ordenadas por la Corte”.
Traducción: Beatriz Limón
Republish our articles for free, online or in print.
