“Siento que simplemente estoy tratando de evitar que los pacientes mueran”, dice la Dra. Sommer Aldulaimi con una voz exasperada.
Ha estado trabajando a contrarreloj para preparar a los refugiados que están programados para perder su cobertura de salud el 1 de octubre. Aldulaimi es co directora del Programa de Salud para Refugiados de la Universidad de Arizona.
Cientos de miles de refugiados de guerra, solicitantes de asilo que huyeron de la persecución y otros inmigrantes con estatus legal están por perder su cobertura completa de Medicaid como resultado de nuevas restricciones de elegibilidad establecidas bajo H.R. 1, también conocida como la Ley One Big Beautiful Bill. Los republicanos aprobaron la medida presupuestaria de la administración Trump el verano pasado y los recortes entraron en vigor el 1 de octubre.
La Asociación de Salud Pública de Arizona dijo que el Sistema de Contención de Costos de Atención Médica de Arizona, o AHCCCS, la agencia estatal de Medicaid, ha enviado avisos a 22,263 personas que probablemente se verán afectadas por los cambios.
En Tucson, Aldulaimi y las agencias locales de reasentamiento de refugiados han pasado meses identificando a los pacientes que corren mayor riesgo, tratando de encontrar alternativas para las personas que podrían morir sin atención médica. “Pánico y caos” es como describe la situación para los pacientes en Estados Unidos y sus médicos.
Bobby Ghisolfo es el presidente y director ejecutivo de Lutheran Social Services of the Southwest, una de las tres agencias locales de reasentamiento de refugiados en Tucson. Su organización trabaja con alrededor de 750 y 1,000 personas en el condado de Pima y el sur de Arizona para ayudarles a encontrar empleo sostenible, dijo. No todas esas personas perderán la cobertura de Medicaid, pero muchas se verán afectadas por los cambios.
La Casa Blanca promovió los recortes en junio, diciendo que la administración ha cumplido su promesa de impedir que los “inmigrantes ilegales” “roben beneficios de atención médica financiados por los contribuyentes y destinados a los ciudadanos estadounidenses”.
Los proveedores de servicios médicos y las organizaciones de derechos humanos han enfatizado que muchas de las miles de personas que están perdiendo atención médica fundamental se encuentran legalmente en Estados Unidos.
Las personas elegibles para mantener su cobertura incluyen a los residentes permanentes con tarjeta verde (green card) y a ciertos inmigrantes cubanos y haitianos. Pero muchos refugiados y solicitantes de asilo que no cumplen con estos criterios aún residen legalmente en Estados Unidos.
Los médicos y los grupos de derechos humanos también están preocupados de que la administración Trump esté retrasando los procesos migratorios que permitirían a algunas personas obtener la residencia permanente.
“La administración Trump ha detenido el procesamiento de tarjetas verdes para la mayoría de los refugiados, dejándolos sin un camino claro para ser elegibles para beneficios que pueden salvarles la vida. Para algunos, las consecuencias de quedar sin Medicaid podrían ser mortales”, dijo un comunicado conjunto del 30 de septiembre de Church World Service y Refugee Council USA.
Aldulaimi destacó esta preocupación por los refugiados locales. “El problema actualmente es que todas las solicitudes que se han presentado durante esta administración en realidad no están siendo procesadas”, dijo.
El equipo de Aldulaimi comenzó a prepararse hace meses, enfocándose primero en los refugiados con condiciones médicas complejas y trabajando con las agencias de reasentamiento de Tucson para identificar a las personas que podrían perder su cobertura. Pero encontrar alternativas es particularmente difícil para los pacientes que necesitan especialistas, como oncólogos, cardiólogos o neurólogos.
Aldulaimi y su equipo han estado trabajando para mantener la atención médica de casos que incluyen a personas en Tucson que están recibiendo tratamiento contra el cáncer.
Los centros de salud con calificación federal pueden ofrecer atención primaria a menor costo a los pacientes sin seguro médico, pero no pueden reemplazar toda la atención especializada que los pacientes reciben actualmente a través de Medicaid.
El cambio también está afectando a refugiadas embarazadas que se encuentran en medio de su atención prenatal.
Aldulaimi dice que algunos pacientes han recibido cartas informándoles que su cobertura terminó el 30 de septiembre. Su departamento puede canalizar a algunas pacientes embarazadas a su limitado programa de salud móvil. Pero le preocupa que otras se queden sin atención médica o enfrenten facturas médicas que no pueden pagar.
Para los refugiados que pierdan Medicaid, encontrar un empleo con beneficios de salud podría ofrecer otra vía para obtener cobertura. Pero Ghisolfo dijo que no es una solución rápida.
Incluso si alguien consigue trabajo el 1 de octubre, dijo, un plan de salud patrocinado por el empleador podría no entrar en vigor sino hasta meses después, dejando a las personas vulnerables con un periodo sin cobertura. Y los refugiados que ya están trabajando podrían estar subempleados, por lo que no ganan lo suficiente para pagar un seguro médico o no pueden costear agregar a sus cónyuges e hijos a un plan patrocinado por el empleador.
Para las familias que no pueden encontrar una cobertura asequible, Ghisolfo teme que la pérdida de Medicaid las obligue a elegir entre la atención médica y las necesidades básicas.
“¿Van a pagar el seguro, pagar por la atención médica, o van a mantener el agua, mantener las luces encendidas?”, dice. “¿Van a pagar la renta? ¿Van a pagar la comida?”
Algunos pacientes recibieron pocas advertencias de que su cobertura estaba por terminar, dice Aldulaimi. AHCCCS había enviado previamente avisos a algunas personas advirtiéndoles que podrían verse afectadas e indicándoles a quienes tenían tarjetas verdes que actualizaran su información con el estado, dice. Pero otros pacientes no recibieron ninguna advertencia antes de recibir un aviso de terminación poco antes del cambio del 1 de octubre.
Las leyes federales exigen que los estados den un aviso de al menos 10 días cuando terminan los beneficios de Medicaid.
Las consecuencias de los recortes federales podrían extenderse más allá de los propios refugiados.
Ghisolfo dice que las personas que pierdan acceso a la atención médica de rutina podrían recurrir cada vez más a las salas de emergencia cuando se enfermen o necesiten tratamiento urgente, lo que añadiría presión a un sistema de salud que ya está bajo tensión.
“Esto no es solamente un problema de los refugiados o solicitantes de asilo”, dice Ghisolfo. “Esto va a ser un problema enorme para toda la comunidad de salud”.
Amelia Natoli es la gerente de subvenciones y desarrollo de Iskashitaa Refugee Network en Tucson. Dice que la posible presión sobre el sistema de salud en general también surgió durante una reunión reciente con el Departamento de Salud del Condado de Pima y otras organizaciones comunitarias.
Una persona del sector médico que participó en la reunión describió a los refugiados del condado de Pima como una población generalmente más joven y saludable, dice Natoli, y advirtió que eliminar su cobertura médica podría terminar perjudicando a la población en general, a medida que más personas retrasen su atención o recurran a las salas de emergencia.
“Si les quitan la cobertura de salud, simplemente aumenta el costo para todos los demás”, dice Natoli al recordar la conversación.
El Departamento de Salud del Condado de Pima está al tanto de los cambios que se avecinan y se está comunicando con AHCCCS sobre posibles soluciones, pero sus opciones son limitadas porque las restricciones de elegibilidad se derivan de la ley federal.
El equipo de Iskashitaa en Tucson también tiene limitaciones en lo que puede hacer.
“Todo lo que podemos hacer es seguir hablando con las otras partes involucradas y tratar de determinar a dónde canalizar a las personas”, dice Natoli. “Pero si alguien va a perder su cobertura y necesita insulina o medicamentos para la presión arterial, quiero decir, quizá simplemente tenga que ir a la sala de emergencias”.
Natoli dice que Iskashitaa tratará de conectar a las personas con los recursos disponibles, pero espera que el sistema médico pueda verse rápidamente abrumado.
“En este momento, no tenemos respuestas”, dice.
Traducción: Beatriz Limón
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