Los supervisores del condado de Pima aprobaron el martes una moratoria de 120 días para los centros de datos, lo que dará al condado tiempo para crear nuevas regulaciones de zonificación para centros de datos de gran escala.
La moratoria fue aprobada con una votación de 3-2, con los supervisores Steve Christy, del Distrito 4, y Rex Scott, del Distrito 1, en contra de la resolución.
La Junta de Supervisores del Condado de Pima votó después de pasar aproximadamente una hora en una sesión ejecutiva para discutir la resolución con los abogados del condado. Antes de aprobarla, los supervisores enmendaron la resolución para que se aplique a cualquier desarrollo cuyos permisos aún no hayan sido presentados, en lugar de aquellos cuyos permisos aún no hayan sido aprobados.
La moratoria no afectaría al Proyecto Blue, pero podría afectar posibles proyectos en Sahuarita.
El supervisor Matt Heinz, del Distrito 2, pidió a la junta que ordenara al Departamento de Salud mantener la recopilación de datos pertinentes sobre los impactos de los centros de datos en la salud pública y crear una matriz de evaluación de riesgos. Esa solicitud también fue aprobada con una votación de 3-2.
El supervisor Andres Cano, del Distrito 5, dijo que el Departamento de Salud del condado de Pima ha planteado serias preguntas sobre cómo los centros de datos podrían afectar el suministro de agua del condado, la calidad del aire, el calor, el ruido, la energía y la salud de sus comunidades.
“En una comunidad desértica que ya enfrenta sequías y temperaturas en aumento, nosotros, como condado, tenemos la responsabilidad de salud pública de comprender esos impactos antes de aprobar cualquier proyecto que pudiera imponer nuevas demandas significativas sobre nuestros recursos y nuestra infraestructura”, dijo Cano.
La supervisora Jennifer Allen, del Distrito 3, coincidió con Cano y dijo que la pausa permitirá al Departamento de Salud del condado continuar investigando los posibles impactos de los centros de datos en la salud pública e incorporar esos posibles impactos a las nuevas leyes de zonificación del condado a medida que se finalicen durante los próximos 120 días.
“Necesitamos tiempo para hacerlo bien”, dijo Allen. “Necesitamos tiempo para no tomar decisiones sobre el uso del suelo sin comprender las consecuencias completas para la salud pública”.
Scott leyó la sección de limitaciones del informe de salud pública adjunto a la resolución, que señala que el informe no es una Evaluación formal del Impacto en la Salud ni una Evaluación formal del Impacto Ambiental.
“El lenguaje utilizado en esta resolución, que cita la revisión de salud pública, se pinta con una brocha demasiado amplia”, dijo Scott, y agregó que no apoyaría la moratoria basándose en el asesoramiento del asesor legal.
La resolución cita la “seguridad, salud y bienestar” de los residentes y del medio ambiente como una razón para establecer la moratoria temporal.
“La Junta considera que los centros de datos representan impactos negativos inminentes en la salud pública relacionados no solo con la demanda y confiabilidad de la energía, sino también con la contaminación del aire, el uso del agua en regiones que ya enfrentan estrés hídrico, el ruido y la dispersión de calor residual en una región que registra aumentos anuales en las temperaturas extremas”, señala la resolución.
La resolución también reconoce que el condado de Pima acaba de atravesar su sexto verano más caluroso y se encuentra en medio de una sequía prolongada, factores que el condado deberá considerar mientras desarrolla regulaciones para los centros de datos.
La Junta de Supervisores puede eximir del cumplimiento de los requisitos de la moratoria a un desarrollador de centros de datos si “demuestra el impacto proyectado a largo plazo de su proyecto en las comunidades locales, la calidad del aire y la calidad de la electricidad y el agua”, señala la resolución. Pero antes de considerar cualquier excepción, la junta debe notificar a los propietarios de viviendas ubicados dentro de un radio de 1,000 pies del lugar propuesto para el centro de datos y debe llevar a cabo una reunión pública.
Durante los 120 días, el personal del condado trabajará con las partes interesadas y con el Departamento de Salud, hará recomendaciones a la Comisión de Planificación y Zonificación en octubre y, finalmente, propondrá nuevas regulaciones de zonificación para los centros de datos a la junta para su votación antes de que expire la moratoria.
El condado comenzó a tomar medidas para fortalecer las regulaciones sobre los centros de datos de gran escala hace un año, en respuesta a la reacción en contra de la venta de terrenos para el centro de datos Proyecto Blue. En junio de 2025, la Junta de Supervisores votó 3-2 para vender terrenos del condado de Pima no incorporados, cerca de los terrenos de la feria al sureste de Tucson, a Beale Infrastructure, para la construcción del centro de datos Proyecto Blue.
Desde entonces, la junta ha creado políticas que exigieron al personal del condado analizar más a fondo los posibles efectos de los proyectos importantes y que generaron mayor transparencia en torno a los acuerdos de confidencialidad. A principios de este mes, la junta revisó esas dos políticas y votó para ampliar las reglas de transparencia para los acuerdos de confidencialidad y ampliar el proceso de revisión del condado para proyectos de desarrollo importantes que utilizan grandes cantidades de agua o electricidad, actualizando ambas políticas de hace un año.
Aunque varias otras ciudades y condados han rechazado proyectos individuales de centros de datos y han agregado reglas de zonificación más estrictas para regularlos, el condado de Pima es el segundo organismo gubernamental de Arizona en promulgar una moratoria. En agosto, el Consejo Tribal Hualapai aprobó una resolución “en oposición a los centros de datos hiperescalables e irresponsables” en sus tierras tribales, según un comunicado de prensa de la tribu.
La ciudad de Tucson también ha trabajado para fortalecer sus políticas y regular los centros de datos de gran escala desde que comenzó, hace más de un año, la controversia en torno al Proyecto Blue. El Concejo Municipal de Tucson aprobó el año pasado una ordenanza para grandes usuarios de agua y la actualizó el martes con pautas más estrictas.
El mes pasado, la ciudad aprobó nuevas regulaciones para los centros de datos de gran escala, convirtiéndolos en uno de los usos de suelo más regulados de la ciudad. Durante esa reunión de agosto, los miembros del concejo municipal también ordenaron al personal continuar analizando la posibilidad de prohibir por completo los centros de datos de gran escala, después de que residentes en una audiencia pública dijeron a sus representantes electos que cualquier medida que no fuera una prohibición de los centros de datos era inaceptable.
Traducción: Beatriz Limón
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